Los trabajadores extranjeros a la vanguardia de la precariedad

Los trabajadores extranjeros a la vanguardia de la precariedad

Alain Morice

Sometidos desde hace dos decenios a una flexibilidad creciente del trabajo, los países desarrollados ¿son las víctimas de la rápida extensión de la economía informal en el tercer mundo? En esos países la mano de obra sufre una precariedad multiforme: extrema movilidad, falta de contratos, salarios irregulares y generalmente inferiores al mínimo vital, protección social y regímenes de jubilación inexistentes, actividades independientes no declaradas con ganancias aleatorias, servidumbre y trabajo forzado de categorías supuestamente protegidas, como los niños. La negación consensual del derecho social marca la condición del trabajador colectivo. En el lado opuesto con un derecho del trabajo muy elaborado, los países desarrollados serían el prototipo de una modernidad estatuaria, hoy amenazada por el simple juego de la regulación de las transacciones internacionales.
El caso particular de los trabajadores extranjeros en las naciones desarrolladas muestra perfectamente los límites del razonamiento. Del Río Grande americano al “espacio Schengen» europeo, una doble tendencia contradictoria se confirma: de un lado las fronteras se cierran oficialmente a las migraciones del trabajo, del otro, zonas enteras de la economía caen en la inestabilidad y la flexibilidad, medios seguros de atraer la mano de obra extranjera.
En Francia, sectores tan estratégicos como la construcción-obras públicas (BTP), la confección, la hostelería y restauración se vacían progresivamente de su asalariado tradicional en provecho del empleo ilegal (o al menos abusivo desde el punto de vista del espíritu del Código del Trabajo), recurso inesperado para aquellos que la ley descarta del mercado del empleo. Como todo el mundo sabe –para deplorarlo, como la mayoría de partidos políticos franceses, o simplemente para constatarlo– las fronteras se convierten en «coladores», hay una complicidad funcional (pero no necesariamente deliberada) entre el Estado y los patronos: ocurre como si estos últimos se beneficiaran de las incoherencias de una ley que, curiosamente no se dota de los medios para hacer respetar los principios que ella misma dicta.
De hecho, la dialéctica del rechazo jurídico y del atractivo económico de los extranjeros acarrea graves consecuencias. En esto, el caso de Francia es ejemplar. Desde 1974, muchos textos reglamentarios, y también legislativos, han venido a consagrar la doctrina de la «inmigración cero». Los textos, inaplicables al pie de la letra, son constantemente perfeccionados como testimonian los endurecimientos regularmente propuestos. Esta demagogia jurídica, de la que se puede decir, sin temor a equivocarse, que no conseguirá jamás sus fines, impone a los inmigrantes una serie de presiones crecientes que convierten en cada vez más difícil la entrada y la estancia en el territorio. Con el apoyo de una política represiva que ha llegado a ser oficial, las dificultades cotidianas de los extranjeros alternan y se alimentan con una renovación de la xenofobia y del racismo, de la que no se libran todos los componentes de la sociedad, incluídos los agentes públicos.
Resultado de este dispositivo: mucho de estos migrantes son entregados, atados de pies y manos, a patronos que saben sacar ventaja de su fragilidad jurídica y que tienen, por tanto, interés en la perpetuación de una legislación formalmente represiva. Más allá del problema de los migrantes, el Estado, por medio de la pretendida «desrreglamentación» que amenudo no es más que una sobrerreglamentación, les muestra el camino: ha llegado a ser una regla en materia contractual, tanto para los franceses como para los demás, no complicarse la vida con las disposiciones históricas del Código de Trabajo. A medida que las fronteras nacionales aparentan cerrarse, las fronteras de la legalidad retroceden: considerados como excepciones estrictamente delimitadas, el empleo temporal y los contratos de duración limitada se generalizan, mientras que el presupuesto público multiplica su liberalidad con las empresas bajo la forma de desgravamientos fiscales, en nombre de la lucha contra el paro.
De esta manera, el salario medio baja y el argumento de la competencia hace el resto: ya no se trata para los patronos de mantener la ley como referencia. Naturalmente, la ocasión de movilizar una mano de obra extranjera jurídicamente fragilizada, ocurre en el momento oportuno, sobre todo en los sectores de actividades no estables. La subcontratación, el regateo en la construcción, los falsos temporales, los falsos independientes en la industria, las órdenes dadas a los destajistas del textil, la contratación de «temporeros» en la agricultura y el trabajo clandestino sin más, hacen converger los intereses inmediatos de los patronos y de los empleados, al no tener estos últimos otra posibilidad cuando están en una situación irregular. Así pues, esta precarización generalizada no sólo no es el producto de importación de un tercer mundo supuestamente arcaico, sino que da lugar a pensar que se trata de un efecto de las estrategias monetarias occidentales consideradas como las más «modernas» por las instituciones de Bretton Woods.
Sin embargo –y esto alimenta el prejuicio xenófobo y proteccionista– las restricciones a la entrada y residencia de extranjeros obligan a estos últimos a ponerse en manos de redes para superarlas. Estas redes, constituídas generalmente por naturales de una misma región, obtienen su temida eficacia de un origen y de unos intereses supuestamente comunes frente a la hostilidad proclamada de la nación de acogida. Se mezclan estrechamente, sobre una base vivida como «étnica», mecanismos de solidaridad y de dominación, en beneficio de los empleadores nacionales situados al final de la cadena. El paso de la frontera, en ocasiones la obtención de permisos de residencia falsificados, el alojamiento, el acceso a un empleo o a recursos provisionales, todo depende para un gran número de ellos de la inserción de los interesados en estas redes comunitarias, donde los más antiguos juegan el papel de protectores. La deuda financiera y moral contraída por los inmigrantes, los pone en una posición de dependencia y de aislamiento propicia para la explotación sin límites de su trabajo: el empleo clandestino se presenta como un «favor recibido”. Este sistema es tanto más eficaz, cuanto que los empleadores de la mano de obra no declarada cometen ellos mismos fraude de ley y pueden argumentar intereses solidarios de cara al adversario común que es el Estado. Así, las leyes contra la inmigración han creado, poco a poco, en los inmigrantes un imaginario propicio a la sumisión. En el caso francés, es irónico constatar que este fenómeno favorece el desarrollo de lazos basados en el comunitarismo, opuesto al principio oficial de integración. Por otro lado, no es cierto, contrariamente a una idea muy extendida, que este principio anime todavía a los poderes públicos. Incapaces de controlar los flujos migratorios, a pesar de las intenciones declaradas, sumisos a las presiones de sectores con mucho empleo de mano de obra extranjera barata, las autoridades amenudo prefieren dirigirse a las redes comunitarias para mantener, creen ellas, la población extranjera en la calma y la pasividad.
Pero en Francia, como en todo el mundo, la precarización jurídico-económica de los migrantes no es más que la manifestación caricaturesca de una evolución más general. Sectores cada día mayores de la población trabajadora son progresivamente apartadas del salario contractual y estable. A medida que esta evolución se confirma, la ilegalidad de los empleos se convierte en una nueva regla, y además de los migrantes, los patronos se vuelven hacia las categorías más vulnerables: en varios países occidentales, por ejemplo, como el Reino Unido e Italia, el trabajo infantil aumenta. En cuanto a los países del tercer mundo, si hay un contagio de la precarización del trabajador, se debe más bien a los imperativos ultraliberales del mundo desarrollado. Los dueños del mercado internacional, por medio de un mecanismo de aumento de los créditos análogo al de la deuda de los migrantes clandestinos, ponen a los países pobres a competir para producir bienes agrícolas y manufacturados al mejor precio: no son las tradiciones de estos países la causa de que recurran cada vez más al trabajo irregular y mal pagado, sino más bien las exigencias de nuestros propios mercados. Además de la superexplotación de los niños y de las mujeres, las transferencias masivas de mano de obra en el seno del mundo subdesarrollado juegan un papel a cuyo lado nuestra propia inmigración es una gota de agua en el océano. Las migraciones interasiáticas, principalmente femeninas, estimadas en 35 millones de personas, están en progresión constante, a pesar de las medidas proteccionistas tomadas por la mayoría de los países destinatarios: «Si las agencias de reclutamiento ilegales, las oficinas de colocación en el extranjero, los proveedores de mano de obra y una multitud de otras agencias legales y clandestinas no existieran, el flujo migratorio de la mano de obra asiática no habrían alcanzado tal nivel», subraya un informe de la Oficina Internacional del Trabajo (BIT).
En los países petroleros árabes, fue necesario el éxodo másivo que siguió a la guerra del Golfo para que la opinión pública internacional se diera cuenta de que muchos millones de trabajadores extranjeros contribuían a la actividad económica de esta región. Sin embargo, estos países ricos no son completamente representativos puesto que una parte de la mano de obra inmigrante se beneficiaba allí de salarios atractivos. Pero la salida forzada de estos inmigrantes ha revelado lo insegura que era su situación. Si a partir de ahora, la política migratoria de Arabia Saudita parece confundirse con la de los países occidentales, el único resultado tangible es que el contrabando de seres humanos se ha convertido allí, como en Kuwait, en una actividad particularmente fructífera.
En otros países como India, Brasil y ahora China, a medida que, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), se crean polos industriales volcados hacia la exportación, las disparidades regionales aumentan y, con ellas, las migraciones intra-nacionales. Constitucionalmente o, como en el caso de China, en la práctica, estas naciones, incapaces de levantar fronteras interiores, se enfrentan a contradicciones análogas a las nuestras: se trata de atraer mano de obra poco exigente ahí donde es necesario, evitando al mismo tiempo la fijación molesta de «edificar el país» sin acoger «toda la miseria del mundo». La ordenanza francesa del 2 de Noviembre de 1945 no tenía otra finalidad que resolver esta apuesta. En Brasil, desde los primeros trabajos de la construcción de la nueva capital Brasilia, el Instituto Nacional de Inmigración y de Colonización (INIC), creado en 1957, se fijaba como objetivo controlar los flujos internos de mano de obra; en ese mismo país en los años 90, las autoridades de las regiones más ricas hacen todo lo posible para evitar la estabilización de los migrantes que atraen sus industrias. Poco armadas jurídicamente –puesto que la libre circulación allí es un derecho– recurren a toda una serie de subterfugios, tales como la intimidación de los migrantes en el momento de su llegada a las estaciones, el estricto control del acceso al alojamiento y a la protección social y otras diversas vejaciones. Estas medidas improvisadas, reforzadas por un tenaz racismo hacia poblaciones originarias del nordeste y de la Amazonia, no dejan de recordar el modelo francés frente a los súbditos magrebíes y negro-africanos o el modelo norteamericano frente a la «invasión» mejicana. Igualmente, se sabe que ciertos países africanos, como Gabón, bajo la presión de las exigencias del FMI, llevan a cabo regularmente operaciones de deportación de súbditos extranjeros, que una vez de vuelta, viven en una situación de precariedad reforzada, para gran beneficio de aquellos que los emplean.
Se podrían multiplicar los ejemplos que muestran que la precarización de los extranjeros es el producto concertado de una política internacional que, a falta de ser coherente, tiene una única lógica: agitar la amenaza xenófoba, no para parar realmente los flujos migratorios, sino para desestabilizar a los migrantes en el mercado de trabajo. El siniestro tema de la “preferencia nacional», tan querido para la extrema derecha, adquiere así todo su sentido: la «preferencia» de que se trata designa al trabajador privado de derechos. Es de temer que la sociedad civil, que de manera cada vez más unánime repite este refrán en nombre de la protección del empleo, sea un día confrontada a esta realidad: los inmigrantes son un laboratorio. La puesta en cuestión de la ciudadanía política y económica podría, muy bien, concernir mañana a la nación entera.

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