Los niños de la calle en Ceuta. Racismo y desamparo

Los niños de la calle en Ceuta: Racismo y desamparo

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Antecedentes
Noviembre de 1998: Policías locales de Ceuta denuncian el maltrato y expulsión ilegal de menores marroquíes desamparados.
Cuando en Noviembre de 1998, gobernando el PP en la comunidad autónoma, tres policías locales denuncian públicamente la expulsión ilegal y el maltrato de menores marroquíes saltó, a la opinión pública la existencia de un fenómeno hasta ahora oculto: «los niños de la calle» en Ceuta y la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades tanto de la administración central como de la administración autonómica.
Documentos, fotos y testimonios aportados por estos policías demostraban que desde hacía tiempo se venía practicando la sistemática detención y expulsión ilegal de menores en situación de desamparo por parte de miembros de la Policía Local auxiliados por un grupo «parapolicial» denominado Agentes de Atención Directa. Estas actuaciones se hacían por instrucciones directas de los mandos policiales y de las autoridades de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Según está comprobado, las detenciones eran efectuadas en las calles tanto por la Policía Local como por los AAA, los niños eran introducidos en vehículos tipo Z y trasladados al garaje de las dependencias de la Policía Local. Tras tomarles la filiación, los menores eran introducidos en un furgón policial que era utilizado en general para la retirada de pescados y verduras procedentes del decomiso de venta ambulante y que tenía pésimas condiciones de salubridad.
A la espera de su traslado, o hasta que se llenaba el furgón, los menores debían permanecer en ocasiones durante horas en este furgón. Posteriormente eran trasladados al paso fronterizo del Tarajal y, tras el trámite de rellenar para la Policía Nacional un impreso titulado «entrega de menores marroquíes», los niños, frecuentemente junto a adultos detenidos, eran entregados a la Policía de Marruecos.
Esta denuncia supuso a los Policías Locales la separación del servicio y un sinnúmero de vejaciones y persecuciones por parte de las autoridades y también de muchos compañeros y otros ciudadanos ceutíes, a lo que parece conformes con el maltrato y la actitud racista hacia estos menores. La Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de investigar y tomar cartas en el asunto, empiezan una campaña de difamación de estos policías honestos y contra todas las ONGs que divulgan estas actividades delictivas.

Enero de 1999: La Apdha, junto con otros colectivos, interpone querella por el maltrato a estos menores.
En Enero de 1999 la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, junto con la de España, Izquierda Unida, Asociación contra la Tortura, SOS Racismo y Comrade, interponen una querella criminal por estas actuaciones contra el Delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, el Consejero de Presidencia y de Policía Local de la Comunidad Autónoma, Antonio Francia Maeso, y los mandos policiales Ángel Javier Gómez, Juan García y Juan José Carrasco.
La tramitación de esta querella demostró la actitud hostil de la propia judicatura y del ministerio fiscal. Los obstáculos puestos por el Juez Titular del Juzgado de Instrucción n° 3, Jesús Martínez Escribano Gómez, fueron de todo tipo: desde negarse a aceptar las diligencias de la acusación popular, hasta negarse a tomar declaración a los imputados. La carrera de obstáculos llegó a su punto culminante cuando se impuso una fianza a las organizaciones querellantes nada mas y nada menos que de cuatro millones de pesetas, una de las fianzas mas altas de la justicia española a una acusación popular. Posteriormente, ante el recurso presentado, la Audiencia Provincial rebajó de forma sustancial dicha fianza.
La última actuación de este juez, siempre con el apoyo del Ministerio Fiscal, en su carrera por obstaculizar la clarificación y responsabilidades de los hechos, fue decretar el archivo de la causa, sin haber practicado la mayoría de las pruebas solicitadas.
En su devenir lleno de obstáculos, el recurso al archivo fue aceptado, al cambiar de titular el Juzgado de Instrucción n° 3, siguiendo en este momento abiertas las diligencias. No obstante no es difícil deducir que la nula voluntad de la justicia en Ceuta, con indudables connivencias con el poder local y gubernativo, por aclarar los hechos denunciados y determinar las correspondientes responsabilidades, haga que finalmente la querella acabe en el archivo muerto de los juzgados.

Julio 1999: Se abre el Centro de San Antonio
En todo caso la denuncia y la polvareda pública que se levantó tuvieron al menos el efecto de paralizar las expulsiones y que la Comunidad Autónoma, que es la que tiene las competencias, asumiera la responsabilidad sobre estos menores.
En julio de 1999 y prácticamente coincidiendo con el cambio de Gobierno que asume el GIL, se abre el Centro de San Antonio situado en el Monte Hacho, en una antigua residencia militar cedida por el Ejército. Se contrata a una serie de personas para llevar un cierto control del Centro.
Aunque posteriormente se introducen algunas mejoras, desde el principio el Centro no reúne las condiciones necesarias y homologables para realizar de forma digna las funciones de acogida y protección del menor que la Ley establece. Y ello tanto desde el punto de vista del espacio y de las infraestructuras disponibles (duchas lamentables, dormitorios con colchones viejos e infectos, comedor de doble uso como dormitorio, falta de medios técnicos, etc…) como desde el punto de los métodos y actuaciones necesarias para su educación e integración (la existencia de una celda de castigo, sin ventana ni luz, sin cama, donde los menores tenían que pasar «el mono», siendo baldeados con zotal tras hacerse sus necesidades ante la inexistencia de servicios… es la muestra mas palpable de los «métodos» empleados)
En todo caso, posteriormente, se introducen algunas mejoras e incluso existía el proyecto en el anterior gobierno, según el Consejero de Asuntos Sociales del GIL, de buscar un recinto mas amplio, adecuarlo e incluso comenzar el proceso de tutelaje.
Pero todo ello no se ha materializado, teniendo en estos momentos el Centro de San Antonio importantes deficiencias que lo hacen impropio para la función que teóricamente debe de desempeñar. Deficiencias que se hacen más graves ante el creciente abandono por el proyecto de cierre y expulsión de menores que proyecta el gobierno del PP.
Refleja estas deficiencias un creciente informe de Médicos Sin Fronteras, que señala que «no reúne las condiciones higiénicas mínimas (hay piojos, ratas, techos que se caen, grifos sin mangos, cuatro inodoros para los 70 menores internos, falta de camas, sábanas y mantas y también casos de contagio de sarna y micosis)».
También la lucha política entre los partidos por hacerse con el control de la comunidad autónoma y que acabó llevando de nuevo al PP al Gobierno, afectó de forma importante también a la política hacia los menores desamparados provenientes de Marruecos. De hecho incluso la Delegación del Gobierno llegó a denunciar que la Policía Local del GIL maltrataba a los menores y el Gobierno Autónomo no ejercía la «tutela» a la que la Ley le obligaba. Es evidente que mayor cinismo no cabe por parte de quienes aún tienen una querella abierta por maltrato de menores y expulsión ilegal.

Los niños de la calle: un fenómeno complejo que hunde sus raíces en la pobreza y la desigualdad en Marruecos

Aunque no existe un estudio verificado y fiable, según datos policiales en pocos meses han pasado por las calles de la ciudad de Ceuta no menos de 400 menores. Más allá de la utilización de estas cifras con evidentes objetivos de intoxicación de la opinión para justificar las políticas represivas de expulsión, lo cierto es que en los últimos años se ha constatado un aumento de la migración de menores desde Marruecos hacia Ceuta y hacia España en general.
Es este un hecho cierto en Ceuta y es constatable también en Andalucía donde la propia Junta admite que han atendido durante el año 2000 a cerca de 5.000 menores de origen magrebí.
Según el análisis efectuado en un Encuentro realizado entre la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el aumento de la migración de menores es preciso buscarla en la situación estructural de miseria y pobreza que hay en Marruecos en general y muy en particular en la zona Norte de este país. Los indicadores de la situación socio económica son suficientemente conocidos como para que no sea preciso repetirlo. Baste señalar que el 65% de la población es analfabeta, que el paro «oficial» es superior al 25%, o que Marruecos ocupa el lugar 125 en el Indicador de Desarrollo Humano de la ONU, o que la renta per cápita es de 3.500 dólares frente a los 14.000 de España.
Esta conocida situación tiene su origen en un reparto profundamente desigual de la riqueza en el país y por la imposibilidad de acceso a un derecho fundamental como es el derecho al desarrollo. Imposibilidad a la que no es ajena la división Norte Sur, en la que nuestro país juega un papel activo en el mantenimiento y profundización de la pobreza en el Sur, particularmente respecto a Marruecos.
Todo ello ha originado una situación social en la que un número cada vez mayor de marroquíes ven como única salida la emigración a Europa. La emigración se convierte así en un fenómeno de masas, en una especie de imaginario colectivo, en un mito… alimentado por los propios inmigrantes, por la imagen idealizada y por los medios de comunicación.
Una situación estructural, un deseo de tener futuro y un imaginario colectivo que lleva a muchas personas a arriesgar de forma consciente su vida para llegar a obtener precisamente otro tipo de vida.
La desestructuración golpea de forma muy especial a las familias y a las mujeres. Es el ciclo que se ha venido en denominar la «feminización de la pobreza».
En Marruecos hay varias razones específicas que explican el creciente aumento de los «niños de la calle» que pululan especialmente en los centros y suburbios de las grandes ciudades o en torno a la frontera con Ceuta.

- Por un lado la pobreza familiar lleva al divorcio y repudio de muchas mujeres por parte de los maridos. Estas mujeres deben abandonar con sus hijos el hogar familiar, volviendo a casa de sus padres, en una espiral de aumento de la miseria, cayendo finalmente en la marginación en las chabolas o incluso en la prostitución. El destino de los hijos es fácil de deducir.

- Por otro lado la creciente emigración a Europa y las insalvables dificultades impuestas por la legislación de Extranjería para acceder a la reagrupación familiar, origina numerosas familias abandonadas, cuyos hijos y madres han de buscarse los medios de subsistencia como sea. En ambos casos muchos niños son abandonados e incluso animados por las madres a intentar la vía de la emigración

- Finalmente hay que señalar el impresionante fracaso del sistema educativo calcado del modelo francés. Un fracaso que expulsa de las escuelas e institutos a miles de niños y niñas, sin alternativas de ningún tipo como podrían ser una formación profesional inserción laboral de algún tipo.

Esta situación de desestructuración y abandono, unida al imaginario colectivo de la emigración que ha prendido con especial fuerza entre los menores, hace que hoy existan centenares de niños en las fronteras de Ceuta o en los muelles de esta ciudad, intentando «colarse» y pasar a la península, en el intento de «buscarse la vida».
Pero no son pocos también los que, pasado el tiempo y la trayectoria vital de estancia en las calles de Tetuán, Tánger o Chefchaouen (localidades de donde proceden la mayoría de los menores de Ceuta) y finalmente en Ceuta, carecen de un proyecto migratorio definido y su única aspiración sea ya el seguir como sea.

Situación actual: Racismo, menores abandonados y proyecto de expulsión

Según la Comisión Diocesana de Migraciones de Ceuta, que ha venido haciendo un destacable trabajo de calle y acogida de los menores (el único realizado ante la inhibición de la administración), en la actualidad en la ciudad de Ceuta existen aproximadamente entre 120 y 130 menores marroquíes, de edades comprendidas entre los 12 y 18 años. Todos ellos son varones y vienen de familias pobres y desestructuradas de Marruecos
El Centro de San Antonio sigue funcionando, ahora con más menores, y por tanto con más carencias, puesto que el espacio sólo reúne ciertas condiciones para un grupo de 25 y en la actualidad están residiendo un total de 70 menores.
De éstos, 23 están asistiendo regularmente a la Escuela puente en un Colegio de Ceuta, de momento no están integrados. 10 de los mayores de 16 años, están haciendo cursos de Compensatoria en un Instituto de la ciudad.
El resto de los niños está en la calle, huyendo de la policía, escondiéndose de día y buscándose la vida de noche trapicheando o siendo utilizados por adultos para hacer algún robo, etc.
La situación de San Antonio es sumamente conflictiva, al aumentar el número de menores y dar el mismo trato a todos, sin tener en cuenta su momento y su proceso. Al no existir actividades formativas que les ayuden en su proceso educativo y pasar la mayoría del tiempo sin hacer nada, se dificultan las relaciones entre los menores y aumenta de forma importante la conflictividad.
Las actitudes del vecindario, convenientemente alarmados por la campaña mediática impulsada por el nuevo gobierno del PP en la comunidad y muy particularmente por el Delegado del Gobierno, tampoco han sido contrarrestadas ni tomadas las medidas necesarias para el acogimiento de los menores.
Mientras tanto no hay ningún menor documentado, y no tienen ningún tipo de aliciente en relación con su futuro para permanecer en el Centro. Solamente comer y dormir les puede incentivar a quedarse.
Según el informe arriba citado de Médicos Sin Fronteras, «muchos menores tienen problemas dermatológicos (sarna y hongos). Su organismo está debilitado por la mala alimentación y la falta de vitaminas. El disolvente que inhalan le secan los bronquios. Pese a su corta edad, han perdido capacidad vital y tienen todas las papeletas para sufrir enfermedades respiratorias».
Además, continúa el informe, «estos niños de la calle son víctimas de los malos tratos de sus familias, de la violencia y abusos de los adultos y, sobre todo, de un exacerbado racismo. Tienen dificultades para acceder a los servicios sanitarios y, lo más grave es que cuando acceden, después, hay una falta de seguimiento de los menores atendidos en urgencias».
La campaña de intoxicación respecto a los menores llevada a cabo por la comunidad autónoma y la Delegación del Gobierno y reflejada en los medios de comunicación, junto a la situación real de abandono estos menores, ha provocado numerosas reacciones de rechazo por parte de determinados sectores de la población ceutí. Las autoridades no han contrarrestado en ningún momento sino que por el contrario han mostrado su comprensión e incluso su apoyo implícito, con lo cual se alimentan las actitudes racistas.
En Noviembre de 2000 los padres del colegio Juan Morejón impidieron incluso utilizando la violencia (con la agresión a una trabajadora del Centro de San Antonio y al propio delegado del MEC) que fueran escolarizados un grupo de 30 menores. Utilizaron para ello sin pudor todo tipo de argumentos racistas, xenófobos y de exclusión. La denuncia de Prodein a estas acciones a la Fiscalía General del Estado hasta ahora no ha empujado a la misma a tomar ninguna actuación
El resultado final es que la actual política educativa respecto a estos menores, pese a que algo es mejor que nada, lo que hace es perpetuar la exclusión y favorecer la creación de guetos.
Asimismo a finales de Mayo de este año, se produjeron hechos gravísimos en los alrededores del Centro de San Antonio. Tras toda una orquestada campaña denunciando la peligrosidad de estos menores, un grupo de vecinos la emprendió a golpes contra los menores aduciendo que el día anterior un menor arrojó una piedra a una niña del vecindario. Tres menores tuvieron que ser atendidos en el hospital. En estos incidentes participaron unas 30 personas.
Esta acción punitiva de algunos ciudadanos ceutíes, se produjo inmediatamente después que los menores de las escolleras del muelle fueran desalojados por la policía utilizando gases lacrimógenos.
La Policía Local ha vuelto a recibir instrucciones precisas para su actuación con respecto a los menores y a la inmigración en general. Actuaciones que bordean de nuevo la legalidad o la cumplen desde su versión mas represiva y excluyente. Vuelven las represalias contra los policías locales que se atrevieron a denunciar en 1998 la situación.
Crece en definitiva la sensación de impunidad ante la pasividad judicial y de la fiscalía. Incluso la furgoneta Mishubitshi utilizada en 1998 está siendo otra vez utilizada por la policía local para trasladar por la fuerza a los menores hasta San Antonio
Debe resaltarse además la absoluta pasividad de la fiscalía de menores, que sólo interviene en los casos de actuaciones penales por comportamientos delictivos de los menores.
El laboratorio represivo contra la inmigración (ver expulsiones del CETI) en que el Gobierno quiere convertir a Ceuta, está en plena ebullición bajo la exaltada batuta de Luis Vicente Moro.

El programa de expulsiones.

Con el eufemismo de repatriaciones para una integración en su país de origen, el Gobierno del PP, con su Consejero de Asuntos Sociales Mohamed Chaib a la cabeza y con el apoyo entusiasta del Delegado del Gobierno Luis Vicente Moro (el de la querella) que aportará toda clase de medios policiales, apoyatura jurídica y recursos económicos, va a intentar la expulsión masiva de estos menores.
Se justifican estas expulsiones con la idea de que se integren en su país de origen, pese a que no se ha conectado con ninguna familia de estos menores y se desconoce realmente cuál es su situación en Marruecos.
Con este objetivo de la expulsión de fondo, el primer proyecto (no sabemos hasta qué punto ya abandonado por el de la expulsión directa sin más) se planteaba cerrar el centro de San Antonio y «subrogar» la atención de los niños de forma provisional en una Asociación musulmana (Luna Blanca) que depende de la Mezquita principal de la ciudad.
Ahora se trata de dotar de apoyo jurídico basándose en una interpretación de la Ley de Extranjería sumamente restrictiva que además se aplica sobre presupuestos falsos: no existe ninguna labor que permita presuponer la acogida e integración de estos menores en Marruecos.
De hecho el propio Defensor del Pueblo Español, además de manifestar la preocupación por la falta de atención que reciben por parte de las autoridades, se ha pronunciado recientemente en la necesidad de mantener una actitud sumamente restringida con las repatriaciones de menores en tanto no se tenga garantía respecto a su integración en un marco familiar o social en su país de origen.
Pero, según aparece en los medios de comunicación, el consejero Chaib decidió a finales de junio intentar la expulsión sin mas dilaciones de los menores. Según aparece en los medios de comunicación (El Faro 2/7/01) el consejero ordenó al sargento de la Policía Local que enviara dos furgonetas al Centro de San Antonio y trasladar a un número indeterminado de menores a la frontera de El Tarajal. Según el diario, la razonable negativa del sargento ha terminado con una denuncia contra el consejero que está en manos del Presidente de la Comunidad. Se trata de una grave denuncia que urge investigar.
De consumarse el proyecto de expulsión estaríamos ante una grave violación de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 así como de la Ley de Protección del Menor de 1996 y también de la propia Ley de Extranjería 8/2000.
Porque resulta indiscutible a la luz de esa legislación, que una persona menor de edad que se encuentra en territorio estatal español, sin referentes familiares adultos, deberá ser declarada en desamparo y amparada, tutelada y documentada por los servicios de atención a la infancia de la comunidad autónoma correspondiente.
Entendiendo que el desamparo es una situación de hecho, la tutela ha de hacerse de forma inmediata y de manera efectiva y ha de usarse toda la diligencia necesaria para conseguir la documentación y regularización legal del menor.
La repatriación de un menor es deseable como reintegro a su país de origen, si es que existe esa integración y está garantizada su educación y protección. Y para ello es imprescindible que existan referentes sociales y familiares claros, lo que difícilmente podría afirmarse en el caso de los menores de Ceuta.
Naturalmente para ello sería imprescindible una investigación objetiva individualizada de las condiciones de cada menor. Investigación que jamás se ha realizado en ningún caso y de la que probablemente tengamos que admitir que tendría resultados inciertos cuando no claramente negativos.
Por ello el intento de utilizar organizaciones mas o menos fantasmas para «certificar» la integración y acogida del menor en Marruecos, no sería sino una forma de disfrazar un atentado gravísimo contra los derechos de la infancia y una violación de todos los tratados internacionales, de la constitución y de las leyes que en nuestro país protegen a los menores.
Quizás por ello, tal como denuncia un reciente comunicado de Prodein (Asociación Pro Derechos de la Infancia) los políticos locales, avalados por la Delegación del Gobierno, han solicitado de forma indecente que no se apliquen las leyes en Ceuta y Melilla que rigen en toda España. El estupor que ha levantado estas peticiones sólo es comparable al desprecio que sienten estos políticos hacia los derechos humanos en general y de los menores en particular.

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