Balance al finalizar el proceso de normalización de trabajadores extranjeros

BALANCE AL FINALIZAR EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

Una vez terminado el proceso de “normalización laboral” de trabajadores extranjeros, desde SOS Arrazakeria, nos permitimos hacer un balance prácticamente completo del mismo, tanto de su significado como de su resolución, así como de la legislación que nos queda:

Valoración global

Nuestra valoración difiere mucho de la hecha por el Ministro de Trabajo Jesús Caldera. No compartimos su análisis del significado de los números y pensamos que además de hablar de número de cotizantes y recaudación estimada en las arcas de la Seguridad Social hay que hablar de las personas. Los números suelen dar una apariencia de objetividad, aunque muchas veces su utilización contribuye a esconder las historias que hay por debajo, los problemas y dificultades que han tenido las personas concretas para convertirse en un número valorable. Es cierto que hay que valorar los números, pero también hay que valorar otras cosas: el significado del propio proceso de regularización, su funcionamiento, las previsibles consecuencias desde el punto de vista socio laboral, la irregularidad como factor estructural de la política de inmigración y extranjería, las vías que abre y cierra el reglamento de la Ley recién aprobado y que dio origen al proceso de regularización y que queda plenamente vigente a día de hoy. Desde nuestro punto de vista, esto es fundamental.

Conviene recordar, antes de todo, que el proceso fue una exigencia reiteradamente expresada por el conjunto del movimiento asociativo desde mediados del año 2003. Se conformaron diversas plataformas, se publicaron manifiestos, se recogieron firmas para pedir al Gobierno que tenía que dar una respuesta extraordinaria a una situación de irregularidad extraordinaria. Durante este tiempo, los responsables políticos han mantenido a cientos de miles de personas en situación irregular. Muchas de ellas han estado tres y cuatro años en esa situación, subsistiendo con trabajos en la economía sumergida, con grandes dificultades para alquilar viviendas en condiciones, sin poder volver a sus países de origen para visitar a la familia, sin ver a sus hijos.

Pero volviendo a las cifras

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, a fecha 1 de enero de 2005 había en el Estado español 3.691.547 personas extranjeras empadronadas, de las cuales 72.767 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 49.547 en Navarra.

A fecha 31-12-2004 había 2.054.453 personas con permiso de residencia en el Estado español, de las cuales 39.309 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 25783 en Navarra.

Hechas las restas, tendríamos, en el conjunto del Estado 1.637.094 personas sin permiso de residencia, de las cuales 33.458 en el País Vasco y 23.764 en Navarra.

Ahora bien, desde febrero de 2003, los y las extranjeras procedentes de los países de la Unión Europea, excepto los provenientes de los diez países de reciente incorporación, no necesitan permiso de residencia para residir legalmente en España. Pero antes de febrero de 2003 las personas comunitarias residentes legales tenían permisos de residencia de cinco años. Por tanto, para calcular la irregularidad real, es decir el número de personas que viven sin permiso de residencia debiendo tenerlo, a la cantidad global de personas sin permiso de residencia hay que restarle la diferencia entre el número de personas comunitarias empadronadas y las que viven con permiso.

Personas comunitarias empadronadas, 830.117
Personas comunitarias con permiso, 541.065
Diferencia, 289.052

Irregularidad: 1.637.094-289.052 = 1.348.042

Personas comunitarias empadronadas en el País Vasco, 12.527
Personas comunitarias con permiso en el País Vasco, 9.453
Diferencia, 3.074

Irregularidad en el País Vasco: 33.458-3.074 = 30.384

Personas comunitarias empadronadas en Navarra, 5.221
Personas comunitarias con permiso en Navarra, 2.557
Diferencia, 2.664

Irregularidad en Navarra: 23.764-2.664 = 21.100

Expedientes presentados en el proceso de normalización

Estado español, 690.679
Comunidad Autónoma del País Vasco, 13.211
Navarra, 8.039

Todavía no sabemos cuantos expedientes serán definitivamente admitidos. El Ministro de Trabajo estima que podrían llegar al 90%. Si cogemos ese porcentaje a efectos de hacer cálculos, aunque sean aproximados tendríamos:

Estado, 621.160
País Vasco, 11.890
Navarra, 7.235

Por tanto, al acabar el proceso de normalización, quedarían en situación irregular:

Estado: 1.348.042- 621.160 = 726.882
País Vasco: 30.384-11.890 = 18.494
Navarra: 21.100-7.235 = 13.865

De todo esto se desprendería

- Que es la mayor regularización de las habidas hasta ahora

- Que va a seguir en situación irregular tanta gente como la que se ha regularizado

- Que la irregularidad que queda es la mayor que nunca ha habido después de un proceso de regularización.

Para nosotras y nosotros lo que queda sin regularizar es una cantidad muy grande. Representa para miles de personas una situación futura tan dramática como la que hemos tenido en los cuatro últimos años. Y va a estar constantemente presente en nuestro quehacer diario. Este proceso de normalización, a pesar de regularizar a muchas personas, ha dejado a demasiadas en situación irregular. Este proceso de normalización, y su consecuencia de regularización, no acaba con la irregularidad. Ni siquiera la hace pasar a segundo plano siquiera por un tiempo. Seguirá siendo un dato relevante de la realidad, que además irá en aumento.

El Gobierno, lo mismo que al final de otras regularizaciones, dice que esta va a ser la última, y que a partir de ahora lo principal será la represión: incremento de las inspecciones de trabajo e incremento de las expulsiones. Nos parece que el Gobierno se equivoca de medio a medio. La bolsa que queda es demasiado grande como para gestionarla solo o principalmente con la represión. Subirá el tono de las declaraciones durante un tiempo, y tal vez los expedientes de expulsión. Pero no se pueden resolver ese tipo de problemas solo o principalmente por vía represiva.

Nos resulta un tanto difícil de entender la postura mantenida por los representantes de las dos centrales sindicales con las que el Gobierno ha negociado este proceso, tanto en lo que hace a la valoración general del mismo, como en lo que hace a algunos problemas concretos, tales como la interpretación cerrada del empadronamiento por omisión o retroactivo, o la negativa a ampliar el plazo para presentar expedientes. Han dicho, prácticamente, lo mismo que el Gobierno, con el mismo énfasis y con el mismo grado de unilateralidad. A veces ha sido difícil distinguir quien era quien. Esta posición contrasta con múltiples declaraciones recogidas en la prensa, de sindicalistas de esos dos sindicatos, de militantes a pie de obra, que manifestaban una posición muy crítica, incluso, con como se estaba desarrollando el proceso.

Problemas que ha tenido el proceso de normalización

A nuestro juicio, ha habido varios problemas de fondo, y otros de índole más administrativo y procedimental, que han lastrado tanto el desarrollo del proceso como el porvenir socio laboral de una parte importante de las personas regularizadas:

- El proceso de normalización se ha puesto en manos de la patronal, negando toda autonomía y capacidad de decisión a los trabajadores y trabajadoras. Se ha regularizado a quienes los empresarios han querido y en las condiciones que ellos han querido. En la realidad práctica, a pie de obra, no en las reuniones con el Ministro de Trabajo y con los representantes de la CEOE, los empresarios han impuesto condiciones draconianas, como obligar a los trabajadores al pago de las tasas por la expedición de las tarjetas de residencia. En el caso de las empleadas de hogar se les ha obligando y se les esta obligando de forma sistemática a pagar la totalidad de la cuota de la Seguridad Social. La imposición de las peores jornadas laborales en hostelería o los despidos verbales que se produjeron antes a iniciarse el proceso de normalización son otras cuestiones a tener en cuenta.

- El permiso que sale de este proceso es un B inicial, con limitación geográfica y limitación profesional durante un año. Por tanto, durante ese año, existirá una subordinación grande al empresario.

- El otro problema ha sido el del padrón. Ya desde el principio, desde que se empezaron a hacer las reuniones previas con las Subdelegaciones del Gobierno, se veía claro que la interpretación cerrada que tenían sobre el padrón, es decir, que el único documento probatorio utilizado para acreditar la estancia continuada fuese el certificado del padrón, iba a dejar a muchas personas fuera del proceso. Desde el principio, el conjunto del movimiento asociativo, denunció este hecho y pidió que se flexibilizase, que se admitiese probar la estancia continuada con otros documentos. El Ministerio de Trabajo tardó dos meses en tomar decisiones y, cuando lo hizo, lo hizo fatal. Al final, resulta hasta difícil contar cuantas instrucciones y aclaraciones a las instrucciones tuvieron que sacar para volver a hacer una interpretación cerrada de la documentación a presentar en los ayuntamientos. Finalmente, no sirvieron otros documentos diferentes a los de la lista cerrada de siete que habían elaborado, algunos de los cuales, cuatro en concreto, eran casi imposibles de obtener, porque para ello se requería estar empadronado previamente.

- Otro problema es que no todos los ayuntamientos han tenido la misma actitud a la hora de tramitar los empadronamientos por omisión. Los ha habido más abiertos y más cerrados, tanto a la hora de admitir los documentos probatorios como a la hora de emitir las resoluciones.

- Ha habido decisiones e instrucciones contradictorias, por ejemplo en el caso de los estudiantes. Lo mismo con las situaciones de pluriactividad o cuando había más de un contrato a tiempo parcial. Acuerdos tardíos e instrucciones contradictorias sobre los penales, sobre cuantos sellos eran necesarios para darles validez, la relación entre la fecha de la expedición y su caducidad. A todo lo anterior se le ha añadido el lío que han montado, al final del proceso, con el empadronamiento por omisión y que hemos explicado más arriba.

El futuro que viene

Una vez acabado este proceso extraordinario, lo que queda, el marco normativo que regulará la situación, estará compuesto por la Ley de Extranjería y el Reglamento que entró en vigor el pasado 7 de febrero.

La Ley ya la conocemos. La venimos soportando, en su redacción actual, producto del consenso entre el PP y el PSOE, desde diciembre de 2003. Ese marco normativo deja básicamente tres vías para regularizar: lo que habitualmente denominamos régimen general, cuyo mal funcionamiento está en el origen y la persistencia de miles de situaciones de irregularidad y que es inaccesible para quien está aquí irregular (tras la reforma e la Ley, se estableció que estar irregular es causa de denegación de cualquier solicitud); el arraigo laboral, un procedimiento también casi imposible de utilizar; y el arraigo social, con la novedad de incluir el informe de los ayuntamientos sobre el grado de inserción social en la ciudad de la persona afectada. Nuestra opinión es que no van a servir para absorber la bolsa de irregularidad y que generarán nueva irregularidad.

Al mismo tiempo, los sistemas de entrada en el país no canalizan la inmigración. La contratación en origen, los diferentes sistemas de cupo, el visado de búsqueda de empleo ligado al contingente, la subcontratación del control de fronteras a países que no respetan los derechos humanos, se han demostrado, por múltiples razones, como malos sistemas y de graves consecuencias. Desde hace mucho tiempo venimos abogando por cambios profundos en la política de inmigración y extranjería. El reglamento recientemente aprobado no cumple, ni de lejos, esa función.

Es muy probable que de aquí a cuatro o cinco años estemos hablando de nuevo de procesos de regularización especial. Mientras tanto se habrá acumulado un enorme sufrimiento humano y graves discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos. Ojalá nos equivocamos y haya un verdadero cambio, de fondo, de la política migratoria.

A 12 de mayo de 2005
SOS Arrazakeria-SOS Racismo

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