Isla Perejil, 2002. Unos marinos marroquíes se plantan en la isla e izan la bandera marroquí. España monta un zafarrancho de combate y recupera la isla para la soberanía española.

Isla Tierra, 2012. Un grupo de inmigrantes, mayormente subsaharianos, alcanzan el islote. Supuestamente, también, de soberanía española. En unos días, el gobierno español se desembaraza de la mayoría de ellos, prescindiendo de los procedimientos legales que marca la legislación española, enviándolos a Marruecos. De esta manera, resultan violadas la propia normativa de extranjería, así como el derecho internacional que incluye el principio de “no devolución” que impide las expulsiones masivas sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada persona y sus opciones al asilo.

Si la isla Tierra es territorio español, la ilegalidad de la actuación gubernamental sólo se explica por lo que empieza a ser práctica habitual, esto es, despojar a las personas inmigrantes de los derechos que las leyes les reconocen.

Una práctica gubernamental muy arraigada en este sentido es la retención en Centros de Internamiento de personas que no han cometido ningún delito y ven privada su libertad de movimiento, por una simple falta administrativa: no tener los documentos de residencia. Un derecho fundamental reconocido en la Constitución, queda aquí vacío de sentido por su destinatario: las personas inmigrantes.

Recientemente también, el gobierno continuó su poda de derechos a las personas migrantes sacando fuera de la Sanidad pública a quienes se encuentren en España en situación irregular. Le han seguido recortes en las posibilidades de acceso a la Renta básica de ingresos.

Todo indica que, en época de recortes alegando la crisis económica, las personas migrantes van a ser uno de los sectores más fragilizados por las medidas gubernamentales. Con el agravante de que algunos políticos irresponsables pretenden enfrentarlos a los sectores populares autóctonos con el ya tristemente famoso “primero los de casa”.