Suicidio en el CIE de Barcelona

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Alba Cuevas Barba. Portavoz de SOS Racisme-Catalunya

En la ciudad de Barcelona, ciudad que se vende cosmopolita y moderna, en un barrio de la periferia de fábricas y almacenes, en el barrio de la Zona Franca y sin que gran parte de los ciudadanos y ciudadanas lo sepan, hay un Centro de Internamiento para personas Extranjeras (CIE). Un espacio en el que se priva de libertad a personas hasta 60 días por haber cometido una falta administrativa, como podría ser tener el DNI caducado. Después del paso por el CIE algunas de estas personas son expulsadas a su país, otras pocas pueden demostrar su arraigo y solucionar así su situación de irregularidad; y otras muchas no son expulsadas pero no pueden seguir retenidas en el CIE y quedan libres con una orden de expulsión sin ejecutar que les impide ser contratadas o regularizar su situación y por tanto quedan condenadas a una situación de vulnerabilidad más fuerte. Durante esta primera mitad de 2010, en numerosas ocasiones en SOS Racisme-Catalunya ha saltado la alarma por vulneraciones de derechos y las duras situaciones que se han desarrollado en el CIE. Un día recibimos la llamada telefónica por parte de algunas de las personas retenidas, que nos explica que parece ser que un chico se ha suicidado dentro del CIE. Ante una noticia de estas características lo primero que hacemos es intentar contrastar la información, evidentemente nos encontramos, como en otras ocasiones, con un gran muro. Saber qué es lo que ocurre dentro, tener algún interlocutor dispuesto a ser transparente y trasladarnos la información de lo que sucede, es casi una misión imposible. Una gran desventaja de los CIES es el secretismo que los rodea, éste es el que propicia un contexto en el que se vulneran derechos y en el que se dan casos de abusos por parte de los funcionarios hacia las personas que están retenidas. La mañana en la que recibimos la triste noticia del suicidio de un chico de 22 años, intentamos contactar con el director del centro, del que una vez más sólo conseguimos su negativa de hablar con nosotros. Nos derivó al gabinete de prensa de la Jefatura de la Policía Nacional, puesto que la competencia sobre CIES la tiene la Dirección General de la Policía del Ministerio de Interior, que nos derivó al gabinete de prensa, y éste nos confirmó al final del día que la versión oficial era la del suicidio y que no nos podía dar más detalles. Durante ese día hablamos con otras organizaciones y colectivos de Barcelona y Catalunya que trabajan por el cierre de los centros de internamiento, también con medios de comunicación, que en el momento que supieron la noticia removieron todo lo que pudieron para tener mayor información, aunque tampoco fue muy fructífero. Ni medios de comunicación ni tampoco las Organizaciones No Gubernamentales de Defensa de los Derechos Humanos tenemos acceso al centro, al contrario de lo que sucede con los centros penitenciarios. La última reforma de la ley de extranjería prevé que las organizaciones puedan entrar, pero ya se venció el plazo para hacer el reglamento y no se sabe nada al respeto; y mientras tanto en los CIES continúan los abusos y las vulneraciones a escondidas del resto de la ciudad. La Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX), entró en vigor el 13 de Diciembre de 2009 y configura como uno de los derechos de las personas internadas, poder entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y No Gubernamentales de protección de inmigrantes. Junto a este derecho de los internos, se prevé expresamente en el artículo 62 bis.3 LOEx, que las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes, y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento, y que reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de tales visitas. Por el momento no sabemos si tales normas que deben hacer realidad la entrada en el CIE se incluirán en el próximo Reglamento de Extranjería o en otro Reglamento aparte o norma de rango inferior incluso, pero lo que sabemos es que más de 7 meses después de la entrada en vigor de la norma, ésta no se cumple y el CIE sigue instalado en el secretismo y en la nula transparencia. No obstante, las diferentes organizaciones y otros colectivos buscamos las mil y un maneras de conocer en qué condiciones están las personas dentro del CIE, información que sólo podemos obtener a partir de las visitas que se hacen a las personas que están retenidas. En este sentido es interesante la red que de manera informal se está creando, con el objetivo de tener información y poder dar apoyo, en la medida de lo posible, a los extranjeros y extranjeras que están retenidos. Esta red hizo una tarea importante de difusión, denuncia y solidaridad con una de las huelgas de hambre que en estos 6 meses se han desarrollado. El caso del suicidio, evidentemente, tuvo consecuencias entre las personas retenidas; puede que la propia vivencia o el alcance mediático de la noticia, que aunque no fue mucho ya era más del que suele tener todo lo relacionado con los CIES, tuvieran influencia en la decisión de algunas personas retenidas en hacer una huelga de hambre para denunciar las condiciones deplorables en las que se encuentran. Los problemas principales de los Centros de Internamiento para personas Extranjeras son

- Privar de libertad a personas por una falta administrativa

- La falta de tutela judicial y de garantías. La falta de conocimiento por parte de jueces, fiscales y a menudo los mismos abogados es una constante. Las personas retenidas a menudo desconocen cuál es su situación jurídica.

- No existe la posibilidad por parte de las personas retenidas de realizar quejas y denuncias sobre el funcionamiento del CIE. La única opción que tienen es la de dirigirse al mismo director o al jefe de seguridad del centro, con la falta de imparcialidad y objetividad que supone.

- Las condiciones de internamiento son deplorables, siendo más restrictivas que las que se dan en los centros penitenciarios. La vigilancia, las posibilidades de entretenimiento, la alimentación, una asistencia médica con garantías,...

- El derecho a la intimidad familiar, régimen de visitas y comunicaciones. La no existencia de los módulos familiares, las visitas cortas en un espacio común y con la presencia de los policías…

- La atención social no está garantizada y es prácticamente inexistente para las personas que están retenidas en el centro.

- Tratos crueles y degradantes. Las agresiones por parte de los agentes de seguridad son frecuentes y también el maltrato psicológico.

A lo largo de estos años han sido muchos los casos de agresiones dentro de los CIES que nos han llegado a SOS Racisme-Catalunya. La experiencia que tenemos nos demuestra que si fuera del CIE es difícil intervenir y denunciar una agresión con motivación racista, dentro de estos centros de represión las barreras son muchas más. Uno de los problemas principales con el que nos encontramos es el poco tiempo con el que contamos ya que la expulsión, en un principio, está pendiente de ejecutarse; y este tiempo se reduce en el momento que SOS Racisme ponemos una denuncia por una posible agresión. Parece ser que la consecuencia casi inmediata a la denuncia es la expulsión, casi “Express”, de la víctima. Y sin víctima el caso se archiva y el delito queda impune. Evidentemente, el blindaje de los CIES hace muy difícil averiguar qué es lo que sucede, a lo que se suma la voluntad de los responsables del centro de que no se hable de lo que pasa dentro; la lentitud del médico forense para comprobar las heridas de una posible agresión o cómo se cubren las espaldas entre los agentes, son algunas de las dificultades a las que nos enfrentamos. La mera existencia de estos centros es una vulneración de los Derechos Humanos en sí misma, una injusticia y algo absurdo. ¿Cómo puede ser que se prive de libertad a personas que no han cometido un delito? Cabe recordar, que en el Estado español, no tener papeles, estar en situación administrativa irregular, no es un delito. Los CIES están funcionando como mecanismos de castigo. Ya que se plantea el internamiento como una sanción encubierta. Se aplica la lógica excepcional de manera constante. La LOEX 2/2009 prevé el Internamiento como una medida cautelar, que posibilita privar de libertad por faltas administrativas sancionadas con una pena de multa; que sólo ante una situación excepcional puede ser substituida por la sanción de expulsión del territorio nacional. No es una sanción ni puede utilizarse como tal, sino que es una medida cautelar que pretende asegurar la ejecución de una eventual sanción de expulsión. Tribunal Superior y Tribunal Constitucional declararon que el internamiento tiene un carácter excepcional frente a la sanción principal que es la multa. El internamiento tiene una extraña naturaleza jurídica y el CIE es la institución que más cuestiona los principios en los que se basa un Estado de Derecho. Es importante hablar de que estos centros prácticamente existen fuera del marco legal, no hay una normativa clara que los defina y mucho menos que garantice los derechos y las condiciones dignas para las personas que ahí están retenidas. El hecho de estar en un espacio poco claro a nivel legal es lo que permite que se den estas vulneraciones y agresiones de manera regular. Una realidad inconcebible en un estado democrático y de derecho. Es necesario plantearse hacia qué tipo de sociedad estamos yendo. Desde Europa cada vez se marcan políticas más restrictivas, de control y persecución de las personas que están en situación irregular, olvidando la condición humana de éstas, y transgrediendo una vez más la Declaración Universal de Derechos Humanos que tanto promueve Europa en otras esferas. Un ejemplo claro es la Directiva Europea del Retorno, muy acertadamente llamada Directiva de la Vergüenza. En este sentido estamos, una vez más, ante una contradicción. ¿Cómo se puede construir una Europa libre y justa, desde la idea de Europa como fortaleza? Una Europa que reduce las garantías legales y los derechos de las personas inmigrantes sin papeles, convirtiendo a los estados miembros, en estados expulsores y segregadores. Hay que trabajar también en las responsabilidades de esta situación. A nivel europeo y estatal están al menos identificadas. Pero es importante trabajarlo también a nivel autonómico y local, no se puede seguir aceptando por parte de las administraciones más cercanas, que ante las constantes denuncias que hacemos las organizaciones sociales, su respuesta sea la falta de competencia. Ya está bien. Sean o no sean competentes, en el CIE de la Zona Franca de Barcelona se detiene a vecinos y vecinas catalanas, personas que estaban trabajando y viviendo en Catalunya. Creemos necesario que desde la Generalitat, como gobierno autonómico se pueda intervenir; y también que el Síndic de Greuges, que es la institución equiparable al Defensor del Pueblo a nivel de Catalunya, tenga competencias para investigar y denunciar las situaciones que se dan. Otra idea importante es sentirnos todas y todos víctimas de esta situación, porque es cierto que aquellos que tenemos los papeles no vivimos con el peligro de ser retenidos, pero sí que estamos perdiendo en democracia y garantía de derechos. Hay que gritar y movilizar a la sociedad civil por el cierre de los Centros de Internamiento de personas Extranjeras. El silencio y la pasividad nos hacen cómplices de esta injusta situación.

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