Los inmigrantes ante la crisis económica: ¿De la precariedad a la exclusión?

Mugak Port54

Vizan, Carmen

La crisis económica iniciada en 2008 ha afectado de manera especialmente acusada a los inmigrantes debido tanto a su mayor vulnerabilidad de partida, como a la mayor incidencia del brusco aumento del desempleo. El endurecimiento de la política migratoria, la reducción de los presupuestos públicos dedicados a integración, y el repunte de las opiniones y actitudes xenófobas en tiempos de crisis, contribuyen también a reforzar la precariedad de este colectivo y multiplican el riesgo de exclusión social. En este artículo se analizan los efectos de la crisis sobre los trabajadores inmigrantes y sus familias, las estrategias de los afectados para sortear la coyuntura y las respuestas que se han dado desde la política, para terminar apuntando posibles medidas dirigidas a paliar la difícil situación por la que atraviesa una parte importante de los hogares de inmigrantes.

La situación de partida: precariedad laboral e inseguridad económica La incorporación de un número muy importante de inmigrantes al mercado de trabajo español ha sido una pieza clave del modelo productivo que caracterizó el periodo de expansión económica. El patrón de crecimiento de la economía española se basó en la expansión de sectores poco productivos, de escaso valor añadido, pero intensivos en mano de obra, singularmente la construcción, pero también algunos servicios como la hostelería, donde los inmigrantes se fueron integrando, cada vez en mayor número, debido a la insuficiencia de los incrementos de población activa autóctona para cubrir la incesante demanda de trabajo que generaban estos sectores. Los inmigrantes también se ocuparon, frecuentemente como vía de entrada al mercado laboral español, en dos de los sectores con peores condiciones laborales y donde la oferta de trabajo autóctono era muy limitada, el sector agrario y el servicio doméstico. Para dar idea de la magnitud de este fenómeno, baste apuntar que de los 5 millones de nuevos empleos que se crearon en España de 2000 a 2007, nada menos que la mitad fueron ocupados por inmigrantes, y que el factor migratorio explica, según estimaciones del propio gobierno, el 50 por 100 del aumento del PIB de 2000 a 2005 . La precariedad característica de las modalidades de inserción laboral de los inmigrantes a lo largo del periodo de expansión económica, explica en buena medida su mayor vulnerabilidad frente a la crisis actual. Los múltiples estudios realizados sobre este particular muestran que, respecto a los autóctonos, los inmigrantes han venido mostrando una concentración mucho mayor en los empleos más penosos, menos cualificados y peor remunerados, tales como temporeros, empleadas domésticas, camareros, peones de la construcción, etc. En general, el análisis de la estructura ocupacional de autóctonos e inmigrantes y de su evolución, a partir de la Encuesta de Población Activa, muestra que los primeros exhiben una concentración mucho mayor que los autóctonos en las categorías bajas, y también que a lo largo de la expansión económica no se ha producido movilidad ascendente, como sí ha ocurrido, en cambio, con los autóctonos . La incorporación y permanencia de una parte sustancial de los trabajadores inmigrantes en las categorías laborales bajas, para las que no se requiere cualificación alguna, se compadece mal con el hecho de que los mismos cuenten, en promedio, con un nivel de cualificación medio, equivalente a la secundaria, lo que les habilitaría para desarrollar trabajos con mayores requerimientos formativos. La escasa movilidad ascendente de los inmigrantes se explica por la fuerte segmentación del mercado de trabajo, con nichos laborales reservados para inmigrantes y barreras de entrada a los trabajos más cualificados, entre las que destacan, además de las prácticas empresariales directamente discriminatorias, las trabas legales y administrativas para homologar los títulos formativos de los inmigrantes. Además, buena parte de los nuevos empleos ocupados por los inmigrantes a lo largo de los últimos años eran temporales, de tal modo que en 2007, el último año de bonanza, más de la mitad de los asalariados extranjeros tenía contrato temporal (52,6 por 100), una tasa que prácticamente duplicaba la de los españoles (27 por 100). Unido a todo ello, la información disponible sobre salarios muestra que si, en general, el crecimiento de los salarios medios en España durante la larga etapa de crecimiento fue muy modesto si se compara con el de la renta nacional (lo que, por otro lado, indica que hubo un aumento muy considerable de los beneficios empresariales y las rentas del capital, otro de los rasgos característicos de nuestro sistema económico), el salario medio percibido por los inmigrantes aumentó todavía menos. Según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial, de 2004 a 2007 el salario promedio de los españoles se incrementó un 12,9 por 100, mientras que el de los extranjeros lo hizo tan sólo un 1,3 por 100, lo que ensanchó la brecha salarial entre ambos colectivos, de tal modo que en 2007 el salario promedio de los segundos era casi un 30 por 100 más bajo que el de los primeros. Estas medias esconden, además, la dispar evolución de los salarios de los hombres y las mujeres extranjeras. Mientras que el salario de los primeros aumentó un 5,3 por 100, el de las segundas, ya de por sí muy bajo, se redujo un 4,2 por 100, incrementándose de manera preocupante la brecha salarial de género entre los inmigrantes. Aunque, como hemos visto, la situación de desventaja económica estructural de los inmigrantes frente a los autóctonos está muy ligada a los factores laborales, hay elementos adicionales que contribuyen a reforzar la inseguridad económica de los extranjeros. Por un lado, la posibilidad de contar con apoyos familiares es más reducida, como limitadas son sus redes sociales (capital social) en comparación con los nativos. Por otro lado, su dependencia de las rentas salariales es mucho mayor y presentan un nivel muy bajo de acumulación de recursos (patrimonio, en forma de bienes duraderos y vivienda). Además, el tamaño medio de las familias inmigrantes es mayor que la media nacional, lo que implica cargas adicionales para los sustentadores, como lo son también las derivadas del envío de remesas a la familia residente en el país de origen. Finalmente, sin duda uno de los factores que más incidencia tienen en la mayor precariedad económica relativa de las familias inmigrantes tiene que ver con las cargas asociadas a la vivienda. Frente al perfil de las familias trabajadoras españolas, que en más del 80 por 100 tienen la vivienda en propiedad, el régimen de tenencia predominante entre los inmigrantes (más de la mitad de los hogares) sigue siendo el alquiler, a pesar de que la compra de vivienda se convirtió en una opción para una parte creciente de los inmigrantes en los últimos años de expansión económica. Entre los que optaron por la compra, más del 80 por 100 soportan una hipoteca, un porcentaje que se reduce a menos de la mitad en el caso de las familias españolas. En todo caso, tanto si el régimen de tenencia es la propiedad como el alquiler, los hogares encabezados por inmigrantes soportan casi el doble de gastos en vivienda que los hogares encabezados por españoles (o extranjeros de la UE-25). El alquiler medio mensual de los hogares inmigrantes es más de 100 euros superior al de los españoles y la hipoteca media mensual pagada por los hogares con vivienda en propiedad es 225 euros más alta en el caso de los inmigrantes. En cambio, la renta disponible de los hogares inmigrantes es un 20 por 100 inferior a la de los españoles. Los mayores gastos en vivienda junto con la menor renta disponible explican que los primeros supongan, con mucha mayor frecuencia en el caso de los inmigrantes, una carga financiera pesada, y que los hogares inmigrantes lleguen a fin de mes con muchas dificultades en una proporción mucho mayor . Conviene no dejar de mencionar que detrás de estas diferencias tan marcadas en relación con los gastos en vivienda, además del aumento de los precios de la vivienda, se esconden también prácticas discriminatorias, en muchos casos ilegales, tanto por parte de los arrendadores, en relación con los precios de los alquileres (y de otros requisitos y barreras que se imponen de manera específica para determinados colectivos de extranjeros), como por parte de la banca, en relación con intereses de los préstamos hipotecarios y, en general, con las peores condiciones crediticias que han venido ofreciendo a los extranjeros, aprovechando en muchos casos su escasa cultura financiera y sus dificultades de acceso a asesoramiento jurídico y financiero. La precariedad laboral, la falta de redes familiares y sociales y la carestía de la vivienda explican la mayor incidencia de la pobreza entre los inmigrantes, ya antes de iniciarse la crisis. Especialmente preocupante resultaba, ya en 2006, que el 52 por 100 de los niños inmigrantes se encontrase en situación de pobreza moderada, el 32% en situación de pobreza elevada y el 28% en situación de carestía extrema (frente a unas tasas del 20, el 9 y el 4 por 100, en el caso de los niños españoles, en todo caso, entre las más altas de la Unión Europea) . Las encuestas de condiciones de vida que realiza el INE también ponen de manifiesto que los índices de privación material también eran ya mayores antes de la crisis en los hogares encabezados por inmigrantes, en particular en relación con las condiciones de habitabilidad y carencias de la vivienda (instalaciones inadecuadas, problemas por deterioro o mala aclimatación, falta de espacio y hacinamiento) . Los efectos de la crisis: desempleo y riesgo de exclusión Según la Encuesta de Población Activa, de los 2,8 millones de nuevos parados que se han contabilizado desde que se iniciara la crisis (periodo 2008-2010), más de una cuarta parte son inmigrantes (716.300 personas), una proporción muy alta teniendo en cuenta que sólo representan el 16% de la población activa (cuadro 3). De este modo, la proporción de trabajadores inmigrantes que se encuentran desempleados, ha pasado en tan sólo tres años del 12% al 30%, una tasa de paro muy superior a la de los españoles, que se sitúa en 2010 en el 20% (cuadro 1).

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS Y LA TASA DE PARO POR SEXO Y NACIONALIDAD, 2007-2009 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Medias anuales. La especial incidencia del aumento del paro entre los extranjeros se explica porque el ajuste del empleo se ha concentrado en sectores intensivos en mano de obra muy sensibles al ciclo económico y con una elevada proporción de empleo temporal, donde los inmigrantes se encontraban sobre-representados (en comparación con los autóctonos). Tal es el caso claramente de la construcción, donde se ha concentrado buena parte de la pérdida de empleo , pero también de algunos servicios muy sensibles a la caída del consumo, como la hostelería, que muestran importantes pérdidas de ocupación desde 2009 .

Los efectos del paro sobre los niveles de pobreza y de privación material y, en general, sobre el riesgo de exclusión social, son potencialmente mayores en el caso de los inmigrantes por varios motivos. Primero, como ya se ha visto, porque la situación económica previa de las familias inmigrantes era peor, en términos de menores niveles de renta, mayores niveles de endeudamiento y mayores cargas familiares. Segundo, porque, en mayor medida, los nuevos desempleados inmigrantes eran sustentadores principales de los hogares, es decir, aportaban la principal fuente de ingresos. Tercero, porque debido a la menor antigüedad en el empleo y a las fórmulas de contratación más precarias (incluyendo el empleo irregular), la cuantía de las indemnizaciones por despido a las que tienen derecho son menores o inexistentes, como más limitado es, por el mismo motivo, el acceso y la duración a las rentas de sustitución (prestaciones y subsidios por desempleo). Y cuarto, porque la prolongación en el tiempo de la situación de desempleo ha generado un fenómeno preocupante de irregularidad sobrevenida: un número creciente de trabajadores inmigrantes no puede renovar los permisos de trabajo porque al estar en paro no cumplen los requisitos de cotización a la seguridad social que marca la ley, lo que, además de indefensión, riesgo de expulsión y condena a desenvolverse en la economía sumergida, impide a los trabajadores y sus familias el acceso normal a prestaciones y bienes sociales, incluida la formación para el empleo que ofrece el INEM, aumentando con ello la inseguridad económica y el riesgo de exclusión. En cuanto a la incidencia diferencial de la crisis sobre trabajadores y trabajadoras inmigrantes, hay que decir, en primer término, que debido a la fuerte concentración de la destrucción de empleo en el sector de la construcción el paro ha afectado en primera instancia y en mayor medida a los hombres que a las mujeres, aunque a medida que la caída de la actividad se ha ido extendiendo al sector servicios, el paro también ha aumentado de manera acusada entre las mujeres en los últimos dos años. Con todo, y a diferencia de lo que ocurría antes de la crisis, la tasa de paro de las mujeres inmigrantes, que no de las autóctonas, se sitúa en 2010 por debajo de la tasa de paro de los hombres. Ello puede ser debido a que algunos sectores donde las mujeres inmigrantes se hallan sobre-representadas son menos sensibles al ciclo económico y responden a dinámicas sociodemográficas de largo plazo, como sanidad, servicios personales y servicio doméstico, lo que protege a estas trabajadoras del riesgo del desempleo. No hay que olvidar, sin embargo, que el nivel de protección legal que prevalece en esos segmentos laborales sea escaso y limita enormemente el poder de negociación de estas trabajadoras, propiciando el empeoramiento de sus condiciones laborales, vía reducción de jornada, de salario, de permisos, etc. Estas dinámicas son especialmente preocupantes en el caso de las empleadas de hogar extranjeras, porque su régimen laboral y social es claramente discriminatorio respecto al régimen general y las coloca en una posición de especial vulnerabilidad . Los trabajadores autónomos y los empresarios inmigrantes, con negocios de tamaño inferior a la media, concentrados en sectores muy sensibles al consumo y muchas veces orientados específicamente hacia las comunidades de origen, tampoco afrontan la crisis en las mejores condiciones. La caída del consumo privado y la disminución de las oportunidades de negocio les ha afectado seriamente, así como las restricciones al crédito que, en el caso de los inmigrantes, es aún más seria dadas sus mayores dificultades para acceder a los mercados formales de crédito.

CUADRO 2 INDICADORES DE PRIVACIÓN MATERIAL Y CONDICIONES DE VIDA, 2007-2009 (Porcentaje de personas afectadas por cada problema o situación)

Fuente: Martínez (2010) a partir de INE. Encuesta de Condiciones de Vida de 2007 y 2008. Aunque todavía no se dispone de datos para 2010, los resultados de las Encuestas de Condiciones de Vida de 2008 y 2009 ya muestran, para los dos primer años de la crisis, un empeoramiento muy sustancial, y diferencialmente alto, de los indicadores de privación material de los hogares encabezados por inmigrantes.

Estrategias de los inmigrantes frente a la crisis. En un contexto tan complicado como el que se ha descrito, las familias inmigrantes, sobre todo las que cuentan con alguno de sus miembros en paro, han adoptado diversas estrategias tendentes a compensar la pérdida de ingresos. En el terreno laboral, un tipo de decisión ha consistido en la incorporación al mercado de trabajo de miembros del hogar que se encontraban hasta entonces inactivos, en muchos casos mujeres y, en gran medida, en el sector de los cuidados y el servicio doméstico. La búsqueda de nuevas oportunidades de empleo en otros mercados laborales es otra de las opciones para los nuevos desempleados. Sin embargo, a pesar de que la tasa de movilidad territorial de los inmigrantes es muy superior a la de los españoles, no parece que la misma se esté llegando a producir debido a la escasez generalizada de ofertas de trabajo. En cambio, a tenor de los datos de afiliación a la seguridad social, lo que sí parece estar registrándose es un trasvase de afiliados del régimen general y de autónomos, al régimen especial agrario y al régimen especial de empleadas de hogar. Daría la impresión de que los inmigrantes están “desandando” el camino recorrido de ascenso laboral: de la construcción y los servicios están volviendo a los sectores donde comenzaron su trayectoria laboral, que se muestran menos sensibles al ciclo económico y mantienen la actividad y el empleo, eso sí, con menor protección laboral y peores condiciones de trabajo . También con vistas a su reinserción profesional, un buen número de los extranjeros que se han quedado en paro está optando por invertir en formación y recualificación profesional, a través de la oferta de cursos que ofrecen los servicios públicos de empleo. En todo caso, parece que la formación para el empleo que ofrece el INEM se está mostrando del todo insuficiente para atender el significativo aumento de la demanda que se ha producido, además de inadecuada, por la falta de adaptación de los cursos a los requerimientos del mercado de trabajo. También parece que muchos inmigrantes que han perdido el empleo se están preocupando ahora de homologar los títulos formativos obtenidos en el país de origen y que nunca les hicieron falta para trabajar en la construcción o en la hostelería. Otro tipo de estrategias para sortear la crisis tienen que ver la optimización de la inversión en vivienda, como alquilar habitaciones o pasar a compartir con otra familia para ahorrar un alquiler, o, en el caso de la vivienda en propiedad, para obtener una renta con la que hacer frente al pago de la hipoteca. En general se observa un aumento del número de personas por vivienda, con un repunte importante de las situaciones de hacinamiento. En todo caso, a raíz de la crisis, se están produciendo desahucios por impago de alquiler o la pérdida de la vivienda por impago de la hipoteca, colocando a las familias afectadas en una situación de extrema vulnerabilidad. En el segundo caso, una vez entregada la vivienda al banco muchas familias se están viendo abocadas a retornar al país de origen por no poder hacer frente a la deuda pendiente (muy superior al valor actual de la vivienda). No hay que olvidar, además, que debido al sistema de hipotecas y avales que ha empleado la banca, el riesgo financiero derivado del impago de hipotecas afecta a redes extensas de inmigrantes, en muchos casos ignorantes de los riesgos que asumieron en su momento. En cuanto a las estrategias de retorno, los datos disponibles no permiten tener una imagen clara de qué está ocurriendo, aunque algunas estimaciones apuntan a que el retorno al país de origen no es ni mucho menos un fenómeno masivo. Parece que los colectivos que más están optando por esta vía son los bolivianos y ecuatorianos, además de rumanos y búlgaros. En general, existe bastante consenso en considerar que el retorno es una opción de último recurso para las familias extranjeras que se encuentran mínimamente asentadas en los países de destino, con residencia legal y reagrupadas familiarmente, sobre todo teniendo en cuenta dos factores que condicionan claramente la decisión: 1) La situación económica en los países de origen, que, en general, dista mucho de ser halagüeña y se espera que empeore como consecuencia de la crisis. 2) La imposibilidad de volver al país de acogida cuando la situación mejore por vías legales y la pérdida de prestaciones sociales y otros derechos adquiridos durante la residencia en España. Lo que, en cambio, sí parece estar ya produciéndose en los hogares que han visto bruscamente mermados sus ingresos son desagrupaciones familiares, de modo que permanece en España sólo el sustentador principal del hogar para rebajar los gastos de manutención de la familia. Por último, en cuanto a las decisiones relacionadas con las remesas, aunque parece que los envíos se están reduciendo algo con la crisis, lo cierto es que estos flujos internacionales presentan bastante estabilidad si se compara con otros, como la inversión extranjera directa. La experiencia de otras crisis es que las remesas pueden llegar incluso a aumentar debido, en general, a la máxima prioridad que los inmigrantes asignan a este uso de su renta pero, sobre todo, al hecho de que recaigan mayoritariamente sobre las mujeres inmigrantes . Las remesas enviadas por las mujeres se mantienen relativamente estables porque no se han visto tan golpeadas por el desempleo como los hombres, pero también porque tienen mayor propensión al ahorro (sacrifican una mayor proporción de su salario), y porque son más constantes en los envíos, aunque éstos sean de menor cuantía.

Respuestas desde la política A raíz de la crisis económica se ha producido, de manera generalizada en Europa, un endurecimiento radical de la política migratoria con el fin de limitar drásticamente la entrada de inmigrantes (sobre todo no cualificados) y propiciar (por la fuerza o por medio de incentivos) la salida del mayor número posible. Este giro restrictivo de la política de extranjería se ha concretado en España a través del cierre progresivo de las vías legales de entrada de inmigrantes laborales (cierre de los contingentes y las contrataciones en origen, reducción a la mínima expresión del catálogo de puestos de difícil cobertura), de la limitación de la reagrupación familiar, del refuerzo de la militarización de la lucha contra la inmigración en África Occidental, de la articulación del programa de retorno voluntario de parados, de la intensificación de las detenciones, las redadas policiales y las expulsiones de inmigrantes, de la rebaja de garantías para la repatriación de menores, de la ampliación de los períodos de internamiento en los CIES. Además, se está dificultando al máximo la renovación de permisos de residencia de los inmigrantes que se han quedado en paro (irregularidad sobrevenida), colocando a muchas familias asentadas en España en situaciones de extrema vulnerabilidad. Como cabría esperar, en paralelo se está produciendo un aumento preocupante de las actitudes, opiniones y discursos xenófobos y un debilitamiento paulatino de las posiciones, las políticas y los presupuestos dedicados la reforzar la integración social de los inmigrantes. Este planteamiento político, además de profundamente injusto, es miope, ineficiente, cortoplacista y electoralista. La mayor parte de los inmigrantes asentados en España van a permanecer aquí a pesar de la crisis y de las políticas restrictivas, porque se trata de su proyecto vital (han invertido mucho en conseguir papeles, trabajo, reagrupar a la familia, vivienda, educación para sus hijos, nuevas redes sociales). De modo que las políticas anti-inmigración sólo van a lograr aumentar la irregularidad, la economía sumergida, la segregación y el riesgo de exclusión social, un panorama preocupante sobre todo pensando en las dificultades de integración que ello puede entrañar a medio plazo para la segunda generación. Tampoco resulta eficiente, desde el punto de vista de la economía de acogida, “expulsar” en tiempos de crisis a inmigrantes ya asentados, que se han integrado en el mercado laboral español y que se han formado profesionalmente en las empresas españolas, porque cuando la coyuntura mejore volverán a ser “necesarios” y resultará menos rentable que vengan otras personas a las que haya que capacitar de nuevo. De lo expuesto hasta aquí se deduce que lo que procede en este momento de crisis es poner el acento en las políticas de integración, en la articulación de medidas que alivien la situación de vulnerabilidad de las familias inmigrantes, que propicien su reinserción laboral, y que preserven su derecho a acceder a los bienes y servicios públicos y a las prestaciones sociales. A continuación se relacionan algunas medidas y líneas de actuación que podrían ir en esta dirección y que están siendo ampliamente demandadas desde diversos sectores políticos, sociales y académicos.

1. Mantener el programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) o articular un subsidio similar, que proporcione mientras dure la crisis una renta mínima a los parados sin rentas alternativas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo, entre los que se encuentran un buen número de inmigrantes.

2. Aumentar los presupuestos de los programas sociales más ligados a la integración de los inmigrantes y, en particular, los programas de rentas de inserción de las Comunidades autónomas.

3. Siquiera de manera coyuntural, aprovechar la reforma del reglamento de la Ley de extranjería para introducir mayor flexibilidad y facilidades para la renovación de los permisos de residencia por parte de los inmigrantes en paro y evitar con ello la irregularidad sobrevenida. Por ejemplo, podría computarse como tiempo de trabajo a estos efectos el tiempo dedicado a formación para el empleo.

4. Simplificar los requisitos y agilizar los procedimientos de homologación de títulos formativos y competencias profesionales de los inmigrantes, para facilitar la reinserción laboral y la movilidad sectorial de los inmigrantes.

5. Facilitar e incentivar la participación de los inmigrantes en los programas de recualificación profesional y formación para el empleo, ampliando los programas de becas, eliminando barreras de acceso, como la exigencia de titulación de secundaria, y ampliando la oferta de cursos.

6. Articular el acceso de las empleadas domésticas a formación para el empleo, en particular, en el ámbito de la atención a la dependencia.

7. Reformar el régimen laboral y social especial de las empleadas de hogar para aumentar el nivel de protección y mejorar las condiciones laborales de este colectivo y evitar con ello situaciones de abuso y explotación.

8. Revertir la reforma introducida en la nueva Ley de Extranjería y facilitar la reagrupación familiar.

9. Eliminar las barreras al retorno, permitiendo la re-entrada y la portabilidad de las prestaciones sociales.

10. Desarrollar la legislación anti-discriminación en el ámbito laboral e incorporar esta cuestión, así como la gestión de la diversidad, dentro del ámbito de la negociación colectiva y el diálogo social.

Referencias bibliográficas Banco de España (2008). Informe anual 2007. Caixa Catalunya. Informe de la inclusión social en España 2008. Iriondo, I; Rahona, M (2009): “ Vivienda y condiciones de vida de los inmigrantes en España”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 80, pp. 269-291. Martínez R. (2010): Pobreza y privación material en España en el periodo 2004-2008: del auge económico al inicio de la recesión. Documento de Trabajo 165/2010 de la Fundación Alternativas. Moreno, G.; Toharia, L. (2008): “Características del paro de los inmigrantes”, en Aja, E., Arango, J. y Oliver, J. [eds.] (2008): La inmigración en la encrucijada, Barcelona: CIDOB. OCDE (2009): Internacional Migration Outlook. SOPEMI 2009. Oficina Económica del Presidente (2006): Inmigración y economía española: 1996-2006. Pajares, M. (2009): Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009. Observatorio permanente de la inmigración. MTIN. Pajares, M. (2010): Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010. Observatorio permanente de la inmigración. MTIN. Zaguirre (2010): “La precariedad institucionalizada de las empleadas de hogar”, en SOS Racismo (2010): Informe anual sobre el racimo

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