27 de noviembre de 2005

**L**as revueltas de noviembre en Francia, que han seguido a la muerte trágica, el 27 de octubre, de dos adolescentes que huían de un control policial en Clichy-sous-bois, la han proyectado sobre los informativos de las televisiones de todo el mundo y han puesto al descubierto la otra cara de esta Europa rica y abanderada de los valores universales contenidos en las proclamas de Derechos Humanos: la existencia en su interior de unas poblaciones, compuestas por millones de personas, situadas en los márgenes de la sociedad, sin futuro ni expectativas de salir de su situación, y que no cuentan para las clases políticas gobernantes.

La banlieue. Lógica policial.

En el caso francés, esto ocurre en un territorio preciso, cuya denominación es muy significativa: banlieue. La traducción que viene haciéndose hace referencia a suburbios, barrios populares, barrios periféricos, barrios de relegación social… Pero en su etimología encontramos una profunda carga ideológica que sigue vigente todavía: en el siglo XVII el soberano expulsaba –bannir- a la periferia de un lugar –lieu- a los súbditos que estimaba peligrosos. Y ya en la banlieu, para ser precisos, hablamos de las cites.

Bloques de hormigón construidos en los años 60, estaban compuestos en buena medida por HLM (Habitation à Loyer Moderé), pequeños pisos destinados a familias de rentas bajas, como medio de facilitar el acceso a la vivienda de sectores importantes de clase obrera. Su ubicación, alejados de las ciudades respondía, entre otros factores, a una lógica policial: situar a la clase obrera, fuertemente influenciada por el Partido Comunista, en “cinturones rojos” a quienes se pudiera aislar, llegado el caso.

Y no hablamos de algo cuantitativamente marginal. Desde la Administración reciben el nombre de ZUS (Zonas Urbanas Sensibles), las cifran en 700 barrios y cinco millones de habitantes.

Esa misma lógica policial ha estado presente a lo largo de cuarenta años en el discurso formulado por la clase política en relación a estos barrios. Los crecientes factores de desestabilización que han afectado a los sectores populares que habitan en estos barrios han hecho arraigar en los mismos una profunda sensación de malestar y de inseguridad respecto a su situación presente y futura. Esta sensación de inseguridad, ha sido interesadamente interpretada por los dirigentes políticos en clave de orden público, escamoteando así, el carácter fundamentalmente social de dichos problemas. Y para que el discurso de la seguridad sea interpretado por el electorado como el más conveniente, se ha difundido, a lo largo de los años, la imagen de que en dichos barrios vivían delincuentes, traficantes, ladrones… en definitiva “clases peligrosas” sobre las que sólo cabía intervenir por medio de fuerzas policiales de choque, como la BAC, Brigada anticriminal.

Esta forma de intervención policial, en este contexto, ha forjado unas relaciones de odio mutuo, en particular con los jóvenes, que se han visto acosados, sometidos a repetitivos controles de identidad por sus rasgos físicos, humillados, golpeados en ocasiones y detenidos y condenados por insulto a la autoridad, reprimidos en sus manifestaciones y con muertes periódicas de algún compañero por disparos de la policía. Es una de las caras del racismo de Estado. Es significativo que un control de policía pueda motivar tal terror que lleve a tres adolescentes a arriesgar la vida, y perderla, en el caso de dos de ellos. También tiene su importancia un hecho prácticamente silenciado: que uno de ellos no tenía permiso de residencia. Y Sarkozy ya ha hecho saber hace tiempo su determinación de expulsar a quienes se hallan en esa situación.

El Estado, que muestra su incapacidad o su falta de voluntad para intervenir en el terreno social, busca reafirmar su legitimidad en el terreno de la seguridad. El decreto de Estado de Urgencia y su prolongación por tres meses, muestra la forma de abordar estas cuestiones por el gobierno francés, respondiendo a una crisis con un régimen de excepción. Estado de urgencia que no fue decretado en Mayo del 68 con 9 millones de huelguistas, fábricas ocupadas y estudiantes en las barricadas.

Desempleo, educación, vivienda.

La profunda crisis económica de finales de los setenta y las transformaciones en el terreno del empleo convirtieron en una quimera el horizonte del trabajo seguro, en particular para los jóvenes, siendo sustituido por el trabajo precario, temporal y por el desempleo. Desaparecía así, el principal instrumento de integración en el sistema por parte de las clases trabajadoras.

Esta situación se ve agravada, a la hora de buscar empleo, por el racismo cotidiano, que se muestra en este terreno como la generalizada discriminación existente hacia la juventud francesa cuyos apellidos o color de la piel indique un origen no europeo. Según el Observatorio de las Desigualdades, la tasa de paro en estas zonas (20%) es el doble que en el resto de Francia. En estos barrios, uno de cada tres jóvenes se encuentra sin empleo y sin posibilidad de encontrar trabajo. Los salarios también son inferiores a la media nacional: 10.540 euros de ingresos anuales por persona contra 17.184 euros en el resto de Francia.

En el caso de la juventud esta situación hace inviable programar un futuro “normal”, en cuanto a proyectos familiares, de vivienda o de recreo.

El conjunto de dispositivos puestos en pie para cubrir las carencias sociales de las poblaciones de estos barrios, concebidos inicialmente como recursos puntuales, pero que han adquirido un carácter estructural, convierten a su vez a sus beneficiarios en personas dependientes que son, por ello mismo, sometidas a vigilancia, a sospecha y a todo tipo de vejaciones verbales y administrativas. El índice de fracaso escolar alcanza el 12%, frente al 4% de otras zonas. La escuela no es vivida por una parte de estos jóvenes como un instrumento de promoción sino como el lugar de selección del que no cabe esperar un futuro. La degradación de las viviendas llega a tal extremo que la insalubridad es una constante. Entre 2005 y 2008 está prevista la destrucción de 30.044 viviendas por imposibilidad de rehabilitación.

Desarticulación social

La implantación sindical y política (en particular del Partido Comunista) de otros tiempos, que permitía asegurar la mediación entre las demandas de los habitantes de esos barrios y el sistema político y el Estado, ha desaparecido sin dar paso a nuevas formas colectivas de articulación social. La política gubernamental ha ido dirigida, además, a desmontar el tejido asociativo que llevaba adelante tareas de prevención que no cubría la Administración; ha perseguido la asfixia económica del mundo asociativo. Fruto de esa política ha sido la desaparición de muchas de las organizaciones que desarrollaban esos programas y que quienes se beneficiaban de ellos hayan quedado desamparados.

A esto se ha añadido la aparición, en número significativo, de organizaciones religiosas (sobre todo de carácter islámico) que practican una política asistencial en los huecos que no cubre el Estado. Esta labor no tiene, de momento, carácter político, pero no deja de ser un factor preocupante de cara al futuro.
Esta situación, esta doble pinza, cabría decir, ha imposibilitado la aparición de líderes propios que encauzaran y articularan las demandas de estos barrios.

Franceses

Que sea un lugar común hablar de inmigrantes de segunda o tercera generación, o de hijos de inmigrantes pone de manifiesto la vaciedad de buena parte del discurso republicano, porque, en base a él, estos jóvenes son franceses. Y punto. Pero lo cierto es que no son considerados así. De esta forma se hace pesar sobre ellos, como un estigma, la decisión de instalarse en el país que tomaron sus padres o abuelos.

El recurso al estado de urgencia, medida que data de la guerra de Argelia, es una medida de gran valor simbólico: es una forma más de mostrar que no se les considera franceses, reduciéndolos a la categoría de enemigos interiores. En palabras del director de Le Monde, Jean-Marie Colombani: “Exhumar una ley de 1955, supone enviar un mensaje de increíble brutalidad a los jóvenes de los suburbios: equivale a decirles que, 50 años después, Francia pretende tratarlos como hizo a sus abuelos”.
Además, Sarkozy ha pretendido responsabilizar de los incidentes a los residentes extranjeros, cuando la inmensa mayoría de detenidos son franceses (además de que una expulsión colectiva de ese tipo es totalmente ilegal y está prohibida por la Convención europea de Derechos Humanos tal y como ha recordado el Consejo Nacional de la Abogacía), lo que no es sino otra manera de estigmatizar y marginalizar a una cierta categoría de población.

Incendios

El recurso a la quema de contenedores de basura así como vehículos, no es un fenómeno nuevo en estos barrios. Las estadísticas hablan de una media de sesenta vehículos diarios incendiados, en 2003. Además, la repercusión mediática que le da la cobertura televisiva favorece una dinámica de generalización que de otro modo, dada la inexistencia de organización detrás, no tendría.
Es, por otro lado, lo normal ante un Estado que sólo se muestra en los barrios mediante la utilización de la fuerza. Es su forma de participación política.

No es una violencia sin sentido. Es una llamada desesperada desde lo más profundo de unos jóvenes que se sienten discriminados, despreciados, abandonados a su suerte y sin medios para hacerse oír. Unos jóvenes que, al actuar de ese modo, han intervenido, por primera vez, en el espacio político, actuando como agentes políticos. Cierto, la quema de bienes de otros ciudadanos o de servicios públicos, tiene unos efectos negativos claramente rechazables, pero ¿de qué otra manera hubieran podido hacer visible su cólera? Nadie, vista la experiencia de los últimos treinta años, hubiera sido capaz de imaginar ninguna otra fórmula que les permitiera romper el muro de silencio levantado a su alrededor. Y a ello han contribuido, involuntariamente, esos medios de difusión que son quienes hoy en día son capaces de fijar las agendas políticas.

Se dice que no saben lo que quieren. Tal vez, pero saben bien lo que no quieren: el hostigamiento sistemático de los controles de identidad y cacheos, la represión policial, el paro, la precariedad, la discriminación por sus apellidos o el color de su piel, el desprecio mediático que sufren a diario… Tal vez no sea un programa político, pero se le parece mucho.
En todo caso, la revuelta, es una manera bastante francesa de blandir las reivindicaciones a lo largo de su historia.

Dignidad

La juventud de los barrios periféricos exige su reconocimiento y su dignidad, que puedan vivir en la igualdad y en el respeto. Piden respeto. No es suficiente con abordar las desigualdades en el terreno del empleo, la vivienda, la educación. Hay que dar cambios profundo en el plano simbólico, colorear las instancias representativas del poder: la clase política, la administración pública, las grandes empresas, las escuelas de élite, la policía…
Es incompatible con esta perspectiva la denominación de escoria, canallas, bárbaros, salvajes, hordas de lobos, fanáticos islamistas, gangrena…, o afirmar que se va a limpiar esos barrios a manguerazos. Como también lo es la recuperación del pasado colonial prevista en la ley de 23 de febrero de 2005 que fija que “los programas escolares reconozcan en particular el papel positivo de la presencia francesa en ultramar, especialmente en África del Norte y concedan a la historia y a los sacrificios de los combatientes del ejército francés originarios de esos territorios el lugar eminente al que tienen derecho”.

Diversidad cultural

El rechazo a aceptar la diversidad cultural está asentado en la clase política e intelectual francesa, como se puso de manifiesto en los debates con motivo de la prohibición del pañuelo islámico en las escuelas. Estos días vemos reflexiones que avanzan posiciones críticas a ese respecto.
Alain Duhamel lo expresaba así, el 9 de noviembre en Liberation, “El crisol republicano… pretendía hacer de las personas inmigrantes llegadas de todos los países, provenientes de todos los pueblos, moldeadas por todas las religiones y por todas las culturas, idénticos ciudadanos franceses”.

Significativa es también, por venir de quien viene, la posición de Alain Touraine, a quien leemos en Le Monde, del pasado 7 de noviembre, una serie de consideraciones críticas hacia “los prejuicios republicanos para con las minorías,… que comporta, la mayoría de las veces, el rechazo o el considerar inferiores a los que son ‘diferentes’”. Al tiempo que sigue manteniendo su apoyo a la ley que prohíbe el velo islámico en las escuelas, basado en el rechazo al comunitarismo, plantea “la necesidad de unirlo al reconocimiento de las diferencias, es decir, al derecho de cada individuo a vivir en el respeto a su pertenencia cultural”. Y acaba afirmando que “ya no es aceptable pensar y actuar como si Francia fuera depositaria de valores universales, y tuviera derecho, en nombre de esta misión, a tratar como inferiores a quienes no se corresponden con este ideal nacional”.

Alain Duhamel, por su parte, concluía así: “El balance de esta cólera sin salida política o social y de esta impotencia tan cara y debilitante, desemboca en el agotamiento de un modelo de integración. Por primera vez, una generación nacida en Francia, se siente menos integrada que la de sus padres que venían de fuera y se comporta de tal manera que es vista como más extranjera por la colectividad nacional”.

Didier Lapey-Ronnie y Laurent Mucchielli, afirman, en el diario Liberation del 9 de noviembre, que estos jóvenes sufren una humillación política “la juventud de estos barrios no consigue que su palabra sea escuchada en el espacio político. Peor: cuando trata de expresarse y de afirmarse de otra forma, se vuelve contra ella. Su pasión por el rap es tratada con temor o condescendencia. Su afirmación identitaria es acusada de ser una forma de comunitarismo que amenazaría la unicidad de la República. Su afirmación religiosa es criminalizada en nombre del miedo al terrorismo o de la libertad de las mujeres”.
Y Tahar Ben Jelloun, en La Vanguardia, plantea que “Existe un problema más grave que el de la pobreza: el de la identidad… Francia es su país, pero no los reconoce, no les hace sitio en la mesa, y esto les hace sentirse excluidos, rechazados, y les devuelve una imagen de sí mismos que rechazan”.

Las consecuencias

La mejor y la deseable sería que se abordara de una vez por todas, de forma profunda, las causas que subyacen en la situación de la población de estos barrios.
Para ello, un problema serio es el cinismo con que la clase política aborda una cuestión para nada novedosa. Hace ya diez años, el 10 de enero de 1995, Chirac, entonces alcalde de París, publica un Programa, “Francia para todos”, que es un emplazamiento a un país que ha permitido desarrollarse la pobreza, la exclusión, el paro, la ruina de los barrios periféricos, avanzando cifras que “por sí mismas, no expresan la gravedad de la fractura social que amenaza –y mido mis palabras- la unidad nacional. En los barrios desheredados reina un terror difuso. Cuando muchos jóvenes no ven asomar más que el paro o pequeñas prácticas al término de inciertos estudios, acaban por rebelarse. Por el momento, el Estado se esfuerza en mantener el orden y el tratamiento social del paro evita lo peor. Pero ¿hasta cuándo?”. No es, como se ve, una cuestión de desconocimiento de lo que ocurre. De ahí que no quepa ser optimistas.

El pulso echado por Sarkozy, de indudables beneficios para él a corto plazo en su carrera electoral y en su afán de rebañar votos del redil de Le Pen, tendrá sin duda otros efectos imprevisibles en el devenir de la población de estos barrios.

Las declaraciones del ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, el pasado 24 de noviembre, a Ouest France, dan una idea de sus intenciones:

“No podemos continuar sufriendo la inmigración, debemos escogerla. El sistema de integración del que nos sentíamos orgullosos ya no funciona”. “El empobrecimiento de los barrios populares se ha acentuado por la inmigración no controlada” tras lo que afirma preparar una ley sobre la inmigración confirmando la voluntad gubernamental de reforzar las condiciones exigidas para el reagrupamiento familiar. En el mismo sentido iba la intervención de Sarkozy ante los Prefectos, el 11 de julio de este año, tal y como puede verse en la página del ministerio del Interior en internet: “Pido que los consulados reciban la instrucción, por medio de una circular, de gestionar las ‘colas de espera’ de las peticiones de visado por un sistema de puntos que permitan acoger a los que nosotros queramos. Los puntos han de ser atribuidos en función, sobre todo, de criterios de edad, diplomas, conocimientos lingüísticos y experiencia profesional. Se tratará de localizar y de obtener las mejores competencias”. Ante instrucciones de este tipo, ¿dónde quedan las pomposas declaraciones, tan en boga en las instancias europeas, de ayudar a los países en desarrollo admitiendo a una parte de sus emigrantes? Está claro que la mirada que se dirige hacia ellos sigue siendo la del saqueo, la de desangrarles despojándoles, precisamente, de sus recursos humanos, profesionales e intelectuales más preciados. No es otra cosa que racismo de Estado.

Qué duda cabe que, dada la correlación de fuerzas y la inexistencia de discursos potentes que empujen en otra dirección, son muy grandes las posibilidades de que sea la derecha quien aproveche para sacar réditos de lo ocurrido. Las medidas anunciadas van en esa dirección:

En lo inmediato, las penas de prisión para varios centenares de jóvenes implicados en la revuelta, mediante la instrucción de juicios urgentes basados en la declaración exclusiva de la policía (que ha dado lugar a algunos juicios esperpénticos). El balance judicial entre el 29 de octubre y el 18 de noviembre es de 3.101 detenciones, 135 sumarios, 562 adultos encarcelados, de los que 422 han sido ya condenados a penas de prisión firme y 577 menores de edad comparecieron ante los tribunales de menores, de los cuales, 128 han ingresado en centros especiales. Tamaña represión no puede sino abrir nuevas heridas entre los familiares y compañeros de los represaliados.

La ruptura de la educación obligatoria hasta los 16 años, con la figura del aprendizaje a partir de los 14, que recogería el fracaso escolar acabaría por fijar la idea del trabajo como algo maldito.
La profundización en la flexibilización del empleo no cualificado.
Pero esta dirección de las medidas gubernamentales no hará sino agravar la situación que dio origen a las recientes revueltas.

Y no cabe esperar otra política que emane de las fuerzas de la izquierda parlamentaria. Entre ellas el consenso político sobre las medidas restrictivas es la norma, de ahí que no se haya planteado ningún recurso ante el Consejo Constitucional por la ley que prorroga el estado de urgencia para un período de tres meses. Esta posición está íntimamente ligada al inmediato proceso electoral. Lo mismo que ocurre en la reciente discusión sobre el proyecto de ley antiterrorista de Sarkozy. Tras su discusión en comisión, recibirá el voto de la Asamblea Nacional, el 29 de noviembre, donde tan solo los Verdes votarán en contra.

Y un pequeño apunte final. En los medios de comunicación españoles hemos visto y oído repetidamente la pregunta ¿Llegará aquí? Pues bien, es cierto que las condiciones son muy diferentes. Pero todo tiene un comienzo. Si los partidos políticos hacen de esta cuestión una bandera electoral, si es utilizada como munición política para el enfrentamiento partidista, tendremos muchos boletos para que tengamos que hacer frente a problemas, en el fondo, no tan distintos.