Francisco Torres: "Los derechos no pueden supeditarse a la coyuntura económica"

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Agirre Larreta, Anaitze

Francisco Torres, Sociólogo, especialista en migraciones y profesor de la Universidad de Valencia.

Hasta principios de 2008 la economía española iba estupendamente y demandaba mano de obra inmigrante

Durante 15 años hemos combinado el desarrollo económico con un modelo que llamaba al trabajo inmigrante, basado en la construcción y sus servicios complementarios, la hostelería, el turismo y los servicios de cuidados a las personas. Este modelo demanda mucha mano de obra, barata y muy flexible. Es un modelo de desarrollo económico, como se dice ahora, con poco valor añadido. Y genera una demanda que en el caso español no se podía suplir con mano de obra autóctona. Primero, porque no había tanta. Y además, los autóctonos en términos generales tienen una cualificación superior y sobre todo, más recursos para elegir.

¿La baja cualificación de las personas inmigrantes no era un estereotipo?

Depende de las nacionalidades. Otra cuestión es que las cualificaciones no son trasladables en su totalidad por cuestiones administrativas del país de llegada, bien porque no existen en el sistema europeo o bien porque no resultan de utilidad en esta sociedad.

¿Cuáles son las dinámicas del mercado laboral?

En un principio, las personas inmigrantes en España, como los españoles cuando emigraron a Francia, etc. se han insertado por abajo. Esto es una constante histórica. Cubrían los trabajos que salían. No lo menciono porque me parezca bien ni normal, sino porque ésta es la lógica estructural. El problema surge cuando una persona ya lleva un cierto tiempo aquí, ha podido homologar su título, tiene las relaciones y el conocimiento de cómo funciona esta sociedad y cuando por el hecho de ser quien es, no sale de esos escalones inferiores. Entonces es cuando se nos han de encender las luces de alarma. Ahí ya funcionan los obstáculos institucionales y sociales para una promoción social de las personas, en la medida de su valía, de la misma forma que ocurre con los autóctonos, con los límites de una sociedad de clases.

Hasta que estalló la crisis la inmigración no era presentada como problema sino algo positivo en el discurso político y social.

En términos generales sí. Era el espejo que nos devolvía nuestra imagen de nuevos ricos y estábamos absolutamente encantados de nosotros mismos. Por una vez todos éramos guapos, ricos, europeos, incluso nos habíamos convertido en rubios y de ojos azules. Las personas inmigrantes han sido muy funcionales para los empresarios, mano de obra barata y flexible que garantizaba la competitividad, y por lo tanto amplios márgenes de beneficio. No sólo para empresarios sino para amplísimas capas de la población. La calidad de las clases medias aumentó extraordinariamente y de forma muy barata cuando cualquiera podía tener quien le cuidara la casa, los niños y los mayores. Pero llegó la crisis y se acabó el cuento. No volvimos a ser los patitos feos de antes pero hemos tenido que ajustar nuestro aire rumboso de nuevos ricos. Cuando en 2008 se empieza a hablar de crisis, se empieza a hablar de las primeras medidas del gobierno. Algunos de los argumentos que primero se lanzaron relacionando crisis e inmigración, se retiraron de inmediato. Ahí estaban los indicadores que mostraban que la tasa de desempleo entre la población inmigrante doblaba a la autóctona. La EPA de población activa del primer semestre de 2010 muestra que el paro entre los trabajadores españoles está en un 18,01% y entre los inmigrantes en un 30,79%. Por lo tanto, no hay vinculación posible.

¿Y qué hay de las medidas como el plan retorno?

No se centran en hacer responsables de la crisis a los inmigrantes, argumentos utilizados en otros momentos y tipos de crisis, pero sí en el sentido de que con la crisis sobran los inmigrantes. Los porcentajes de desempleo lo dejan claro, han ido al paro quienes tenían contratos temporales, puestos de trabajo menos cualificados y estaban en subcontratas, por lo tanto, los más vulnerables. La cuestión es que ahora sobran porque el mercado de trabajo no demanda tantos y porque suponen una carga para nuestro estado de bienestar. Estos son los dos argumentos que están en la base de algunas de las medidas emprendidas.

¿Cómo las valoras?

Sin entrar en las medidas como la restricción de contrataciones en origen, el plan retorno o más concretamente la reforma de la ley de extranjería, ese tipo de discurso me parece particularmente negativo. Es un discurso muy popular y que conecta muy bien con mucha gente que no necesariamente es de derechas, sino gente preocupada por la situación económica. Aquí destacaría al menos tres problemas, éticos, políticos, pero también estrictamente pragmáticos. El primer problema es que seguimos hablando de una inmigración estrictamente laboral y el sistema de permisos está en función de esa orientación económica. No podemos minusvalorar de ninguna manera la vinculación entre actividad económica e inmigración pero es evidente que cuando ya existe una inmigración de tipo familiar y permanente, no puede ser que el único rasero que se esté utilizando para gestionar esa inmigración sea el laboral. Por otro lado, de la misma manera que en los autóctonos, la situación económica y del estado del bienestar también influye en las personas inmigrantes. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. El problema es que los derechos de esos sectores populares españoles de origen inmigrante aumentan o disminuyen en función de la situación económica.

¿Aceptaríamos eso para sectores populares, pata negra, cristianos viejos?

Los derechos de un sector de la población no pueden estar supeditados a la coyuntura económica. Va radicalmente en contra de cualquier hipotética integración y simplemente de una sociedad democrática medianamente cohesionada. Por otro lado, la crisis y los problemas reales que ella comporta nos obliga a pensar qué medidas de cohesión e integración aplicamos para el conjunto de la población en general y en particular, para las capas populares más golpeadas desde el punto de vista del paro y la precariedad económica.

¿Cómo afectan estos planteamientos en materia de derechos de las personas inmigrantes en la integración y la cohesión social?

Cuando hablamos de integración o procesos de inserción no podemos olvidar que esto requiere tiempo y previsión. Más allá de las medidas concretas del Gobierno, el mayor problema en mi opinión, es que el discurso que las legitiman y la “agenda pública” que han contribuido a establecer, no concuerda con la situación de la inmigración en España. Cuando tenemos una migración familiar y buena parte de los inmigrantes son ya parte de la población, que no van a regresar, una agenda que se centra en la reducción de entradas y fomentar el retorno está mal planteada. No parte de un buen análisis de la realidad y de las necesidades más relevantes que plantea la construcción de una sociedad plural, democrática y cohesionada. Se trata pues de una agenda que actúa como espejo que deforma aquello que en él se refleja.

Tenemos modelos de países con una inmigración más antigua donde fijarnos para tomar o descartar como ejemplo

Efectivamente. La cuestión de la cohesión ha de plantearse a corto y a largo plazo. Todo dependerá de la profundidad de la crisis y según los informes de organismos como el banco mundial, el FMI u OCDE, parece que España tardará tres años en comenzar a salir de ésta. En este corto plazo lo más peligroso es que se genere una competencia por los recursos escasos, entendiendo por éstos un trabajo fijo, bien pagado, en condiciones medianamente dignas, prestaciones sociales, etc. En la medida en que el desempleo crece y la situación es complicada hay unas demandas que cubrir. Lo primordial es reforzar los servicios públicos. No puede ser que con cuatro millones de parados se restrinjan las prestaciones. Podemos discutir sobre cómo cubrir el déficit que ese tipo de política necesaria y obligatoriamente va a generar, pero desde mi punto de vista no hay discusión sobre su necesidad. Otra cuestión es qué tipo de subida de impuestos se aplica, a qué sectores, etc. Estos dos años van a ser difíciles y de momento no lo están siendo porque la cobertura es alta. El problema es cuando eso se agote. Hay que ver cómo se refuerzan los servicios públicos de forma que se puedan mantener unos mínimos para todos. Si eso no se cumple, se abre la puerta a tensiones, a utilizar a los inmigrantes como cabeza de turco, a que la idea de la legitimidad o no de los derechos de los inmigrantes se cuestione abiertamente.

¿Entonces hemos de hablar de políticas sociales, no de integración?

Esto no es ninguna novedad. Kymlicka o Wieviorka desde muy diferentes perspectivas decían que la integración no se consigue con políticas ad hoc sino con políticas de ciudadanía, sociales. Esto es lo fundamental. Los hipotéticos problemas de desajustes y tensiones no son cuestión de las personas inmigrantes, sino del conjunto de la sociedad. Es este conjunto el que necesita, particularmente ahora, unas políticas potentes de ciudadanía que en los ámbitos que mencionamos van a tener concreciones dependiendo de los diferentes grupos poblacionales.

La población inmigrante está condicionada primeramente por la Ley de Extranjería en relación a las demás políticas como el acceso a la vivienda, el empleo, prestaciones sociales, etc.

En términos generales y con la ley actual, estas políticas se pueden aplicar a los residentes permanentes que no dependen de renovaciones ni contratos laborales y a los inmigrantes residentes documentados con permiso. El gran problema lo encontramos en las personas indocumentadas. Y eso es un pecado original y estructural. Es una contradicción in terminis, en principio irresoluble. La contradicción está en que nosotros, como el resto de países de la UE, vinculamos la residencia legal al contrato de trabajo y nos reafirmamos en esa exigencia; como ya sabemos que no sólo son mano de obra, también tenemos permisos por reagrupación familiar o para estudiantes e incluso somos tan generosos que tenemos una ley de asilo. Pero por otro lado y particularmente en el caso del estado español, encontramos una legislación bastante restrictiva de entrada que induce a que ante situaciones de necesidad la gente se busque sus estrategias para saltarse esas restricciones. Y lo hace porque sabe que aquí va a encontrar una bolsa de economía sumergida que garantiza encontrar trabajo. Si no fuera así, es esa misma gente quien se encargaría de avisar a los suyos para que no vinieran. Por lo tanto, la entrada está restringida pero el funcionamiento económico y social permite que se queden en la irregularidad. El gran debate desde hace treinta años en Europa y EEUU es cómo gestionar esa bolsa de inmigración indocumentada. Otra cuestión es que haya algún político que haga bandera de la inmigración cero, pero declaraciones demagógicas al margen, ése es el debate de fondo. La experiencia demuestra que la línea de inmigración cero, mano dura y cierre de fronteras no detiene el flujo, porque hay una demanda interna y lo único que consigue, de manera muy inconveniente en mi opinión, es que la agenda de la inmigración se centre en aspectos policiales y de control. Además, en la medida en que se tiende a estigmatizar a los inmigrantes en situación irregular, esa connotación negativa tiende a ampliarse al conjunto de su colectivo. Está claro que esto no funciona y la vía alternativa ha sido una gestión pragmática combinando procesos extraordinarios de regularización o procedimientos ordinarios como el arraigo social.

¿Qué consecuencias tiene esto?

Primero una puntualización. El tiempo social es un medio plazo que abarca una o dos generaciones, unos veinte años. Los últimos quince o veinte años de desarrollo económico en España han tenido entre otras consecuencias el hecho de que por primera vez desde la expulsión de judíos y moriscos se ha generado un proceso de estructuración étnica. Es decir, se ha creado una estructura etnificada del mercado laboral y del aparato productivo y por tanto sus consecuencias sociales son que el criterio fundamental de estructuración ya no es sólo la clase sino también la etnia. En mi opinión podemos hablar de etnoestructuración en tres sentidos. Por un lado existen una serie de sectores y puestos de trabajo poco cualificados, en condiciones penosas, mal pagados y poco atractivos que se cubren fundamentalmente con personas inmigrantes. En segundo lugar, en la propia estructura de las grandes empresas vemos que la mayoría del peonaje son personas inmigrantes, mientras que si subimos en la escala y cualificación encontramos sistemáticamente a trabajadores autóctonos. Y en tercer lugar, que me parece fundamental subrayar, se ha incorporado en el sentido común de la gente y hasta nos sorprende ver a una señora española por ejemplo haciendo limpieza por horas, aunque las hay. Esto es un problema. Este proceso de etnoestructuración ha sido complementario con los trabajadores autóctonos, ha tenido un efecto beneficioso de movilidad social ascendente para estos últimos. Alguien puede pensar que esto ya ocurrió con los españoles en Alemania por ejemplo y que puede tener cierta lógica. La cuestión es que en el caso de los primeros migrantes es habitual que se dé una cierta etnoestructuración y el problema es que dentro de quince años continúe siendo así y se traslade a la sociedad en forma de capas sociales. Es decir, los hijos de los inmigrantes nacidos y socializados aquí y que a todos los efectos van a ser ciudadanos españoles de otro origen, ¿van a heredar la posición productiva y social de sus padres? Si esto ocurre, tras pasar por nuestro sistema educativo y por diversos mecanismos del estado de bienestar que a priori tiene entre sus objetivos fundamentales limitar esas desigualdades sociales, vamos a tener problemas. Vivimos en una meritocracia y así lo proclamamos. Pero tengo mis dudas sobre si funcionará también con los hijos de las personas inmigrantes. Es cierto que el sistema educativo no va a limar todas las diferencias, tampoco lo hace ahora, pero por lo menos al sector de españoles de origen inmigrante más despierto y que se esfuerce y lo merezca, no le pongamos una barrera en función del nombre, aspecto u origen. Con eso generaríamos una sociedad estratificada donde la clase se dobla con la etnia. Iríamos a una sociedad que me da pavor y de la cual creo que aún podemos escapar. Una sociedad en la que de capas medias para arriba seríamos criollos y para abajo tendríamos una variedad amplísima de mestizos. Hemos de poner las condiciones para que la gente que se esfuerce, y tengamos claro que un español de origen marroquí se tendrá que esforzar más, pueda optar a la movilidad social ascendente.

¿Cuál sería la verdadera integración?

Que dentro de veinte años tengamos una señora juez que sea vasca de origen marroquí y un señor maestro que sea español de origen ecuatoriano. Que haya un reflejo en los distintos estratos de la sociedad. Eso y los matrimonios mixtos son la prueba de la integración. Donostia. Noviembre 2009. Entresacar

- Los derechos de los sectores populares españoles de origen inmigrante aumentan o disminuyen en función de la situación económica. ¿Aceptaríamos eso para sectores populares, pata negra, cristianos viejos?

- Hasta la llegada de la crisis la inmigración era el espejo que nos devolvía nuestra imagen de nuevos ricos y estábamos absolutamente encantados de nosotros mismos. Por una vez todos éramos guapos, ricos, europeos, incluso nos habíamos convertido en rubios y de ojos azules.

- Vivimos en una meritocracia pero dudo que funcione para los hijos de las personas inmigrantes. Hemos de poner las condiciones que para que la gente que se esfuerce, y tengamos claro que un español de origen marroquí se tendrá que esforzar más, pueda optar a la movilidad social ascendente.

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