Europa

El desarrollo del capitalismo en Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, especialmente en las mayores potencias económicas como Alemania, Francia y Gran Bretaña, es indisociable del hecho migratorio. Muy pronto, los modelos de crecimiento industrial demandaron mano de obra exógena, beneficiándose de los movimientos de población trabajadora e incluso provocándolos. Este fenómeno es cambiante. Se ha traducido por desplazamientos más o menos importantes en el interior de un país: así el éxodo rural desencadenado a veces por expropiaciones masivas y la creación de un “proletariado errante sin casa y sin lumbre”, como ocurrió en Inglaterra. Otros países, como Francia, que padecían un déficit demográfico estructural, buscaron trabajadores en los territorios coloniales y en regiones europeas menos desarrolladas –sobre todo de España, Italia y Polonia. En fin, las circunstancias han hecho de algunos países más lejanos auténticas reservas de mano de obra: es el caso de Turquía para Alemania, o de Marruecos para Alemania, Francia y Bélgica. A esto se añadía una red compleja de migraciones causada por los ciclos agrícolas y sus necesidades temporales a veces considerables en época de recolección.

Se instalaron tradiciones migratorias diversas, poco respetuosas de los derechos de los trabajadores extranjeros y respondiendo a lógicas utilitaristas e inmediatistas: los empleadores importaban mano de obra según sus necesidades, y el Estado no tenía escrúpulos en decretar retornos forzados si esa mano de obra se volvía inútil. Es lo que ocurrió en Francia a comienzos de los años treinta, cuando incluso los trabajadores provenientes de las colonias fueron expulsados de la metrópoli. Sin embargo, según una ley constantemente verificada de la sociología migratoria, no existe migración de trabajo organizada de forma permanente que no desemboque, incluso parcialmente, en una migración de poblamiento: atraídos por la perspectiva, a menudo ilusoria, de un rápido enriquecimiento que crearía las condiciones de un retorno al país de origen, muchos migrantes o trabajadores de las colonias han echado raíces en el país de llegada, creando así a su vez un efecto llamada para nuevas migraciones, al tiempo que se consolidaban minorías étnicas más o menos toleradas.

En cuanto a la acogida reservada a los migrantes, los Estados han oscilado constantemente: por un lado, un cierto dejar hacer, para cubrir necesidades mal planificadas y utilizar extranjeros pobres para presionar a la baja el salario medio; por otro, una tentación dirigista destinada a seleccionar esta mano de obra en base a criterios como la docilidad y el ardor en el trabajo, reservándose la posibilidad de revertir el flujo en caso de estancamiento económico o incluso en el caso en que esta población se revelara revoltosa y subversiva. Alemania, en base al ius sanguinis, ha considerado durante mucho tiempo que estos trabajadores eran inasimilables y no podían, incluso en la segunda generación, pertenecer a la nación alemana. Gran Bretaña, beneficiándose de la inmensa reserva de la Commonwealth, ha hecho del estatus inferior de los ciudadanos de los países vasallos una reserva permanente para asegurar la flexibilidad de su política migratoria. Francia, Bélgica, Países Bajos, bien llegando a acuerdos de mano de obra con sus antiguas colonias, bien tolerando una libre inmigración cuando el mercado de trabajo lo demandaba, han practicado durante mucho tiempo una política pragmática reemplazando las leyes de mera policía de extranjeros por un estatuto jurídico condicionado, dejando planear constantemente la amenaza de rescisión de los permisos de residencia y de trabajo.

Globalmente, se constata que ninguno de estos países ha llegado a considerarse como un país de inmigración, considerado esto último como una especie de mal necesario pero temporal: la instalación permanente de migrantes y sus familias ha sido, y lo sigue siendo a menudo, negada o combatida, pese a su evidente realidad. En diversos grados, muy en particular en Francia donde el espíritu “republicano” es hostil a la noción misma de “minorías”, toda Europa, desde el comienzo de su unificación política y económica, se ha mostrado incapaz de afrontar el desafío de la buena integración de las poblaciones alógenas.

El comienzo de los años setenta supone un punto de inflexión marcado por un giro en profundidad de la cuestión migratoria, que será presentada cada vez más en los discursos públicos como un “problema” en el contexto de una xenofobia creciente. Destacan tres evoluciones. En primer lugar, desde 1972, se constata un endurecimiento de las políticas de acogida de extranjeros en los lugares de inmigración antigua, como Alemania federal, Benelux, Inglaterra, acompañadas de medidas de incitación a la salida de extranjeros convertidos en supernumerarios tras los conflictos petroleros. A continuación, en las décadas siguientes, la ampliación progresiva de la Comunidad Económica Europea creada en 1957 (Tratado de Roma), a la Unión Europea (Tratado de Maastricht de 1992), cuyo número de Estados miembros pasará progresivamente de seis a veintisiete y que, desde los Acuerdos de Schengen de 1985, inscribirá en su agenda la libre circulación de personas en el interior del espacio común. Finalmente, esta ampliación provoca la cohabitación de países cuyos recursos y necesidades en materia de mano de obra son cada vez más diversas, incluso algunos de ellos como Italia y España, tradicionales suministradores de migrantes a los países del norte, han visto como los flujos revierten y se han convertido a su vez en importadores de mano de obra desde los años ochenta. Es el caso hoy en día de los países miembros más recientes, como Polonia y Rumanía, que son a la vez países de emigración hacia Europa occidental y de inmigración de personas llegadas de Asia sobre todo.

A continuación, con el hundimiento del bloque soviético a finales de los años ochenta, la barrera que representa la “cortina de hierro” para las migraciones venidas de Asia ha saltado, lo que ha contribuido a aumentar el temor de los dirigentes de la Unión ante un supuesto “riesgo migratorio”. Este nuevo dato, más confuso e incierto que el antiguo esquema utilitarista, ha provocado tensiones en el seno del espacio europeo y entre este último y los “países terceros”, cada vez más solicitados para participar en origen de los objetivos proteccionistas de la Unión. Este doble proceso, interno y externo, está en el origen de un clima político enrarecido marcado a la vez por la instalación permanente de una lógica de persecución del extranjero como chivo expiatorio, y por el envenenamiento de las relaciones internacionales marcadas por la utilización de los candidatos a la migración como moneda de cambio.

En el interior, el extranjero es cada vez más designado y tratado como un enemigo, y el tema central de la “invasión”, propagado por la extrema derecha en un número creciente de países y a menudo retomado por los gobernantes, aglutina una serie de quejas en torno a dos ideas: por una parte el migrante sería promotor de la crisis, acaparador de empleos y beneficiario abusivo de la protección social; por otra, su cultura y costumbres harían de él una persona que no es “integrable” en el país de acogida y que pondría en peligro la identidad nacional de este último. Francia ha sido la cuna de esta temática en los años ochenta, que se ha desarrollado en países tan diversos como Austria, Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca o Países Bajos. Esta evolución no siempre es incompatible con lo que se ha convenido en denominar, desde comienzos de este siglo, una “inmigración escogida”. El Pacto europeo sobre asilo e inmigración, adoptado por los Estados miembros de la UE en 2008, es el reflejo de esta doble aproximación. Un impresionante dispositivo de encierro de extranjeros irregulares, de vigilancia de las fronteras de la Unión y de fichaje de los que entran se ha puesto en pie, mientras que el derecho de asilo es cada vez menos reconocido como sospechoso de fraude.

En cuanto a la inmigración laboral, aunque el Pacto citado llama a políticas concertadas en este terreno, las necesidades de los países miembros son tan diferentes unas de otras que no solamente reafirman periódicamente que cada uno de ellos es soberano en esta materia, sino que no cesan de criticar mutuamente sea el laxismo, sea la rigidez del vecino. De esta forma Francia ha denunciado en varias ocasiones las regularizaciones masivas de “clandestinos” efectuadas repetidamente en Italia o en España, como una manera de introducir extranjeros indeseables en suelo europeo. Finalmente, incluso las migraciones internas son impedidas a veces, pese al principio de libre circulación: de esta forma, Italia y Francia practican los reenvíos forzados de rumanos y de búlgaros que pertenecen a la minoría étnica Rom, y ciudadanos europeos desde 2007.

Fuera de la Unión, los dirigentes europeos tienen por costumbre delegar la aplicación de una parte de la gestión de su política migratoria en primer lugar en los países limítrofes (en ocasiones denominados “países de tránsito”), y también en países cada vez más lejanos identificados como fuentes de emigración. Este proceso de externalización se ha traducido en diversas estrategias de subcontratación del control de las fronteras exteriores de Europa a los países de origen. Tras los atentados de Nueva York de septiembre de 2001, los países terceros serán solicitados cada vez más para contribuir a la lucha contra la inmigración irregular, asimilada en adelante al terrorismo y al tráfico de personas. El Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 condicionará la ayuda a estos países a su participación activa en la lucha contra lo que se ha llamado abusivamente “emigración ilegal”, en contradicción con los textos internacionales que consagran “el derecho a salir de cualquier país, incluido el suyo”. La externalización, que representa un gasto presupuestario considerable para la Unión, es multiforme. Citemos sobre todo: la creación de agentes de contacto en los aeropuertos lejanos, con la finalidad de formar a los agentes de control en la identificación de documentación falsa; la creación de la agencia Frontex que, desde 2004, trabajará en cooperación para impedir la salida en origen; o incluso la multiplicación en alguno países (como Libia, Marruecos y Turquía) de campamentos, oficiales o improvisados, donde se encuentran atrapados los candidatos a la migración. Un elemento importante es la negociación de acuerdos de readmisión con los países de donde provienen los migrantes detenidos en territorio europeo, a fin de asegurar su repatriación. Esta negociación es difícil pues los países demandados están sometidos, como Mali, a las presiones de una población para la que la emigración es vital, o bien, como ha mostrado el ejemplo caricaturesco de Libia entre 2004 y 2011, han encarecido el precio: retención de candidatos al exilio contra compensaciones financieras.

La “cooperación” entre la Unión y los terceros países se presenta a menudo como la expresión de un interés mutuo, incluso, mientras algunos de estos países parecen hundirse cada vez más en la miseria, como un factor de “codesarrollo”. Más allá de este lenguaje, es forzoso constatar que el nuevo hecho migratorio ha tenido como consecuencia activar o reactivar, sobre la base de relaciones asimétricas cuyo coste recae sobre la población, mecanismos de mercadeo y de corrupción entre Estados, que hacen dudar que el control de las migraciones propiamente dicho sea un objetivo en sí mismo.

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