Regularización de inmigrantes: deseo y decepción

Reportaje de
Irma Vigorena Valladares

Sólo basta ser lo normal de curioso, como se suele decir, para observar, enterarse y comprender cómo en este mundo a veces las cosas marchan en contra de la realidad o, peor aún, negándola. Al menos, ésa es la sensación que se nos queda en el cuerpo, cuando percibimos incongruencias tan gigantescas como el actual proceso de regularización impulsado desde el gobierno, al que ni siquiera las personas inmigrantes están invitadas a participar en igualdad de derechos, mucho menos la opinión pública para que pueda formarse una idea alejada de todo sesgo y marginación. Promesas públicas que no llegan, compromisos que no se materializan, etc., etc. El resultado: una desinformación apabullante en todos los niveles y la idea generalizada de que la normalización sólo atañe a quienes la solicitan, o sea, a las personas inmigrantes cuya autonomía para actuar en este escenario está resumida a la nada, y a unas cuantas y leales ONGs y organizaciones sociales que apoyan al extranjero. Algunos con menos o más razón dirán que también a los sindicatos, pero es un hecho que ellos son los principales implicados en un proceso que les relega, les hace más vulnerables y humilla, al considerarles como mano de obra, encima barata, posponiéndolos a un rotundo segundo plano, ante la figura poderosa del empleador, que posee la virtud de salvarle o no de la irregularidad.
Si extrapolamos esto a una conversación de vecindario, donde ya no resulta tan simpático que su entorno de toda la vida vaya cambiando con tanta prisa, seguramente estarán de acuerdo en admitir que es bueno regularizar a la gente, para que comiencen a pagar la seguridad social como todo el mundo, pues dan por sentado que las personas de fuera, como inferiores que son, a veces por desconocimiento u otras por convicción, planean siempre funcionar al margen de la legalidad. Pero, ya que existen, que sea un poquito lejos de su localidad, para que así no le hagan competencia a su hijo o a su nieto, las cosas como son. Y si te demoras un poco más, ya no les será del todo agradable llevarles a un terreno más complejo acerca del tema, para hablar de eso ni siquiera están los medios de comunicación, así que ellos mucho menos.
Dicen que la curiosidad rompe el saco, pero a veces es la única vía para sacudirse y espabilar del letargo social, comunicacional y emocional en el que se entra casi sin decidirlo, cuando se tiene enfrente situaciones tan inflexibles, radicales, unilaterales, de las que se habla a diario con una parcialidad que ofende. Llevo observando y escuchando, sin afán de cotilleo, muchas situaciones que se dan a mi alrededor, sobre todo de los temas que más me interesan, la regularización es uno de ellos, desde antes de implicarme en este artículo. He oído de todo y he visto muchos rostros de personas que con ilusión se acercan a Euskadi y al Estado Español para acceder a una vida digna, de trabajo y esfuerzo que les permita educar a sus hijos y llevar el día a día, sin mayores expectativas de grandes lujos.
Lo he oído de sus labios. No hay más misterios, por supuesto sin afán de generalizar o ponerme puntillosa, éste es el perfil común de las personas que llegan a esta zona, buscando una oportunidad de trabajo y no un regalo o ayudas sociales como creen muchos. Habrá de todo como en todo el mundo, pero de eso lo más, sólo basta acercarse a alguna ONG u organización social, que trabaja inmersa en el tema de la inmigración y preguntar por lo que tanto le gusta a la gente: las estadísticas, como si definieran lo realmente importante. Pero bueno, los antecedentes están y dan fe que la gran mayoría de inmigrantes que está en Euskadi se encuentran trabajando.
Valga una aclaración, muchos de ellos dependiendo absolutamente de la voluntad que tenga su empleador para regularizarlos o no, o de si a última hora la administración flexibilizará el requisito de empadronamiento, el más peliagudo de todos. En todo caso, pareciera ser que es normal que a un trabajador pueda irle mejor o peor, dependiendo del empleador que tenga, digo esto porque la vida sigue para el resto y hoy, a dos meses de iniciado el procedimiento de normalización, cuestiones tan básicas como ésa sólo han sido denunciadas por los más sensibilizados frente al tema, ya sea por escrito, a través de marchas reivindicativas, reuniones informativas, etc.
Parece ser que también es normal que cuando el trabajador inmigrante manifiesta a su empleador su deseo de acceder a la regularización se le diga que sí, luego que no y encima que no vuelva mañana al trabajo o, que si paga sus cotizaciones a la seguridad social, le permitirá entrar en el proceso. Hace meses que se habla, incluso, que los contratos ya tienen precio, así como también se dice que no hay que irse muy lejos para comprobarlo. En fin, yo me quedo con la conversación que sostuve hace poco con un inmigrante ecuatoriano, que refleja el panorama que con toda seguridad va a existir después de la regularización, cuando la mitad de la personas se quede fuera del proceso, “hay que seguir viviendo, ya me escondí una vez por largos meses por el miedo que tenía a la aplicación de la ley, pero estaba solo, ahora mi familia está aquí y tenemos que comer, aunque haya o no papeles, yo seguiré luchando y buscándome la vida, tengo trabajo pero no contrato, qué hago, me escondo o lo enfrento, para mí está claro”.

Si no hay voluntad de regularizar, ¿para qué tender puentes?

A dos meses de iniciado el proceso de regularización, al parecer todavía existen las mismas incertidumbres con las que partió, anuncios por parte del gobierno que no han llegado a concretarse, organismos sociales y no gubernamentales más sensibilizados que la propia administración o los empleadores y una cantidad de personas inmigrantes atrapadas en medio de un vacío absoluto, un escenario claramente desesperanzador cuando la disponibilidad de aquellos que tienen el poder para decidir, es prácticamente nula. En tanto, los trabajadores siguen anhelando cada vez menos ilusionados y más desesperados, que ocurra algo de última hora que les permita entrar de alguna manera en la regularización.
El origen de la última reforma de ley (14/2003) está en una propuesta del PP, que el PSOE votó y avaló a cambio de 26 enmiendas, 20 que fueron incorporadas a la ley y 6 transaccionadas. “Difícilmente el PSOE podría decir que ésta no es su ley, pues no tenía diferencias de fondo con el PP en cuanto a política de extranjería e inmigración. Otra cosa es que el PSOE tenga una presión del PP en cuanto muestre algún atisbo de flexibilidad en la ley. Ambos están admitiendo una política que es bastante común en la Unión Europea y que tiene el mismo carácter de concebir la inmigración, como canalización de mano de obra en función de las necesidades internas de trabajo. Es muy discutible quién decide esto. Ése era el objetivo central del PP y lo es también del PSOE” comenta Agustín Unzurrunzaga, de SOS Racismo Gipuzkoa.
Y continúa, “el PP ponía el acento en el control de las fronteras y en el control de la situación de estancia de la inmigración, por eso le daba un aire muy policial a toda su actuación. El PSOE ha modificado el ángulo de actuación, centrando más en el control de la economía sumergida como instrumento que permitiría controlar, a su vez, la oferta de trabajo y regular a partir de ahí la irregularidad. Yo creo que es tener los mismos objetivos, cambiando parcialmente la palanca con la cual voy a actuar para conseguir ese objetivo y nuestra impresión es que sigue siendo un análisis unilateral del PSOE”.
Cabe recordar que, originalmente, la idea que tenía el ministro Caldera del proceso de regularización, y que llevó incluso a una sesión parlamentaria a comienzos de septiembre de 2004, consistía en una denuncia que efectuaba la persona inmigrante, para a partir de ahí levantar un acta de inspección; luego, podía ocurrir que de ese acta de inspección no surgiera ninguna sanción, o bien, que sólo se comprometiera al empresario al pago de las cuotas atrasadas de seguridad social de un año con intereses, sin intereses. Pero como todo en la vida hay que negociarlo, se sientan el gobierno, la patronal y los sindicatos a negociar, y hacia primeros del mes de octubre, se cierra el acuerdo de estos tres agentes, que luego da vida al texto del reglamento que rige hoy la normalización”.
“La regularización no es para todos, a veces las personas inmigrantes que llegamos aquí, olvidamos que el gobierno español, en estos momentos, no quiere recibirnos, pero parece tan claro que la gente no se lo cree y te dice ‘yo llevo acá mucho tiempo y me falta un requisito porque no he podido empadronarme, ya que nadie me ha dejado, entonces cómo no me van a regularizar’, no, es que no te van a regularizar porque la ley está hecha para eso, para que tú no entres”, establece Alberto Exebio, residente peruano en Bilbao, Responsable de Inmigración de Zu eta Lur, ONGD que forma parte de Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONGs de Euskadi en Apoyo a los Inmigrantes.
Precisamente, desde la comisión jurídica de Harresiak Apurtuz, el trabajo experimentado desde antes de iniciarse la normalización, ha sido intenso y consistente. Integrada por asesores jurídicos pertenecientes a las diferentes organizaciones que la componen, la principal labor de esta comisión ha sido unificar criterios a la hora de proporcionar una información precisa. “La tarea la hemos tenido complicada porque ni siquiera la administración nos ha estado informando de cuál ha sido el procedimiento, entonces no teníamos antecedentes de primera mano para proceder a realizar una información veraz y correcta”, afirma Claudia Emmanuel, abogada de Bilbo Etxezabal.
Explica que han participado en diversas reuniones con la subdelegación del gobierno en Bizkaia, la mayoría infructuosas y, por lo tanto, carentes de resultados concretos. Más bien, desde allí han recibido información que luego ha resultado ser incorrecta, como la supuesta aceptación del volante de empadronamiento, a tres días de empezar la normalización. Lo trágico es que son, precisamente, las ONGs y las organizaciones sociales, las encargadas de distribuir la información a la gente y asesorarla en todo lo posible, tomando en cuenta esto, sin duda, los tropiezos y costalazos han sido numerosos. Alberto Exebio conoce muy bien las reuniones con el subdelegado del gobierno, pues ha participado activamente en ellas y no olvida el tercer encuentro, en que con dificultad para salir del paso el subdelegado les comparte algo que, a su juicio, de alguna manera es verdad. “Nos dice: nosotros vamos a poner un camino, el que pueda cruzarlo, que lo cruce, el que no…”, nos lo dijo textualmente. La cuestión es clara, ésta es la disposición que tienen ellos, el camino que han escogido, a nosotros es cierto que nos afecta porque esto no va a parar, entonces se necesita de una voluntad política real para solucionar el problema de la ilegalidad”.

Diferencias, despidos y otros

Si hay algo clave que diferencia éste de otros procesos de regularización y que, para más mal que bien, lo transforma en una interpretación de la ley llevada a un extremo de rigidez, inflexibilidad y sometimiento, es que el sujeto activo de la regularización no es el trabajador, sino el empresario, que en la mayoría de los casos, está desinformado, nada sensibilizado y actúa según sus criterios económicos. En todos se ha solido exigir un período previo de estancia en el país, que suelen ser 6 meses. Lo novedoso, es que las anteriores regularizaciones se hacían sobre la existencia de una oferta de empleo, es decir, la persona se regularizaba sobre la base de un trabajo futuro y era ella quien debía acercarse a la administración. Ahora es al revés, es el empresario el que debe presentar el expediente y reconocer ante la ley la existencia de un vínculo laboral y ofrecer continuidad de ese vínculo por un tiempo mínimo establecido que es de 6 meses, es rarísimo encontrar un contrato por más tiempo.
La diferencia es que la gente que antes tenía oferta de trabajo, podía regularizar su situación y ahora no lo va a poder hacer. Precisamente, la calidad del trabajo es lo que se critica desde los organismos sociales y no desde las centrales sindicales, que no están contando la gran cantidad de casos en donde el coste de seguridad social corre a cargo del trabajador. En general, las ofertas de empleo están ajustadísimas a la ley, 500 euros, 525, 550. Aunque eso no se dice, todo el mundo es consciente de que los 130 euros de la seguridad social se los paga el trabajador, que desde un principio tenía claro que estaba en una situación de enorme debilidad y que no podía arriesgar su regularización, pues no es sólo tener o no papeles sino todo lo que se deriva de ahí. Un proceso de estas características, donde la patronal posee tanto poder, sin duda tiene consecuencias en lo inmediato y en lo posterior, la única posibilidad que le queda al trabajador es marcharse en cuanto pueda a buscar otro trabajo o esperar un año y ver si con el segundo permiso ya quitan las limitaciones geográficas y profesionales, para así abordar un trabajo mejor.
Cuando se le pregunta a Agustín Unzurrunzaga, de SOS Racismo Gipuzkoa, con qué tipo de situaciones se encuentra a diario, él es categórico: “con gente que ha sido despedida según ha iniciado su procedimiento de regularización, habiéndolo acordado previamente con su empleador. Respuestas como: imposible, no te puedo hacer la regularización y no sólo no puedo hacerte la regularización, sino que te vas a casa, son muy comunes. Esto tiene que ver con uno de los problemas de fondo que tiene esta regularización, de hecho el empresario hace el trámite y se regulariza a aquella persona que él quiere regularizar, el trabajador no tiene ninguna autonomía al plantear la petición de regularización”. Un ejemplo concreto de esta situación, es uno de tantos casos por los que SOS Racismo aboga y trabaja. Una mujer latina, que llevaba trabajando 14 meses en una casa como empleada de hogar de una profesora, plantea a su empleadora iniciar los papeles de regularización. Ésta le dice que no puede presentar la declaración de la renta, pues evidentemente ningún maestro de la CAV percibe ingresos suficientes para abonar el salario de una empleada de hogar, aunque es una mala excusa, le sirve para no hacerle los papeles y despedirla. De estos casos, aunque extremos, ha habido varios, según comenta Unzurrunzaga.
Los sindicatos están hablando, por cierto, del tema de los despidos que es una cuestión que ha sido denunciada por las ONGs y no por ellos, sin embargo dicen que instan al gobierno a que actúe y animan al inmigrante a denunciar la situación, el asunto es complejo y la situación injusta para el trabajador. Lo concreto es que el camino para quienes no logren entrar en la regularización se prevé bastante ripioso, los más, probablemente, estarán confinados a seguir esperando, otros intentarán por la vía del arraigo ordinario (llevar más de tres años viviendo en territorio español) y/o del arraigo laboral, que entra en vigor en agosto de 2005, previa presentación de ciertos requisitos. “Si la única respuesta que pueden dar los sindicatos a esta situación, es a través del arraigo, pues yo digo tarde y mal porque estas personas no pueden ir ahora a un juzgado y forzar una sentencia que obligue a ese empresario a contratar y engancharse a este proceso, esto ya no se puede hacer porque esa figura no existe, además la figura del arraigo laboral es complicada, un inspector del trabajo tiene que levantar un acta en la que dice que tal persona ha estado trabajando un año con este señor, ¿cómo se demuestra esto? Si las herramientas para denunciar son escasas, es precisamente porque los sindicatos han negociado este reglamento. No me convence que digan que animan a los trabajadores a denunciar”, señala Mikel Mazkiaran, abogado de Heldu Gipuzkoa (servicio de atención jurídica gratuita a inmigrantes puesto en pie por el Gobierno Vasco).
Desde la perspectiva del trabajo diario, todos parecen coincidir en que la regularización empezó mal, con tropiezos y una inseguridad absoluta. Al principio ha sido un ir y venir de instrucciones y circulares que, al parecer, han ido tapando los huecos que el reglamento de extranjería, en su disposición transitoria 3ª, y la orden ministerial de febrero no cubrían. Esas instrucciones en muchos casos, han sido aún más contradictorias y lejos de aclarar, han entorpecido más el panorama. Asimismo, otra característica del proceso, es que la administración ha demostrado ser rígida y estricta en cuanto a la documentación a presentar. Los documentos que exige la ley son el certificado de empadronamiento con anterioridad al 8 de agosto de 2004, antecedentes penales del país de origen, pasaporte y un contrato de trabajo mínimo de 6 meses. Como falte un documento o no esté rellenado según dispone la norma, lo que se produce es una inadmisión al trámite. La gran parte de los problemas se están generando con el empadronamiento, ya que en la medida en que no se pueda probar con un certificado de padrón la estancia aquí, sencillamente no se estudia esa solicitud. En tanto, existe un porcentaje altísimo de personas que por diversos motivos no pudo ni puede empadronarse.
Ahora bien, según Mazkiaran, se podría entrar a discutir si jurídicamente esto es correcto o no, en la medida en que cierra la puerta a lo que en derecho se llama otros medios válidos en derecho, o sea probar la estancia en el país a través de un contrato de arrendamiento o la apertura de una cuenta, un informe médico e incluso documentos públicos que pueden ser un informe de una trabajadora social, que viene a declarar o certificar que esta persona ha tenido un seguimiento desde los servicios sociales a partir de tal fecha y está en un domicilio determinado. Cualquier discusión jurídica sobre este asunto pasaría por plantear una cuestión de ilegalidad al propio reglamento, comenta.
“Desde mi punto de vista lo que no está bien es que se limiten esos medios de prueba, porque están restringiendo el acceso a derechos, hay que tener en cuenta que primero es acceder a un permiso de residencia, para luego tener la libre circulación, o sea podríamos estar hablando de derechos fundamentales a los que no se puede acceder cuando me están imponiendo probar la estancia en el país sólo con un medio de prueba, teniendo otros igualmente válidos en derecho. Hay que tener en cuenta que la finalidad de la norma, que es estar 6 meses en España, se cumple si lo puedes probar con otros medios”, asegura Claudia Emmanuel, abogada de Bilbo Etxezabal.

Lectura cerrada y subordinación

Para Unzurrunzaga, la lectura cerrada que hace la administración con respecto al padrón, tiene un significado más profundo. “Se puede decir que en muchos casos, no se busca la regularización, porque si el objetivo fuera regularizar al máximo de personas posibles que tienen trabajo fehaciente, la administración tendría que tener una lectura sencillamente más flexible”. Recuerda, que el 19 de noviembre, en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros, Jesús Caldera anuncia que se tendrían en cuenta otros documentos probatorios, aparte del certificado del padrón, “por lo tanto podemos decir con toda naturalidad que Jesús Caldera es un mentiroso”.
El otro terreno probablemente menor en cuanto a volumen de personas afectadas, se refiere al tema de la caducidad del pasaporte. Hay personas que no están pudiendo presentarse al proceso, aún teniendo certificado de empadronamiento y contrato de trabajo, porque han tenido la desgracia de que les ha coincidido la fecha de la regularización con la caducidad del pasaporte. Y hay consulados y embajadas de países, en concreto como Rusia, que no está haciendo la renovación de su pasaporte a las personas que no tienen ya permiso de trabajo o residencia.
“Cuando se habla de una regularización, en donde el peso fundamental recae en el mercado laboral, sin tomar en cuenta otros factores como el que la mayoría se encuentra en situación irregular, trabajando en economía sumergida, con relaciones laborales precarias, con carácter de ser zonas grises, por lo cual no hay contrataciones ni a trabajadores nacionales ni extranjeros, es muy complejo. Es como si para terminar la carrera universitaria, te pidieran como requisito un contrato de trabajo de 6 meses a jornada completa, ¿cuántos titulados tendríamos por año? Este ejemplo se lo escuché al profesor Imanol Zubero y me parece que ilustra lo que está pasando”, asegura José Roberto Marro, abogado de Heldu Bizkaia.
Según Diógenes Sabana, guineano, abogado de Biltzen (servicio de mediación para inmigrantes puesto en pie por el Gobierno Vasco), el poder del empleador en la regularización es un problema que se ha hecho visible ahora, porque en los anteriores procedimientos los sujetos legitimados han sido ellos, habría que preguntarse por qué hoy adquiere tanta relevancia, algo que antes ya existía. Quizá porque ahora los empresarios son gente importante para los políticos y ellos son los que se están quejando que tienen que ir, volver, etc., a la administración, para evitar luego sanciones, infracciones y demás, los inmigrantes vienen diciendo desde hace años que los únicos legitimados son los empresarios, yo creo que incluso se podría decir que eso va en contra de sus derechos fundamentales”.
Así las cosas, surgen las dudas sobre las reales intenciones de un proceso de semejantes características, que reduce a muchos actores sociales a su mínima expresión. La opinión pública es uno de ellos y hoy por hoy, está confinada a creer lo que posee, una verdad parcializada porque de esto no se habla en los medios de comunicación, así como no se entera de las denuncias hechas, por ejemplo, por SOS Racismo Navarra, del impreso de solicitud de regularización que cita la prohibición de la ablación o mutilación femenina porque pone bajo sospecha a todas las personas inmigrantes, considerándolas proclives a vulnerar los derechos humanos. La gente sigue pensando en sus casas que para este proceso fueron creados no sé cuántos nuevos puestos de trabajos, exclusivamente para las personas inmigrantes, cuando sólo se trata de que el empleador con una mano en el corazón, decida reconocer una relación laboral ya existente.
Pero no todos están por la labor del despido y la no regularización. Hay empresas que quieren contratar a personas inmigrantes, pero la ley de extranjería no se lo permite y esto es lo que habitualmente se ve en bares y tiendas. Otra cuestión que se da, es que muchos empleadores cogen miedo con las sanciones de la inspección del trabajo y deciden despedir a sus trabajadores, por falta de información y sensibilización. Se podría decir que se ha conseguido justo lo contrario con esta ley, ya que en vez de conseguir papeles y regularizar su situación, los trabajadores han quedado en la calle y sin posibilidad de acceder a ello. Encima, interpuesta una sanción no se puede regularizar.
“La ley de extranjería limita a los inmigrantes a una situación de altísima vulnerabilidad, lo que hace que tengan que aceptar trabajos en donde deben meter muchas horas y en peores condiciones laborales o, en estos momentos de regularización, que ciertos empresarios o empleadores, puedan disponer de ellos e imponerles a que se paguen ellos la seguridad social porque si no, no se regularizan. No hay que olvidar que toda esta situación es producto de la ley de extranjería y el reglamento que el PSOE ha desarrollado de esa ley es aún más duro, sin contar que hay toda una estructura social que está apoyando a que esto no se lleve a cabo”, argumenta Diego Jauregui de SOS Racismo Bizkaia.
Lo que preocupa a las ONGs y organizaciones sociales, es el grado de indefensión y subordinación de la persona inmigrante al empresario, que hace que el trabajador tenga que preocuparse de conseguir la totalidad de la documentación, aunque las consecuencias, aseguran, eran bastante previsibles tal como está la norma. Por tanto, se enfrentan a ella, partiendo de la premisa de que éste no es un proceso de regularización, sino de normalización y más bien de afloración de economía sumergida, que vendría a ser el objetivo del gobierno: se normaliza aquél que el empresario quiere, sobre la base de aflorar esa relación laboral y ofrecer su continuidad. En general, las ONGs han tenido un punto de vista más crítico que las centrales sindicales con respecto al Reglamento en su conjunto, la mayoría ha considerado que es un texto subordinado a la Ley de Extranjería.
¿Pero por qué los sindicatos han amparado un proceso tan vertical? “Me parece un error de bulto de CCOO y UGT, creo que en la práctica esta firma implicaba algo más, porque cabía una presión mayor por parte de los sindicatos hacia el gobierno, en el terreno de la flexibilización de algunos criterios, partiendo del criterio básico de que se regularice a quien tiene trabajo. Leyendo sus escritos, en donde avalan no sólo el proceso de regularización, sino la totalidad del Reglamento y todo lo que está haciendo el gobierno en materia de extranjería y, particularmente, Cándido Méndez hace poco en El Mundo decía que todo es una maravilla, a mí me parece una bestialidad, creo que se han enfangado en algo que va bastante más lejos que decir hemos facilitado la regularización de 300, 400, 500 mil personas, que lo puedes decir porque es un éxito, a pesar de que tú puedas ver la otra cara. En esto de avalar, los sindicatos han entrado en un terreno que considera el trabajo en una sola dimensión y a la inmigración como mano de obra barata, un punto de vista enormemente unilateral”, reflexiona Unzurrunzaga.
Así como esto sorprende o deja de sorprender a muchos, lo que está claro desde luego es que el no haber realizado ninguna campaña informativa y de sensibilización a nivel macro a los empresarios, proporcionándoles las herramientas para enfrentar este proceso, debió haber bastado para no suponer ningún éxito. Hay que considerar que se supone que es él, en principio pues ya se le ha facilitado la labor a través de gestorías, quien debe personarse en las oficinas, recopilar toda la documentación y estar al tanto de cómo va el procedimiento. Es más, el empleador desconoce que si no está en propiedad de todos los requisitos exigidos por la ley, su solicitud no será estudiada y que es susceptible de inadmisión a trámite, aunque contra la resolución de inadmisión a trámite se puede interponer recurso y allí es donde se deben adjuntar los documentos de prueba. Qué viabilidad tiene esto, al parecer, es la gran duda. Incluso ni siquiera se informa al empleador que puede provocar la inadmisión a trámite.
Esto, sumado a las primeras noticias que provenían del gobierno o de sectores muy cercanos a él, acerca de que habría mayor presión para denunciar a los empleadores y más sanciones para quienes ampararan la ilegalidad, etc., sólo vino a generar mayor inseguridad entre el gremio. Aquí, las ONGs han realizado una labor importante, presionando la flexibilización de requisitos, convocando marchas de sensibilización en todo Euskadi, informando del procedimiento a empresarios (los grandes desinformados en este proceso), apoyando a los extranjeros a reunir la documentación necesaria y en el convencimiento de su empleador. A diferencia de lo que se comenta en otros ámbitos, no se ha negociado ni con las ONGs ni con las asociaciones que integran el Foro de la Inmigración. Por ello, la sensación que les queda, porque en su día el gobierno en un acto formal les pidió opinión por escrito, es el de haber sido oídas, pero no escuchadas.

Regular Flujos Migratorios

¿Motivos para que el empresario opte por no regularizar a sus trabajadores inmigrantes? Dejando de considerar el miedo, en el caso de empleadores con buenas intenciones, la principal causa sería los altos costos que deben desembolsar por concepto de seguridad social, aunque sumado a otras cuestiones como respeto a los horarios de trabajo, de las vacaciones y salarios. Por ello, que no llame la atención que no pocos empresarios decidan regularizar a 2 y no a 4, por ejemplo, aunque en muchísimas ocasiones se trata de extranjeros que llevan bastante tiempo trabajando para ese empresario y, sin embargo, éste no está dispuesto a hacerle la regularización. Si hay una cosa clara, es que una gran parte de la población inmigrante en Euskadi, se encuentra trabajando.
Si volvemos al principio, nos encontraremos sólo con buenas intenciones, pues lo que se ha tratado de transmitir desde un comienzo por parte de los organismos encargados de llevar el proceso, es que se trataba de regularizar a todo el mundo que estaba trabajando en situación irregular, lo triste es que a poco de echar a andar (días) todos han podido constatar que no será así. “Nos venden que la ley de extranjería es una ley hecha para regular los flujos migratorios, en absoluto, la ley nunca ha regulado flujos, la gente viene y nos puede gustar o no, a mí me encanta, ahora habrá gente a la que le horrorice, pero ellos se lo están perdiendo. Entonces, lo que la ley tiene que regular es cómo hacer los mecanismos de integración de la mejor manera posible y no negarle a las personas los papeles para colocarlos en situaciones de tener que aceptar cualquier tipo de trabajo porque lo que necesita es mantenerse y vivir”, enfatiza Diego Jáuregui.
Lo cierto es que, mientras haya condiciones para que las personas inmigrantes puedan mejorar sus condiciones de vida o una esperanza de una vida mejor, la gente va a seguir viniendo y apostando al riesgo, como lo han hecho tantos que hoy se encuentran aquí. Muchos de ellos a la espera, en un estado de cansancio, ansiedad e incertidumbre, a ver qué puede suceder, si va a haber un cambio en el sentido de flexibilizar ciertos requisitos, concretamente el del empadronamiento, pues la gente no es tonta, y contrariamente a lo que muchos creen, los más informados sobre las particularidades y generalidades de este proceso que descansa en el empleador, son las personas inmigrantes y no ellos.
“Aquí sí hay que hacer una crítica de fondo, porque si sacas unos requisitos y vas flexibilizando algunos, generas expectativas en que los demás se puedan flexibilizar, por lo tanto, ahora mismo hay gente que, aunque en principio no entra en la regularización, se encuentra recopilando documentos que no son empadronamientos, porque si ayer salió una orden tipo acuerdo en el sector agrario, por qué no puedo explicarle a alguien que no va a haber flexibilización con el empadronamiento. Hay cosas que no se pueden determinar, pero un poco la previsión se podía haber hecho, pues no es normal que todos los días tengamos correos con aclaraciones y circulares”, advierte Diógenes Sabana.
Sin duda, hay algo que no cuadra con el tema del empadronamiento, porque si previamente en la ley 14/2003, se dice que la policía podrá tener acceso al padrón y eso crea un efecto de miedo generalizado en la población inmigrante, es evidente que va a incidir en que la gente no se empadrone. Luego, se exige el padrón como único documento probatorio de la estadía en territorio español, para entrar en el proceso de regularización, parece un mal chiste cuando se ha quedado tanta gente sin empadronar por esta razón. Y el panorama se agrava, si empezamos a considerar a aquellas personas que no se empadronaron por desconocimiento, porque su arrendador no se lo permitió o porque acudieron al ayuntamiento cuando eran las fiestas del pueblo.
“En el tema de la agricultura, la administración ha hecho una lectura flexible del contrato de tres meses, incluso ha tenido en cuenta que ha hecho mal tiempo y que ha habido un invierno largo y que en algunos casos ha podido haber dificultades, pero esa lectura que va en el terreno de la patronal, no la hace en ningún momento en el terreno de los trabajadores, donde se está haciendo una lectura absolutamente cerrada de la normalización, que está impidiendo de facto la regularización de un número difícil de calcular de personas que son potencialmente regularizables”, acota Agustín Unzurrunzaga.
En consecuencia, queda la sensación de que acudimos a un proceso sumamente distante, que no nos afecta y al que tampoco se nos ha invitado a participar. Quizá a muchos no les interese hablar de inmigración, lo que también es válido, o tal vez del tipo de inmigración que está llegando a Euskadi y al Estado español, porque para sorpresa de algunos, no pocos hacen diferencias entre los flujos migratorios, una frase que tanto le gusta al gobierno, para referirse al final a personas. En este contexto, Alberto Exebio recrea algunos conceptos. “A no ser por las guerras, los flujos migratorios siempre se han movido por aspectos atractivos de otras culturas, por ejemplo, los británicos fueron a Estados Unidos porque había oro, pero no todo el mundo quería ir, sin embargo, esas motivaciones de tantos que partieron siempre encontraron recepción en la nueva tierra porque eran necesarios. Ahora hay una situación nueva, esta inmigración desde países económicamente en desventaja se está produciendo por una motivación vital necesaria, que es la gran diferencia y la otra, es que la recepción es malísima”.
Y agrega, “en este momento, claro, no hay una razón atractiva porque aunque la gente tiene la percepción de que va a vivir mejor, esto es totalmente falso, quizá va a vivir mejor económicamente, pero vitalmente, el proceso de arraigo y, por lo tanto, el desarraigo es un proceso tremendamente brutal para una persona. Imagínate alguien que ha venido, que no tiene papeles y no puede volver en 5 años a su país, es terrible. Si ya se habla del síndrome de Ulises, depresión y estrés, que con frecuencia sufren los inmigrantes extracomunitarios que vienen aquí. El inmigrante, en general, para ser un ciudadano de primera, tiene que pasar un proceso de casi 10 años”.

Los inmigrantes son personas

Es un hecho que el actual proceso de regularización se caracteriza por la falta de información y la incertidumbre generalizada, primero con el documento de penales, que al parecer medianamente se solucionó vía parches y circulares; segundo, el tema de si entraban o no los estudiantes a la normalización, primero se dijo que no se trataba de un proceso destinado a ellos, luego que sí, de nuevo que no, hasta que se les ha permitido entrar, previa recepción de más parches y circulares. Y todo ello, para recalar en el requisito más peliagudo de la regularización, el empadronamiento. Un trámite relativamente sencillo, basta con presentar el pasaporte y un justificante de residencia (contrato de alquiler, recibo de la luz, agua, teléfono), que permite acceder a prestaciones sociales como la educación y la sanidad, pero al que no todos pueden optar. Una vez empadronado en un domicilio, esa persona puede dar de alta en él a cualquiera, aunque se supone no pueden haber empadronamientos masivos.
“Yo creo que el problema son las presiones mediáticas y políticas, en el sentido de que la inmigración es un tema muy delicado en este momento, posiblemente sea el segundo o tercer punto de la agenda de cualquier gobierno, porque engloba a muchas personas, entonces, tener un discurso muy restrictivo con relación al tema de extranjería, genera votos favorables; tener una posición, no aperturista ni de fronteras abiertas, pero una posición que sea consecuente con los DD.HH, etc., posiblemente le genere menos votos electorales. Capaz que por ese miedo electoral, es que se ha optado por una línea más restrictiva”, advierte José Roberto Marro. Por su parte, Claudia Emmanuel, explica, que no sólo se trata de contentar a un sector, sino a todo el mundo, porque el gobierno debe haber recibido presiones de todo tipo, para que el proceso quede bien cerrado, como les gusta decir, “ellos hablan de que se podría dar lugar a fraude, pero es lo de siempre, cada vez que hablamos sobre determinadas cosas, nos sale la palabra fraude, contrato fraudulento, que los contratos se están comprando, en fin, puede que eso exista, pero será un porcentaje muy inferior, aunque a través de los medios de comunicación es la idea que va quedando.
Presiones o no, Agustín Unzurrunzaga hace hincapié en que estamos hablando de personas con múltiples necesidades, que no pueden ser reducidas a mano de obra barata, que es a lo que les reduce el conjunto de la normativa de extranjería. “Así como las centrales sindicales, que siempre han admitido el principio de prioridad nacional y les parece bien que a los trabajadores extranjeros se les discrimine, yo creo que ese es el fondo de la cuestión. Avalan una situación en que la discriminación por el hecho de tener un origen nacional diferente, está presente: para acceder a un trabajo necesitas un permiso, para poder continuar trabajando necesitas renovarlo, en un contexto donde no tienes los mismos derechos políticos y cívicos que tiene un autóctono, avalar esto me parece un mal punto de partida por parte de las centrales sindicales. No puedo generalizar, pero hay declaraciones de Cándido Méndez, en concreto, a favor de la discriminación de los trabajadores extranjeros, cuando la condición de ser trabajador debería ser lo esencial y no el origen nacional”.

Solución coherente

Existe la posibilidad de que se produzca una inspección del trabajo, es decir, una solicitud que ha sido rechazada es revisada para comprobar si fue o no contratada esa persona inmigrante o si está o no desarrollando un trabajo aquí. “No sé las posibilidades de que algo así se produzca, si yo le hago caso al gobierno, las posibilidades son muchas porque ése es el mensaje que está lanzando, pero también entiendo que ese mensaje tiene mucho de político y poco de realista, es decir, hasta ahora las inspecciones laborales en el tema de contratación de inmigrantes han existido, pero no con una asiduidad como quiere hacer ver el ministro Caldera, que hablaba de 500.000 no hace mucho en la prensa”, sentencia Mikel Mazkiarán.
Ante el reciente anuncio, 11/04/2005, de la administración en cuanto a flexibilizar el tema del empadronamiento, aceptando un documento de uso público para validar la estancia en el país de la persona inmigrante, es probable que aumente el número de empleadores con expedientes bajo el brazo, una imagen casi de fotografía, puesto que desde la puesta en marcha de la regularización no se ven colas fuera de las oficinas de recepción de solicitudes. Sin duda, ésta es una puerta que se abre, gracias a la presión constante de las ONGs y organizaciones sociales que apoyan al inmigrante, que se han hecho presentes ante la administración, los medios de comunicación y la opinión pública, reivindicando la igualdad de derechos para todos y el gran esfuerzo económico y emocional que están haciendo las personas inmigrantes en esta normalización.
Un esfuerzo que no estaría siendo compensado, según estas asociaciones, por parte del gobierno ni de la patronal, sumidos en una gran pasividad y que a juicio de quienes están en el día a día desde las ONGs y organizaciones sociales, no han hecho ningún esfuerzo específico, puesto que ha sido el propio trabajador inmigrante el que ha debido completar la totalidad de los documentos, incluidas las copias de los contratos de trabajo y los modelos de contrato. Ellos son los que han ido a recoger la información y han recopilado una carpeta con toda la documentación, para luego acercársela a sus empleadores, como si estuviesen concienciados de que es algo que sólo les compete a ellos. De todas formas, como siempre, ha habido una parte del empresariado con una posición más activa.
En este contexto, Alberto Exebio asegura que “el Estado español es coherente con lo que piensa, todas sus conclusiones van a hacia un punto común: yo no quiero tratar con el inmigrante, aunque ‘el problema’ es el inmigrante, yo no quiero tratar con él, yo quiero tratar con mi nacional, mi nacional y yo somos los únicos que tenemos decisión en este asunto. Claro, proponen una regularización desde el punto de vista nacional, sólo el empleador es capaz de normalizar. Entonces el mayor error de la normalización no es en sí mismo que sea tan cerrada, radical o marginal, sino poco honesta porque si quieres que el eje central sea el empleador y por lo tanto, sólo la implicación del nacional permite la regularización de las personas inmigrantes, entonces olvida al inmigrante y sensibiliza al empresariado”.
Alberto Exebio no observa una solución coherente, para él la inmigración aquí está politizada desde hace unos 10 años, y está siendo usada como bandera ante unos electores primarios que son los nacionales, que desconocen el tema de la inmigración. Tampoco le da ningún crédito a la ley de extranjería, pues asegura que las leyes están para normar no para crear realidades, como quiere la actual administración, que quiere crear una realidad en la que se supone la migración va a ser ordenada y va a venir gente con los visados en regla, desde sus países de origen. Pero la realidad es otra, la gente llega con un visado de turista, entra por Barajas y se queda. La llegada por puestos no habilitados o pateras, es una mínima inmigración muy determinada de países de África. Los americanos vienen en avión, los del este por carretera y se quedan aquí. Si no se enfrenta esto, no se va a realizar una política acorde a esa realidad palpable.
La solución, desde luego, no la tiene nadie, por lo que es evidente que ha venido gente y seguirá viniendo. “Yo no creo tanto en el efecto llamada, pero si uno se atreve a decir que este proceso no ha sido bueno, estaría equivocado porque hay gente que ha entrado y para esa gente ha sido bueno, positivo. Pero eso no quita que se pueda criticar un proceso basado en la incertidumbre y la inseguridad de que no sabes exactamente cómo va a acabar. Se puede decir que es bueno porque el gobierno está flexibilizando cosas que otro gobierno no habría hecho. La otra cara sería que todo hubiese venido muy claro, pero jamás se hubiera negociado. Yo creo que crea más efecto llamada que dos de los gobiernos de Europa intenten adoptar una medida de cierre de fronteras que una regularización. Si yo estoy fuera y veo que se va a cerrar, vengo corriendo”, apunta Diógenes Sabana.

Inmigración positiva

Pero, sin lugar a dudas, el tema de la inmigración no se circunscribe al ir y venir de personas. Según Alberto Exebio, ya se habla aquí en Euskadi de la fractura social, para explicar la situación que se da en la sociedad actual formada por una población inmigrante cada vez más visible, que en dos o tres años ya se estima en 5 millones en el conjunto del Estado y que parte importante de ella no tiene hoy ningún contacto cultural con la sociedad de acogida. Sumado a esto, la dificultad de acceder a un proceso de regularización no es un detalle menor, por lo tanto, no debe sorprender que la gente no esté bien, aunque no se hable de ello porque sólo interesa a algunos pocos. Así es como pescadores, mujeres de servicio doméstico, albañiles, eléctricos y otros, no se plantean otra cosa que el resistir.
José Roberto Marro, contrario a los procedimientos de regularización, aduce que éstos expresan la crisis de la política migratoria de los gobiernos. “El problema es que deben establecerse mecanismos de regularización, no esperar a algo extraordinario o esperar tres años. Hay otros mecanismos, por ejemplo, en el País Vasco al ser perceptores de renta básica a los extranjeros, independientemente de su situación jurídica, no se les puede aplicar la expulsión, se debe iniciar un procedimiento de regularización. La renta básica no es sólo un salario, sino un compromiso de incorporación en el mercado de trabajo, a través de su capacitación, etc. Y por esta vía podríamos tratar de regularizar a aquellas personas que sean perceptoras de renta básica y puedan contar con contratos de trabajo”.
¿Cuántas personas inmigrantes entrarán finalmente?, “es lo que está esperando el PP para refutarle a Caldera su fracaso”, asegura Mikel Mazkiarán que, a su vez, se suma a los cálculos que se están haciendo sobre esta cuestión, pero no en términos aritméticos, sino desde el punto de vista del éxito y del fracaso: “personas que están ahora en situación irregular, si son 800.000 o un millón siguen quedando muchas sin papeles; personas candidatas a la normalización que no pueden acreditar empadronamiento, con la nueva disposición el número de regularizados se incrementará, teniendo una oferta de trabajo; personas que estaban trabajando, candidatas a la normalización, que han sido despedidas; personas que sus empleadores no han tenido a bien normalizarlas. Si 300.000 regularizaciones es un éxito, qué son 200 mil personas que no hayan podido entrar. Las ONGs tendrían que hacer ahí una labor, un esfuerzo de contar esos casos”.
Sin embargo, lo preocupante es la situación social y jurídica en la que se queda un porcentaje de la población, que poco a poco cobra importancia a nivel económico: representa el 6% de las actuales cotizaciones a la seguridad social, además de incrementar el PIB de sus países de origen a través de los miles de millones de dólares que envían al año, genera una serie de nuevas oportunidades de negocio en el sector financiero y comercial autóctono que busca dar respuestas a sus nuevos clientes, porque el entorno de la inmigración mueve dinero y negocios muy lucrativos. Aquí sí que nadie le vuelve la espalda a la inmigración, porque es su lado positivo, mientras tanto en cada uno está el querer perderse o no el aceptar que la sociedad está cambiando y que ese cambio como tantos otros, es natural en un mundo que evoluciona.
En tanto ya se habla de cordones naturales que podrían frenar la inmigración, en concreto la de América Latina. “El PSOE juega con una hipótesis que me parece muy débil, para sustentar sobre ella un análisis futuro de un período de 5–10 años, ellos esperan que haya un parón en el flujo migratorio de entrada. ¿En qué se basa eso?, en las transformaciones de la economía en un plazo no muy largo de países como Argentina y Brasil, que permitan absorber una parte de la inmigración que actualmente viene hacia Europa. Otro elemento que consideran, es la política absolutamente restrictiva contra África, que impulsan los demás países de la Unión Europea, que me parece uno de los elementos más problemáticos de la política de extranjería tanto en España como en el resto de la Unión. Yo creo que la hipótesis en la que veníamos trabajando, de que la presión migratoria hacia Europa va a continuar por años con una fuerza importante, me parece más realista”, comenta Agustín Unzurrunzaga.
Así las cosas, antes de la reciente flexibilización del padrón, a nadie le llamaba la atención que fueran pocos los expedientes aceptados. Ello, a raíz del alto grado de improvisación por parte del gobierno, que le ha obligado a desdecirse de disposiciones a través de circulares contradictorias, en un proceso marcado por la escasa afluencia de público y que se prevé desde sus comienzos tranquilo y muy distante de obtener las expectativas que divulgó el gobierno en su momento –más de 800.000 regularizaciones, contra las actuales 320.000 solicitudes aceptadas-. Así, a la estabilidad alcanzada con las aclaraciones administrativas pertinentes, probablemente siga un aumento de presentación de solicitudes, ya no sólo por parte de quienes han tenido problemas al inicio, sino de quienes entrarían con la flexibilización.
Finalmente, la gente con problemas en su regularización va a tener que tomar una decisión, en algunos casos trascendental para su vida, si embarcarse o no en una demanda de algo que le van a denegar y tener que ir a juicio. Habría quienes están por la labor. El esfuerzo ha sido grande, han pedido certificado de penales a través de familiares, han gastado dinero en conseguir documentos, esfuerzos en pedir certificados en ayuntamientos anteriores en los que habían residido, encima la presión de cuándo podrán abordar una reagrupación familiar. Hay gente que lleva 3, 4 ó 5 años sin ver a su familia y que no puede volver al país de origen porque no le darán visado para regresar, entonces frente a eso no queda otra alternativa más que aceptar las condiciones que sean. El único aspecto positivo, junto con la cifra final de regularizaciones, es que la administración está haciendo las resoluciones en un plazo de un mes y medio, cuando lo habitual era que demoraran 6 meses.
Por otro lado, la mayoría quedarán en el mismo vacío legal que antes, si no entran por la causa que sea, pues ya no se trata sólo de que falte un papel, sino que muchos inmigrantes que han estado viniendo hasta ahora permanecerán aquí hasta cumplir tres años, para poder optar al arraigo por tiempo, aunque se pueden intentar otras cosas. Pero en general va a ser un tiempo en que se estará a la expectativa y en una situación de vacío, porque jurídicamente no existen, así que la situación va a ser la misma que se ha dado después de otros procedimientos de regularización, gente trabajando en negro, regulando el mercado laboral por oferta y demanda y que va a seguir viviendo al margen del Estado, alquilando, comprando, abriendo cuentas de bancos, etc., lo cual es desolador porque aumenta la marginalidad y el riesgo de colapso de los servicios sociales.
Desde que comenzó la regularización, se iniciaron también las elucubraciones entre los agentes sociales, sobre cuándo se llevará a cabo el siguiente procedimiento, considerando que desde el 85 a la fecha, cada 4 ó 5 años se han debido enfrentar procesos de regularización extraordinaria, con una ley de extranjería común. Lo único claro, por ahora, es que cuando finalice el actual, habrá un nuevo reglamento, que algunos auguran será nefasto. “Las personas inmigrantes piensan que serán expulsadas, pero el gobierno no tiene capacidad ni ganas de expulsar a todas, estamos hablando de una cuestión estructural y la inmigración es un problema estructural, luego siempre va a hacer falta un inmigrante que desarrolle un trabajo que no quiere un nacional. Yo les digo que estén tranquilos, que la diligencia obligatoria de salida es un mero trámite, pero no creo que eso signifique que vaya a haber más expulsiones, ése es el mensaje del miedo que no es nada nuevo. Estas personas seguirán en sus trabajos, nosotros intentaremos encontrar los resquicios que deja el reglamento para poder regularizarlas, estaremos con los arraigos, tampoco me atrevo a decir si vendrán más personas que antes”, advierte Mikel Mazkiaran.

Cifras de la regularización y empadronamiento

A dos meses de iniciado el procedimiento, el 99,32% de las solicitudes de regularización de extranjeros presentadas en Euskadi han sido admitidas a trámite. Vale decir que las 6.290 solicitudes presentadas suponen el 2,01% del total de las presentadas en el Estado, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la CAV. 6.247 han sido admitidas a trámite, 20 están pendientes de alguno de los certificados requeridos y 23 han sido rechazadas. Por territorios, en Gipuzkoa, han sido admitidas 1.645 solicitudes de las 1.664 presentadas, mientras que 16 no se han aceptado y tres están pendientes de certificados. En Bizkaia es donde más solicitudes se han recibido, con 3.834 de las que seis fueron inadmitidas, once están pendientes de certificados y 3.817 han sido admitidas a trámite, el 99,56%. En Álava se contabilizaron 792 solicitudes, de las que el 99,12% fueron admitidas a trámite. Sólo una ha sido rechazada y seis están pendientes de diversos documentos.
Casi la mitad de las solicitudes presentadas en Euskadi corresponden a las empleadas de hogar (2.094), frente a las 3.386 que cursaron trabajadores de otros gremios.
Las comunidades que han admitido a trámite un mayor número de solicitudes son País Vasco (99,32%), Extremadura (98,86%), Comunidad Valenciana (98,55%), Cataluña (98,46%), Aragón (98,13%) y Madrid (98,04%). En términos absolutos, las comunidades que concentran un mayor número de solicitudes son Madrid (87.068), Cataluña (68.254), Comunidad Valenciana (45.737), Andalucía (27.581) y Murcia (19.440), que son también las regiones con mayor número de peticiones admitidas a trámite: Madrid (85.364), Cataluña (67.201), Comunidad Valenciana (45.072), Andalucía (26.790) y Murcia (18.807).
Según el INE, el número de extranjeros empadronados a 1 de enero de 2005 asciende a 3,5 millones. De estos, hay 1.522.800 que no tienen sus papeles en regla y más de un millón y medio de personas irregulares para la Policía, pero regularizados en el padrón. Esta información es sólo estimativa, porque a la fecha, tanto la cifra del censo como la de extranjeros residentes habrá aumentado: no todos los extranjeros sin papeles se empadronan en su lugar de residencia; algunos empadronados no están ya en el Estado; y porque los datos del padrón deben interpretarse con ciertas reservas.
Para calcular cuántos extranjeros hay sin papeles hoy en el Estado, habría que «sumar un 10%, e incluso más en el caso de rumanos y búlgaros», según el portavoz del sindicato policial CEP, Rodrigo Gavilán, que asegura que a través de los Pirineos entran cada día 2.000 extranjeros que no son ciudadanos comunitarios».
Paradójicamente, la comunidad marroquí, la más numerosa en cuanto a tarjetas de residencia y empadronamientos, queda relegada a un segundo plano a la hora de hablar de extranjeros ilegales en el Estado. Ecuatorianos, colombianos, rumanos, argentinos y búlgaros, en este orden, son quienes engrosan, según la CEP, las bolsas de la inmigración ilegal en nuestro país.