La irregularidad sigue haciendo sufrir a mucha gente, y no es un problema marginal

Repaso a las políticas de inmigración y extranjería en 2007

SOS Arrazakeria. Enero 2008

Mugak. En este repaso a las políticas de inmigración y extranjería del pasado 2007 podemos empezar por la repercusión de la incorporación de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea.

Agustín Unzurrunzaga. Es, sin duda, uno de los temas relevantes, que ha supuesto la regularización de cientos de miles de personas aunque con límites. De hecho, hasta el año 2009 serán comunitarios a medias, comunitarios sujetos a moratoria. Se incorporaron el 1 de enero de 2007, pero sin poder obtener automáticamente la autorización para trabajar por cuenta ajena, pues están sujetos a una moratoria de dos años, que ha sido ratificada a primeros de enero de 2008. Por tanto, hasta el 1 de enero de 2009 no serán comunitarios completos, o con todos los derechos que tienen el resto de personas comunitarias.
En cualquier caso, su acceso a la residencia y a la posibilidad de trabajar como autónomos es muy sencillo. Otra cosa son las dificultades, en general muy grandes, para trabajar efectivamente como autónomos, dado que la cuota mínima que se paga a la Seguridad Social es muy alta y que hay que hacer frente a gastos de tipo administrativo (declaraciones trimestrales de IVA, etc). Hacer frente a todo eso requiere tener ingresos mensuales relativamente altos. Ello hace que, en la práctica, esa autorización para trabajar como autónomos no tenga gran relevancia.
Otra dificultad práctica que tienen es que la tarjeta que les dan dice de forma expresa que no pueden trabajar por cuenta ajena. Así, aunque tienen la autorización para residir, cuando van a pedir un trabajo, se encuentran con que la documentación que llevan dice expresamente que no pueden trabajar. Es un handicap que se puede solventar de forma relativamente sencilla, pero que requiere que el empresario esté dispuesto a hacer un contrato de trabajo que para entrar en vigor requiere hacer el trámite administrativo previo de solicitar la autorización para trabajar en la Subdelegación del Gobierno. Eso implica que la incorporación legal al puesto de trabajo no es inmediata, que hay que esperar a la resolución administrativa.
Estas dificultades de orden político y administrativo hacen que miles de personas, aunque sean residentes legales, se encuentren en situación socio laboral precaria o muy precaria. Otra cuestión diferente son las personas de nacionalidad rumana cuyo proyecto migratorio está relacionado con el trabajo marginal, con la recuperación de materiales en las basuras y la chatarra. Es muy difícil cuantificarlas, aunque, en conjunto, creo que son pocas. Otra cosa es que sean muy visibles, pues andan con sus carros recorriendo las ciudades. Pero, insisto, su número creo que es pequeño.

También se ha regulado por decreto la residencia de las personas comunitarias y sus familiares en España.

A.U.Se trata del Real Decreto 240/07 que sustituye al 178/2003, y tiene algunas novedades de importancia: el tema de las parejas de hecho; la desaparición de la tarjeta de residencia de comunitario y su sustitución por un certificado; la residencia permanente de comunitario; la regulación discriminatoria de la reagrupación familiar para las personas que tengan o hayan adquirido la nacionalidad española; las separaciones y divorcios…

En aplicación de la correspondiente Directiva Europea, se incorpora en ese R.D. el que se documentarán como familiar de comunitario a la pareja de hecho debidamente registrada. El derecho se reconoce, pero por una trapacería administrativa se dificulta su concesión. En efecto, como aquí hay registros autonómicos de parejas de hecho y no un registro central, no conceden la autorización de residencia a la pareja de hecho, se la deniegan, aunque si recurre acaban dándosela. En el fondo, es un problema administrativo del propio Estado, pero del que resultan perjudicadas las personas, a las que, por un lado se les concede el derecho y, por otro, se les deniega cuando lo reclaman.
En cuanto a la sustitución de tarjeta por un certificado, es un problema administrativo, pero del que la gente se queja, pues tienen que andar con un papel y con su pasaporte, y el papel es como si fuese algo que no da confianza. Y con respecto a la reagrupación familiar de los ascendientes, lo menos que se puede decir es que han hecho una chapuza. Las personas que han adquirido la nacionalidad española tienen más dificultades para reagrupar a sus ascendientes que las personas comunitarias. Tienen que utilizar el sistema del régimen general de extranjería demostrando la dependencia económica y las razones que justifican la reagrupación. El sistema que han establecido ha sido criticado por el Defensor del Pueblo, que ha hecho las recomendaciones para que lo modifiquen. En el fondo, es un sistema por el que las personas que tienen nacionalidad española están discriminadas con respecto a las procedentes de otros países de la Unión Europea.

Y qué decir de la carta de invitación

A.U. Que se ha modificado el sistema. Antes, la carta de invitación se hacía mediante acta notarial, que se enviaba a la persona interesada para que con ella pidiese el visado. Su concesión quedaba en manos del Consulado español correspondiente. Actualmente la carta de invitación es un expediente que se inicia en la comisaría de policía. Se rellena un impreso de solicitud con los datos de quien invita y de la persona invitada. A quien invita se le pide que acredite la disposición de vivienda, grado de parentesco o tipo de relación con la persona invitada y el motivo del viaje. También se le piden, junto con los datos identificativos de la persona invitada, datos relativos a donde vive en el país de origen. A su vez se le advierte que es delito facilitar el tráfico de personas. Al final hay una resolución, favorable o desfavorable. En definitiva, como la propia exposición de motivos de la norma lo decía, el sistema implantado pretende disminuir el número de peticiones y controlarlas más. El trámite administrativo se complica, hay que ir a la comisaría de policía… Todo ello disuade y dificulta.

También hemos asistido a la obligatoriedad de visado para las personas provenientes de Bolivia.

A.U.Pues sí. Hasta abril de 2007 Bolivia era uno de los países de América Latina que no necesitaba visado para venir a España. Desde el 1 de abril se le obliga a solicitar visado para entrar en cualquier país de la UE. Lo mismo que antes ocurrió con Colombia y con Ecuador, la consecuencia es que dificultará las salidas de allí. Por otro lado, uno de los efectos más dramáticos es que hay bastantes personas de Bolivia que tienen hijos y que los han dejado en su país. Antes los traían y se quedaban en situación irregular, pero ahora no lo pueden hacer, y tienen que seguir todos los trámites de la reagrupación familiar. La comunidad boliviana es la cuarta más importante en la CAPV, y son los quienes tienen un mayor índice de irregularidad.
Vista la secuencia con Colombia, Ecuador y Bolivia, no sería extraño que en un plazo, difícil de determinar, se implantase el sistema de visados también para los países de América Central. Es claro que su implantación depende del flujo migratorio, del número de personas que cogen España como destino migratorio. Y aunque la procedencia de América Central es menor que de América del Sur, es un hecho que está creciendo quienes provienen de Nicaragua, Honduras y Guatemala. De El Salvador sigue siendo totalmente marginal.

Significativas, por su orientación, han sido las propuestas de Coalición Canaria.

A.U. Significativas y preocupantes. Coalición Canaria. presentó en el Senado una propuesta de modificación de la Ley de Extranjería, que incluía modificaciones en materia judicial, como la creación de juzgados específicos. La propuesta era un compendio de revisión en sentido más retrógrado de la legislación actual, afectando de forma muy acusada a todo el ámbito de la irregularidad, de la estancia irregular. Las consecuencias de la irregularidad serían la inhabilitación práctica para pasar a situación regular (desaparecería el sistema actual de arraigo, por ejemplo), cuyos efectos se extenderían hasta la imposibilidad de adquisición de la nacionalidad. Al mismo tiempo, proponía reforzar todos los mecanismos para expulsar, así como ampliar el tiempo de encierro en los Centros de Internamiento, pasando de 40 a 70 días. La creación de una jurisdicción específica de extranjería que Coalición Canaria proponía, es algo que también se está abordando en otros países de Europa, como Francia. En este último país se plantea seguir el modelo de la jurisdicción laboral, o se justifica la propuesta sobre la base de la existencia de una jurisdicción laboral.
Esa lectura retrógrada, carca, de la actual normativa (que ya lo es fuertemente) contó con el apoyo decidido del Partido Popular y de Convergencia i Unió y del apoyo tibio, justificado en base a la politesse parlamentaria, del PNV. Votaron en contra PSOE, I.U. y Esquerra Republicana. Con los apoyos que concitó, pasó el trámite.
La legislatura se ha acabado, pero esas propuestas están ahí. Ya se han discutido una vez, y de una manera u otra pueden seguir planteándose. Es evidente que una parte de la representación parlamentaria quiere endurecer todavía más las leyes de extranjería, y que Coalición Canaria juega el papel de punta de lanza. Se presenta como la gran víctima de la irregularidad, de la entrada irregular de inmigrantes, quien más sufre las consecuencias de una irregularidad desbocada ejemplificada en los cayucos. Y todos los partidos le siguen el juego (unos a fondo y otros de forma más matizada, pero todos ellos diciendo que pobrecitos, que hay que entenderlos en su “desesperación”), como si la llegada de cayucos a Canarias justificase cualquier barbaridad en materia de inmigración y extranjería.

Al menos, contamos con unas Sentencias alentadoras del Tribunal Constitucional sobre la Ley 8/2000.

A.U. La Ley 8/2000 reformó la ley 4/2000 y, a su vez, fue reformada por la ley 14/2003, que es la que actualmente está en vigor. Más exactamente, lo que actualmente está en vigor es la Ley 4/2000, reformada por la Ley 8/2000 y reformada por la Ley 14/2003. La Ley 8/2000 fue redactada por el PP cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta, y contra la misma se interpusieron diversos recursos de inconstitucionalidad. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios de sus artículos o partes de artículos, más específicamente los que hacían referencia a los derechos de sindicación y huelga, reunión y manifestación, y asociación de las personas que se encontrasen en situación administrativa irregular. El Tribunal Constitucional sigue considerando que a las personas en situación administrativa irregular se les deben reconocer derechos básicos de cualquier persona. Con todos los límites que tiene, es importante que se reconozca que son sujetos de derechos básicos.
Cuando salió la sentencia en la que se les reconocía el derecho de sindicación y huelga, el Diario Vasco planteó como pregunta para sus lectores, en esa especie de encuesta que suelen hacer sobre cuestiones de actualidad. El problema es que la inmensa mayoría, el 83% votaron en contra. Desconozco cuál es la representatividad de esas encuestas que hacen los periódicos entre sus lectores, pero no deja de ser significativo el porcentaje tan alto que votaba en contra de lo que decía y reconocía el propio Tribunal Constitucional.

Y lo que no cambia es la persistencia de la irregularidad.

A.U. La irregularidad, su persistencia en unas cifras altas, prácticamente ha desaparecido como problema de los medios de comunicación. A ello ha contribuido la regularización extraordinaria de 2005, la entrada de Rumania y Bulgaria en la UE en enero de 2007, y las repetidas declaraciones del Ministro de Trabajo Jesús Caldera en el sentido de que es un problema controlado. Sin embargo, la irregularidad está ahí, y en cantidades muy importantes. No es cierto que la regularización especial de 2005, con ser importante, resolviese el problema. Esa regularización dejó alrededor de un millón de personas en situación irregular. Y la disminución producida durante 2007 no se ha debido a que los mecanismos para absorberla, régimen general, arraigo social y arraigo laboral hayan funcionado maravillosamente, no. Su disminución ha venido dada por la entrada de Rumania y Bulgaria en la UE, tal y como hemos hablado al principio.
La irregularidad está ahí, haciendo sufrir a mucha gente, y no es un problema marginal. Hoy se concentra, fundamentalmente, entre las personas procedentes de América Latina: Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay… y en menor medida entre las personas provenientes de África, Argelia, Senegal y Marruecos. Tendremos una idea más acabada cuando el INE publique los datos correspondientes al padrón a 31 de diciembre de 2007, pero con los que disponemos, creo que podemos concluir que la irregularidad sigue siendo un problema muy serio. Como muestra, el 22-12-07, el Diario Vasco, en un editorial sobre temas de inmigración, la cifraba en 670.000 personas.
Ligado a lo anterior están los sistema de regularización, el arraigo laboral y el arraigo social. En el balance del año pasado ya decíamos que el arraigo laboral había fracasado. Este año tenemos que confirmar el fracaso: el arraigo laboral, tal y como hoy está diseñado, ha fracasado totalmente. En el caso de Gipuzkoa, del 1 de enero de 2007 hasta 31 de octubre de 2007 no se había presentado ni un solo expediente de arraigo laboral.
Durante 2007 se ha utilizado en cantidades significativas el arraigo social y seguirá haciéndose durante 2008. Pero aunque se utilice bastante, no podemos olvidar que este tipo de arraigo se basa en la acreditación de una estancia irregular de 3 años, que sigue siendo un tiempo muy largo. Recordar que en la ley 4/2000, votada sin el acuerdo del PP, el tiempo de arraigo era de dos años. Eso se eliminó con la Ley 8/2000, cuando el P.P. consiguió mayoría absoluta.

Y están los problemas de la reagrupación familiar.

A.U. Los problemas persisten y son, en muchos casos, muy graves. Los problemas afectivo relacionales de las personas extranjeras extracomunitarias son muy importantes. En la encuesta publicada en un texto del profesor de sociología de la Universidad de A Coruña Antonio Izquierdo, a la pregunta de “qué echa más de menos en España”, el 80% responde que a su familia, el 45% a los amigos de su barrio, el 37% las fiestas, el 23% poder practicar la religión con comodidad, y el 13% oír o hablar en su lengua. En definitiva, que se echa mucho, muchísimo más de menos lo afectivo que lo cultural.
Para poder abordar la reagrupación de sus familiares tienen que tener el segundo permiso de trabajo y residencia y, a su vez, disponer de medios de vida suficientes y vivienda suficiente. Si tenemos en cuenta cómo funcionan los procesos migratorios reales, más allá de que lo dice la letra de ley, vemos que un porcentaje muy alto de las personas extracomunitarias pasa por períodos de irregularidad relativamente largos (tres años mínimo para todas las que piden la autorización de residencia por arraigo social, por ejemplo), y que para cuando pueden abordar la reagrupación llevan aquí, tres, cuatro y cinco años. A lo anterior se añade la dificultad de cuadrar las cuentas entre lo que ganan y lo que gastan en concepto de alquiler de la vivienda, donde les tienen que quedar un sobrante equivalente al salario mínimo interprofesional, 600 euros durante 2008, para reagrupar al primer familiar y unos 100 euros más por cada familiar de más. Así, para reagrupar al cónyuge y a dos hijos, necesitan un sobrante, hecha la cuenta de restar al salario percibido lo gastado en concepto de alquiler de la vivienda, de 800 euros. Con el tipo de alquileres que hay en Gipuzkoa, lo anterior implica ganar entre 1.400 y 1.500 euros mensuales. Y eso es un imposible para quien trabaja como empleada de hogar o en hostelería, donde esas dos categorías tienen un salario mensual de 1.225 euros. Y aunque la Subdelegación del Gobierno admite como ingresos los procedentes del trabajo en negro, mirando para otro lado (acreditados mediante certificación o como ingreso periódico bancario), muchas veces es muy complicado.
Es una gran carencia y es difícil satisfacerla. Para poder hacerlo, es necesario, en muchos casos, tener dos empleos, aunque uno sea en negro, o trabajar horas extras y acreditar el ingreso como mínimo como ingreso bancario. Ello obliga, en ocasiones, a abordar la reagrupación a plazos, primero el esposo o la esposa, o el hijo o la hija mayor. Por tanto, a la separación prolongada se le añade la dificultad para cuadrar las cuentas, o la necesidad de cuadrarlas mediante el recurso a la pluriactividad. Hay problemas emocionales, afectivos y económicos. La reagrupación es un momento de alegría y miedo después de una separación prolongada. A los hijos se les impuso quedarse en el país y ahora, unos cuantos años después, se les impone venir a un sitio desconocido, donde tendrán que rehacer todo su mundo relacional, con sus padres y en el entorno escolar y en el barrio o pueblo. Eso, miremos por donde lo miremos, no resulta fácil hacerlo. Y creo que está en el origen o forma parte de los diferentes problemas que se están dando en las relaciones familiares de las personas extranjeras extracomunitarias.
A mediados de julio de 2007, el presidente Correa, de Ecuador, visitó España. En la entrevista que tuvo con Zapatero, según decían las reseñas de prensa, uno de los temas abordados fue el de la reagrupación familiar, que en el caso de Ecuador supone un auténtico problema de ruptura de los núcleos familiares, en la que los hijos se crían con los abuelos. Según esas mismas reseñas, Zapatero, en uno de esos falsos arrebatos sentimentales que suele tener, pero que son reflejo de un problema muy real, decía que era desgarrador que haya separaciones que duran siete u ocho años.
En el editorial del 22 de diciembre pasado del Diario Vasco, titulado “Frentes migratorios”, se hacía mención al problema de la reagrupación familiar. El periódico la veía desde otro ángulo, desde el económico, o desde la relación con el mercado de trabajo. Señalaba que en España hay 700.000 extranjeros y extranjeras casados que podrían reagrupar a sus familiares, y que si lo hiciesen, desajustarían seriamente el mercado de trabajo. Éste es un ángulo que también lo viene señalando el sindicato CC.OO. que, propone, abiertamente, poner más barreras y dificultades a la reagrupación.

Lo que nos lleva a los problemas socio laborales.

A.U. Lo venimos señalando desde hace tiempo, pero tenemos que seguir insistiendo en ello. El sistema actual de permisos de trabajo y residencia temporales crea, construye, un tipo de trabajador y de trabajadora socio laboralmente muy frágil, dependiente de los avatares del mercado de trabajo y de una sobrecarga administrativa, dependencias que se alimentan mutuamente y acrecientan su debilidad. Ese tipo de trabajador más dependiente, más frágil, es una construcción social, es algo buscado y querido, en el que se juntan cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo y su condición de mano de obra, con los rollos patateros de la nación y el Estado, y su condición de extranjero o extranjera. El Estado, de forma más o menos clara y evidente, se coloca en el papel de protector de la mano de obra autóctona, protección puesta en causa en la vida diaria por el funcionamiento del mercado de trabajo, pero real en algunos aspectos frente al extranjero, al que se le hace depender de una autorización para trabajar. Sigo pensando que éste es un tema poco y mal abordado por los sindicatos y por el movimiento obrero en general. El movimiento obrero no está poniendo la idea de igualdad en primer plano, la idea de acabar o limitar al máximo la competencia entre trabajadores a partir de las condiciones desiguales de existencia y de derechos diferentes, menores en el caso de los extranjeros. Sigue planteando la idea de protección de una parte, haciendo valer su capital biológico, el ser autóctono, y no de igualdad, de igualdad de derechos. El problema no es sólo que vengan con un contrato de trabajo, sino que su existencia y sus relaciones laborales no dependan de un permiso, de una autorización que se añade a su contrato de trabajo.

Recientemente hemos asistido a nuevas discriminaciones en materia de política social.

A.U. Durante 2007 han entrado en vigor el cheque bebé y las ayudas para el alquiler de las viviendas de las parejas jóvenes (esta última ya empezado 2008). Con todo lo discutibles que puedan ser como medidas sociales, en su regulación son abiertamente discriminatorias para las personas extranjeras. En el primer caso tienen que tener dos años de residencia legal y, en el segundo, tienen que tener un permiso de residencia permanente.
La primera medida es abiertamente pronatalista, prima tener hijos para hacer que se normalice la tasa de reposición demográfica. Las parejas extranjeras extracomunitarias son las que en porcentaje más aportan en este sentido, y es a las que se les exige un tipo de condición no exigida al resto.
En el segundo caso, la exigencia de un permiso de residencia permanente es una auténtica pasada. Si tenemos en cuenta lo dicho antes, nos daremos cuenta que para acceder a un permiso permanente, normalmente se tarda bastante más que los cinco años que establece la ley. En este segundo caso, además, se pone de manifiesto los límites y contradicciones que tienen el Gobierno Vasco y sus planes de inmigración. Estos planes hablan de ciudadanía inclusiva, de igualdad, de superar la irregularidad y cosas por el estilo. Pero, a las primeras de cambio, son incapaces de ir más allá de lo que la norma discriminatoria proveniente del Estado le impone. Una vez más, entre el discurso del Gobierno Vasco, de la Consejería de Bienestar Social, y la realidad hay un trecho muy grande. Y lo actual se añade a los límites que ya criticamos en lo relativo al empadronamiento por omisión o retroactivo, y a los límites sobre la revisión padronal bianual para las personas extranjeras sin permiso de residencia permanente.

+Ley de Memoria Histórica ha revisado las condiciones para adquisición de la nacionalidad.*

A.U. En la Disposición Adicional séptima de esa ley se ha incluido la cuestión de la opción por la nacionalidad española para las personas cuyo padre o madre hubieren sido españoles de origen. También se reconocerá ese derecho a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Éste era un tema que las asociaciones de emigrantes españoles en algunos países de América Latina, México, Argentina, Uruguay, lo venían exigiendo desde hace tiempo. De todas formas, aunque ya se ha puesto negro sobre blanco, su entrada en vigor se demorará un año, hasta el 27 de diciembre de 2008, y los hijos y nietos tendrán dos años para solicitar desde la entrada en vigor de la susodicha disposición adicional, es decir, hasta el 27 de diciembre de 2010. Este plazo puede ser ampliado, por acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el límite de un año.

En la Frontera Sur destacan los esfuerzos dedicados a la contención de la inmigración procedente de África.

A.U. Aunque la tensión mediática ha disminuido con respecto al año anterior, los problemas siguen ahí. Y siguen los objetivos: impedir que la gente salga, impedir que la gente entre y si entran expulsarlos cuanto antes. Lo fundamental de la política con relación a África no ha variado, a pesar de que se han hecho ciertos acuerdos en el terreno de la cooperación y la educación para encauzar una pequeña parte de la emigración africana, y se han puesto más consulados. El Plan África sigue ahí y en el mismo las prioridades con respecto a la inmigración de ese continente son las de contención, las de cómo impedir que salgan, utilizando los procedimientos que sean necesarios, incluso los de muy dudosa legalidad. Y lo discutido en Lisboa a finales de 2007 entre la Unión Europea y el grueso de los países africanos sigue en esa tónica.

El informe del Ministerio del Interior sobre el balance de 2007, publicado en la primera quincena de enero de 2008, es muy ilustrativo al respecto. Está muy claro que los esfuerzos fundamentales son:
- Los acuerdos de repatriación con Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Cabo Verde, Ghana y Gambia
- Las agregadurías de Interior en Mauritania, Senegal, Malí, Guinea Bissau, Guinea Conakry y Cabo Verde.
-El FRONTEX
- Las operaciones HERA con barcos y aviones
- El SIVE (Servicio Integrado de Vigilancia Exterior), que abarca la totalidad de la costa andaluza y que en 2008 se extenderá a Tenerife, La Gomera y El Hierro. En 2009 se prevé desplegar en Valencia, Alicante, Murcia e Ibiza
- El sistema API (Información Avanzada de Pasajeros), que entró en vigor a mediados de marzo de 2007. Hay 94 compañías aéreas y 5 navieras que aportan los datos de los pasajeros al Ministerio del Interior. Entre marzo y octubre se comprobaron los datos de 59.035 vuelos y 2.377 transportes marítimos y los datos de 9.378.280 pasajeros.
Lo fundamental es la contención, y en el marco de esa contención se regularán ciertas entradas. Y aunque se hayan abierto más consulados, el funcionamiento de los mismos sigue siendo tan prepotente y desconsiderado con las necesidades y los derechos de las personas como era hasta ahora. El Gobierno presenta la externalización de las fronteras como algo que no representa ningún problema en el ámbito humanitario, ni en legal ni en el político. Pero en los tres hay problemas, y muy serios.
La política de externalización, la política de la “raya y el círculo”, creo que puede ser calificada como de abiertamente contraria al espíritu y a las letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De facto se está negando el derecho a salir de determinados países africanos, los de la costa occidental, desde Marruecos hasta Ghana.
En lo que hace a los problemas legales de la aplicación de esa política, en la intervención que la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo hizo el 6 de noviembre de 2007 ante la Subcomisión de inmigración creada en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, decía que era necesario reflexionar “sobre la creciente tendencia a la externalización de los controles migratorios. Hoy las fronteras marítimas, el control fronterizo y las operaciones contra la inmigración irregular se están alejando de nuestro territorio y eso plantea diversas cuestiones: ¿cuál es el estatuto de nuestras fuerzas de seguridad en territorio extranjero? ¿quién es el responsable material de las decisiones que allí se adopten? ¿cómo hacemos compatible todo esto con la obligación de protección internacional que tenemos en virtud de las normas internacionales y de nuestro derecho interno? Son cuestiones que tenemos la obligación de abordar con seriedad, pues de lo contrario acabaremos actuando por la vía de los hechos y ello generará problemas, tanto de naturaleza bilateral como internos”
¿Se sitúan las fronteras de España en Mauritania, en Senegal o en Malí? ¿Hay que subvencionar al Ministerio del Interior marroquí para que actúe contra la emigración de más al sur que pasa por su territorio, y hay que mirar para otro lado cuando se cometen verdaderos desmanes contra las personas? ¿Hay que seguir subiendo la altura de las vallas de Ceuta y Melilla? ¿Hay que seguir exigiendo visados a todas las personas provenientes de África para entrar en Europa? La frontera con África está fundamentalmente gestionada desde la exclusión y la contención. Y los acuerdos de cooperación y los viajes de Jesús Caldera, Ministro de Trabajo, y las ayudas para la formación profesional en Senegal o en Malí no cambian ese contenido esencial. Mientras lo esencial sea la contención, que no salgan, que no entren y que les expulsemos lo más rápidamente posible, esa frontera seguirá siendo un lugar de muerte, una frontera de muerte.

Precisamente el Gobierno saca pecho al hablar de expulsiones.

A.U. El año pasado dábamos cuenta del incremento del número de expedientes iniciados, sobre todo en Irún. Esa tendencia sigue y, lo mismo que antes, muchas expulsiones siguen sin ejecutarse, con la consecuencia de impedir la regularización de la persona afectada por el tiempo de prohibición de entrada y el plazo de prescripción de la sanción. De todas formas, sí hay que señalar que, en 2007, ha salido un buen número de sentencias que dicen que la sanción de expulsión por el sólo hecho de encontrarse en el país en situación administrativa irregular, es excesiva, que a esa situación no corresponde la expulsión, que debe ser sancionada con una multa y no con la expulsión. El problema que tenemos es que, muchas veces, las personas afectadas no siguen el procedimiento hasta el final: pierden el contacto con el abogado o la abogada del turno que les ha sido asignado, no siguen encima del asunto, y acaban con órdenes de expulsión que se podían haber evitado. Hay que insistirles mucho en que sigan en contacto con el abogado asignado, que se preocupen de saber en qué fase está su procedimiento, que si cambian de teléfono móvil o de dirección le avisen al abogado. A veces, dada su propia inestabilidad, no es fácil. Pero hay que insistir en que los procedimientos contra las expulsiones por estancia irregular pueden ser ganados.

Y qué hemos tenido de particular en el terreno de la Enseñanza

A.U. Éste ha sido el año de los porcentajes o cuotas máximas de alumnos extranjeros extracomunitarios en las escuelas de la CAPV. El consenso parlamentario al que han llegado es muy grande. Todos los partidos están de acuerdo, los de derechas y los de izquierdas, los nacionalistas y los no nacionalistas: los alumnos y alumnas extranjeras son portadores de un grado de “maldad” que hay que limitar estableciendo unos porcentajes en las escuelas. Obviamente, todo ello aderezado con los cantos a lo enriquecedora que es la diversidad, con discusiones terminológicas sobre si son alumnos extranjeros o alumnos recién llegados. Resulta alucinante, pero es real. Que a todos les parezca de maravilla, que nadie haya puesto ninguna objeción (las discusiones giraban sobre el porcentaje a establecer, no sobre la propia idea de establecer un porcentaje), ninguna cautela, es muy revelador del patio político que tenemos en esta materia. Ningún análisis serio sobre las causas múltiples que causan las concentraciones. Ningún análisis serio sobre las múltiples experiencias de porcentajes, bussing y cosas por el estilo que ha habido ya en muchos sitios y los límites que tienen y los problemas que generan. Mi impresión es que vamos a estar más solos que la una a la hora de criticar los aspectos más problemáticos de esa manía de poner el acento en las medidas de tipo administrativo y, por lo que conozco, fuera del STEE-EILAS, no vamos a tener apoyos al respecto. Pero hay que seguir insistiendo en lo problemático de la medida, en que se basa en un punto de vista que legitima la discriminación en función del origen nacional del alumno o de sus padres, en la falta de cautelas.

En parte ligado con lo anterior y también con el tema del euskara y la inmigración y la pluralidad de lenguas existentes en la CAPV, está apareciendo el tema del multiculturalismo y la relación del multiculturalismo con los derechos humanos.

A.U. Todavía es un problema muy cincunscrito a círculos pequeños, más bien académicos, pero me da la ligera impresión de que va a tener más proyección en el futuro. Mi impresión es que si durante tiempo hemos tenido un empacho de interculturalidad, del uso y el abuso de esa expresión, sin saber muy bien qué se quería decir con ella, sin explicarla, convirtiendo toda situación en intercultural por el hecho de que hubiere personas de diferente origen, podemos tener en el futuro más de lo mismo, pero con la expresión multicultural. Todo lo que se está moviendo alrededor del euskara y la inmigración y la pluralidad lingüística existente, va en esa dirección, sin que, a mi juicio por lo menos, haya un análisis mínimamente serio de sus múltiples significados y problemas.
Algo por el estilo pasa con los Derechos Humanos. Me parece que se han convertido en una especie de gran marco que todo lo define y engloba y, por decirlo suavemente, no acaba de convencerme. Los Derechos Humanos tienen una historia y han adquirido mayor importancia a partir de que las aspiraciones a lo que Bauman llama justicia social sustantiva, o política igualitaria o de transformación social profunda está atravesando una crisis muy profunda. Sirven para algunas cosas, incluso muy importantes, pero ahí no se acaban las cosas, y menos en materia de inmigración y diversidad y políticas de reconocimiento. Hoy, en algunos textos, se hace una identificación entre multiculturalismo y derechos humanos. Pero, tanto sobre la primera como la segunda parte de la ecuación me parece que habría bastante que decir. Creo que vale la pena que veamos estas cosas con cierta calma, sin exagerar su importancia, pero sí teniendo en cuenta por dónde soplan algunos nuevos vientos.

Los Menores han sido también uno de los temas estrella.

A.U. Ha sido un tema muy importante durante 2007, y previsiblemente lo será en años venideros. Pero teniendo en cuenta que en unos días vamos a hacer público el Informe sobre su situación que se viene elaborando desde el Grupo de Trabajo con Menores de SOS Racismo, pues casi mejor nos remitimos a lo que aparecerá en el mismo y a las propuestas que ahí se hagan.

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