Trabajo en red en torno a los CIE

Mugak55

Aierbe, Peio

Allá por el fin del mes de abril, nos reuníamos en Madrid un conjunto de entidades que, además de exigir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, trabajamos por que sean reconocidos todos los derechos que les asisten a las personas allí encerradas. La convocatoria partió de Pueblos Unidos, Ferrocarril Clandestino y las organizaciones que conforman la red Migreurop en el estado español: Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, ACSUR y la Federación de Asociaciones de SOS Racismo. El objetivo era compartir la preocupación ante la próxima presentación gubernamental del Reglamento que regule el funcionamiento de los CIE.

Las entidades que acudieron a la convocatoria fueron capaces de practicar un ejercicio no muy habitual, a saber, poner en común las preocupaciones que cada cual tenía sobre el futuro Reglamento, discutir las distintas miradas que se tienen sobre los contenidos de una acción colectiva al respecto, acordar unas bases suficientes y diseñar una campaña de intervención que incorporara a otras entidades.

El conseguir lo anterior tuvo mucho que ver con, al menos, tres factores. Uno, que todas las entidades presentes trabajan hace tiempo en este campo y saben la importancia que tiene para las personas que son encerradas en los CIE, el tener sus derechos reconocidos. Estar en contacto con esas personas, conocer sus vivencias y los problemas que padecen en esos centros ayuda a poner en el centro de los debates la urgencia de actuar para ver de mejorar, sensiblemente, esa situación. Dos, que hay ya un camino conjunto andado hace tiempo entre varias de estas organizaciones lo que posibilita un lenguaje y criterios comunes. Tres, un clima de respeto mutuo que facilita una confianza de todo punto necesaria para llevar a buen puerto este tipo de acciones conjuntas.

Con ese punto de partida, lista de correos mediante, y un par de comisiones, se elaboró y aprobó en las siguientes semanas un Manifiesto que recogía nuestras preocupaciones y planteaba nuestras reivindicaciones. A partir de ahí, se abrió un periodo de difusión del Manifiesto para buscar apoyos, tanto de otras entidades como de personas a título individual. En seguida pudimos comprobar que nuestra preocupación era compartida por miles de personas. En un mes escaso, firmaron el Manifiesto 350 entidades de todo el estado español y 3.000 personas.

Con esta tarjeta de presentación, el 16 de junio se hizo público el Manifiesto a los medios, de forma conjunta, en más de una docena de ciudades que incluían todas las que albergan un CIE. Ese mismo día, las entidades firmantes del Manifiesto presentaban en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno un escrito en ejercicio del derecho de petición previsto en el art. 29 de la Constitución española demandando que las entidades firmantes tengan cauces de participación para presentar y debatir sus propuestas antes de que el borrador de Reglamento sea hecho público. Dicha entrega tuvo lugar en Andalucía (en todas las capitales), Aragón, Asturies, Catalunya, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra, Región de Murcia, País Valencia y País Vasco.

La eficacia de este trabajo pudimos comprobarla antes incluso de la presentación del Manifiesto a los medios. Justo para la víspera de la presentación, la Secretaría de Estado de Inmigración convocaba, de forma apresurada, a una reunión a diversas organizaciones, varias de ellas firmantes del Manifiesto. En dicha reunión, en la que también estuvo presente la Secretaría de Estado de Seguridad, se habló sí, del Reglamento pero en tono informativo, absolutamente general, sin abrir ninguna posibilidad a la participación en su elaboración. Quedó claro que el borrador del Reglamento lo va a elaborar el Ministerio del Interior, sin participación ni del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ni de la sociedad civil. En definitiva, se trataba de adelantarse a nuestra demanda, con una caricatura de reunión sobre el Reglamento. Hay que tener en cuenta que, una de las primeras iniciativas que se tomaron en mayo, junto a la elaboración del Manifiesto, fue la solicitud de una entrevista con el Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre esta cuestión. Nos dieron la callada por respuesta. De ahí el escrito presentado en las Delegaciones de Gobierno ejerciendo el derecho de petición.

Cinco días después de la presentación del Manifiesto, el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, compareció en el Senado respondiendo a una pregunta de la senadora Naharro de Mora, del Partido Popular, sobre la situación en los CIE. Dicha senadora le planteó textualmente “Usted ha dicho que a la hora de elaborar las normas y poner en marcha todos los planes hablan con todo el mundo. Yo creo que en este caso se han olvidado de las ONG. Existe un manifiesto firmado por más de 350 organizaciones de todo tipo que solicitan participar. Yo he leído sus reivindicaciones y propuestas y todas me parecen perfectamente realizables. Reclaman cuestiones que considero que deben estar en ese reglamento. Las tengo aquí y me imagino que usted ya las conocerá. Por tanto, no entiendo cómo no van a contar con estos colectivos a la hora de elaborar ese reglamento tan importante.” La respuesta del Sr. Camacho afirmando “el derecho que tienen estas organizaciones para entrar y contactar con las personas que se encuentran en los CIE” no se ajusta, en absoluto, con la situación real. De ahí que la Plataforma vaya a dirigirse directamente a la Secretaría de Estado para dejar constancia de la situación real al respecto en cada uno de los centros.

En definitiva, en el corto espacio de un par de meses, la actividad desplegada dirigida a que el futuro Reglamento recoja los derechos de las personas encerradas en los CIE ha sido capaz de obtener resultados significativos, tanto en la recogida de apoyos como en su transmisión a la opinión pública.

Queda todavía un buen trecho por delante en la elaboración del Reglamento. En este tiempo, las entidades que conformamos la Plataforma seguiremos desplegando diversas iniciativas para mantener vivas nuestras demandas y conseguir que se reflejen en el Reglamento. Seguimos con la recogida de apoyos y aspiramos a que el Manifiesto cuente con la firma de mil entidades y diez mil personas. Este objetivo es importante, tanto por seguir reforzando la legitimidad de lo que pedimos, como para difundir, lo más ampliamente posible estas demandas en la sociedad civil. También su participación de la misma. De cara a ello, a quienes así lo indican a la hora de firmar el Manifiesto, venimos informándoles de las iniciativas que ponemos en marcha aspirando a que sigan participando en las mismas.

El trabajo en red que venimos desarrollando y que va a seguir en los meses que tenemos por delante en torno a la elaboración del Manifiesto van a ser una ocasión única de consolidar los lazos y seguir perfilando un lenguaje común en este terreno. Esto es necesario si tenemos en cuenta la gran variedad de las organizaciones que componen la red. Esta variedad es, sin duda, una riqueza pero también un factor que puede dificultar el funcionamiento si no acertamos con lo que puede unirnos y ser de interés común. Todo ello va a ser una ayuda inestimable para dar cuerpo a una red de las entidades que trabajan con y por las personas derivadas a los CIE para ser expulsadas de España. Esta red, con sus características actuales, es totalmente novedosa al tiempo que muy necesaria. Más allá del Reglamento, hay mucho campo para una labor de apoyo mutuo de cara a potenciar la labor de las personas y colectivos implicados. Seguro que encontraremos propuestas e iniciativas que respondan a ese objetivo.

Algunas de nuestras reivindicaciones:

• Reclamamos un procedimiento de quejas y peticiones en el que se respete el debido secreto y se sustancie con celeridad, conocido por todos los internos y que asegure que estas quejas se entregan al Juez de control rápidamente.
Transparencia e información pública sobre los CIE. Que se hagan públicas memorias anuales, donde figure el número de personas que han estado internas, su situación jurídica, personas expulsadas, personas puestas en libertad y motivos y memoria económica de gastos de los CIE.
• Asegurar que todas las personas internadas reciben al entrar información en lenguaje comprensible y en distintos idiomas para los que no comprenden bien el español, sobre su concreta situación jurídica, normas de funcionamiento del CIE y recursos disponibles, posibilidad de formular peticiones y quejas y forma de hacerlo, así como sus derechos y obligaciones.
• Facilitar a la persona extranjera copia de todos los documentos generados durante su estancia en un idioma que conozca.
• Derecho de los internos a entrar en contacto con entidades sociales y el derecho de entidades sociales a visitar y entrar en los CIE, derechos ambos recogidos en la ley de Extranjería.
• Cobertura sanitaria y social en todos los CIE mediante acceso al sistema público sanitario y de atención social a través de las estructuras sanitarias y sociales correspondiente a la comunidad autónoma donde se ubique el Centro de Internamiento.
• Formación básica de todos los funcionarios al servicio del Centro y de aquellos encargados de su traslado, en derecho de extranjería y derechos humanos, que garantice la comprensión de la situación jurídica de internamiento y el respeto a la dignidad de los internos. Prevención específica de tratos degradantes y abusos policiales por parte de la policía hacia los internos y mecanismos de control de la actividad policial.
• Identificación de todos los policías y personal que tienen trato con los internos o/y sus familiares, claramente visibles. Cámaras de vigilancia repartidas por todas las instalaciones y dependencias del CIE salvo dormitorios y baños en aras de garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en el CIE.
• Que exista un régimen de visitas que facilite el contacto y la comunicación de la persona interna con sus familiares y amigos. Informar a las visitas de dónde se encuentra la persona interna cuando van a visitarla al CIE y no está allí: explicar si ha sido trasladada para alguna gestión, si ha sido puesta en libertad o si ha sido expulsada y en este caso en qué vuelo y a qué ciudad.
• Que a las personas puestas en libertad se les faciliten los medios para volver al lugar donde fueron detenidas o a su domicilio.
Además de todas aquellas cuestiones que haya que suscitar a la vista del anunciado Borrador de Reglamento.

175x175bb

Agenda 2017

Portada

Valla

Fotografía Amnistía Internacional

Banner Docu Sos Cast

Colabora

Colabora económicamente con SOS Racismo de la forma que tú prefieras:

Socios Es
Comunicación

Revista Mugak

Mugak64 65 Portada

nº64 Y 65