Migrantes: Libre circulación y lucha contra la precariedad

Migrantes: libre circulación y lucha contra la precariedad

Alain Morice
Transcurridos veinte años desde el cierre oficial de las fronteras para la emigración laboral y once años desde la publicación del manifiesto xenófobo «La preferencia nacional»1 se ha llegado a un acuerdo unánime sobre un punto: la inmigración no ha cesado en nuestro país. A este ineludible acuerdo se añade otro punto de paradójica unanimidad acerca de la necesidad de controlar las fronteras, como si la cosa fuera de lo más lógico y como si la experiencia no hubiera probado que, precisamente eso, es imposible.
Al margen quizá de algunos grupos libertarios y ciertas iniciativas premonitorias, hace tiempo que no existe ningún partido político ni asociación que proclame abiertamente la libre y completa circulación de las personas. Todo lo más, las organizaciones más democráticas enmudecen ante esta cuestión y no expresan más que una posición en negativo: luchar contra los abusos del Estado y en favor de una reforma legal. La unanimidad llega a tal punto que ha sido un dirigente socialista el que ha recibido de la historia el dudoso privilegio de unir a toda la clase política tras su célebre aforismo lanzado en 1990 ante la Cimade: «Francia no puede dar acogida a toda la miseria del mundo».
Pero los actuales movimientos de los sin papeles, con su consigna rupturista de “regularización para todos” vienen a perturbar muy oportunamente ese consenso y sacuden la conciencia colectiva que se ha venido habituando desde hace tiempo a ver como natural que nos arroguemos el derecho a poner límites a los habitantes del planeta en sus desplazamientos y a perseguir a quienes quebrantan esos límites. Dichos movimientos, lejos de estar manipulados, como algunos pretenden, por militantes franceses sin escrúpulos, lo que han conseguido es ponerlos en un brete. Ha quedado claro que la táctica de la negociación caso por caso no era la adecuada para una reivindicación de ese calado. ¿Habría que seguir reclamando como antes una adecuación “humanamente correcta” de las leyes en vigor y rechazar únicamente sus disposiciones más negativas (¡derogación de las leyes Pasqua!)? O ¿no habría que pensar en poner en cuestión de manera más radical la política de inmigración? De hecho, todo el mundo ha evitado cuidadosamente plantear con qué habría que reemplazar las leyes existentes. Y como quiera que estos problemas aparecen como irresolubles en el marco de una aceptación implícita de las fronteras, la opinión democrática ha forjado, por boca de un colegio de mediadores,2 una serie de criterios que se supone permitirían la regularización justa y humana de las situaciones consideradas como más dignas de interés, especialmente en lo referente a la integración familiar y social de los interesados.
Muy bien. Siempre es mejor eso que nada. Pero nadie, absolutamente nadie se ha atrevido a encarar públicamente una cuestión que obsesiona evidentemente a las autoridades públicas: ¿qué pasa con los inmigrantes que seguirán viniendo y permanecerán en nuestro suelo sin tener derecho a ello? ¿Será preciso reemprender cada año un nuevo proceso de luchas para conseguir su regularización? Habrá que empezar a pensar si esa ambigüedad no denuncia una cierta complicidad, querida o no, con esas leyes repudiadas (o por lo menos su aceptación resignada), lo que conducirá directamente a dar por bueno el contradictorio binomio «inmigración cero + derechos humanos».
Este planteamiento nos ha llevado a la idea que motiva el presente texto: la libre circulación de las personas, sin más restricción que las referentes a las actividades delictivas (bien poco estorbadas por la ley) es seguramente la única doctrina razonable en materia de inmigración3. No ignoramos las enormes dificultades teóricas y prácticas que plantea esta doctrina, contra la que se alza un sentido común preñado de invocaciones ya rituales al desempleo, al equilibrio de la población y a los compromisos internacionales. Muy al contrario, tomamos muy en serio estas objeciones, precisamente para poder despojarlas de su ganga ideológica; aunque la unanimidad que suscitan las hace ya de por sí sospechosas.
La reflexión consta de tres fases. Abordaremos en primer lugar ciertas contradicciones de la situación actual, seguiremos con algunas propuestas políticas inspiradas por su aparente fracaso, y terminaremos con las condiciones y posibles efectos de una apertura incondicional de las fronteras. Adelantamos que este último objetivo no puede plantearse separado de la puesta en cuestión de las estrategias económicas que van haciendo retroceder al derecho del trabajo.

El control de las fronteras,
una utopía mortífera.

No hace falta extenderse acerca de una consecuencia tantas veces constatada del dispositivo legal y que viene resumida en esta fórmula: «Las leyes Pasqua son una fábrica de clandestinos». Estas leyes, culminación de un intenso trabajo reglamentario y legislativo comenzado en 19754 no han conseguido los objetivos que pretendían alcanzar. Algunos se lamentan por ello, mientras que otros proponen un reforzamiento de la represión. Todo en balde: la inventiva de los candidatos a la inmigración está a la altura de la negación de derecho que se les impone, con lo que asistimos a una carrera interminable en los respectivos perfeccionamientos de la espada y el escudo. Pero en todo caso, se perfila una doble tendencia.
En primer lugar, a medida que la ley va taponando sus propias brechas (el derecho de asilo, la reagrupación familiar, los visados de corta duración, el acceso a la nacionalidad, etc.), va multiplicando el estatus del «irregular», y ello lleva a que periódicamente los poderes públicos se enfrenten a la posible pérdida de legitimidad de fachada, cuando ciertas situaciones insostenibles les obligan (aunque sea con cuentagotas) a cambiar los principios establecidos por el legislador por arreglos “humanitarios” con los infractores de la ley, o por una política de «ni sé ni quiero saber». Más adelante veremos que Patrick Weil ha identificado muy bien las razones de esta extraña aberración de la que tan a gusto se aprovecha la extrema derecha.
En segundo lugar, a medida que los objetivos propuestos aparecen como más inalcanzables, las propias autoridades tienen mayor tendencia a echar mano, abierta o solapadamente, a procedimientos para-jurídicos como la xenofobia o el racismo, las vías de hecho contra los inmigrantes5, o incluso el chantaje sobre la “ayuda” a los países de origen6.

Los efectos de la ley:
¿desviaciones o lo buscado?

No es necesario insistir mucho sobre este otro punto: el cierre oficial de las fronteras hace la boca agua a toda una categoría de empresarios que tienen en común su necesidad de usar una mano de obra precaria, infrapagada y desprovista tanto de derechos sociales como, esperan ellos, de combatividad.
Volveremos más tarde sobre este punto, que un número creciente de analistas juzgan el más importante de todos, pero apuntaremos ya lo siguiente: los sectores (construcción, obras públicas, hostelería, limpieza, confección y cosechas agrícolas sobre todo) que más codician la mano de obra inmigrante en general, y a poder ser en situación irregular, son perfectamente conocidos de los servicios policiales y administrativos competentes. Todo sucede como si las leyes que regulan la entrada y la estancia, lejos de ser víctimas de efectos no buscados –como dicen a menudo los defensores de los derechos humanos–, hubieran sido creadas a medida y en beneficio de la expansión de tales sectores. Una interpretación tan cínica sería sin duda excesiva, pues la realidad es que estas leyes han sido concebidas y votadas con fines más ideológicos que puramente económicos. Pero hay que observar que los sectores citados no pueden funcionar masivamente con trabajo negro –lo que nadie niega– si no disponen de cantidades colosales de dinero sustraído al fisco y al margen (por lo menos oficialmente) del control bancario. Así, colocar en situación irregular a un número importante de trabajadores supone indirectamente una complicidad orgánica entre, por una parte, los empleadores y por otra, las autoridades administrativas o electas y las instituciones financieras.
A partir de cierto grado de desarrollo del fenómeno, estas dos instancias están obligadas a funcionar codo con codo, y a menudo, la corrupción como nexo de unión. En lo que concierne a la BTP, el asunto no necesita pruebas, pero es dudoso que pueda ser interpretado como un «efecto desviado». En este punto, la posición particular de los trabajadores extranjeros en situación irregular –evidentemente minoritarios– sirve de modelo en el deslizamiento progresivo de la economía hacia el empleo ilegal y la precarización.
Tan conocidas como las anteriores, sin duda, pero mucho menos frecuentemente comentadas son algunas consecuencias de la ordenanza de 1945, nuevo estilo, que contribuyen a minar el tejido social de este país. Hay dos de ellas, puestas de relieve7 por una investigación en curso de realización, que merecen ser evocadas: el desarrollo de nuevas formas de colaboración delictiva y la fragilización creciente de las comunidades de origen extranjero sin distinción de categorías jurídicas.

De la prohibición al mercado
negro de documentos

En primer lugar, los obstáculos levantados para la entrada, para la estancia y para el trabajo regular de los inmigrantes han multiplicado las ocasiones de transformar estas gentes en fuente de beneficio, y ese efecto dista mucho de ser accidental. Nuestro punto de partida es la constatación misma: esas leyes no impiden los movimientos, pero los vuelven menos fluidos, más arriesgados, y en consecuencia, más costosos. Paralelamente a los empleadores citados, cuando no se trata de las mismas personas, los pasafronteras, los que dan alojamiento y los usureros se hacen de oro. Los abogados cobran sin escrúpulos copiosos dividendos por casos que saben de sobra que son indefendibles. Menos a la luz se produce un desarrollo espectacular del tráfico de documentos, que pone en escena a ciudadanos franceses, y más específicamente a funcionarios públicos.
El mecanismo es muy conocido de los economistas: formulando prohibiciones que se sabe imposibles de hacer respetar, las leyes han creado una lista de espera y con ella posibilidades de ganancia para los que controlan el poder de aplicarlas. Hay otras leyes –referentes a la difamación y la deontología– que nos impiden entrar en el detalle de unos mecanismos que, al parecer, se van consolidando: como cualquier extranjero en situación irregular puede corroborar, todo tipo de documentos, sean de residencia, visados, pasaportes falsos o nacionalidad falsa, tarjetas de la seguridad social, todo se puede conseguir, si se puede pagar. La propia evolución de las tarifas medias, según nuestras investigaciones, muestra hasta qué punto la política actual convierte en un tesoro los documentos falsificados o fraudulentos. Su tráfico en algunos casos no implica más que a los propios inmigrantes, algunos de los cuales actúan por solidaridad y otros con fines lucrativos, aunque sólo sea para paliar la ausencia de rentas de trabajo. En otros casos se precisa –y esto es teóricamente necesario aun a falta de ser verificado empíricamente– una colaboración estructural entre funcionarios y redes comunitarias que sirvan de nexo con los necesitados de documentos8 .
Francia ha decidido así correr el riesgo de incubar un germen tan expansivo como destructor. En primer lugar porque esta situación supone que la adhesión de un inmigrante al país de acogida se realiza sobre la base de un acto fundacional delictivo, mientas otros extranjeros, residentes de derecho o no, tendrán la tentación de abandonar su trabajo precario para dedicarse a otras actividades más lucrativas. Mal presagio en cuanto a la integración en las leyes de la República conforme a los piadosos deseos oficiales, y tanto peor cuanto que el precio a pagar para acceder a los documentos falsos va lógicamente a sufrir una subida vertiginosa, obligando a algunos de los aspirantes a seudo-legales a dedicarse a la delincuencia para poder pagarlos. Y también porque nos exponemos a una regresión en el espíritu cívico de los funcionarios que se supone deben garantizar la aplicación de las leyes restrictivas y que a fin de cuentas estarían interesados en su mantenimiento en función del beneficio personal que permite su transgresión.

La alienación social de los inmigrantes:
factor potencial de desórdenes políticos

Los trabajos antropológicos sobre el clientelismo y la corrupción muestran cómo dichos fenómenos obedecen generalmente a unas curvas exponenciales y cómo, superado cierto umbral, su regulación sólo se puede realizar a través de una explosión desordenada del cuerpo social por medio de la violencia. Es un peligro digno de tenerse en cuenta.
En segundo lugar, y como ya se ha dicho, el cierre de las fronteras se da de derecho, pero no de hecho. A los ojos de la comunidad inmigrante, esta contradicción entre los órdenes jurídico y práctico no es sólo la fuente del riesgo de infracción mencionado, sino que es también igualmente, y este aspecto concierne por igual a la población extranjera residente de derecho, un factor generador de alienación multiforme en el sentido que le dan los psicopatólogos9. Hemos tenido la ocasión de verificar a nivel particular lo que todo el mundo sabe en general: la política oficial de integración es un bluff. Incluso para los regulares o residentes antiguos que no buscan más que identificarse con la nación francesa («negros por fuera, blancos por dentro» como decía poco más o menos el ministro Kofi Yamgnane), a los que la ley ha puesto en dificultades recientemente. En efecto esta nueva nación suya no cesa de reintroducir en sus esquemas mentales un imaginario despectivo ligado a sus orígenes. No es por casualidad el que sea precisamente ésa una de las ideas exitosas de la extrema derecha.10
De hecho, y salvo raras excepciones, la situación del inmigrado no es psíquicamente envidiable. Es una fuente constante de humillación, de pérdida de auto-confianza y de estrés11. Es fácil comprender el buen partido que pueden obtener de todo ello los empleadores, sobre todo si no se olvida que los permisos de residencia no se renuevan automáticamente. Clandestinos de hecho o bajo la amenaza de convertirse en uno de ellos, un importante sector de extranjeros se coloca así en la situación mental de aceptar la servidumbre como un don del cielo. Pero este planteamiento a corto plazo corre el riesgo de volverse contra el conjunto de la sociedad. Esa vida en continuo sobresalto trae consigo una serie de frustraciones y rencores y una aversión a la sociedad de acogida, que hacen todavía más irreal el ideal republicano de integración. En esas condiciones el repliegue comunitario se realiza sobre bases de hostilidad y puede converger con la acción desestabilizadora de algunos grupos sectarios.
Además, la fragilización global de las situaciones individuales produce el efecto de alzar a las poblaciones inmigradas unas contra otras, según su origen y su estatus. La hostilidad inter- e intra-comunitaria es un fenómeno en pleno desarrollo, con el peligro de etnización de las representaciones sociales de la emigración que ello conlleva. Los movimientos de los “sin papeles” de 1996 han sido, a su pesar, testigos de ese problema. En efecto, desde el momento en que la única solución admitida por la ley era la de obtener regularizaciones individuales, se ha establecido una línea divisoria entre los “buenos” y los “malos", que se ha traducido en el eslogan «sin papeles sí, pero no clandestinos», que daba por sentado que lo de clandestino era indefendible. Y en algunas acciones colectivas de los sin papeles hemos tenido la ocasión de observar cómo algunos extranjeros regularizables a causa de su situación familiar se lamentaban de la presencia de ciertos solicitantes de asilo rechazados, que se suponía no tenían ya ninguna posibilidad. Aunque es verdad que estas reticencias estaban limitadas por los efectos unificadores de la lucha común, existieron, y no dejan de constituir un aviso.
Evidentemente tales problemas no quitan el sueño a los poderes públicos, al contrario. No podremos, pues, usarlos como argumento para la apertura de las fronteras; pero hay que tener en cuenta que tales divisiones son contagiosas y pueden representar una amenaza que va mucho más allá de la instrumentalización supuestamente hábil que puede hacerse de ellas, sobre todo a partir de la segunda generación. El Estado está jugando al aprendiz de brujo: el estigma de que son víctimas los clandestinos puede muy bien extenderse a la totalidad de las gentes de origen extranjero y a sus descendientes.

¿Es posible una “nueva
política” de inmigración?

La revista Esprit ha publicado recientemente un texto de Patrick Weil, concebido en su origen para alimentar la reflexión de la Fundación Saint Simon12. Su diagnóstico, lúcido, serio y documentado sobre los impases de la política de inmigración utilizada desde 1974 «con fines electorales, y con el resultado de frenar por un lado la integración de los inmigrantes residentes y aumentar por otro ‘el temor de la invasión’» (pág. 138) merece la aprobación. Pero desde nuestro punto de vista, las reflexiones del autor desembocan en ciertas propuestas que lo encierran dentro de la política que quiere combatir, y con la que comparte la preocupación de controlar los flujos migratorios. Todo ello basado en su confianza en la «eficacia relativa del Estado», es decir, con un matiz revelador, «en su capacidad, no de control total pero sí de regulación de los flujos» (pág. 143).
Esa problemática no es la nuestra, pero es coherente: la cuestión planteada por P. Weil no es, a diferencia de la nuestra, la de la legitimidad del principio de control, sino la de los medios para alcanzarlo a fin de prevenir la inmigración irregular. El autor postula, pues, que la regulación no es en sí un objetivo inabordable, al contrario, piensa que es deseable y posible, apartándose de la pura represión «organizar mejor los flujos de inmigración regular, siendo más eficaz contra la inmigración ilegal» (ibid).

El Frente Nacional, campo de pruebas
de los partidos democráticos

Apoyando esta tesis tenemos la constatación de las ambigüedades de la política actual que ha abierto, en palabras de P. Weil, «un boulevard para el Frente Nacional» (pág. 137). En pocas palabras, una política hipócrita de “inmigración cero” alimentada por un discurso que asimila a sabiendas la inmigración legal a la ilegal y crea, especialmente en los suburbios, un clima propicio a la propagación de la xenofobia.
No hay mucho que insistir sobre este punto, aparte de que esa noción de boulevard establece una causalidad muy discutible. En efecto, hay dos manera de ver la progresión del Frente nacional que, aunque sean compatibles, no son idénticas. La primera, la de P. Weil lleva a considerarla como el efecto inducido (¿no buscado?) de ciertas estrategias irresponsables, que lo son porque van directamente encaminadas a halagar a los electores en el sentido de sus tendencias xenófobas. En esa visión, el Frente Nacional sería algo preexistente que se aprovecha de la situación. La otra, menos idealista, consiste en pensar que la historia ha convertido a ese partido en el depositario intelectual y el campo de experimentación ideológica del conjunto de la clase política –lo que viene resumido por la fórmula preferida de sus militantes: «Nuestro jefe dice en voz alta lo que todo el mundo piensa por bajines». Las tesis del ya citado libro La preferencia nacional se han convertido, guste o no, e independientemente de que lo haya leído poca gente, en referencia obligada (y confesémoslo, sin equivalente en cuanto a la coherencia de reflexión) del pensamiento en materia de inmigración.
Si queremos continuar con la metáfora topográfica, parece más exacto pensar que el Frente Nacional ha abierto un boulevard para la xenofobia con la bendición de los partidos, que se han apresurado a correr por él. Este matiz es más importante de lo que parece: P. Weil, observando los impases de la política actual piensa que es absurda, mientras que nosotros la consideramos lúcida. Veremos por qué en el capítulo referente al trabajo.

De contar los ilegales…
Pero, sea cual sea el sentido de este “boulevard”, el autor recuerda muy oportunamente la falsedad contenida en el mito de “inmigración cero", ya que Francia acoge actualmente alrededor de cien mil inmigrantes en regla. Los creadores del mito, además de alimentar al Frente Nacional establecen sobre aquél una política en la que se ha desarrollado «cara a la inmigración legal una estrategia de represión que se había reservado a la inmigración ilegal» (pág. 139). P. Weil se aplica a relativizar la importancia de la residencia irregular: «Sin negar su existencia, sería erróneo exagerar su número, que siempre está sobrevalorado» en el marco de un discurso público que quiere asimilar los legales y los ilegales (pág. 146). Observa Weil que en 1981, cuando se lanzó la campaña de regularización, no se encontraron más que 132.000, que es una número ridículo para hablar de flujo. Considera que, teniendo en cuenta los inmigrantes que regresan, «se mantienen algunas docenas de miles de manera permanente» (ibid.). A continuación enlaza con sus propuestas para «una nueva política» a base de «prevención económica», de «disuasión» y de «cooperación internacional» sobre la que volveremos.
Es difícil seguir a P. Weil en el uso que hace de esas cifras. Por un lado, si la inmigración irregular es tan mínima ¿para qué se hacen tantas propuestas? La respuesta se deduce de lo que precede: para quebrar de un sólo golpe la argumentación preferida de la extrema derecha y la asimilación abusiva entre inmigración legal e ilegal que está en su base. Pero eso no es posible más que al precio de lo que Weil denuncia por otra parte: una política represiva sin piedad, si no injusta. El autor no hace de ello un problema jurídico sino puramente ejecutivo e ideológico. A pesar de las duras y atinadas críticas que plantea con respecto a las leyes, sus propuestas están presididas, como lo anuncia de entrada, por la voluntad de «hacer el Estado más eficaz y cambiar el discurso público». A este nivel, como veremos más adelante, la única línea divisoria que lo separa de las autoridades fustigadas reside en que él sí cree en la posibilidad de controlar y sancionar la inmigración ilegal.
Por otro lado, y unido a lo anterior, Weil, atrapado por un razonamiento que lo conduce a aislar un dato cuantitativo (el pequeño número de extranjeros sin papeles) de las condiciones de su aparición, olvida el respeto a las reglas de la sociología como son la necesidad de neutralizar la acción de todas las demás variables ligadas para poder examinar una sola. Es verdad que identifica la existencia de un “efecto Pasqua” incluso antes de la promulgación de las leyes de 1993, pero cree que ese efecto fue de corta duración (págs. 140-141). Evoca ciertas cifras que parecen quitarle la razón. Por ejemplo, los mandatos de reconducción a la frontera han aumentado en un 27% en 1994. Pero «tales resultados no se debieron a las leyes de 1993, sino que fueron principalmente consecuencia de la buena, aunque breve, cooperación, con Argelia» (ibid.)13. El uso del epíteto “buena” se debe a un juicio positivo, o ¿qué razón existe, si no, para no haber empleado un adjetivo moralmente más neutro? No nos atrevemos a sospechar que P. Weil aprueba esa cooperación, porque más adelante expresa sus deseos de que se vuelva a una justa política de asilo para los argelinos. Pero tampoco negaremos que es difícil fundamentar la constatación de que la inmigración irregular es escasa sobre la constatación de que es bien reprimida, cuando al mismo tiempo se trata de demostrar la ineficacia de tal represión. La misma confusión de registros y el mismo homenaje involuntario a las leyes Pasqua los hallamos en lo que se refiere a las solicitudes de reagrupamiento familiar: entre 1993 y 1994 las respuestas favorables a dichas solicitudes han pasado del 85% al 25%, debido a que, por un lado el plazo mínimo ha pasado de uno a dos años, y por otro a que las condiciones de ingresos mínimos se han endurecido (pág. 141). En este punto, P. Weil por lo menos no muestra alegría: como dice, el resultado ha sido transformar en ilegales a inmigrantes que según la vieja ley hubieran sido legales. Pero es un razonamiento paradójico: es imposible disociar, a la hora de denunciar la política que intenta frenarlos, los flujos migratorios y los efectos de la misma política.

… a su identificación subjetiva
Esta postura que nos parece poco lógica nos reenvía de hecho a una línea directriz obsesiva: para acabar de una vez con ese discurso perjudicial que amalgama a todos los extranjeros con los ilegales hay que separar total y definitivamente la harina y el salvado. De esa manera, la persecución de los irregulares se ha convertido en el delenda est Cartago de P. Weil: solamente pagando ese precio podrá Francia dar a los “inmigrados legítimos” (págs. 142 y ss.) el lugar que les corresponde. Hay que señalar que nos resulta difícil aceptar este deslizamiento desde una noción jurídica (la legalidad) a un predicado que se distingue por su connotación moral: la legitimidad. ¿Con qué criterios se mide esa legitimidad en el artículo de P. Weil? Aparte del caso de la «inmigración verdaderamente delincuente, la que sale de prisión después de haber purgado su pena» no hay en todo el texto más que criterios alusivos o subjetivos (ni siquiera sabemos si el autor alinea entre los delincuentes a los culpables del delito de residencia irregular). El hecho es que vemos aparecer aquí y allá ciertas nociones de las que no renegarían los autores de la ley de 1993 ni los autores del informe de la Comisión de investigación parlamentaria14: “falsos estudiantes", “solicitantes de asilo sin causa", “trabajadores clandestinos” (noción, además, jurídicamente errónea salvo que se limite a los trabajadores independientes15), “matrimonios fraudulentos” (págs. 142 y 149). Las personas que trabajan o investigan sobre el terreno están bien colocadas para saber que estas nociones se basan sobre una realidad: el candidato a la inmigración sabe utilizar todo tipo de medios para conseguir su objetivo. Pero no se les ocurre la idea de calificar sus intentos de “ilegítimos” o “fraudulentos"16. ¿En virtud de qué criterios lo iban a hacer? Haremos notar de paso que por una extraña mezcolanza los “delincuentes” se encuentran amalgamados a las categorías citadas.
Y llegamos a la parte más discutible del artículo de P. Weil: la política que propone. En el título de la «disuasión», tratada en pocas líneas vemos resurgir los “matrimonios fraudulentos". El autor considera cosa simple la lucha contra los mismos, de manera más justa, y sobre todo más eficaz: «sería suficiente no dar tras el matrimonio más que una tarjeta anual renovable una o dos veces tras la prueba de la comunidad de vida». Como no se puede fingir durante tanto tiempo, los defraudadores se desenmascararían ellos mismos, e incluso se podría pensar en agravar las multas que sancionan al “cónyuge francés". Así se acabaría con ese control subjetivo “tan rechazable” de los alcaldes y de la policía. (pág. 149)

Cinco observaciones:

  1. P. Weil no hace más que retomar y agravar el dispositivo represivo actual;
  2. Añade la propuesta, bastante desconcertante en referencia a los objetivos propuestos, de legalizar los matrimonios blancos, cuya separación con respecto a los auténticos se produciría a posteriori;
  3. Parece ignorar que los matrimonios blancos con vida en común pueden “aguantar", como él dice, mucho más que dos o tres años, de manera que salvo que se instituya un control del lecho conyugal o un espionaje digno de Orwell, el “fraude” en ocasiones se haría más difícil de desvelar, o en otro caso, sería un premio a los “defraudadores” con más aguante;
  4. Despreciando el derecho, expone a sanciones a los eventuales divorciados. No se entiende por qué personas de nacionalidad diferente unidas por un matrimonio no tienen derecho a tener desavenencias como todas las parejas;
  5. Y finalmente, olvida que la tarjeta de un año es un regalo envenenado cuando se trata de obtener un contrato de trabajo, un crédito bancario, una vivienda, sin hablar de los efectos psíquicos de esta situación de provisionalidad que lleva en sí misma el germen de posibles disensiones conyugales.
    No, está claro que este tipo de propuesta no nos aleja de la política oficial: la persecución del “fraude” conlleva las amalgamas tan justamente deploradas por el autor, y “disuasión” no es más que un nuevo nombre para represión. Tal disuasión, además, ya existe en la política actual, y cobra la forma de cartas enviadas por los fiscales a los novios franceses (es verdad que sólo cuando el futuro cónyuge se halla en situación irregular) amenazándoles con penas de hasta cinco años de prisión en caso de matrimonio falso. En este punto las propuestas de P. Weil no constituyen una “nueva política".

El ropaje legal del trabajo
clandestino: una rosca sin fin

En lo que se refiere a la “prevención económica", el autor se extraña, al igual que muchos otros, de que «siendo la lucha contra el paro una prioridad» la cuestión de la «eliminación progresiva del trabajo irregular» sea una tarea absolutamente despreciada (pág. 147). El historiador desaparece tras el ciudadano, pues como intentamos demostrar, la complacencia demostrada por los poderes públicos ante el trabajo clandestino no tiene nada de extraño. Se trata de un fenómeno demasiado universal para que podamos tratarlo de manera voluntarista antes de analizar sus causas. P. Weil propone una negociación entre los sindicatos profesionales de los sectores concernidos con las administraciones competentes. Pero existen ya numerosos convenios de colaboración, tan hermosos como inaplicables.
Pero no está ahí el meollo de la principal propuesta del autor que enuncia la necesidad de «romper los tabúes y las reglamentaciones» que existen para sustituir con trabajadores residentes los extranjeros irregulares que se encuentran en el mercado de trabajo (págs. 147-148). Los empleadores deberían encontrar un “interés” en ofrecer «trabajo a parados, a jóvenes, a estudiantes, con preferencia a los ilegales». El dispositivo se completaría con exoneraciones en las cargas sociales y fiscales («cualquier medida debería ser tomada en cuenta»). De esa manera viene a proponer que los costos medios del trabajo se alineen con el costo medio del trabajo clandestino, en otro caso los empleadores no tendrían ningún interés, en cuya baja tendencial el paro nacional serviría de pretexto. En resumidas cuentas tendríamos un blanqueo generalizado del trabajo negro combinado con una subvención creciente de la economía por parte del Estado. Está demasiado claro a dónde nos podría llevar: después de haber efectuado esa sustitución (siempre que fuera posible, ya que no es nada seguro que los jóvenes parados o los que cobran el subsidio de subsistencia se dejen tentar por ese mal negocio), la patronal volvería de nuevo a los trabajadores ilegales, esta vez más baratos aún.
Hay otro dispositivo que hace las delicias del autor: el trabajo estacional por cuotas como existe en la agricultura alemana17. El debate sobre las cuotas rebasaría el marco de este texto, pero algunas frases de P. Weil resultan sorprendentes. Por ejemplo, en el momento en que África del Sur se ha desembarazado del siniestro sistema de pases, Weil elogia el sistema de los Grenzenarbeitnehmer, los trabajadores del Este de Europa que «pueden trabajar todos los días en una zona de cincuenta kilómetros al oeste de la frontera alemana, con la condición de que vuelvan cada noche a su casa o se abstengan de trabajar los fines de semana» (estando menos favorecidos por la geografía ¿habremos de pensar en imponer a los temporeros que crucen diariamente el Mediterráneo o los Pirineos?). O la alabanza de esa norma que permite a «ciertas compañías extranjeras ir a cumplir sus contratos en Alemania importando sus propios trabajadores» (pág. 148). Este último estatuto, en cuanto a su naturaleza, no es muy diferente, en cuanto al aislamiento y a los abusos que permite, del de la extraterritorialidad de las embajadas extranjeras que les permite en ocasiones mantener a su personal “importado” en una situación jurídica próxima a la servidumbre. No, no es cierto que «cualquier cosa sea mejor que el desarrollo de las migraciones ilegales» (ibid).

El arma de la cooperación
Y, finalmente, el tercer aspecto de la “nueva política” de prevención es la “cooperación internacional”, donde es preciso distinguir la cooperación con los países de la Unión Europea y la relativa a los países de emigración. El lector que se dirija al texto observará que en cuanto a la primera, no se propone nada nuevo, si no se considera novedad la «implantación en las fronteras comunes de brigadas intereuropeas compuestas por funcionarios de varias nacionalidades» (pág. 151), que existen ya18. En cuanto a la segunda, parece un poco fuerte llamar cooperación a una sugestión que más parece intimidación elevada a la categoría de principio. Es bien sabido, como recuerda Weil, que ciertos países «ponen dificultades a la cooperación» a la hora de reconocer a sus ciudadanos (sobreentendiéndose los que han perdido o fingen haber perdido sus pasaportes, y que de este modo se aprovechan de la lejanía con una situación que se asemeja a la apatridia de hecho).
Pero también es bien sabido que muchos de esos países, cuyo presupuesto es mantenido a pulso por el Tesoro Público francés, no tienen de independientes más que el título. Según eso, ¿qué pensar de la idea que pretende que «una buena cooperación internacional es mucho más eficaz que todas las medidas policiales, especialmente con los países beneficiarios de nuestra cooperación financiera» (ibid)? Hablando en plata, eso se traduce así: «Si no quieres recuperar tus inmigrantes (y, por qué no, si no retienes a tus inmigrantes) se acabó lo que se daba». ¿Podemos aceptar que tal propuesta viene dictada por el respeto si no de ”nuestros intereses", sí por lo menos de ”nuestros valores” como se dice en otro punto (pág. 146)?
Digamos como conclusión que la política propuesta por Weil no es nueva19 . Y no se trata de que la complicidad ideológica del autor con la política actual le lleve a reproducir sus ambigüedades y desórdenes, porque es precisamente la indignación ante los efectos perversos de aquélla la que le guía. Se trata de que no puede ser de otra manera. La política de inmigración de nuestro país es más funcional y coherente de lo que parece, siempre que aceptemos trazar una línea de separación entre las intenciones anunciadas y las reales. La asimilación del conjunto de los extranjeros a los irregulares, tan justamente denunciada por Weil no se reduce a un sórdido cálculo electoralista. Su función es fragilizar al conjunto de los inmigrantes e incluso de sus descendientes en la sociedad civil y trazar un camino experimental, un verdadero “boulevard” esta vez también, “hacia la precarización de una parte creciente de la población trabajadora. Intentaremos demostrar cómo no existe un “problema” específico de inmigración.

Del neoliberalismo
al espectro de la invasión

Antes de ser (para nosotros) un principio democrático que no debería sufrir ninguna restricción, la libre circulación de las personas es en sí mismo y por definición una consigna de la economía liberal. Hay una minoría de analistas, en general próximos a la esfera patronal, que avanzan una serie de argumentos en favor de una mayor apertura de fronteras. Se subraya, en primer lugar, que en el mundo contemporáneo todo circula libremente: dinero, mercancías, información; sería una anomalía que persistiera una bolsa de proteccionismo que pone trabas exclusivamente a los movimientos humanos. En segundo lugar, algunas prospectivas anuncian la vuelta del crecimiento, con lo que Francia, visto el envejecimiento de su pirámide de edades, podría tener necesidad de brazos suplementarios20. De manera menos explícita, estas tesis se complementan a veces con el cuidado de asegurar, incluso en período de subempleo, mayor “flexibilidad” en el mercado de trabajo constituyendo una reserva de mano de obra en los sectores sensibles de la coyuntura. No asumimos este argumento, pero sí lo encontramos sintomático de que la regla de “inmigración cero” no surge siempre del interés real de los empresarios; al contrario, el temor a abrir las fronteras se presenta antes que nada como una manifestación ideológica. Y en cuanto a este punto hay que subrayar que, en su conjunto, la patronal permanece curiosamente silenciosa sobre la cuestión de la inmigración, como si estuviera muy interesada en la perpetuación de la actual situación que autoriza de facto los flujos prohibiéndolos, y como si esta situación podrida fuera el sumum del liberalismo.

La imposibilidad de aislar
un problema migratorio

Una reflexión sobre la apertura de las fronteras no puede descartar de su campo un análisis global del liberalismo económico, cuya expresión más completa se encuentra en la política de las instituciones de Breton Woods. En lo que se refiere a las migraciones internacionales, la doctrina del FMI se ve en un renuncio. De ella se deriva el principio de libre circulación, pero su acción en el mundo produce dos efectos acumulativos que empujan a los países ricos a querer protegerse cada vez más contra lo que se ha convenido oficialmente en llamar el “riesgo” migratorio. Por una parte, los países se ven incitados a bajar el coste del trabajo y lanzar a sus propias poblaciones al paro, poniendo a los países dominados en competencia para producir los bienes que consumen. Por un lado esta estrategia induce una política de precios de “ayuda” y de créditos que produce el hambre y genera un desvío general de la riqueza en los países dominados. Y ello sin que, tan siquiera, se creen empleos más que en proporción al crecimiento demográfico: en efecto, empujadas por la competencia las empresas que se entregan a la deslocalización van hacia los yacimientos de mano de obra más ventajosos en términos de costo y disponibilidad. Así, los niños, cuya procreación se concibe desde entonces como una inversión y su incorporación al trabajo en una fuente de riqueza, entran en competencia con sus mayores en el mercado de trabajo, lo que produce una presión migratoria aún mayor21. Por los dos lados, la reducción constante de las funciones redistributivas del Estado, pieza esencial del liberalismo, entra en la misma espiral.
De esta manera, el espectro de la invasión esgrimido por los partidarios de una política xenófoba es un fantasma, pero un fantasma que se alimenta de una realidad macroeconómica. Nosotros extraemos la siguiente lección: suponiendo, como lo hacemos nosotros, que la lucha por la libre circulación es justa y razonable (es decir, nada irresponsable), dicha lucha es inseparable de otra más global contra los desastres del neoliberalismo a escala planetaria. Porque, paradójicamente, el pensamiento “único” liberal segrega la política proteccionista en materia de migraciones. Consecuencia: sería absurdo decretar una apertura de fronteras en un ambiente político y económico internacional inalterado, y sin denunciar previamente los acuerdos que, como al nivel europeo, harían imposible la apertura en un sólo país. Pero el Estado francés está mal colocado para escudarse en las obligaciones de sus compromisos internacionales ya que ha sido un promotor decidido de los mismos.
Si hemos recordado la dimensión planetaria de esta cuestión, no ha sido sólo para constatar que, evidentemente, la libre circulación no es para mañana. Lo hemos hecho también para que los que comparten nuestro punto de vista se den cuenta de que no hay respuesta humanitaria posible si todo sigue como está. En particular, con ocasión de las recientes luchas en las que han tomado parte gentes de Malí, hemos visto resucitar una vieja serpiente de mar: la “ayuda” a los países pobres. En la coyuntura liberal actual, esa ayuda genera dependencia, endeudamiento y corrupción, pero no empleos suficientes: no sirve para evitar la emigración22. Además, lo que se esconde tras el curioso eufemismo de “cooperación” es la constitución de zonas de influencia donde los países occidentales luchan por medio de países interpuestos apoyándose en regímenes a menudo autoritarios: ahí reside, con la secuela de guerras civiles y persecuciones que genera ese reparto, una importante causa suplementaria de migración. Y, esto, además de que la xenofobia europea traslada masivamente los movimientos humanos sobre los países pobres entre sí, con las terribles consecuencias que se conocen.

La exageración imaginaria
del “riesgo” migratorio

A pesar de todos esos límites, el espectro de la invasión sigue muy vivo en el dominio de lo imaginario. La única consecuencia plausible de una apertura súbita de las fronteras sería la de un efecto de llamada a corto plazo. A partir de ahí, hay dos posibilidades enfrentadas, ambas apoyadas en un paradigma neoclásico. La primera, observando que los yacimientos de emigrantes potenciales son inagotables, lleva al pánico a la invasión total. La segunda toma en cuenta que en la economía de mercado la regulación se hace por el juego de la oferta y de la demanda: los inmigrantes vendrán, el precio del trabajo bajará y la migración alcanzará un punto de equilibrio, a lo que los partidarios de la primera hipótesis replicarán que muchas ventajas sociales independientes del trabajo seguirán siendo atractivas.23
Ambos puntos de vista tienen en común que descartan cualquier dimensión histórica y antropológica del fenómeno migratorio, que asimilan a un fenómeno mecánico de ósmosis. La decisión de emigrar, que se vive más a menudo como desgarro que como aventura, es el resultado de un conjunto complejo de motivaciones y de coerciones difícilmente reducibles al cálculo frío del homo economicus. La situación política del país de nacimiento juega su parte, pero salvo en casos extremos de éxodos debidos a masacres, nada hay que confirme la hipótesis espectral de una marea humana incontrolada.
Durante los “treinta años gloriosos” en que la ordenanza de 1945 se aplicaba con flexibilidad en nombre del crecimiento económico, a menudo había que ir a buscar la gente a su país y atraerlos con promesas de buenas ganancias y buen estatus. Es decir, que los inmigrantes, aunque estuvieran autorizados para venir, no lo hacían espontáneamente.
Incluso cuando a principios de los 70 una terrible hambruna asolaba los países del Sahel, ¿se acuerda alguien de que en aquella época los originarios del antiguo imperio francés gozaban de libre circulación?, los habitantes de Chad, Níger, Alto Volta (hoy Burkina Faso) y del Malí oriental no “invadieron” Francia. Para ellos sólo existieron las orillas del río Senegal para expatriar, rotativamente, a sus hijos menores para hacer frente a las necesidades de las comunidades, según unas normas cuantitativas que no tenían nada que ver con la anarquía. Señalemos también que ha habido tres países que se han beneficiado de un estatuto que permitía el libre acceso de sus ciudadanos al mercado de trabajo francés. Se trata de Centroáfrica, Gabón y Togo24. Al menos los dos últimos se han destacado por los ataques sistemáticos a los derechos humanos y por una situación económica bloqueada. Sin embargo, no ha resultado, al parecer, ninguna situación de “riesgo” migratorio desmesurado. Se pueden multiplicar los ejemplos; el último lo ofrece la supresión de las fronteras interiores de la Unión Europea: a pesar de su desarrollo desigual, los países o las regiones más pobres no han contribuido significativamente a la población de los más ricos. En algunos casos, como el de los portugueses de Francia, la apertura definitiva y completa de las fronteras no ha sido más que la ratificación de un antiguo estado de cosas, sin ningún efecto acelerador.
Se podrían desmentir estas constataciones con otros ejemplos, especialmente aquellos en los que la ausencia de inmigración masiva parece deberse a que han existido barreras. No pretendemos afirmar que los flujos migratorios potenciales no son nunca inmoderados, especialmente en los países en guerra. Pero cuando llega el caso, parece siempre que el “riesgo” aparece enormemente ampliado por la propaganda de las autoridades que creen poder basar toda la eficacia de su acción sobre el siguiente postulado: para disuadir a mil personas de inmigrar hay que hacer saber que se impedirá hacerlo a las cien primeras, o a la primera de esas cien. Esa es la tónica que adquiere la “acogida” de los refugiados argelinos en Francia. Las entrevistas con los inmigrantes recientes de ese país revelan que muy a menudo viven con la esperanza del regreso, que las actuales leyes sobre la entrada y la residencia se lo impedirán, claro está, en el momento decisivo, y que entre sus compatriotas, los candidatos al exilio son, sin que intervengan las dificultades futuras, infinitamente menos numerosos que lo que hace creer la paranoia oficial.

Apertura de fronteras y
amenazas sobre el derecho del trabajo

La cuestión de las posibles consecuencias de la libre circulación sobre el mundo del trabajo sigue siendo la más delicada y la más espinosa. Delicada porque el sentido común ha decretado, de una vez por todas, como evidencia, que sólo los ignorantes o malintencionados pueden poner en cuestión, que la inmigración es fuente de paro. Y delicada porque, aunque sea muy arriesgado hacer prospectiva, la apertura sin restricciones del mercado laboral a los extranjeros podría tener, en el orden económico actual, implicaciones peligrosas en lo referente a los derechos de la clase trabajadora en su conjunto.
Frente al mito según el cual los inmigrantes “roban el empleo a los franceses”, mito cuya difusión trasciende todas las opciones políticas, se nos ha ocurrido plantear que si se trata de establecer causas, el paro y la inmigración son dos consecuencias de una misma causa, a saber, la instauración de un modelo concurrente al trabajo contractual: el trabajo precario25. Los datos estadísticos oficiales resultan engañosos pues no dan cuenta más que muy imperfectamente de los empleos de corta duración o a tiempo parcial, y aún menos de los trabajos no declarados. Pero esos son los trabajos especialmente destinados a los inmigrantes, sean de la categoría jurídica que sean. Tanto en la construcción y las obras públicas, como en los otros sectores los inmigrantes son en cierto modo instrumentalizados en beneficio de una descontractualización que está conviertiéndose en modelo dominante. De manera que el trabajo clandestino aparece como un verdadero laboratorio de la flexibilidad generalizada26. La pasividad de los poderes públicos, fuera de las declaraciones y de algunas iniciativas para la galería, se debe al poder de los lobbies de los sectores concernidos, siempre dispuestos a invocar las exigencias del mercado y a quejarse de una estructura de costos en la que el peso del salario y de las cargas resulta excesivo. De manera que es importante que las autoridades represivas cierren los ojos ante las infracciones al derecho laboral, que son mucho más sencillas de realizar cuando los trabajadores están en un una situación jurídica precaria. Ésta es la razón que hace que la clase patronal no sea en su conjunto hostil a la inmigración: se inclina de manera natural y sin emociones hacia los trabajadores más baratos. Sin embargo es verosímil que un levantamiento total de las restricciones a los flujos migratorios introdujera divisiones en su seno.
La apertura de las fronteras podría generar dos tendencias teóricas aparentemente contradictorias, cuyo acoplamiento no se puede aislar de la previsible evolución entre los empleadores y el Estado. La primera sería una alza del precio del trabajo, impuesto por el cumplimiento del Código del Trabajo. De hecho, en las regularizaciones de 1981-82 se pudo observar cómo ciertos trabajadores que hasta entonces habían trabajado en negro, reclamaban un contrato y derechos salariales. Y, caso opuesto, en sectores como limpieza y hostelería se oye quejarse a los sindicatos de que los trabajadores en situación irregular hunden los salarios, de manera que su acción por la regularización adquiere el aspecto de una reconquista de los logros sociales. Este factor no es nada despreciable: los inmigrantes, convertidos en ciudadanos con todos los derechos, estarían mejor armados para defenderse contra la renta de situación que suponía para sus empleadores la exclusión jurídica. La segunda tendencia sería que, bajo la presión de una oferta creciente de brazos, los empleadores estarían en mejor situación para negociar los salarios a la baja, cosa que no podrían conseguir más que de dos maneras, por una nueva expansión del trabajo negro, o por una acción tendente a cuestionar el derecho laboral actual y, muy especialmente, el salario mínimo garantizado. Desde este punto de vista, la apertura de las fronteras dejaría tal como está el orden de cosas actual y no tendría más efecto que el de acelerar el proceso de precarización de la mano de obra. Proceso que nos “invade” con mucho más fuerza que los inmigrantes.
Pero la hipótesis optimista de un encarecimiento de los salarios a consecuencia de la abolición del estatuto, inmejorable para los empleadores, de “trabajador inmigrado” tiene serias consecuencias para las estrategias político-económicas de los empleadores. Con su habitual preocupación por mantener intactos los márgenes de ganancia, y con su inveterada tendencia a quejarse de la mala marcha (más ficticia que real) de los negocios, los empresarios echarían mano de varias salidas ante una mano de obra más exigente. La primera sería la tentación de llevar la producción a países de salarios bajos y bajo nivel de producción del trabajador. Este proceso está muy desarrollado ya en el sector textil industrial. Pero los sectores con alto porcentaje de extranjeros, como la construcción, los servicios, los trabajos agrícolas, e incluso la industria de la moda, no son muy adecuados, por su propia naturaleza, para la deslocalización. Salvo la eventualidad de que los empleadores abandonen el mercado nacional y lleven sus negocios a nuevos mercados mundiales, cosa que parece bastante ilusoria (las maquilas del norte de México no han frenado para nada el paso del Río Grande, surtidor de mano de obra para las plantaciones y las industrias del sudoeste americano)27. Por razones análogas podemos descartar igualmente la hipótesis de una modernización creciente del aparato productivo.
Quedarían, pues, para los empleadores tres soluciones no excluyentes: implorar el maná público, sustituir a los trabajadores inmigrantes por residentes fragilizados por la situación económica, o finalmente, trabajar por eso que, a menudo erróneamente, se viene llamando la desreglamentación del derecho laboral.
La dedicación a cosechar las rentas ofrecidas por el Estado hace ya tiempo que, con la ayuda de la crisis, se ha convertido en actividad tradicional de la patronal francesa. Desgravaciones fiscales, exoneración de cargas empresariales, ayudas a la creación de empleo y primas al consumidor forman una panoplia legal que aun en la actual coyuntura de cierre oficial de fronteras, disfraza enormes transferencias de fondos de la hacienda pública al sector privado. Pero esta solución, en un país donde las autoridades admiten que la presión fiscal alcanza el umbral de lo aceptable, alcanzará pronto sus límites, tanto más cuanto que será incompatible con la fórmula keynesiana de relanzamiento del consumo, otra de las reivindicaciones de la patronal.
Quedan, pues, dos opciones complementarias, que por otro lado tienen ya hoy tal presencia que cabe preguntarse si la irrupción de nuevos inmigrantes tendría realmente mucha influencia28. Por una parte estaría el recurrir a yacimientos de mano de obra que el subempleo coloca en situación especialmente desfavorable. Si la patronal ha renunciado a toda esperanza de poner a trabajar a ciertas categorías de personas, principalmente entre los jóvenes marginalizados de los barrios pobres, le queda la posibilidad, gracias al progreso de la teoría del trabajo a tiempo parcial y gracias a una legislación especialmente flexible (y ni aun así respetada) del aprendizaje, de echar mano de las mujeres y de los niños. El considerable crecimiento del trabajo de estos últimos en Gran Bretaña, a la sombra del thatcherismo, indica que no se trata de una hipótesis exagerada29. A esos nuevos yacimientos se añaden los mercados cerrados de trabajadores en el propio seno de las comunidades inmigrantes: las subcontratas a los modistos chinos han permitido contener los costes de producción en el sector de la moda, del mismo modo que algunas tramas de empleo por nacionalidad para los subcontratistas de la construcción. Lógicamente, a menudo en un contexto de trabajo clandestino30. Quedaría por otro lado pedir al legislador que acelere el proceso de “desreglamentación” iniciado (aunque de hecho es una sobre-reglamentación) por sucesivos apéndices derogatorios del Código de Trabajo. Así, en el marco de un retroceso progresivo del derecho, una presión migratoria creciente sería una bicoca que permitiría una disminución progresiva de las diferencias salariales entre el precio del trabajo en Francia y en los países dominados.
Esta evolución posible podría considerarse como la combinación orgánica y duradera de dos fenómenos: por un lado, el blanqueo del trabajo negro a través de la eliminación de las garantías contractuales del trabajador, y por el otro, la persistencia del trabajo clandestino propiamente dicho. No olvidemos que se está instalando un vacío jurídico, y sobre todo práctico, alrededor de ciertas formas de trabajo en pleno auge. El falso trabajo temporal, el falso trabajo independiente, la cesión de mano de obra disfrazada de subcontrata, el trabajo en “prácticas", etc., que resultan difícilmente identificables y más difícilmente sancionables de manera sistemática, son en realidad, por su progresión, avanzadillas de situaciones que siendo hoy tétricamente sancionables pueden convertirse en legales mañana. Si eso sucede, significará que, el mercado de trabajo de mañana no resultará mucho más atractivo para los candidatos a la libre emigración que lo que viene siendo hoy en día.
Pero estas consideraciones significan para nosotros que no tendría sentido reclamar la apertura de las fronteras sin ampliar simultáneamente esa reclamación a la instauración de un derecho del trabajo realmente contractual e idéntico para todos. Esta preocupación viene a unirse a la que hemos evocado en lo concerniente a la lucha contra la doctrina neoliberal. En realidad, si en materia de inmigración los defensores de los derechos humanos están prisioneros de contradicciones que les hacen aparecer a menudo como irrealistas o intelectualmente poco honrados, es porque precisamente se hacen la ilusión de poder ceñirse a la cuestión de los derechos de los extranjeros cuando, en realidad, la política migratoria de este país no puede ser disociada de la política global. Derogar a la vez las leyes Pasqua y los últimos jirones de un Código del Trabajo ya muy tocado en algunos de sus principios más justos no significaría obtener un bien a cambio de un mal sino la señal de una regresión inmensa. Es urgente, pues, abandonar una visión aislada del problema migratorio que lleva a apoyar, aunque sea sólo en su parte defensiva, las orientaciones actuales de la economía.
29 de septiembre de 1996

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