Informe: muertos en comisaría de Málaga

Informe sobre la muerte de siete inmigrantes clandestinos en una comisaría de Policía de Málaga

Amigos & Familiares de las Víctimas de la emigración clandestina afvic@hotmail.com
Málaga, 11 enero de 2003

La trágica muerte de siete marroquíes en un incendio en la comisaría de policía de Málaga ha calado en la opinión pública marroquí. Cada marroquí se ha sentido herido en su amor propio por su país y sus compatriotas.
El representante del gobierno español en Málaga ha culpado a las mafias de tráfico humano, considerándolas como únicas responsables de este crimen.
La prensa europea ha considerado el drama como un hecho más. Las ONGs españolas, en contra de sus ideas, han preferido el silencio.
El gobierno marroquí se ha comprometido públicamente a la repatriación de los cuerpos. La Secretaria de Estado para asuntos de la comunidad marroquí en el extranjero, Nezha Chekrouni, ha exigido la apertura de una investigación.
Los partidos políticos de Marruecos se han abstenido de hacer declaraciones oficiales. Un complot de silencio total, donde se busca archivar el dossier en el plazo más breve.
No echar leña al fuego en las relaciones hispano-marroquíes, la celebración de las fiestas de Navidades, la muerte de MOROS convertida en moneda corriente,… Todos estos argumentos se han barajado para justificar que este drama no haya recibido el interés y reflexión que merece.
Jóvenes inocentes que han vivido entre la pobreza, las MAFIAS y la negligencia han encontrado la muerte, quemados, en un país de derechos humanos.
En la comisaría central de una de las grandes ciudades de España (construida en 2000, sin ninguna norma de seguridad ni plan de evacuación) y bajo la tutela del gobierno español, que se supone debe asegurar la integridad física y proteger sus vidas, siete seres humanos han perdido sus vidas.
El incidente de Málaga, además de su carácter dramático, muestra el poder de las MAFIAS de tráficos humanos, ya que esta vez la travesía no se efectuó en frágiles pateras, sino en un yate de lujo.
La Asociación de Amigos y Familiares de Víctimas de la Inmigración Clandestina (AFVIC) ha enviado a una comisión de investigación con el fin de informar a la opinión pública sobre lo que realmente sucedió el 27 de diciembre de 2002.
Para poder reconstruir los hechos, Afvic ha dirigido una investigación en la policía judicial de Málaga (responsable oficial de investigación), en el Consulado de Marruecos en Algeciras (Monsieur Saadaoui), periodistas y ONGs de Andalucía.

Reconstrucción de los hechos

El yate que transportaba a los “clandestinos” salió de Ceuta (enclave español en el norte de Marruecos), con destino al puerto deportivo de Marbella, Puerto Banús, el 23 de diciembre de 2002. La embarcación debía transportar, pasadores incluidos, 20 personas. Entre ellas, dos menores y una mujer. La travesía, de cuarenta kilómetros, costó entre 40.000 y 50.000 dirhams (4.000 y 5.000 euros) por persona. Se efectuó en un barco de lujo, matriculado en Ceuta, de un valor estimado por un periodista español de 380.000 euros. Su propietario está actualmente cumpliendo una condena en la cárcel de Algeciras.
Según un testimonio recogido por ATIME a una de las víctimas original de Casablanca (Derb Ghallaf), Mustafa Azzar, el pase a Ceuta se hizo a partir de una cita fijada en Tetuán. El pasador Ahmed Ahgane, alias Robio, a bordo de un Mercedes 250 matriculado en Ceuta, le permitió pasar el puesto de la aduana bajo la cómplice mirada de los agentes. Llegado a Ceuta, el alojamiento en un apartamento de la ciudad se le garantizó hasta el día de partida.
Una vez en el mar, los “clandestinos” debieron hacer frente a una avería del motor y de la transmisión. El presunto pasador intentó arreglarla junto a un mecánico, pero sin conseguirlo. El yate con todos sus ocupantes derivó durante tres días, sin agua ni víveres. Pudieron avistar un cierto número de barcos petroleros, pero ninguno intervino para socorrerles.
El 26 de diciembre, por fin un barco turco les localiza. Los primeros cuidados de urgencia les son prodigados con agua y comida, y su presencia se indica a las autoridades españolas: La Guardia Civil les conduce hasta el puerto de Málaga, donde se les lleva al calabozo de la Comisaría de Policía. El presunto pasador aconseja entonces a los “clandestinos” declararse argelinos para evitar la expulsión inmediata.
El interrogatorio de la policía empieza desde el día siguiente, el 27 de diciembre. La policía no cree sus declaraciones. Se inicia el procedimiento de expulsión (verificación de documentos de identidad, interrogatorios y huellas digitales).
Según el oficial encargado de la investigación, diecisiete personas son llevadas a una habitación de ocho por cinco metros, en espera de ser expulsadas a Marruecos. El presunto pasador Karim Ahgane, sobrino de su cómplice, elabora entonces un plan para evitar la expulsión. Cualquier ataque a un policía les convertiría en culpables de agresión lo que atrasaría el procedimiento. Se toma la decisión de atacar al policía cuando penetre en la celda para traer a las personas que faltan. Los “clandestinos” cubren al pasador en la medida en que él les promete que si son expulsados, se podrán beneficiar de una nueva travesía gratuita. Pero comprenden rápidamente que su plan ha fracasado: la mujer es aislada en la celda para mujeres, y los dos menores son conducidos a un centro de detención de menores.
Siempre con el objetivo de poder pillar a un policía, los detenidos deciden provocar un incendio para atraer la atención. Los efectivos eran muy reducidos aquel día: no hay más que tres policías de guardia, es la ocasión ideal para aprovecharla. Apilan los colchones y mantas contra el muro adyacente a la puerta y le pegan fuego. Sin embargo en el exterior nadie lo advierte. La celda no está equipada de detectores de humo, aunque el edificio es de reciente construcción. Para dar la alarma, el fuego es desplazado muy cerca de la puerta de entrada.
El humo escapa por la ventana de la puerta, y el incendio es finalmente detectado gracias a las cámaras de vigilancia que están en el pasillo entre las celdas.
A partir de aquí hay varias versiones de lo que pasó. La policía española, por medio del representante del gobierno en Málaga, declara haber abierto la puerta veinte segundos después de que el incendio se detectó. Los bomberos de Málaga afirman, sin embargo en su informe, haber procedido a la apertura de las puertas a su llegada, es decir 8 minutos tras el aviso de incendio. Ante la contradicción de las versiones, el gobernador se explicó al día siguiente. La puerta principal fue abierta tras algunos segundos. Los bomberos intervinieron para despejar las otras entradas. Siempre quedará que los extintores a disposición de los agentes de policía no fueron utilizados.
La asociación española ATIME ha podido hablar con Mustapha Azzar sobre la tragedia. Les comunicó su testimonio. Asustado por el humo, se acurrucó en el rincón opuesto al fuego y cerró los ojos. No los abrió hasta que notó los empujones de los demás precipitándose hacia la salida. Sin embargo, esta persona se contradijo a sí misma en una entrevista a la prensa española. Afirmó esta vez que el pasador había tirado una manta ardiendo sobre el policía que trataba de abrir la puerta.
Tras la apertura de la puerta, los detenidos se precipitaron al pasillo, pero huyeron en el sentido inverso a la salida. Fueron interceptados por las fuerzas del orden.
A resultas del incidente, siete personas han muerto, una queda hospitalizada. Su estado es más grave debido a la asfixia que a quemaduras. Los dos pasadores perdieron la vida el mismo día del incendio. El 29 de diciembre las autoridades españolas procedieron a la expulsión de las personas sobrevivientes. Quedan hasta el día de hoy anónimas. Se ignora aún si han sido interrogadas por las autoridades marroquíes. La persona que declaró ante los medios españoles, Mustapha Azzar, se encuentra aún en España. La Afvic reclama todavía las identificaciones y pregunta por las razones que han llevado al gobierno español a alejar a los testigos oculares antes del final de la investigación judicial.
Hemos ido a Málaga y procedimos a visitar el hospital Carlos Haya, donde todavía dos personas recibían cuidados intensivos. El primero se identificaba como El Bakkali. Su cuerpo está actualmente recubierto de vendajes. La identidad del segundo no ha podido ser establecida. Se le conocía como C32 UVI.
Hay que señalar que el sindicato de policía español ha denunciado la falta de normas de seguridad en las comisarías de España y ha pedido la dotación de materiales no inflamables en esos edificios.
En Málaga la asociación ATIME ha cogido el dossier y sigue de cerca el progreso de la investigación. Se da prioridad a la petición de dimisión del gobierno en Málaga.
Para comprender bien el reparto de responsabilidades y la problemática real de este drama de Málaga, hay que responder a un cierto número de preguntas.
¿Cómo han conseguido las víctimas llegar a pasar los puestos fronterizos sin ser molestados?
¿Cómo el presunto pasador Ahmed Ahgane, alias Robio, podía ser recibido con cordialidad por los agentes de aduana, cuando era muy conocido por sus antecedentes?
¿Cómo un yate del que el propietario está actualmente encerrado, puede salir de un pequeño enclave como Ceuta y transportar 20 personas sin ser nunca detectado por ningún servicio competente?
¿Por qué los extintores no fueron utilizados? ¿Cómo se explica que no hubiera detectores de humo en una comisaría tan recientemente construida?
¿Por qué los testigos oculares han sido expulsados antes del fin de la investigación?
¿Por qué razón Mustapha Azzar ha obtenido el derecho a permanecer en España?
¿Por qué los marroquíes se ven obligados a huir clandestinamente de su país?
Como resultado de las investigaciones efectuadas por la comisión de la AFVIC sobre el dramático incidente de la comisaría de Málaga el 27 de diciembre de 2002, que ha causado la muerte de siete personas e importantes heridas a las otras víctimas, con dos heridos graves;
Dado que se ha observado que la comisaría de policía no dispone de medidas de seguridad, ni de rápida intervención que pudiera limitar los daños corporales a que pudieran ser expuestas las personas sujetas a custodia;
Dado que los funcionarios de la comisaría no ejecutaron ningún plan de urgencia para luchar contra el incendio(extintores, plan de evacuación rápida).
Además de que no respetaron los procedimientos administrativos de detención (registro sistemático y minucioso);
Se deduce que si la responsabilidad delictiva es difícil de probar, la responsabilidad civil está confirmada, en vista de la negligencia observada para asegurar la seguridad de las personas en custodia. Por lo tanto, el gobierno español es responsable de este drama.

Comunicado de Jueces para la Democracia

Jueces para la Democracia en relación con la muerte de siete personas extranjeras, al parecer inmigrantes, en la Comisaría de Policía de Málaga como consecuencia de un incendio producido en los calabozos, y considerando que estamos ante una de las páginas mas negras de la historia de la inmigración en España, desea poner en conocimiento de la opinión publica las siguientes consideraciones:

- a)La detención de una persona por los cuerpos policiales traslada al Estado el deber inexcusable de velar por su seguridad, asumiendo las personas que lo custodian la responsabilidad de lo que pueda sucederle.

- b) La privación de libertad de todo detenido, por las limitaciones que ello supone para autoprotegerse, coloca a estas personas en una situación de especial vulnerabilidad, que exige correlativamente la máxima diligencia en su custodia a fin de evitarle daños externos e incluso autoprovocados. A este respecto el acondicionamiento de las instalaciones policiales de manera específica para evitar tales riesgos, la requisa de todo objeto que pueda ser utilizado para autolesionarse o la separación de detenidos en función de su peligrosidad, son practicas habituales e imprescindibles en los centros de detención.

- c) Con las anteriores premisas, a la vista de los hechos conocidos sobre el incendio en la Comisaría de Málaga y del elevado numero de fallecimientos y heridos producidos, surgen serias dudas que ese deber de protección reforzada del estado se cumpliese en este caso con la diligencia debida. La detención en la misma celda de patrones mafiosos con ciudadanos que al parecer eran simples inmigrantes irregulares, la posesión de elementos para hacer fuego en las celdas o la tardanza y dificultades en la evacuación de la zona incendiada, son indicios que apuntan a que los responsables de los detenidos pudieron no actuar con la diligencia que requería su posición de garantes de la vida y seguridad de estos.

- d) Jueces para la Democracia exige que las instituciones del Estado relacionadas con los hechos presten al Juez que los está investigando todo el apoyo necesario y concretamente que localicen y trasladen a España para prestar declaración ante el Juez a los inmigrantes que se encontraban en la misma celda y que fueron expulsados con insólita urgencia del país.

- e) Sólo una investigación sin zonas de sombra en la que colaboren todas las instituciones y una depuración de las responsabilidades políticas, además de las administrativas y judiciales si las hubiere, permitirá recuperar la confianza en un Estado que no ha sabido garantizar la seguridad de personas detenidas y respecto a las cuales tenía una especial responsabilidad de protección. Lo contrario, la exoneración de responsabilidad a priori, especialmente de las políticas, que se ha propugnado desde el primer momento por el Gobierno, acerca más nuestro sistema policial de detención al de países tercermundistas que al propio del Estado de derecho avanzado que consagra nuestra Constitución, y sobre todo deja abierta la puerta a que hechos tan lamentables como los ocurridos puedan volver a suceder.
Andalucía, 21 de enero de 2003.
Jueces para la Democracia, Sección de Andalucía Oriental.

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