En su labor de poda de los derechos que, hasta ahora, garantizaba nuestro Estado de derecho, el gobierno ha suprimido el acceso a la Sanidad pública a quienes se encuentren en España en situación irregular. De un plumazo, un simple decreto-ley pretende vaciar de contenido lo dispuesto en la Constitución, que consagra la universalización de la asistencia sanitaria y la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias. Sirva como analogía la sentencia del TC 236/2007, que al analizar el derecho de acceso a la educación no obligatoria, dictaminó que los extranjeros que carecieran de autorización para residir pueden ser expulsados siguiendo los procedimientos legalmente previstos pero mientras se encuentren en territorio español no pueden ser privados de dicho derecho. Se deja también sin efecto la Ley General de Sanidad 14/1986, que establecía que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional.”

Se argumenta, abusivamente, que se quiere acabar con lo que denominan “turismo sanitario”, que nada tiene que ver con el colectivo al que se despoja de ese derecho puesto que, en la medida en que ese fenómeno se dé, afecta a turistas, mayoritariamente provenientes de la UE. Cuando no, se les acusa subrepticiamente de estar abusando de ese servicio, siendo así que está demostrado que es un colectivo que aporta más a las arcas de la Sanidad que el uso que hace de la misma.

Nuevamente, se coge un chivo expiatorio para hacer pasar más fácilmente recortes de derechos que acabarán afectando a la población autóctona. Estamos en la antesala de la privatización progresiva de la Sanidad. El rechazo a esta vulneración de derechos, como tantas otras, ha de incorporarse a la defensa que, autóctonos e inmigrantes, han de llevar adelante para evitar el desmantelamiento de conquistas que tanto costó conseguir en el pasado.