Visto para sentencia el juicio contra una abogada y un gestor bilbaínos, acusados de presuntas estafas a cientos de inmigrantes

Sos1 (Nota de Prensa 5 de junio de 2013)

Visto para sentencia el juicio contra una abogada y un gestor bilbaínos, acusados de presuntas estafas a cientos de inmigrantes

En las conclusiones la fiscal y el abogado de la acusación popular, impulsada por Sos Racismo, han aumentado las penas solicitadas al entender que debía aplicarse un tipo de estafa agravado por recaer sobre cosas de primera necesidad o bienes de reconocida utilidad social.

Aunque en el escrito de acusación se pedía 6 y 7 años respectivamente, finalmente la fiscalía y la acusación popular han solicitado 8 años de prisión para Mari Carmen Formoso Gallego por delitos de estafa, falsedad documental y deslealtad profesional. Para Emilio González Rodríguez 7 años por estafa y falsedad documental. Para un tercer acusado se han solicitado 6 meses de prisión al considerar que su participación fue funcional en unos pocos casos.

La abogada y el gestor comparecieron escoltados por la ertzaintza al encontrarse en prisión provisional desde el pasado 16 de mayo. Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Bizkaia también les había condenado recientemente a 3 años de prisión por hechos similares.

La vista ha durado dos días. En el día de hoy han declarado 17 testigos. Algunos de ellos han venido desde otras provincias, como Valencia o Teruel. En su mayoría habían pagado entre 1500 y 2400 € por tramitarles una oferta de trabajo y el permiso de residencia para que algún familiar, en varios casos una hija o un hijo, pudiese venir a trabajar a España. Sin embargo, una vez presentada la solicitud se
descubría que la oferta de trabajo era falsa o inadecuada.

Los acusados comenzaron con esta actividad en 2008 pocos meses después de que concluyese otro juicio en el que M.C.F. fue condenada a 2 años de prisión, por hechos similares, y mientras estaba inhabilitada.

A pesar de que Sos Racismo solicitó que se mantuviese la inhabilitación, tras recibir denuncias que continuaba con su actividad, el Colegio de Abogados de Bizkaia no lo considero adecuado.

Las personas perjudicadas se lamentaban hoy del tiempo transcurrido, de que no se hayan tomado medidas, y que, mientras tanto, otras personas hayan sufrido lo mismo que ellas. Tras tantos años, ven poco probable que puedan recibir la indemnización en caso de que finalmente sean condenadas. “Que la pongan a limpiar culos hasta que nos pague, como tuvimos que hacer nosotras para pagarle a ella los 2000 €” decía una de las estafadas. Otra persona recordaba que juntaron el dinero con esfuerzo, pero al menos en aquel momento tenían trabajo. Ahora se
han quedado sin que sus hijos hayan podido venir y temen que nunca recuperarán el dinero.

SOS Racismo valora positivamente la implicación de la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco, la Dirección Provincial de Inspección de Trabajo y la Oficina de Extranjería desde 2012 para dar una respuesta a los cientos de personas perjudicadas por las supuestas estafas, pero lamenta que se estén realizando interpretaciones restrictivas del reglamento de extranjería dificultando el acceso a un permiso de residencia y no permitiendo renovar a quien ya lo consiguió. La ley de extranjería deja en situación de exclusión a muchas personas y crea el caldo de
cultivo para quien se quiere aprovechar de ellas.

Valla

Fotografía Amnistía Internacional

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