Ciudadanos europeos, metecos y esclavos

Ciudadanos europeos, metecos y esclavos

Juan Luis Arandia Bajils
Escritor y periodista

Asistimos en estas últimas semanas a un debate escandaloso acerca del proceso de regularización para inmigrantes, que abrió el gobierno el pasado 7 de febrero. Sonroja escuchar y leer las declaraciones de una furibunda derecha que, bien a través de sus organizaciones políticas o de medios de comunicación afines, no duda en ofrecer una imagen distorsionada de los extranjeros que no han podido hasta ahora disponer de la documentación necesaria para residir en España legalmente. Muchos de estos mensajes alarmistas que se han dedicado a perorar a los cuatro vientos llevan velados el veneno de la xenofobia y el odio.
Asimismo, el PP acusa al gobierno de practicar una política electoralista con esta regularización, y desde la Moncloa se le responde con toda naturalidad que su crítica es espuria pues los de Rajoy ya saben que disponer de un permiso de trabajo no da derecho de ningún modo a votar en las convocatorias electorales.
Mientras, muchos de estos inmigrantes han comenzado a comprender qué era lo que se esperaba de ellos en sus respectivas empresas: trabajo silencioso y docilidad. En el momento que han demandado a su patrono su regularización se han visto en la calle. La economía sumergida para el trabajador tiene estas servidumbres: si quieres emerger de la ciénaga corres el riesgo de quedarte sin agua. Y es que en el tejido empresarial español hay sin lugar a dudas mucha gente honesta, pero me temo que los pícaros se prenden en él más de lo que sería deseable.
No parece que dejar a la voluntad del patrono la regularización de sus empleados sea el modo más idóneo para solucionar este problema. Una inspección de trabajo competente sería la mejor garantía para evitar arbitrariedades de todo tipo y dramas personales. Pero, ¿cómo confiar en un organismo que hasta ahora ha permitido por falta de recursos, desidia burocrática u omisión que más de un millón de extranjeros trabajen sin ninguna garantía en España?
Al mismo tiempo, nuestros oídos han sido regalados con los acordes más bellos y seráficos acerca del Tratado Europeo que recientemente hemos ido a votar, la constitución ciudadana, como se ha llegado a definir. Pero sólo los nacionales de los estados miembros disfrutarán de sus ventajas. Más de 15 millones de personas en toda la Unión Europea quedarán excluidas de participar en los asuntos públicos de su comunidad.
En la práctica corremos el riesgo de construir una Europa con una profunda segmentación social diferenciada en derechos y privilegios; una pirámide que se levanta invertida, fragmentada y policial, lo que llevará aparejado el surgimiento de guetos sociales de distintas minorías culturales y graves problemas de convivencia.
En la cúspide de esta nueva Europa encontraremos a los Ciudadanos, que disfrutarán de una supremacía jurídica sobre el resto de los habitantes; en un escalafón inferior los extranjeros legales no europeos, que a su vez se distinguirán de acuerdo al documento que lleven en su cartera: si tarjeta comunitaria concedida por matrimonio con ciudadano español, podrán votar en las elecciones municipales; si sólo un permiso de residencia o trabajo, se conformarán con contribuir al sostenimiento de las arcas de la Seguridad Social, pagar impuestos y no ser importunados en la calle por la policía. En el último estrato, se hallarán los llamados ilegales, empleados como mano de obra barata por explotadores sinvergüenzas, y utilizados como arma arrojadiza entre gobierno y oposición. Obviamente, su fin natural será el de la expulsión.
La integración del inmigrante en la sociedad europea será inexistente mientras no disfrute de los mismos derechos que los nacionales del país donde reside. Derechos, que en cualquier estado democrático, deben permitirle participar en la comunidad política donde vive y trabaja, es decir, poder elegir a sus representantes en ayuntamientos y parlamentos.
En el ordenamiento jurídico español un notable escollo lo impide, amén de la coercitiva Ley de Extranjería tan criticada por organizaciones de derechos humanos: el artículo 13.2 de nuestra Carta Magna que limita el sufragio a los españoles. Un artículo que difícilmente encajaría en la recientemente ratificada Constitución Europea, que reconoce a todos los ciudadanos de la Unión su participación en las elecciones municipales del país en que resida, si no fuera por la excepción que se establece en el mismo a continuación: la existencia de acuerdos de reciprocidad con otros Estados para los comicios locales.
Sin embargo, en la actualidad no bastaría con suprimir dicho artículo para concederle al inmigrante los mismos derechos políticos que disfrutamos los españoles. Cuando entre en vigor el 1 de noviembre del próximo año la referida Constitución Europea, otra dificultad legal se añadirá a la señalada. De forma expresa, el Tratado en el artículo 10 del Título II de la Parte I excluye de la ciudadanía europea a los inmigrantes residentes al vincularla con la nacionalidad del Estado miembro de la Unión.
La definición de los derechos de los nacionales de terceros países, prevista en el artículo III-267 de la Constitución Europea a través de una futura ley marco, sancionará a buen seguro la nueva categoría de ciudadanos de segunda.
Ante esta situación, es preciso articular en la sociedad civil europea iniciativas que aboguen por la modificación de estos preceptos constitucionales y propongan un nuevo concepto de ciudadanía que supere al que hoy conocemos, ligado al de la nacionalidad, y dotarle de un contenido más real y pragmático: el vínculo del arraigo o residencia regular.
Si nos cruzamos de brazos, estaremos asistiendo indulgentes a la legalización del meteco, en su más vergonzosa y canalla acepción: el de la antigua democracia del Ática, que permitía las relaciones económicas con extranjeros residentes para el enriquecimiento egoísta de la polis pero sin permitir su participación política.
El símil propuesto se ajusta a la infame clase social de los esclavos. ¿No tienen la condición de tales en la Europa contemporánea los inmigrantes que viven condenados a la clandestinidad y marginación por no disponer de papeles? Este continúa siendo el principal problema de las políticas migratorias de los gobiernos europeos, que confunden no pocas veces la persecución de las mafias que se lucran con esta situación con las víctimas que la sufren. Como ha escrito con toda razón José María Ridao, en Europa se quiere acabar con la esclavitud persiguiendo a los esclavos.
A propósito, en la Atenas de Pericles el siervo podía ser emancipado, según ciertas condiciones, y convertirse en meteco. Por lo visto, a comienzos del siglo XXI esa es la máxima aspiración a la que puede soñar en Europa un inmigrante “sin papeles”.

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