Panorama tras las elecciones municipales

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Unzurrunzaga, Agustín 

En el ámbito estatal tenemos que hablar de la victoria del PP, que saca al PSOE más de dos millones de votos. El PP va a gobernar en la mayoría de las comunidades autónomas y un buen número de ayuntamientos. En otros, su presencia puede ser fuertemente condicionante.

En el PP ha convivido un discurso abiertamente de extrema derecha sobre la inmigración, con otro más moderado. Según El País, “El PP de Rajoy tiene dos caras para este asunto y ha utilizado un discurso en cada sitio, según convenía a sus intereses electorales”. Hacer discursos contradictorios, atrapalotodo, suele ser un rasgo, entre otros, de las organizaciones populistas. En cualquier caso, el discurso más derechista ha sido explícitamente apoyado, nunca desdicho, por los dirigentes del partido.

El discurso más derechista lo ha desarrollado en Cataluña, donde competía con PxC en una franja del electorado popular más xenófobo. En el discurso del PP aparecían de forma destacada temas tales como: la inseguridad ciudadana imputada a la inmigración, las expulsiones automáticas a quienes cometan delitos, la prioridad nacional llevada a ámbitos tales como las plazas de guardería; la contraposición entre las prestaciones (las viudas autóctonas cobran pensiones bajas porque no hay dinero, y ese dinero se gasta en prestaciones sociales que las disfrutan los inmigrantes); la negativa a empadronar a extranjeros en situación administrativa irregular; informes municipales vinculantes en materia de arraigo social y vivienda para la reagrupación familiar y aplicación de los reglamentos de civilidad (en caso de tres faltas, informe negativo); ideas racialistas, como que los inmigrantes, por su condición de tales, y distorsionando la lectura de informes médicos, son portadores de enfermedades infecciosas que aquí ya se habían erradicado.

El partido de extrema derecha PxC, Plataforma per Cataluña, ha obtenido un muy buen resultado electoral en Cataluña. Aunque con algunos votos menos que en las autonómicas (65.524), ha aumentado considerablemente el número de concejales (67 actualmente: 47 en Barcelona, 9 en Tarragona, 7 en Girona y 4 en Lleida) con respecto a los que tenía en 2007. Tiene concejales en ayuntamientos como Vic, el Vendrell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, L´Hospitalet, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Salt. Entra en ayuntamientos del cinturón industrial de Barcelona.

País Vasco

En el País Vasco, aunque con un tono más moderado que en Cataluña, los aspectos más derechistas del discurso del PP se han concretado en el tema de las mezquitas, la inseguridad ciudadana y el tiempo de empadronamiento para percibir prestaciones sociales.

En el tema de las mezquitas (Vitoria y Bilbao), ha apoyado las reivindicaciones del grupo de ciudadanos que se oponen a su construcción. No apoya el derecho constitucional que les asiste a las personas que profesan la religión musulmana a disponer de locales donde puedan ejercer su culto. Se pone en primer plano el fantasma de la seguridad, sobre todo si el local a abrir prevé que sea algo más que un sitio para rezar, algo que tenga que ver también con centro cívico o cultural. Se coloca constantemente al lado de quienes manifiestan los prejuicios más arraigados, y utiliza el tema del supuesto vacío legal sobre las características que deben tener ese tipo de locales. En Gipuzkoa no se ha planteado este tema.

De todas formas, unido a lo anterior y pensando en el futuro, en una entrevista hecha a Javier Abdul Haqq Salaberria, publicada en el Diario Vasco del 21 de mayo, dice que en Gipuzkoa son 30.000 musulmanes, y que después de la elecciones hablarán con Eudel porque ellos también son Gipuzkoa. Plantea que los más jóvenes, muchos de ellos nacidos en Gipuzkoa, quieren ir construyendo “centros culturales islámicos gestionados por ellos mismos, comunidad abierta que participa en la sociedad. Centros que tengan un oratorio, sí, pero también espacios para la fiesta, la compra, la charla, la buena mesa y el intercambio de ideas y amistades”. A la vista de la experiencia de Bizkaia y de Álava, y la más amplia de Cataluña, ¿tenemos que pensar que el PP se va a oponer aquí, en Gipuzkoa, a que las personas que profesan la religión musulmana abran esos centros culturales si a algún vecino se le ocurre decir que es peligroso? A este tema, y a la vista de la experiencia europea, de las Jornadas contra el Islam celebradas en París a finales del año pasado con presencia del grueso de las organizaciones de extrema derecha y nacional populistas europeas, conviene prestarle una cierta atención. Están implicadas muchas cosas, tales como la libertad religiosa, la visibilidad social de religiones diferentes a la históricamente mayoritaria, la manera de entender la laicidad, los derechos constitucionales de las personas de religión musulmana, los integrismos religiosos, etc. Todos ellos tienen influencia, inciden de diferente manera en el tema del racismo moderno en Europa.

El tema de la seguridad ha sido más un eslogan, una pose, que algo preciso. En cualquier caso, sí han propuesto una cosa concreta: que se abran comisarías de policía municipal en todos los barrios. Pero han sido extremadamente vagos a la hora de concretar el costo que tendría una medida de ese tipo y la actividad que desarrollarían esas comisarías. En el caso de Donostia destacaban tres cuestiones u objetivos: la presencia de policía en los barrios como elemento disuasorio para evitar la pequeña delincuencia, los excrementos de los perros en las aceras, y los ciclistas que andan por las aceras. A lo anterior se podría añadir el tema de los grafiteros, aunque esta última cuestión la ha abordado más el PSE.
En cuanto al tema del empadronamiento para percibir prestaciones sociales, plantean ampliarlo a cinco años. Se han cuidado (por lo menos Basagoiti, aunque no tanto Maroto) de que no sea algo dirigido exclusivamente a extranjeros. En cualquier caso, el efecto que tendría sobre los extranjeros, de aprobarse una medida de ese tipo, sería muy importante. Han presentado una enmienda a la actual normativa en el Parlamento Vasco. Da la impresión de que tiene un alcance fundamentalmente propagandístico, de ganar apoyos para las ideas de prioridad nacional. A su vez, busca relegar y disciplinar a las personas que se encuentran en peor situación social. También han hecho insinuaciones en el tema del fraude, sin concretar demasiado, pero contribuyendo a engordar un clima negativo, de sospecha, alimentando los fantasmas más negativos de franjas de la población.

A la vista de las cosas que han dicho en esta campaña, y ante una hipotética victoria del PP en las elecciones del año que viene, la correspondiente formación del gobierno estatal y el poder que ya ha adquirido en la mayoría de las comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos, cabe aventurar que podrían verse afectados cuestiones tales como: el empadronamiento de personas extranjeras en situación administrativa irregular, aunque es una cuestión que requeriría modificar varios artículos de la propia Ley de Extranjería; la implantación de los contratos de integración, que irían más lejos que el actual “esfuerzo de integración” recogido en la ley el recientemente publicado Reglamento de Extranjería; los informes municipales para el arraigo social y de vivienda para la reagrupación familiar, ligándolos a las normativas de civilidad; la aplicación del criterio de situación nacional de empleo a los permisos solicitados por arraigo social, algo ya previsto, con un procedimiento específico en el actual Reglamento (en la discusión sobre la actual Ley de Extranjería, el PP no presentó enmiendas en el sentido de ampliar el tiempo de empadronamiento necesario para el arraigo social; presentó una propuesta más ambigua, en el sentido de que la norma sobre el arraigo social pudiese ser revisada)

Si la victoria actual preludia la que se puede producir el año que viene en las elecciones generales, el PP gestionará la política de extranjería y la aplicación de la Ley y el Reglamento actualmente en vigor. ¿Los modificará? De momento no hay propuestas en ese sentido, pero habrá que estar atentos. La experiencia nos muestra que puede pasar de todo: desde cambiar las leyes (la ley 4/2000 pasó a ser la 8/2000 y luego la 14/2003 bajo el mandato del PP), a hacer regularizaciones extraordinarias, a pesar de que luego las hayan abominado y hayan propuesto su prohibición por ley (se hicieron dos bajo el mandato del PP y con Rajoy como Ministro del Interior). De todas formas, en la medida en que el discurso populista ha adquirido fuerza en sectores relevantes de ese partido, podría ser más fácil que hubiere movimientos en dirección al endurecimiento. Pero todo está por ver.

Reglamento de Extranjería y nuevos ayuntamientos

El 30 de junio entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería. Tal y como está redactado, los informes sobre arraigo, vivienda para reagrupación y esfuerzo de integración son, en principio, competencia del Gobierno Vasco. La propia norma prevé que puedan delegarse en los ayuntamientos, que son los que hasta ahora han hecho los de arraigo social y vivienda para reagrupación familiar. El de “esfuerzo de integración” es nuevo.

Lo nuevo, por lo tanto, además del tema de a quién le compete hacerlos, que no es baladí para que los derechos de las personas directamente afectadas sean bien respetados y se eviten interferencias burocráticas, es el informe de “esfuerzo de integración”.

En la redacción actual de la Ley y del Reglamento, ese informe tiene un alcance limitado. Se utilizará en los casos de renovación de las autorizaciones de trabajo y residencia que no cumplan con los requisitos básicos: continuidad de la relación laboral o nuevo contrato de trabajo y períodos de cotización exigidos. El artículo 71.6 dice, en resumen, lo siguiente:

Que también se valorará el esfuerzo de integración, acreditado mediante informe positivo de la Comunidad Autónoma en la que se resida. Ese esfuerzo podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar alguno de los requisitos para la renovación de la autorización. Los requisitos básicos para la renovación, volvemos a repetirlo, son básicamente el contrato de trabajo y las cotizaciones.

¿En qué consiste ese dichoso esfuerzo de integración, esa figura a nuestro juicio tan problemática? En la participación del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en la que resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia. Se certificará el tiempo dedicado a los ámbitos señalados.

De lo transcrito se deduce que el Estado presupone que los extranjeros extracomunitarios, y que, además no sean familiares de comunitarios (la Ley de Extranjería y su Reglamento no se aplica a las personas comunitarias y a sus familiares, aunque sean extracomunitarias), son unos analfabetos estructurales en todas las materias arriba señaladas. Que, por el hecho de ser extranjeros extracomunitarios no tienen ni puñetera idea de derechos humanos, democracia, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres. A su vez, a sensu contrario, se presupone, aunque la experiencia lo desmiente en todos los ámbitos, que las personas de nacionalidad española somos expertos en todos esos temas. ¿No tienen nada que aprender de derechos humanos y de tolerancia unos cuantos candidatos del partido que ha ganado estas elecciones y de PxC, por poner un ejemplo concreto? ¿Y unas cuantas de las personas que les han votado? ¿Y otras cuantas que cada día muestran ideas y comportamientos intolerantes y xenófobos?

Si los informes de esfuerzo de integración son elementos complementarios para la renovación de los permisos de trabajo y residencia, quiere decir que quien cumpla con las condiciones básicas para renovar, contrato de trabajo y cotizaciones, no tiene que acreditar nada sobre un esfuerzo complementario de integración, no tiene que presentar certificado alguno. A quien trabaja y cotiza se le considera integrado, y no tiene que hacer ningún cursillo. La información sobre el esfuerzo realizado y la petición para que se valore, se hace cuando algo de lo esencial no se cumple. ¿A quién se le dice que su esfuerzo en ese terreno será valorado? En concreto, a quien tiene problemas para mantener el contrato de trabajo, o para cotizar los mínimos exigidos, o porque no tiene cónyuge con medios de vida suficientes en quien apoyarse si el contrato o las cotizaciones le han fallado. En definitiva, que toda esta historia del esfuerzo de integración está dirigida a las personas que tienen más dificultades para mantener la regularidad.

Por otro lado, hoy por hoy, es una incógnita cómo y cuanto se valorarán esos esfuerzos. Habrá que esperar un cierto tiempo para ver cómo se va a aplicando algo que queda tan vago.

Esta idea se introdujo en la Ley de Extranjería a propuesta de CiU. En el fondo es algo muy parecido a lo del contrato de integración que propugna el PP, y que en el trámite parlamentario se quedó a medio camino. Y, aunque ahora aparece como un agarradero para las personas que puedan tener dificultades con las condiciones básicas exigidas para la renovación, es la antesala del contrato.

Esa idea rompe con toda una manera de ver y entender los procesos de integración, reivindicada por el grueso del movimiento asociativo y plasmada en algunos planes de inmigración de comunidades autónomas y ayuntamientos. Rompe con la idea de que en los procesos de integración, si se quiere que vayan a buen puerto, conviene que participen todos, los de aquí y los que vienen; con la idea de bidireccionalidad, de transformación de todos; con la idea de que en la situación social de asimetría existente, es la parte mayoritaria de la sociedad la que tiene que hacer un esfuerzo específico. A partir de este Reglamento el esfuerzo queda en manos de una parte, la de las personas inmigradas, la más frágil desde cualquier punto de vista. Y eso es una chapuza, aunque de momento vaya limitado a la renovación de los permisos, tal y como hemos señalado más arriba. Todo esto es incipiente, pero apunta en una dirección.

El problema es que ya algún ayuntamiento de Gipuzkoa, y no dirigido por el PP, antes de que entre en vigor el nuevo Reglamento, sin ninguna valoración crítica sobre el alcance y significado de esa idea, apoyándose en las necesidades de un grupo humano con más problemas con las condiciones básicas exigidas para la renovación de los permisos y socialmente más marginalizado, haciéndose eco de la presión ejercida por la población autóctona, empiece a montar esos cursillos. Y el cuadro se completa con el aprendizaje o el acercamiento al euskara. Y la guinda del pastel, que eso se presente como un plan de integración pionero en Euskadi.

Si la idea de esfuerzo de integración plasmada en el Reglamento es la que vertebra el modelo de plan de integración que algunos ayuntamientos y personas que trabajan en el mundo de la promoción del euskara quieren poner en marcha, creo que vamos mal. Cuando los derechos humanos, la tolerancia, el acercamiento al euskara y cosas por el estilo se juntan con las dificultades que algunas personas o grupos puedan tener para renovar sus papeles, nos metemos en un lío. Si lo que se quiere es ayudar a unas personas a resolver sus problemas concretos, vale. Se hacen los cursillos que hagan falta y ya está. Pero, por favor, que no se presente eso como modelo de un sistema o plan de integración pionero. El hecho de juntar el euskara a la idea de esfuerzo de integración plasmada en el Reglamento, no la mejora en absoluto, no le cambia su carácter, ni sus aspectos problemáticos.

Sobre los nacional populismos europeos

Aunque convendría hacer un esfuerzo por definir mejor qué es eso del populismo o de los populismos, y de la relación que algunos de ellos tienen con la extrema derecha, expresión que también tendríamos que explicar o acotar, de momento lo dejamos para otra ocasión
Que las ideas populistas, xenófobas, de extrema derecha se extienden por casi toda Europa es un hecho evidente. Las organizaciones que las sustentan son diversas. Tienen rasgos comunes, aunque también son apreciables diferencias significativas.

Influyen en la actividad política diaria y, en algunos casos, de forma muy importante, bien sea formando parte de los gobiernos, suscribiendo pactos con quienes gobiernan, forzando la adopción de determinadas medidas, o condicionando el desarrollo de debates sobre temas más o menos relevantes para ciertos sectores de la opinión pública. La influencia de algunas de sus ideas puede extenderse a terrenos relativamente amplios, como al del nacionalismo, la ecología, el internacionalismo, etc.

En algunos casos tienen ataduras y reminiscencias de tipo nazi o fascista y, en otros, esa relación es mucho más difusa o casi inexistente.
Prácticamente todas ellas hacen de la inmigración extranjera extracomunitaria un chivo expiatorio, una cabeza de turco al que le hacen responsable de gran número de males. La mayoría de ellas concentran sus golpes en las personas extranjeras que profesan la religión musulmana, a la que consideran incompatible con los valores de la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, la laicidad o los valores cristianos que fundan Europa y la propia civilización occidental. Son considerados en bloque como una especie de quinta columna, como una avanzadilla de la invasión de Europa, un cuerpo extraño que hay que extirpar.

Suelen reivindicar la preferencia o la prioridad nacional, la nación con una fuerte identidad de grupo, única, frente a todo lo que indique pluralidad de pertenencias, cosmopolitismo, diversidad. De ahí también que algunas de ellas sigan expresando un gran antisemitismo, un odio a los judíos como paradigma de personas sin una tierra, sin raíces ni arraigo. Se reivindica lo autóctono, entendido también de manera cerrada y única, frente a lo extranjero, de donde parece que vienen todos los males. No se niega la diversidad, sino que personas de pertenencias diversas puedan vivir juntas, puedan construir una vida en común. En algunos casos, esa prioridad nacional se manifiesta también contra las personas provenientes de otras zonas del mismo Estado, de las zonas más desarrolladas económicamente contra las más atrasadas, a las que se les acusa de ser vagos o vivir de subvenciones y ayudas. Lo mismo contra países de la propia Unión Europea y contra los trabajadores y trabajadoras provenientes de esos países. En algunos casos se reivindican los pueblos primeros, los ligados a sus raíces, a la sangre, a la tierra, tales como los vascos, los bretones, los catalanes. Se propugna una Europa que una a esos pueblos, lo que permitiría preservar la autenticidad étnica y cultural, la verdadera identidad europea.

En su conjunto abominan de la mundialización y de la Unión Europea. En algunos casos proponen salir del euro y hasta de la propia Unión. En general, que la Unión tenga menos poder y capacidad para condicionar diferentes aspectos de la política.

Especialmente en el este de Europa, son abiertamente antigitanas.

Apelan al pueblo “verdadero”, del que se manifiestan como sus representantes, los que interpretan su esencia.

Otro tema recurrente es el de la inseguridad ciudadana, que también se suele ligar con la inmigración, o con partes concretas de ella. Desarrollan toda una ideología securitaria. Suelen tener una concepción muy autoritaria del Estado y de la democracia. En general abogan por el endurecimiento de la penas de cárcel y, en algunos casos, por el restablecimiento de la pena de muerte.

La mayoría de esas organizaciones y partidos, las más significativas, actúan en el ámbito político democrático: se presentan a las elecciones, utilizan fundamentalmente la palabra, respetan, aunque siempre colocadas en el extremo y transgrediendo leyes, las normas de los estados de derecho. Es frecuente que apelen al pueblo frente a las instituciones, muy corrientemente contra los jueces laxistas y otras instituciones democráticas que representan un freno para sus ideas.

Otras organizaciones se suelen colocar al margen y, aunque mantienen relaciones y canales por los que circulan ideas y personas, suelen hacer ciertas críticas a la institucionalización a las anteriores. Esa parte semiclandestina suele proporcionar los militantes más violentos, los componentes de los servicios de orden y esas cosas y, en algunos casos, fundamentalmente en el Este de Europa, de milicias con estructura y formación paramilitar.

Recogen un voto dual. Por una parte, el voto que se encuentra en nichos tradicionales derechistas, el de personas ideológicamente muy de derechas. Por otra parte, un voto de protesta, de sectores sociales golpeados por la crisis, por las trasformaciones de la economía. En algunos casos este segundo tipo de voto es fundamentalmente obrero. En algunos casos, este tipo de organizaciones recogen más voto obrero que los partidos de la izquierda tradicional.

Danilo Martucelli, al estudiar el por qué de la extensión de este fenómeno en Europa, destaca los siguientes rasgos: 1) Crisis de legitimación del sistema político 2) Los electores dejan de sentirse “imaginariamente” representados por el sistema político vigente 3) Sentimiento anti élite 4) Dosis importantes de xenofobia 5) El líder que llama al pueblo 6) Búsqueda del “verdadero” pueblo 7) Mucha importancia al tema de las raíces frente a la artificialidad intelectual 8) Oposición entre la gran mayoría virtuosa del pueblo y una minoría calificada de elitista, cosmopolita, transnacional. 9) Presencia de la idea de una conspiración anti popular.

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