SALT Y EL FUTURO

A finales de febrero de 2010 la población de Salt (Girona) estaba en todos los rotativos. Un grupo de personas se había presentado ante el Ayuntamiento aprovechando un pleno municipal para quejarse de la inoperancia de las Administraciones para garantizar la seguridad ciudadana. Durante la protesta, otro pequeño grupo de personas extranjeras se enfrentó verbalmente con el primero acusándoles de criminalizar a la inmigración y de colocar a las personas extranjeras en el centro de los problemas del pueblo. Desde entonces, la población de Salt ha saltado más veces a las páginas de los periódicos. La última a raíz de la muerte de un menor no acompañado cuando la policía municipal le perseguía para detenerlo ya que había protagonizado un gran número de pequeños hurtos y robos. Su muerte provocó la protesta de un grupo de adolescentes que llevaron a cabo varios actos violentos, principalmente la quema coches.
Los Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC), organización a la que pertenecemos quienes firmamos este artículo, decía en un comunicado que la situación de Salt “es el resultado de la pobreza de muchas familias y de los procesos de exclusión y marginación que nuestra sociedad ha producido en los sectores más débiles de la juventud. Por eso, no es extraño que cuando no se realizan políticas específicas desde la administración dirigidas tanto a las personas extranjeras como nacionales para paliar grados extremos de pobreza y de falta de inserción social, surjan enfrentamientos entre ambas poblaciones, por otra parte muy frágiles, que alimentan todos los tópicos y estereotipos que forman parte del racismo y la xenofobia”.

El contexto

Salt es una población de unos 30.000 habitantes, situada junto a la ciudad de Girona, con un 42% de población extranjera que alcanza casi el 55% entre la población de 0 a 18 años. Su crecimiento demográfico proviene del desarrollo de la industria textil –la fábrica Coma Cros y otras- que atrajo a inmigrantes del resto del Estado desde mediados de los años 60 del siglo pasado.
La crisis industrial coincidió con la llegada de la democracia y, desde el Ayuntamiento (recuperado el año 1983, después de haber sido anexionado a la ciudad de Girona contra la voluntad de la mayoría de sus vecinos) se desarrollaron importantes políticas sociales y de adecentamiento urbanístico de la ciudad. Sin embargo, continuó existiendo una parte de la ciudad –la zona centro-, ocupada originalmente por personas inmigrantes de distintas partes del Estado, cuyas viviendas se habían ido deteriorando con el paso del tiempo.
En los últimos veinte años, Salt ha recibido una nueva ola migratoria con características distintas de la de los años 60 y 70. Salt se convirtió, desde 1990, en uno de los centros de recepción de las comarcas de Girona de personas extranjeras, especialmente africanas. Llegaban familiares, conocidos, paisanos o simplemente personas que sabían que en Salt encontrarían apoyo a su proyecto migratorio. Muchas modificaban posteriormente su residencia, pero bastantes se quedaban ocupando los pisos más degradados de la zona centro que, poco a poco, iban siendo abandonados por sus moradores originarios. A la vez, Salt se ha convertido en una ciudad-residencial situada en la periferia de la ciudad de Girona en la que conviven áreas urbanas claramente diferenciadas: edificios deteriorados y densificados en la zona centro, edificaciones antiguas de una o dos plantas, bien restauradas, en el casco antiguo, y nuevas construcciones en la periferia habitadas por personas de clase media que trabajan en otros lugares. Tal es así, que los conflictos sólo existen –y se perciben- en la zona centro.
La crisis económica ha golpeado especialmente a las personas extranjeras de Salt. Muchas de ellas trabajaban en la construcción y fueron las primeras en ser expulsadas del mercado laboral. Una buena parte continúa teniendo importantes problemas para incorporarse al mundo laboral dada su baja formación lo cual conlleva elevados niveles de paro. Así, en Salt, muchas familias viven en el límite de la pobreza con importantes problemas para poder alimentar adecuadamente a sus hijos e hijas.

Los hechos

A finales de febrero de 2010 un grupo de personas nacionales, la mayoría residentes en la zona centro y en el casco antiguo, interrumpió un pleno municipal mostrando pancartas en las que se leía “ya basta”, “queremos más seguridad” y semejantes. Vecinas y vecinos expresaban su preocupación por la falta de seguridad en el municipio, exigían medidas contundentes y acusaban al consistorio de mirar hacia otro lado. En la mente de las personas de la concentración estaba el porcentaje de extranjería de la población y veladamente acusaban a los vecinos no nacionales de estar detrás de la inseguridad ciudadana. En la misma concentración hubo enfrentamientos verbales con personas extranjeras que rechazaban su criminalización. En los días siguientes los Mossos d’Esquadra y la policía local ocuparon la población y sometieron a registro a cualquier joven o adolescente que desde su punto de vista fuera sospechoso de practicar la delincuencia. Hubo jóvenes que en un mismo día fueron registrados varias veces.
Por su parte, las asociaciones de inmigrantes marroquíes, que constituyen el colectivo más importante de personas extranjeras de Salt, se movilizaron para defender su honorabilidad y protestar por el acoso policial. Abderraman Boughassal, portavoz del colectivo de jóvenes de Salt, lo decía claramente: “el que haga una cosa mala, que lo detengan, pero a quien ven a las seis de la mañana que va a trabajar, ¿por qué le tienen que hacer un control policial?”. Simultáneamente, en muchas casas de personas nacionales, incluso en las de las personas que viven en zonas con muy poca presencia de inmigrantes, se colocaba el lema a mí también me han robado.
Las tensiones se resolvieron con una declaración por parte del Ayuntamiento que instaba a promover la repatriación de las personas que acumularan denuncias de delincuencia, la creación de una mesa de ciudadanía formada por las entidades del municipio, y la aprobación de un plan de ordenamiento urbanístico de la zona centro que comportaba la demolición de varios edificios, la reforma de otros y la creación de zonas verdes.
Al mismo tiempo, sin embargo, en los últimos doce meses, todos los grupos municipales han apoyado mociones en las que se solicitaba que el nuevo reglamento de extranjería contemplara que la competencia tanto del arraigo como del reagrupamiento familiar fuera exclusivamente municipal. Y, más en concreto, el consistorio, encabezado por la alcaldesa del PSC Yolanda Pineda, proponía que las faltas a las ordenanzas municipales (sacar la basura a horas no contempladas, practicar el botellón, ensuciar las calles, etc.) fueran motivos para negar tanto el arraigo como el reagrupamiento familiar. Incluso, se ha propuesto que se retiren (o se nieguen) los subsidios sociales a las personas que acumulen cinco faltas a las ordenanzas.
Y, a pesar del convenio firmado por el antiguo Ministerio de la Vivienda y La Oficina de Vivienda de la Generalitat de Cataluña en el que se comprometía el dinero para la reforma urbanística de la zona centro, el proyecto ha quedado en stand-by por falta de financiación.
La tensión volvió a dispararse un año después cuando el 21 de enero de 2011 murió el joven de 16 años, Mohamed Reda Lyamani. Este joven estuvo previamente trece días ingresado a causa de una caída desde un quinto piso cuando huía de la policía municipal que le acusaba de robar un ciclomotor. Mohamed era un menor no acompañado con familia conocida tanto en Marruecos como en Salt que estaba tutelado por la Generalitat y vivía en un centro de acogida. Tras su ingreso en el hospital un grupo de adolescentes se manifestó ante el Ayuntamiento solicitando la suspensión de los dos policías municipales y realizó varios actos violentos como la quema de mobiliario urbano y de varios coches.
La policía volvió a ocupar las calles y se repitieron los registros a jóvenes y adolescentes de origen extranjero. Por ejemplo, se les registraba cuando acudían a los institutos. La ocupación policial dio únicamente como resultado la detención de Francisco Arboleas Rosa, conocido por sus vínculos con grupos racistas y xenófobos, tras la denuncia de un grupo de personas extranjeras que contemplaron cómo quemaba un contenedor, y la detención de tres menores, uno nacional y dos extranjeros, acusados de quemar varias papeleras.
En este contexto, la asociación de vecinos de la zona centro convocó una manifestación con el lema queremos vivir en Salt en paz y bien. A la convocatoria se sumaron todas las asociaciones vecinales y de inmigrantes de Salt. A la manifestación asistieron unas 3.000 personas que caminaron en silencio y el servicio de orden acalló las pocas voces que gritaban en contra de la inmigración. Al finalizar la marcha se leyó un texto en el que se rechazaba la violencia, se apostaba por la convivencia, se pedía más seguridad y la lucha contra los delincuentes reincidentes y, finalmente, se solicitaban más recursos educativos.

Las causas

Algunas de las causas se encuentran en el desarrollo de la vida cotidiana de una parte de la población de Salt, especialmente de la que vive en la zona centro. Es cierto que existe un pequeño grupo de jóvenes, la mayoría de origen extranjero, conocido por todo el vecindario, que vive del tirón, de pequeños robos en casas particulares o en las tiendas del pueblo, o de la sustracción de aparatos de música o semejantes que posteriormente revenden. En cualquier caso, no muy distinto de lo que ocurre en muchos puntos del Estado. Es una delincuencia de corto alcance que se practica en el mismo pueblo por personas que todo el mundo conoce. De hecho, son jóvenes sin escrúpulos éticos que conocen bien el territorio y que no se atreven a extender sus prácticas delictivas más allá de sus fronteras. Además, en bastantes casos estos jóvenes comparten su vivienda con casas ocupadas que utilizan como refugio de sus actividades ilegales. A pesar de las denuncias y detenciones normalmente los jueces no los condenan por falta de pruebas o por considerar faltas leves las denuncias.
Otra fuente de conflictos en la vida cotidiana se relaciona con la degradación de los bloques de pisos. En muchos casos, las personas extranjeras han comprado los pisos o bien los contratos de alquiler les obligan a costear el mantenimiento de los edificios, pero en la actual situación de crisis económica no pueden atender los gastos de las comunidades de vecinos. Ello comporta grandes deudas que tampoco pueden ser satisfechas por las pocas personas nacionales que viven allí también y, por tanto, las escaleras están sucias, en muchos casos se ha cortado la luz y el agua y, además, en bastantes pisos se acumulan muchas personas en muy pocos metros cuadrados –lo que se conoce como pisos-patera.
Esta realidad se une a causas más profundas. De una parte, la pobreza. Ya hemos señalado que la crisis económica ha golpeado fuertemente a las personas extranjeras de Salt. De hecho, muchas familias tienen una situación dramática que hace que, aunque quisieran, no puedan atender los costes que se derivan de sus obligaciones como inquilinos de los pisos en los que viven. Por eso, para llevar mejor la situación y reducir costes, en algunos casos se acumulan varias familias en una misma vivienda. La situación de pobreza golpea especialmente a una parte de la infancia que acude a los centros escolares sin haber desayunado y evidentemente sin ningún tentempié para poder ser ingerido durante el recreo. Como las escuelas tienen prohibido repartir la comida que sobra, la cual debe ser lanzada a los contenedores, hay profesores que comunican a las familias más necesitadas dónde y a qué hora pueden ir a recoger la comida de la basura. El banco de alimentos no da abasto y los servicios sociales están saturados. Las becas de comedor escolar no cubren todas las necesidades, etc., etc. En el lado positivo, esta situación ha significado que muchas mujeres, madres de familia, hasta ahora confinadas en Salt, hayan salido a buscar trabajo para poder garantizar algún ingreso familiar. También han aumentado los lazos de solidaridad, especialmente entre las familias subsaharianas, de modo que las personas que tienen trabajo se ocupan de las necesidades más perentorias de sus amistades o familiares.
De la otra, la exclusión y la marginación social. Los procesos de exclusión en Salt son enormemente complejos y tienen diferentes referentes. Primero, la existencia de problemas educativos endémicos que explotan en la educación secundaria arrojando del sistema a un buen número de adolescentes. Las escuelas e institutos de Salt han sufrido la irresponsabilidad de la administración durante años. A pesar del esfuerzo del profesorado que, en algunos casos, obtiene excelentes resultados, el apoyo de la administración ha sido muy limitado y ha permitido la generalización de todos los tópicos y estigmas sobre la escuela pública que escolariza a un elevado porcentaje de extranjeros. Tal es así que incluso las personas extranjeras con mayores expectativas educativas perciben a las escuelas de Salt como un “almacén de inmigrantes”. Segundo, la juventud extranjera con titulaciones universitarias o de ciclos superiores de la Formación Profesional tiene muchos problemas para encontrar trabajo. Muchos jóvenes explican que cuando los contratantes ven su nombre en el currículum son directamente excluidos. En otros casos, las discriminaciones son más flagrantes como preguntar cínicamente a las mujeres marroquíes si estarían dispuestas a trabajar con un hombre o comentar delante de ellas que mejor que no vuelvan porque tapan su cabeza con el hijad. Tercero, en Salt siempre ha estado latente la idea de que sobran extranjeros. En el último año esta idea aún ha cobrado más fuerza y todos los partidos políticos del municipio la han asumido sin problemas, de modo que, como hemos señalado, buscan todo tipo de artimañas para negar el arraigo o limitar el reagrupamiento familiar. Por eso, sus reivindicaciones se relacionan con garantizar la seguridad, aumentar el control policial o expulsar a los jóvenes que la misma sociedad ha excluido. De hecho, en las declaraciones explícitas nunca se criminaliza a la inmigración, pero implícitamente se la señala como responsable de los conflictos existentes y, en consecuencia, las medidas que se defienden y se proponen están destinadas, de una parte, a reducir la presencia de personas extranjeras y, de la otra, a alimentar el discurso racista y xenófobo que subyace en muchas de las opiniones y percepciones de una buena parte de la población sobre los problemas de Salt.

Mirando al futuro

La situación actual de Salt hace difícil construir un marco común negociado de convivencia social que mire hacia el futuro. De una parte, los prejuicios y estereotipos están muy extendidos tanto entre los nacionales como entre los extranjeros. De la otra, la exclusión de la ciudadanía de casi el 50% de la población impide su incorporación activa y eficaz a la vida municipal, que queda monopolizada por los que pueden votar. Por eso, en lugar de promover desde el ayuntamiento discursos desiguales en los que la transgresión de las ordenanzas municipales se relaciona con la extranjería, se debería reivindicar la ciudadanía para todas las personas que tengan tarjeta de residencia o carnet de identidad y, dadas las limitaciones legales para hacer realidad la propuesta, se deberían de constituir organismos de participación con atribuciones reales y capacidad para decidir sobre los problemas más importantes que afectan a la población: remodelación urbanística, educación escolar, paro, formación profesional, pobreza, etc.
A la vez, hay que intervenir para paliar los efectos más negativos de la pobreza. Una parte de este trabajo lo realizan organizaciones humanitarias como Cáritas o Cruz Roja, pero hace falta una decidida intervención pública que, con criterios claros y transparentes, garantice alimentos para todas las familias. No es de recibo que se nieguen becas de comedor escolar por falta de dinero o que haya familias con serios problemas para tener suministro de luz o agua. El mantenimiento de estas situaciones impide que las personas que las sufren puedan participar activamente en la vida social y, además, alimenta el racismo de las que ven deterioradas sus condiciones de vida al compartir esta cotidianidad semana tras semana. A ello se suma la necesidad de promover una política pública que garantice una vivienda digna a todas las familias acorde con sus necesidades y sus posibilidades.
Las cuestiones relacionadas con la juventud requieren un cambio copernicano. Durante este año la juventud de Salt, por el hecho de serlo, se ha sentido criminalizada y acosada policialmente en los momentos álgidos de los conflictos. Sin embargo, no se ha levantado ni una sola voz sobre las discriminaciones que sufre. Tampoco existe una auténtica preocupación por fomentar lugares de encuentro en el propio municipio. Las y los jóvenes viven en la calle porque no tienen sitios a los cuales acudir. Los chicos pueden jugar al fútbol los sábados y los domingos, pero las chicas se ven obligadas a pasar el día en los parques o a deambular por las calles. Es necesaria una política de juventud que la haga partícipe y cómplice de los problemas de Salt y de sus soluciones. Ello implica confiar en la juventud, escucharla y darle protagonismo en la organización de la vida social y cultural, así como en la regulación del tiempo libre y del ocio.
La educación escolar tiene que ser abordada también desde una perspectiva diferente. Ejercer profesionalmente en Salt no es nada fácil. Existen límites importantes a la educación escolar como la movilidad del alumnado –unos que se van y otros que llegan a lo largo del curso-, el desconocimiento de la lengua escolar por parte de muchas familias que les impide participar de la vida académica de sus criaturas, la existencia de procesos de socialización en la familia y en la escuela a veces abiertamente contradictorios, etc., pero, a la vez, también tiene enormes posibilidades. De hecho, a lo largo de los años, el profesorado de la escuela pública ha mostrado que, a pesar de las dificultades, se pueden promover proyectos innovadores que han dado buenos resultados. En algunas escuelas públicas se ha reducido drásticamente el fracaso escolar en la educación primaria y, sin embargo, nadie habla de ello. Al contrario, el discurso que se transmite es el de “almacén de inmigrantes” con un elevadísimo fracaso escolar. Con este panorama es lógico que cualquier familia con expectativas educativas, nacional o extranjera, a nada que pueda matricule a sus hijas e hijos en escuelas de fuera de Salt o en la poca escuela privada concertada que existe en el municipio. El resultado es que el profesorado se siente poco recompensado y reconocido por la administración, la cual se limita a negociar –últimamente a la baja- con las direcciones escolares las plantillas y los recursos económicos para atender necesidades educativas tanto de la infancia como de sus familias enormemente diversas. Por eso, es necesaria una nueva perspectiva que muestre los resultados después de años de esfuerzo y de aprendizaje del profesorado, que divulgue las experiencias pioneras y que no escatime los recursos necesarios para el mantenimiento de proyectos educativos de calidad. Finalmente, también hace falta una coordinación más estrecha entre la enseñanza primaria y la secundaria, de modo que los profesionales de la educación de ambas etapas puedan discutir abiertamente acerca de sus creencias y de sus actitudes hacia la educación escolar y hacia las posibilidades educativas de la infancia y la adolescencia de Salt. Y, a la vez, negociar y promover proyectos conjuntos que atiendan las necesidades educativas reales. De hecho, es lo que tendría que hacer el plan educativo de entorno existente que sólo se limita a organizar actividades extraescolares.
Por último, todas las iniciativas existentes dirigidas a la formación permanente, a la ocupación profesional o a la formación de adultos deberían encuadrarse en un proyecto único de manera que no se repitieran actuaciones o se dejaran de cubrir –tal y como ocurre- necesidades formativas que no tienen cabida en ninguna de las propuestas actuales

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