Informe sobre el racismo en el Estado español

Desde 1995, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español viene analizando la situación del racismo y la xenofobia en España y en Europa mostrando las diferentes tipologías y espacios donde se manifiesta: políticas de extranjería y asilo, ascenso de la ultraderecha, discriminación en el trabajo, acceso a la vivienda, a la educación, abusos de cuerpos policiales o agresiones racistas. Estas y otras cuestiones se analizan en la decimoséptima edición del Informe Anual.

Cada uno de los territorios que conforman la Federación estatal de SOS RACISMO posee un servicio de asesoramiento que recibe el nombre de Oficina de Información y Denuncia, (OID); en Catalunya se denomina Servei d'Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia, (SAID). En total son siete oficinas ubicadas en Oviedo, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Madrid. Con todas las denuncias que llegan a estas oficinas se han seleccionado casi un centenar, (92) para su inclusión en el presente Informe.

España sigue sin contar con datos estadísticos legales oficiales sobre casos de discriminación racial o étnica, esto hace que los casos que aquí se presentan no pretenden configurar un estudio estadístico, que le correspondería hacer al gobierno. No obstante, creemos que tienen un valor importante a modo de ejemplos del racismo en sus múltiples expresiones.

Las fuentes principales para su elaboración han sido los casos gestionados por nuestras oficinas de información y denuncia (OID) y un exhaustivo análisis de la prensa escrita, realizado en el Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia, MUGAK.

POLÍTICA DE EXTRANJERÍA DEL ESTADO ESPAÑOL. A 1 de enero de 2011, según los datos provisionales publicados por el INE, el número de personas empadronadas en el conjunto del Estado ascendía a 47.150.819, de las que 5.730.667 eran extranjeras, lo que representa el 12,2% del total de las inscritas en el padrón. El número de personas extranjeras empadronadas decrece en 17.067 con respecto al padrón consolidado del año 2010. Entre las no comunitarias el decrecimiento ha sido de 59.386. Las comunitarias se han incrementado en 42.319. Frente a una tasa de desempleo del 19% para la población española, la de la población extranjera ascendía al 32%. Pues bien, en este panorama de extrema fragilidad en las condiciones laborales de la población inmigrante, el gobierno aprueba finalmente en el mes de abril el nuevo Reglamento de Extranjería. El nuevo reglamento supone una oportunidad perdida para ofrecer mecanismos que eviten la irregularidad sobrevenida, aquella situación que se produce cuando habiendo tenido una autorización de trabajo y residencia no puede renovarse debido a la falta de trabajo y de prestaciones de desempleo.

Esta situación se agrava cuando, tal como ocurre en muchos casos, la persona titular de la autorización que no puede renovarse arrastra a su familia porque dependía económicamente de ella.

Del resto de novedades normativas ocurridas en 2011 destacamos de manera crítica la reintroducción de la limitación en la autorización de trabajo para las ciudadanas y ciudadanos de Rumanía, llevada a cabo por una Orden Ministerial del mes de Julio.

En este Informe destacamos varios casos llegados a nuestras oficinas que dan cuenta de malas prácticas que se llevan a cabo en algunas Oficinas de Extranjería: pedir requisitos innecesarios que no vienen señalados en la ley, realizar comentarios ofensivos, etc.

Continúan las trágicas consecuencias de la externalización de fronteras. En 2011 se recuperaron 84 cadáveres y 114 personas fueron dadas por desaparecidas. Según los propios datos del Ministerio del Interior y a pesar de que en los últimos tiempos se transmite la impresión de que las expulsiones se ejecutan únicamente a quienes tienen causas judiciales, lo cierto es que casi un 20% de las personas extranjeras expulsadas carecía de antecedentes.

Los Centros de Internamiento han sido noticia en estos dos últimos años a cuenta de la elaboración de una norma que regulará su funcionamiento. Aunque ha sido en 2012 cuando se ha presentado finalmente el borrador de reglamento, el mismo continua incidiendo en aquellos aspectos que más han sido criticados desde el movimiento asociativo: la consideración de los CIE como establecimientos penitenciarios, la restricción de derechos fundamentales cuando según la propia Ley de Extranjería el único derecho limitado es el de deambulación. La Plataforma Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE ha seguido denunciando la existencia de estos centros y sus lamentables condiciones. En el mes de junio daba a conocer un manifiesto suscrito por un total de 350 asociaciones de todo el Estado en el que piden al Gobierno que garantice los derechos de las personas retenidas en los CIE. El año 2011 se cerraba con la muerte, el 19 de diciembre, de Samba Martine en el CIE de Madrid por falta de asistencia médica. Martine, ciudadana congoleña, acudió hasta 10 veces a los servicios sanitarios del centro, sin ser diagnosticada y recibiendo tan solo tratamiento analgésico. Falleció por meningitis cuando llevaba 38 días de internamiento. Ni se esclarecieron las circunstancias de su muerte ni se depuraron responsabilidades.

La criminalización del colectivo inmigrante puede llevarse a cabo a través de diferentes estrategias y métodos. Sin embargo, en 2011 y también en este año las identificaciones de la policía basadas en el fenotipo, es decir, en los rasgos físicos de la persona, ha sido objeto de denuncias por parte de asociaciones e instituciones y ha obligado al gobierno a publicar una Circular este año en la que reconoce la existencia de estas redadas y detenciones por cupos. En las OID de SOS Racismo hemos recogido varias denuncias y quejas de inmigrantes que constatan este tipo de redadas en Pamplona, Madrid, Barcelona o San Sebastián. En esta última ciudad se realizó una identificación de inmigrantes que acudían a un local de Caritas.

Suspenso en integración. El año 2011 terminaba con la aprobación de dos importantes instrumentos destinados a la integración de la población inmigrante: Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI 2), 2011-2014 y la Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Sin embargo, el hecho de haber sido aprobados por el anterior gobierno y el actual contexto de grave crisis económica, unido al escaso interés demostrado por el gobierno en esta materia devienen como resultado una grave parálisis de la política migratoria de gobierno en lo concerniente a la integración. Buena prueba de ello son los recientes recortes producidos en el Fondo destinado a la integración.

El pueblo gitano continúa siendo el colectivo que sufre en mayor grado la discriminación étnica, no solo en el estado español sino también en el conjunto de Europa. Tras lo acontecido en Francia en el verano de 2010, las organizaciones sociales de ese país constatan que los campamentos de gitanos de Europa del Este vuelven a estar llenos. El desalojo violento en Londres de Dale Farm, un asentamiento que permanecía desde los años setenta, junto a la tensión que se vive en países como Bulgaria o República Checa, dibujan un panorama complicado, a pesar de que en marzo de este año el gobierno ha aprobado la “Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020”.

DISCURSO POLÍTICO Y RACISMO SOCIAL. La reacción de la sociedad española ante el fenómeno migratorio ha sido en general buena. En términos de conflictividad, se puede decir que la misma no es reseñable si la comparamos con otros países del entorno europeo. Pero el análisis anterior, sin dejar de ser cierto, no debe llevarnos a la autocomplacencia dado que en cualquier momento puede surgir el conflicto. Saber por dónde puede romperse el eslabón y poner los medios para que no ocurra es una labor de todos y todas (asociaciones, académicos y políticos); otra cosa es que el grado de responsabilidad sea el mismo. La conflictividad es especialmente preocupante en las actitudes de rechazo a la comunidad musulmana y a la instalación de mezquitas. Y si acudimos ahora al discurso que, por ejemplo, se ha desarrollado en torno a la inmigración en las pasadas elecciones municipales por parte de algunos partidos políticos, es evidente que estamos en la dirección contraria a esa pedagogía política que se precisa en este ámbito. A los casos ya conocidos ocurridos en Catalunya en torno a la oposición a abrir oratorios de rezo musulmán se unen los de Vitoria y Bilbao.

Los recortes sociales aumentan la exclusión y por lo tanto aumentan las posibilidades de conflictividad. En un contexto de crisis económica el sentimiento de competencia en el acceso a los recursos se acentúa. Por eso, lo novedoso de las encuestas que se realizan no está en la constatación de un progresivo aumento de actitudes de rechazo hacia la inmigración, sino el aumento de un discurso identitario y asimilacionista. El discurso de la invasión, que dominaba en 2006-2007, se ve sustituido en 2011 por el de la competencia, implantado no solo entre personas de bajos recursos sino entre quienes por su posición social no se ven afectadas por esa supuesta competencia. Por otro lado, cada vez se aprecia más una diferencia de actitudes de rechazo en función de la nacionalidad del inmigrante. En este sentido, los colectivos magrebíes y africanos se llevan la peor parte.

DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A DERECHOS LABORALES, SOCIALES Y POLÍTICOS. Este apartado es el que menos noticias genera y sin embargo es el que más denuncias han recogido las OID. El 40% de las denuncias se refieren a temas de discriminación en el acceso a locales públicos, vivienda (inmobiliarias), discriminación laboral, educación o sanidad y servicios sociales. Este resultado demuestra la importancia de establecer mecanismos no solo de recogida de denuncias sino de protocolos de actuación para gestionar con éxito este tipo de reclamaciones, algo que hoy en día resulta inexistente. De los ámbitos mencionados destacan dos por el elevado número de quejas: la discriminación laboral y el acceso a locales públicos que suponen las tres cuartas partes del total de denuncias.

Mejorar el acceso a la vivienda, a la educación o simplemente el acceso a un local de ocio pasa por el previo reconocimiento del derecho. Y es aquí donde nos encontramos con el mayor escollo por parte de la administración, que continúa eludiendo el tema central, es decir, el tratamiento de la integración desde el plano de los derechos. Aunque no forme parte de este Informe, no podemos dejar de mencionar el recorte en el acceso a la sanidad para la población inmigrante en situación irregular llevado a cabo el pasado mes de abril de 2012. Medidas de este tipo van en la dirección contraria a la deseada, aumentan el estigma hacia todo un colectivo y contribuyen a que las encuestas de opinión sigan reflejando un aumento en lo que se llama el grupo de «reacios» al hecho migratorio.

ABUSOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. El estado español sigue siendo junto con Bulgaria, Chipre, Grecia y Portugal uno de los cinco Estados que no recoge estadísticas sobre delitos de odio y delitos en los que se aprecia la agravante de racismo. No poder contar con esta información supone no solo una limitación importante a la hora de ofrecer datos estadísticos, sino una dificultad añadida en el acceso a la justicia. No obstante, lo anterior no impide constatar, a través de nuestras Oficinas de Información y Denuncia, un significativo número de casos en los que el protagonista es algún cuerpo de policía o una empresa de seguridad privada. Y es importante resaltar que este tipo de casos no trasciende habitualmente a la prensa diaria, no son temas de interés, entre otras cosas, porque este tipo de sucesos queda en el ámbito privado de la víctima y ni siquiera se llevan a los juzgados. Un 30% del total de denuncias recogidas por las OID se refieren a este tema. No se aprecian diferencias respecto al cuerpo policial, autonómico (mossos d'esquadra, ertzaintza) o nacional (guardia urbana, policía nacional). De las denuncias recogidas en los diferentes territorios se pueden extraer algunas pautas comunes: dificultad para probar las agresiones o abusos y denuncia del cuerpo policial hacia el denunciante por atentado a la autoridad. En resumen, la falta de estadísticas oficiales nos permite afirmar que hoy en día los abusos policiales motivados por actuaciones racistas y xenófobas son una realidad encubierta que no puede permanecer oculta por más tiempo.

EXTREMA DERECHA, EUROPA Y EL POPULISMO. En la política europea, el acontecimiento que ha marcado el año 2011 es sin duda la llamada “primavera árabe”. Lo que empezó siendo un gesto de bienvenida de la vieja Europa al derrocamiento de regímenes totalitarios en Túnez o Egipto se tornó, primero en preocupación y posteriormente en represión cuando comenzaron a llegar a las costas italianas quienes apenas unos días antes eran vistos como revolucionarios. Y en este contexto los gobiernos francés e italiano se atrevieron a tocar una de las columnas sobre las que se sostiene esta cada vez más frágil arquitectura europea. Nos referimos a la propuesta franco-alemana de abril de 2011 de modificar el acuerdo de Schengen. Finalmente el Consejo europeo de ministros de justicia y asuntos de interior (J.A.I), ha aprobado reintroducir controles fronterizos ante eventuales olas migratorias en el área Schengen con las críticas del Parlamento Europeo y del propio presidente de la Comisión. Propuestas de este tipo invitan a que otros países adopten medidas más allá de los resortes mínimos que sostienen la política migratoria en una Europa cada vez más disgregada.

Finlandia, Dinamarca, Suiza o Hungría han realizado consultas electorales en 2011 con un considerable aumento de partidos llamados populistas. Dibujar los contornos del populismo no es tarea fácil dado que, tal como hemos visto en las elecciones presidenciales en Francia, o las elecciones municipales en Catalunya, respetables partidos conservadores pueden terminar en el populismo. Más allá de las especificidades que se dan en cada país, que son importantes, el fenómeno tiene claramente una dimensión europea, y conviene pensar seriamente en las consecuencias que este tipo de discursos puede acarrear a la sociedad en su conjunto. Según las encuestas del CIS hay un 20% de ciudadanos y ciudadanas de este país situados en una clase social media alta que verían bien la implantación de un partido de extrema derecha que trasmita mensajes cuyo hilo conductor es el rechazo a la inmigración y a la comunidad musulmana. Y por otro lado, a lo largo de estos dos años de contiendas electorales se ha demostrado igualmente que los compromisos iniciales de no establecer discursos populistas saltan por los aires ante la búsqueda de votos, lo cual no deja de ser un reflejo de la pedagogía política que tenemos en este país.

Lo ocurrido el 22 de julio en Noruega nos debería situar más allá del debate sobre si Anders Behring Breivik estaba loco o no. En esos atentados hay un trasfondo ideológico de odio al diferente y en especial al Islam. El discurso populista alimenta el sentimiento de islamofobia y la sociedad termina por no diferenciar si se trata de personas que profesan el Islam, si son árabes pero no de religión islámica o simplemente se identifican con el Islam pero no practican la religión. Todos estos matices son los que deberían explicarse a la sociedad en un diálogo abierto entre la comunidad islámica y la sociedad occidental. Si este diálogo no se potencia desde las instituciones la islamofobia es probablemente el tipo de racismo que más va a crecer en los próximos años.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Aumento de un tipo de racismo de “baja intensidad” referido a discriminación laboral, acceso a locales públicos, discriminación en inmobiliarias y acceso a servicios sociales y sanidad.

PROPUESTA: Establecer Protocolos de Actuación para que estas denuncias puedan ser efectivas.

Exigir, una vez más, que se recojan estadísticas sobre delitos de odio y delitos en los que se aprecia la agravante de racismo. Los abusos policiales son una realidad en aumento que no puede permanecer oculta por más tiempo.

PROPUESTAS: 1) Aumentar el número de Fiscalías especializadas en delitos de odio y discriminación. 2) Evitar que de manera sistemática se interpongan denuncias por atentado a la autoridad a quien denuncia un caso de abuso policial.

Estancamiento en integración. Importantes instrumentos como el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI 2), 2011-2014 y la Estrategia Integral contra el racismo y la discriminación racial no se están desarrollando.

PROPUESTAS: 1) Aprobar cuanto antes una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 2) Establecer medidas para combatir el racismo en el ámbito institucional.

Las encuestas de opinión reflejan un cambio del discurso de la invasión al de cómo se integran los/as inmigrantes y cómo se priorizan los recursos. Por otro lado, cada vez se aprecia más una diferencia de actitudes de rechazo en función de la nacionalidad del inmigrante; los colectivos magrebíes y africanos se llevan la peor parte.

PROPUESTAS: 1) Abrir un debate social e institucional sobre los límites de la libertad de expresión y el “todo vale” contra la inmigración. 2) Este debate es urgente en el ámbito de los foros de opinión de internet y los comentarios en las ediciones digitales de medios de comunicación.

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