El dogma del cierre de fronteras

El dogma del cierre de fronteras

Peio M. Aierbe

Al debatir sobre la política de inmigración un tabú está presente. Cualquier mención a reconsiderar la política actual de cierre de fronteras por otra que parta del principio contrario, esto es, de la apertura de las mismas, desencadena una ola de acusaciones presentando a sus defensores, en el mejor de los casos, como idealistas capaces de provocar con sus buenas intenciones los mayores desastres, en otros, como compañeros de viaje de las tesis del ultra-liberalismo… Eso, cuando no es acogido con el mayor de los desprecios, a saber, con el silencio. Esta última postura es la que se registra en el Estado español, a diferencia del Estado francés donde el movimiento de los sin-papeles ha obligado a entrarle a ese trapo.
Esta situación me recuerda la experiencia en torno al debate sobre la política a seguir en torno a las drogas ilegales. Hace no menos de quince años, en un círculo de gentes por lo demás de ideas radicales, asistí a las reacciones que suscitó la propuesta de un compañero de asumir como propia la idea de legalización de las drogas ilegales. A priori, cabía pensar que la propuesta fuera atractiva para gentes de ese perfil dado que era abiertamente rompedora con la política y con los planteamientos ideológicos y morales defendidos por la derecha. Sin embargo, pese a que en el plano de las ideas muy pocos de los argumentos avanzados fueron rebatidos, fue imposible impulsar iniciativas con esa orientación.El problema residía en el miedo a romper con uno de los tábúes entonces existentes, en el convencimiento de que una propuesta tal sería lapidada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales, no sólo por las instituciones¸ y de que sería incomprendida por las mismas gentes de izquierda que trabajaban en los medios afectados por la problemática de las drogas ilegales. Era la época en que el único discurso que se oía era el de la demonización de dichas sustancias y la exigencia, tanto al Estado como a las organizaciones que lo combatían, de todo tipo de medidas represivas para acabar con dicho fenómeno. Era evidente que estábamos ante un tema tabú que precisaba de otros padrinos y madrinas, con una consideración social respetable, para que dicha propuesta pudiera conseguir un estatus de legitimidad en la opinión pública. Ese estatus ya lo ha conseguido hoy en día. Los planteamientos que exigen la legalización de las drogas ilegales, como uno de los instrumentos para dar un vuelco decisivo a los mil problemas derivados de su actual situación de ilegalidad, vienen avalados ya por un sinnúmero de intelectuales, activistas, políticos, organizaciones… Al margen de que sus propuestas tengan o no posibilidades de ser ausumidas por las instituciones y de que realmente sean o no la llave para modificar la situación actual, han alcanzado ya un grado de respetabilidad que permite a sus partidarios poder ser escuchados en los más diversos foros e impulsar, de alguna forma, dicho debate en la sociedad.
Aunque nada hay de comun entre la inmigración y las drogas sin embargo existe una similitud en lo que tienen de constituir un tabú. Hoy tras la defensa de la política de cierre de fronteras a la inmigración, como ayer con el mantenimiento del carácter ilegal de determinadas drogas, funciona un consenso absoluto entre todas las fuerzas políticas institucionales, la gran mayoría de intelectuales con opinión en materia de inmigración, los medios de comunicación y buena parte de las organizaciones de solidaridad. Hoy se admite la potestad absoluta de los Estados de permitir o de impedir el acceso a su territorio de cualquier tipo de migración o de refugiados, lo que ha llevado a producir, como ayer con las drogas ilegales, una auténtica batería legislativa, administrativa y policial dirigida a impedir el acceso a la gran mayoría de inmigrantes y solicitantes de asilo que tratan de hacerlo. Hoy como ayer, el fracaso de las políticas represivas es evidente, como lo son los numerosos efectos perversos que ocasionan, mayores aún que los males a los que se pretendía hacer frente. Sin embargo, pese a esa evidencia, brilla por su ausencia un acercamiento a estas cuestiones que rechazando el pensamiento único trate de buscar, sin a priori, políticas alternativas no sólo más eficaces sino también más respetuosas con los derechos individuales. Hoy como ayer, es absolutamente excepcional encontrar cualquier cuestionamiento radical de aquél principio. El pensamiento único, también en esta cuestión, impide que se produzca cualquier debate. Nadie lo prohibe, cierto, ni siquiera hace falta.
La ausencia de este debate plantea algunas incoherencias, de indudable envergadura, a las asociaciones que trabajan en el campo de la solidaridad. Si se acepta como válido el que exista una legislación que impida el libre acceso a nuestro país de quien tenga semejante pretensión, las medidas gubernamentales que tratan de levantar la muralla que lo impida tan sólo pueden ser combatidas en la medida en que no se haga de forma “limpia”, en que se vulneren derechos humanos… Admitido ese principio, han de admitir la validez de las expulsiones; una vez aceptadas éstas va de suyo que los extranjeros sean retenidos; si se acepta la retención el siguiente paso es hacer lo mismo con los Centros de Detención de extranjeros… y así, embarcados en esa lógica, se pueden adivinar no pocas contradicciones a las que se van a ver abocadas.
No se trata de pretender tener ninguna formula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio. Se trata de dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso e intentar reflexionar a partir de la hipótesis de la libre circulación.
De esta manera tal vez fuera posible evitar afrontar la inmigración como un peligro; reconocer que es, en principio, necesaria y beneficiosa; clarificar la dimensión real de los flujos migratorios, de sus causas, de sus efectos y de las políticas a desarrollar para conseguir una buena relación con los inmigrantes, desinflando el globo de la supuesta invasión que nos amenaza; dejar de considerar a los demandantes de asilo como sospechosos de ser trabajadores embozados; desmontar esa idea tan arraigada como falsa de que cada inmigrante quita un puesto de trabajo; quitar argumentos a los poderes públicos para el aumento de medidas policiales y de recorte de libertades…
Tal ver pudieran oirse algunas preguntas de perogrullo, por ejemplo: ¿Estamos ante una invasión, como suele oirse? Si así fuera, ¿qué diríamos si los medios de comunicación dieran, con la misma insistencia, las cifras de los millones de visitantes y turistas que llegan al Estado español en coche, tren, avión o barco? Si las personas que hoy llegan en circunstancias precarias pudieran hacerlo por vías normales, como el resto, la imagen de invasión desaparecería de inmediato.
¿Ha calculado alguien el dineral que se ahorraría si desapareciera el arsenal de medios y de personas invertido en la ilusoria tarea de hacer infranqueables las fronteras? ¿Y lo que podría hacerse con semejante chorro de dinero para mejorar las condiciones tanto de quienes viven ya dentro del país como de quienes acceden a él? ¿Cabe hacer un inventario de la batería de medidas legislativas y administrativas, así como de las potestades policiales, que desaparecerían si no existiera el objetivo de control de las personas buscado por la actual política migratoria? La lista podría ser interminable.
Si defendemos la libertad para todos los pueblos, en los países de los que estamos hablando, ésta cobra su significado más alto y dramático. Es la libertad de huir del hambre y de la miseria, de poder perseguir un futuro digno y el reconocimiento de su derechos, tanto en el país de origen, como en la Europa de Schengen.

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