Expulsiones en charter comunitarizados. Hacia una peligrosa globalización

Bélgica
Expulsiones en charter comunitarizados
Hacia una peligrosa banalización.

El martes 9 de marzo, Bélgica organizaba el primero de una serie anunciada de vuelos charter en colaboración con Luxemburgo y Países Bajos en el marco de procedimiento de expulsión de solicitantes de asilo rechazados y de irregulares. La sistematización de este procedimiento entraña evidentes riesgos de cara al tratamiento correcto de los dosieres individuales.
Un Airbus de la fuerza aérea belga con destino a las ciudades de Pristina (Kosovo) y Tirana (Albania) despegó del aeropuerto de Melsbroek con 40 demandantes de asilo e irregulares a bordo, 36 de ellos provenían de Bélgica, 3 de Países Bajos y 1 de Luxemburgo.
La organización de este vuelo es la primera concreción de la puesta en práctica de una política común de retorno forzoso elaborada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea los días 22 y 23 de enero en Dublín. Por unanimidad, los ministros estimaron que una política de retorno común era un elemento clave de una política de inmigración y asilo creíble de la UE.
En este contexto, en una reunión especial del Benelux, Patrick Dewael, ministro belga de interior, Rita Verdonk, ministra holandesa de la Inmigración y la Integración, y Luc Frieden, ministro del Interior de Luxemburgo, convinieron en explorar la realización de operaciones de retorno conjuntamente en tanto que proyecto piloto europeo.
Este acuerdo político, obtenido en enero, se basa en la “Iniciativa de la república italiana de cara a la adopción de una decisión del Consejo relativa a la organización de vuelos comunes para la expulsión de nacionales de terceros países que residen ilegalmente en el territorio de dos o más Estados miembros” (D.O.C.E. C223 de 19/09/2003). Esta iniciativa pretende “asegurar de la manera más eficaz posible el retorno de los nacionales de terceros países que residen ilegalmente en el territorio de un Estado miembro compartiendo las capacidades existentes para la expulsión de extranjeros”.
Aunque el Parlamento europeo ha sido consultado sobre estas medidas de expulsión, los ministros no han esperado a un eventual acuerdo de los parlamentarios para llevar a la práctica. Sin embargo, la adopción de estas medidas está lejos de conseguir la unanimidad. Como es el caso de la diputada socialista francesa Adelina Hazan que, en su informe de 23 de febrero de 2004, denunciaba el hecho de que “al consagrar la existencia de charter de expulsión adoptada como una medida específica, la Unión Europea empaña peligrosamente su imagen y corre el riesgo de derivar en un Europa-fortaleza; además, el hecho de organizar expulsiones en grupo va a contribuir a banalizar el principio mismo de las expulsiones: de esta manera se corre el riesgo de recurrir cada vez más a procedimientos acelerados de examen de las solicitudes de asilo y de perjudicar la calidad del examen de las demandas de los recursos a fin de rentabilizar la organización de vuelos agrupados”.
En este contexto resulta útil recordar que Bélgica ha sido condenada, en 2002, por la Corte Europea de Derechos Humanos en el asunto Conka debido a que “sin ningún plazo entre la convocatoria de los interesados a la comisaría y su expulsión, el procedimiento seguido no ofrecía garantías suficientes que aseguraran una consideración real y diferenciada de la situación individual de cada una de las personas afectadas”. Este procedimiento de charter común y sus previsibles consecuencias en materia de calidad del examen de las peticiones de asilo pueden legítimamente hacer temer que la historia se repita.

Holanda va a expulsar 26.000 demandantes de asilo

El parlamento holandés aprobó el pasado 17 de febrero una medida destinada a expulsar 26.000 solicitantes de asilo político, pese a las objeciones de los partidos políticos de izquierda y de los grupos de defensa de los derechos humanos.
El portavoz de los servicios de inmigración, Martin Bruinsma, declaró que el gobierno conservador y varios partidos de derechas habían conseguido una “amplia mayoría” a favor de esta medida. La oposición, los partidos laborista, socialista y Verde votaron en contra.
La mayoría de estas personas llegaron a Holanda entre 1999 y 2001. El asilo político les ha sido denegado y han agotado todos los procedimientos de apelación. La medida aprobada amnistía a unas 2.000 personas que no han conseguido el asilo político pero que llegaron a Holanda hace ya cinco años.
Tras la adopción de nuevas leyes de inmigración en 2001, Holanda regula de forma más estricta la entrada de nuevos inmigrantes. El número de solicitantes de asilo cayó de los 43.600 en 2000 a 18.700 en 2002.

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