Fronteras culturales: construcción de la desigualdad y negación de los derechos en las políticas institucionales en materia de inmigración

Fronteras culturales: Construcción de la desigualdad y negación de los derechos en las políticas institucionales en materia de inmigración

Emma Martín Díaz
Departamento de Antropología Social
Facultad de Geografía e Historia de Sevilla

1. El desafío de la integración

El año pasado, en el suplemento dominical de una conocida revista, una prestigiosa demógrafa llamaba la atención sobre la falsedad del argumento que plantea la necesidad de los inmigrantes en unas dinámicas de población cada vez más envejecidas como las europeas. El razonamiento no dejaba de tener una lógica evidente: los inmigrantes, si bien podrían contribuir al pago de nuestras pensiones en un primer momento, eran jóvenes que traerían consigo a sus familias, con los costes educativos y sanitarios que ello supondría, y que, con el paso del tiempo, serían a su vez objeto de las mismas prestaciones sociales de las que gozamos, o deberíamos gozar, los autóctonos. Desde esta perspectiva, lo que habría sería un reemplazo étnico, y no una solución al problema del desempleo. Dificilmente pueden realizarse objeciones a esta perspectiva si realmente la inserción de los inmigrantes en la Unión Europea se atuviese a las leyes y normas en materia laboral y social recogidas en las constituciones de los diversos países. Sin embargo, el razonamiento no recogía realidades sobre las que intentaremos arrojar alguna luz, centrándonos en las prácticas y los discursos que se producen en el ámbito de los mercados de trabajo, y poniendo de manifiesto la contradicción existente entre éstas.

2. Mercados de trabajo e inmigración una realidad sumergida

Según los datos del OPI, del total de trabajadores extranjeros afiliados y en alta laboral en la Seguridad Social el 30 de septiembre de 1999, un 11,4% se encontraban en Andalucía, ocupando la tercera posición por Comunidades Autónomas, detrás de Cataluña y Madrid, ambas con un 21,7%. Este dato es consecuente con el tercer lugar que ocupa esta Comunidad en recepción de inmigración. En conjunto, existían unos 38.013 trabajadores extranjeros en situación de alta laboral distribuidos de la siguiente forma: 13.886 en el Régimen General, 9.407 como autónomos, 12.029 en el Régimen Especial Agrario y 2.271 en el Régimen Especial de Empleados del Hogar, en estos datos no se hace distinción entre trabajadores comunitarios y extracomunitarios, sin embargo, podemos afirmar la casi total ausencia de trabajadores comunitarios en los sectores agrario y del hogar.
Frente a los datos oficiales, la realidad nos arroja un panorama muy diferente. Como ejemplo, unos 35.000 inmigrantes trabajan en la agricultura almeriense, frente a los 9.222 trabajadores dados de alta. La invisibilización de la población trabajadora de origen inmigrante es un hecho destacado por una mayoría de los especialistas en el análisis de los mercados de trabajo, unido a la dificultad de dar una cifra exacta de los mismos, sin embargo, del análisis de los datos estadísticos, la revisión de la bibliografía existente y la elaboración de conclusiones basadas en nuestras investigaciones1 , podemos extraer una visión general acerca de los modelos de inserción de los trabajadores inmigrantes en los mercados de trabajo que contradice de manera palpable los discursos gubernamentales sobre la voluntad de regularizar esta mano de obra.

3.1. Modelos de inserción sociolaboral de los inmigrantes: los discursos

Uno de los argumentos recurrentes en los debates sobre los procesos migratorios es el de la necesidad de buscar un equilibrio entre los factores de expulsión y los de atracción, reducidos, bajo la lógica del mercado, a los términos de oferta y demanda, que, se nos dice, serían los que permitirían unos movimientos migratorios “deseables”, en los cuáles la inserción social estuviera garantizada, ya que permitiría, según sus partidarios, dotar de mano de obra a los países que lo necesitan, y, al mismo tiempo, aliviar el paro estructural de las sociedades de origen y aportarles una importante fuente de divisas, contribuyendo además a la formación del trabajador y, consiguientemente, favoreciendo su promoción laboral, que beneficiaría, también con el retorno, a los países de origen. Lo que se suele olvidar en este discurso es que, para su puesta en marcha, este modelo necesita de unos Estados que implementen las medidas sociales destinadas a la integración laboral de la masa de trabajadores extranjeros en condiciones de igualdad. Aunque con muy importantes matizaciones, podemos encuadrar las migraciones europeas de los años sesenta dentro de este modelo, en el que destaca la percepción “en positivo” de los procesos migratorios como a la vez beneficiosos para las sociedades de origen y de destino.
Pero el actual panorama internacional es muy distinto al de la etapa fordista, y los modelos migratorios experimentan importantes modificaciones, entre las que destacan los discursos “en negativo”. La imagen de un Sur pobre intentando entrar desesperadamente por las rendijas que quedan en un Norte blindado y rico potencia como únicos factores causales los factores de expulsión. Las tasas de paro presentes en algunos de los países receptores parecen abundar en esta idea del desequilibrio, que será la principal característica a destacar. La percepción autóctona de estar sometidos a una invasión se convierte así en la determinante. Consecuentemente con esta realidad, las trabas legales, los problemas de integración y las situaciones de discriminación salen a la luz. Este último hecho, que en condiciones de neutralidad informativa podría ser altamente positivo, se convierte, en el marco en el que es procesado, en una “constatación” del “peligro” de la inmigración, y, por tanto, en la justificación última de las medidas tendentes NO, como se nos dice, a restringir una llegada imparable mientras persistan las actuales condiciones, sino a endurecer las condiciones de trabajo y de residencia de los que ya se encuentran entre “nosotros”.

3.2. Modelos de integración sociolaboral de los inmigrantes: las prácticas

El énfasis en los factores de expulsión tiene una base material en el incremento de las distancias que caracteriza las relaciones internacionales. O lo que es igual, en la exclusión de territorios e incluso continentes por su incapacidad estructural de conectarse a la “sociedad red”. En estas condiciones, la emigración, huida de los países de origen, parece la única salida posible. Esta incuestionable y dura realidad demuestra la falsedad de las premisas de partida de los exégetas de la globalización: frente a la idea de un mundo donde el predominio del mercado garantizaría por sí solo mayores cotas de participación, movilidad y libertad para todos, nos encontramos con un planeta en el que un número creciente de seres humanos se encuentran fuera de la órbita de sus derechos como tales. Y es que sólo los mercados financieros y una parte de los mercados de bienes y servicios se encuentran mundializados, mientras que los mercados de trabajo están sujetos a unas condiciones de restricción y precariedad sin precedentes.
Sin embargo, estas limitaciones afectan sobre todo a los modelos de trabajo y a la libre circulación de las personas, pero no tienen como efecto la desaparición de la demanda efectiva de fuerza de trabajo, factor soslayado, y en proceso de creciente negación, desde las sociedades de destino. Aquí radica uno de los puntos más oscuros del discurso. Frente al aluvión de noticias sobre la “avalancha” de inmigrantes, los medios de comunicación apenas se hacen eco de las reiteradas demandas de los empresarios respecto a la ampliación de los cupos de los sucesivos contingentes, denunciados como claramente insuficientes por la mayoría de las organizaciones patronales ofertantes de empleo, y que en nuestras investigaciones sobre los mercados de trabajo en la agricultura hemos podido estimar en torno al 40% del total de la demanda de éstas, lo que supone dejar al 60% de la oferta realizada en situación irregular.

4. Las características de los mercados de trabajo

Si la demanda existe, cabría preguntarnos en qué y a quiénes beneficia su no reconocimiento, y para ello hay que hacer alusión a las características de los mercados de trabajo. Como ponen de manifiesto diversos estudios: Gavira, (1993) Carrasco, (1999) varios son los factores que contribuyen a diferenciar los mercados de trabajo en España y en Andalucía: la elevada tasa de paro, las grandes diferencias inter e intrarregionales, y el gran volumen de la economía sumergida. Según esta última autora, los trabajadores inmigrantes extracomunitarios constituyen un segmento propio en la estructura del mercado de trabajo español, generado por la legislación y lo que la autora denomina “las connotaciones propias de los rasgos de conducta”, y que para nosotros son consecuencia directa de un doble proceso: el de la realidad de inserción, y el de la “presentación” de la misma.
Ante la realidad de las trabas reales para la regularización, la organización y características de las redes, locales y transnacionales, de los inmigrantes es el mecanismo más eficaz para adaptarse a las condiciones existentes en las sociedades receptoras. Paradójicamente, su misma eficacia es el factor que determina que la agrupación étnica sirva como coartada como coartada para justificar prácticas de segregación y exclusión legitimadas bajo el discurso de la “falta de interés por la integración” e “incompatibilidad cultural”, curiosamente resaltada por aquellos que no tienen el menor deseo en contar con unos trabajadores extranjeros plenamente incorporados a la ciudadanía y gozando de sus derechos como trabajadores.
Resulta patente que en estas condiciones la integración es más una declaración de intenciones que se ve desmentida por la práctica política: la desregularización y la segmentación de los mercados de trabajo, la segregación residencial y la informalización de las actividades económicas desempeñadas contribuyen a configurar un panorama de rechazo xenófobo que legitima de facto las acciones racistas de discriminación que se promueven desde las diferentes instancias de poder.
Como hemos afirmado, los mercados de trabajo se encuentran lejos de la libre circulación que, en teoría, caracteriza a los flujos económicos en la fase actual. Sin embargo, eso no significa que escapen a la lógica dominante. Así, aunque la movilidad del trabajo se encuentre hoy muy limitada y controlada, es evidente que este factor es un recurso que tiene que ver no sólo con estrategias globales, sino también con estrategias locales de respuesta y adaptación a la nueva realidad.
La existencia de una inmigración, que en algunos sectores de actividad económica es tan necesaria como no deseada, provoca en el seno de las respectivas sociedades locales situaciones que van más allá de la negación simbólica de la funcionalidad de esta fuerza de trabajo, y que se traducen en la invisibilización de los inmigrantes, expulsados de la vida social de las localidades en una situación que sólo difiere del apartheid sudafricano en que no se encuentra sancionada por la legislación, aunque muchas de las medidas legales lo justifiquen y provoquen de manera directa o indirecta.
La cobertura social que requiere el proceso de inserción de nuevos trabajadores y nuevos vecinos, y que debe producirse mediante la actuación planificada de los diferentes niveles de la Administración del Estado, no tiene lugar. Se delegan las actuaciones al ámbito de las ONGs, provocando un efecto perverso, independientemente de la buena voluntad de estas organizaciones, mediante el cual se presentan como ayudas sujetas a la capacidad y disposición del voluntariado lo que debe ser una obligación del Estado para con aquellos que contribuyen con su trabajo al mantenimiento y reproducción de las estructuras productivas. Al mismo tiempo, la dependencia de las subvenciones condiciona el tipo de proyectos de integración que se logra poner en marcha, y que son aquellos que no cuestionan el marco en el que se inscriben las políticas estatales de inmigración.

5. Incidiendo en la segregación: las leyes y las “culturas”

No debe extrañarnos que la segregación sea una respuesta local en un contexto en el que las prácticas estatales: establecimiento de contingentes y campañas de regularización, generan y sancionan legalmente la discriminación entre ciudadanos comunitarios y trabajadores extracomunitarios, a su vez divididos en “legales” e “ilegales”. En un entorno en el que los discursos proclaman las “ventajas” del turismo y los “riesgos” de la inmigración. Después de todo, la “naturalización” de la diferencia cultural en términos de desigualdad jerárquica se encuentra refrendada desde los ámbitos globales de decisión. Las pautas locales de segregación son un reflejo del diseño de unas políticas que tratan de conjugar la importación de mano de obra con la negación de los derechos como trabajadores. La desregularización que marca la tónica de los intercambios económicos y los procesos productivos en la era de la globalización dificulta la percepción de los agentes responsables, en un contexto en el que los estados experimentan una pérdida de atribuciones económicas y políticas que se traduce en una crisis de legitimidad.
Las medidas contenidas en la Ley 8/2000 no hacen otra cosa que incidir aún más en la segmentación étnica, en el ámbito laboral, y en la segregación espacial, en los otros ámbitos de sociabilidad. El establecimiento de acuerdos interestatales no va a terminar con una inmigración irregular cuyo número no hará sino aumentar en los próximos años. Si acaso, estos acuerdos agravarán la jerarquización existente entre la mano de obra extranjera, aunque también es posible que suponga ventajas que no conocemos, ya que, hasta ahora no se han hecho públicos. Paralelamente, las tendencias demográficas en Europa van a mantenerse en la línea de crecimiento cero, salvo que se produzca una auténtica revolución en el acceso de las mujeres al mercado laboral. Junto a estos factores, y desde la lógica del mercado, las ventajas de este modelo de segmentación y desregularización son indiscutibles, al permitir el ahorro de los costes sociales que Estado y empresarios deberían asumir si se produjera la correspondencia entre inmigración real e inmigración regular. Aunque también es cierto que estas prácticas tienen una serie de “efectos colaterales” como la visión de la miseria en zonas cercanas al turismo de calidad, los estallidos de violencia racista, o los accidentes laborales que destapan las condiciones de vida existentes bajo tantos “milagros económicos”. En cualquier caso, cabe el recurso de achacar a los “ilegales” la culpa de su propia situación, ocultando que ésta es consecuencia de unas prácticas empresariales ilegales y unas políticas solo en parte recurridas como inconstitucionales, pero que en cualquier caso son claramente discriminatorias. La negación de los derechos políticos a los inmigrantes irregulares y el aumento espectacular de los supuestos de expulsión son el reflejo de una voluntad política de suprimir, o al menos restringir al máximo, las reivindicaciones de los inmigrantes. El resultado al que se aspira es al de una gran masa de trabajadores precarizados y sin capacidad de respuesta ante esta precarización.

6. La necesidad de una respuesta construida desde la sociedad civil

Ante esta situación, escandalizarse e indignarse porque determinados acontecimientos tengan lugar en el territorio español podría suponer una fuerte hipocresía, además de reflejar una cierta superioridad moral por parte de los no implicados, en un planteamiento equivocado que consistiría en reducir una cuestión multidimensional y compleja a un asunto de “buenos y malos”. Aunque los discursos xenófobos y la violencia racista pueden aparecer como el resultado de individuos concretos, son el producto de un modelo de sociedad que a todos nos concierne, y que es nuestro deber ciudadano denunciar y rechazar como primer paso hacia una integración real.
En el contexto actual, la necesidad de desvelar qué se esconde detrás de los discursos es una tarea prioritaria que, sin embargo, no se está emprendiendo con la contundencia necesaria. Las causas del bloqueo de la contestación social a las prácticas de discriminación, e incluso su aceptación como una consecuencia inevitable, se encuentran en el predominio del mercado no sólo en las relaciones económicas, sino como “Sacro central” (Moreno, 1999). Bajo esta lógica, los investigadores y los agentes sociales circunscriben el debate social a las leyes del mercado, obviando otras lógicas, o supeditándolas a la que se convierte en dominante. Así, pues, la discusión se centra en el número de inmigrantes que pueden absorber las estructuras productivas de los países europeos, de manera que se puedan garantizar los derechos de estos trabajadores. Pero esta premisa parte de una falsedad, ya que da por supuesto que existe una voluntad de integración por parte del mercado, o, al menos, que los estados actuales poseen la capacidad de obligar a las fuerzas del mercado a aceptar la regularización. Esta última posición puede ser encomiable, pero se encuentra alejada de las actuales tendencias presentes en las dinámicas globalizadoras.
Pero hay otro factor que contribuye a la aceptación de la desigualdad como algo natural: la identificación que se establece entre ciudadanía y nacionalidad. Este hecho permite, como han puesto de manifiesto numerosos autores (de Lucas, 1994) que los derechos humanos sean percibidos como derechos de los nacionales y que, consiguientemente, se justifique su denegación a los extranjeros2 , o, al menos, su acceso diferenciado a la ciudadanía.
Las sociedades europeas van a ser cada vez más pluriétncias y plurinacionales, y esta realidad va a desarrollarse a medida que se avanza en la construcción de un espacio político europeo. Bajo las actuales condiciones, la pluralidad seguirá suponiendo la desigualdad social, política y cultural, aunque ahora amparada bajo un supranacionalismo que se presentará como blanco y cristiano (Shore, 1995). La única alternativa a este modelo requiere de la participación activa de la población civil, incluyendo a los “nuevos europeos” en un proyecto plural en el que la ciudadanía no se encuentre vinculada a la pertenencia a determinados colectivos nacionales. Pero para ello es necesario negociar entre todos nuevas formas de participación política, y construir los mecanismos e instituciones que garanticen esta participación. La necesidad de implementar políticas de la diversidad pasa por el reconocimiento de los nuevos sujetos sociales en un mundo en el que el poder de la identidad (Castells, 1997) se presenta como opuesto a las tendencias mundializantes del globalismo (Beck, 1998). Para ello, debemos cambiar primero nuestra mirada sobre la realidad, desmontando supuestas verdades en un planteamiento que forzosamente debe ir más allá de las políticas multiculturales del reconocimiento.
La puesta en valor de la diversidad (Martín, 1999, b) sólo puede plantearse desde la necesidad de cambiar el actual orden internacional. En la actualidad, las lógicas de los derechos humanos y la del mercado aparecen como incompatibles, ya que es imposible dar cabida en el Primer mundo a todos los excluidos, luego la integración debe ir indisolublemente unida a la lucha contra la exclusión que padecen amplias zonas del planeta. Si no lo hacemos, deberemos afrontar un agravamiento de las situaciones de conflicto que ya estamos padeciendo, y prepararnos para afrontar una realidad escindida entre unas comunidades encerradas en sí mismas (Touraine, 1995), y una economía globalizada que profundizará en las situaciones de “irrelevancia estructural” (Castells, 1997) que ya padecen una parte importante de los seres humanos del planeta.

REFERENCIAS

Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, Paidós, Madrid, 1998.
Castells, Manuel, La era de la información, vol. II. El poder de la Identidad, Alianza, Madrid, 1997.
Carrasco, Concepción, Mercados de trabajo. Los inmigrantes económicos, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Colección Observatorio Permanente de la Inmigración, Madrid, 1999.
De Lucas, Javier, El desafío de las fronteras, Tecnos, col. Temas de Hoy, Ensayo, Madrid, 1994.
Gavira, L., Segmentación del mercado de trabajo rural y desarrollo: el caso de Andalucía, MAPA, Serie Estudios, Madrid, 1993.
Martín, Emma (1999, a), Procesos migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía. Una reflexión sobre el caso del Poniente almeriense desde la antropología social, Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, col. OPI, nº 1, Sevilla.
Martín, Emma (1999 b), “Multiculturalismo, nuevos sujetos históricos y ciudadanía cultural”, en E. Martín y S. de la Obra, eds., Repensando la ciudadanía, Fundación El Monte, colección Ciclos, nº 28, pp. 109-137, Sevilla.
Martín, Emma, Ana Melis y Gonzalo Sanz, Mercados de trabajo e inmigración en la agricultura mediterránea, ed. Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Sevilla, Consellería de Benestar Social de la Generalitat Valenciana y Diputació de Barcelona, 2001.
Moreno, Isidoro, “Derechos humanos, ciudadanía e interculturalidad”, en E. Martín y S. de la Obra, eds., Repensando la ciudadanía, Fundación El Monte, col. Ciclos nº 28, pp. 9-35, Sevilla, 1999.
Observatorio Permanente de la Inmigración, informe nº 1 “Trabajadores extranjeros en el sistema de la Seguridad Social el 30 de septiembre de 1999”, Madrid, 2 de febrero de 2000.
Shore, Chris, “Etnicidad, xenofobia y las fronteras de Europa”, en Historia y Fuente Oral, nº 12, Barcelona, 1995, pp. 31-42.
Touraine, Alain, ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el destino del hombre en la aldea global, FCE, Argentina, 1997.

  1. Martín, Castaño y Rodríguez (1999) Martín, Melis y Sanz (2001)
  2. No deja de ser curioso que un numeroso grupo de intelectuales fuertemente críticos con los nacionalismos étnicos por su vertiente excluyente permanezcan callados sobre las exclusiones que se practican desde los Estados, pese a que éstas tienen mucha más repercusión sobre las personas, en la medida en que son los estados, y no las naciones, los que cuentan con los medios legales para ejercer la exclusión. Esta posición sólo puede comprenderse si se acepta, aunque se oculte, como único nacionalismo válido el nacionalismo de Estado.

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