La "limpieza" ha comenzado

La «limpieza» ha comenzado

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El balance de las primeras aplicaciones efectivas de la Ley de Seguridad Interior relativa a la prostitución muestra una situación particularmente discriminatoria desde el punto de vista jurídico y administrativo, y da los primeros signos de las consecuencias sanitarias y sociales catastróficas de dichas medidas.
La primera pena de prisión ha sido pronunciada, el pasado 9 de mayo, por el tribunal correccional de Burdeos respecto a una prostituta kosovar en situación irregular y la vista se celebrará el 25 de junio.
Desde comienzos de abril, es aplicable la Ley de Seguridad Interior sobre la prostitución. En París, mayo a mediados de junio, se habían instruido ya 103 dosieres. Numerosas prostitutas han sido interrogadas, algunas han sido detenidas y a otras se les ha retirado el permiso de residencia. Balance: las prostitutas se ocultan y a las asociaciones les resulta cada vez más difícil ayudarlas; su propia red de solidaridad está en peligro.
La circular de aplicación elaborada por Yves Bot, procurador de la República de París, es significativa: aprovechando el espacio dejado vacante por la ausencia de decretos de aplicación y de texto de la Chancillería, Yves Bot ha aprovechado la ocasión para indicar su interpretación sobre cómo aplicar el artículo de la Ley que castiga la provocación con dos meses de cárcel y multa de 3.750 euros, y para las extranjeras con la retirada del permiso de residencia. Esta circular es discriminatoria: recomienda, en el caso de las prostitutas extranjeras en situación irregular, llevarlas de inmediato al juez (añadiendo al delito de provocación una infracción a la legislación sobre extranjeros), lo que les impide preparar una defensa adecuada. Además, las irregularidades de procedimiento son muy numerosas: traductores incorporados fuera de plazo, ausencia de encuesta social para los menores, etc.
Sin embargo, la puesta en libertad está lejos de ser sistemática.
La disparidad de penas impuestas demuestra a la vez la incoherencia de estas medidas y la arbitrariedad de la definición del delito de provocación en la ley.
Es una ley claramente no igualitaria.

El «tratamiento social» de la Prefectura de policía de París

Al mismo tiempo, el Prefecto de policía de París, Jean-Paul Proust, comunica, aportando, como debe ser, los dosieres que se han beneficiado de un «tratamiento administrativo y social», frente al «tratamiento judicial»: 15 prostitutas extranjeras han sido expulsadas («algunas de forma voluntaria»), 26 han recibido una orden de expulsión, 31 han recibido una Autorización Provisional de Residencia. Frente a tal disparidad de tratamientos, hay derecho a preguntarse qué criterios presiden estas decisiones.
Felicitarse de ello, como hace la Prefectura de policía al comunicar su balance tras el primer mes de aplicación, es obsceno. Reforzando el miedo a la expulsión, estas medidas encierran a las prostitutas extranjeras bajo la dependencia de redes, y, cuando se lleva a cabo la expulsión, pueden poner gravemente en peligro sus vidas. Pues una vez «repatriadas», les espera la exclusión y, en algunos casos, la muerte.
Por lo general, para todas las prostitutas estas medidas represivas, abiertamente discriminatorias, no hacen más que empeorar las condiciones de vida y de ejercicio de su actividad: hacen difíciles la negociación y la utilización del preservativo, hacen retroceder su acceso a los derechos y a los cuidados. Así, las prostitutas afirman ser obligadas a cambiar sus prácticas y a emigrar a sitios más discretos. Todo ello en un clima de pánico generalizado, debido a agresiones de clientes y a violencias policiales: una prostituta africana afirma haber estado detenida cuatro días. sin beber ni comer, en una comisaría parisina.

La salud y las libertades individuales son incompatibles con la represión

Nosotras, asociaciones de salud comunitaria con las prostitutas, de ayuda a las prostitutas, de lucha contra el sida, de defensa de derechos de los extranjeros, feministas, gays lesbianas y trans, de defensa de las libertades individuales y de lucha contra la precarización, reaccionamos frente a lo que constituye una empresa de exclusión de las prostitutas, una traba a la prevención, una medida racista que toma como blancos a las extranjeras, una amenaza a su salud y un reforzamiento del orden moral y policial.
Exigimos el cese de todas las medidas represivas contra las prostitutas y una ayuda inmediata a las víctimas del tráfico:

- derogación de la Ley de Seguridad Interior;

- cese inmediato de las expulsiones, en particular las motivadas por el delito de provocación;

- el cese de las detenciones y de la puesta a disposición judicial de prostitutas extranjeras en situación irregular en París;

- la eliminación de la penalización de la provocación: encarcelamiento, expulsión y detención;

- la protección jurídica y administrativa de las víctimas de tráfico de personas, por medio de un permiso de residencia y un alojamiento.

En definitiva, recordamos nuestra demanda de que sean abandonadas las políticas migratorias restrictivas, y la regularización sin condiciones de todas las extranjeras en situación irregular, únicas medidas que pueden luchar eficazmente contra el tráfico de personas.

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