Ése es el número de víctimas en 2006 en la Frontera Sur, documentadas por la APDHA. Y tendríamos que aumentar la cifra hasta las 7.000, si hacemos caso a las estimaciones más fiables. 1.167 razones vitales para exigir un cambio de política hacia los países de origen de esas personas que, intentando buscar otro futuro, han encontrado la muerte.
No es de recibo que el gobierno se jacte de estar consiguiendo la complicidad de varios gobiernos africanos en las dificultades puestas para la emigración de esas personas. Esos acuerdos, logrados además mediante el chantaje económico, son la causa inmediata de que el trayecto de acceso se haya vuelto más peligroso, con el resultado de que el número de muertos se ha triplicado el pasado año respecto a 2005.

No es de recibo persistir en la aplicación de la misma política que tiene un resultado criminal. Hay que normalizar el acceso migratorio desde los países de origen para la llegada de unas personas que vienen aquí, porque la economía de nuestros países necesita de esa mano de obra.
No es de recibo que quienes han sobrevivido a esas tragedias sean a continuación expulsados, contribuyendo así a rematar la faena que no completó el océano.

Nos preguntamos qué más tiene que pasar para que los gobernantes de la UE asuman que las actuales políticas restrictivas de acceso ocasionan una auténtica tragedia humanitaria. Qué más tiene que pasar para que se activen en nuestras sociedades los resortes que mueven a la solidaridad con las víctimas de las tragedias. ¿O será que somos conscientes de que, en esta ocasión, la responsabilidad de lo que ocurre tiene que ver con la defensa de nuestros privilegios? ¿Son ésos los límites para nuestra solidaridad?
Varios miles de personas yacen en el fondo del océano. Ésas ya no esperan a que respondamos a esos interrogantes. Pero sí, las candidatas a ahogarse a lo largo de este año 2007 y, seguramente, en los siguientes. Todas ellas son poderosas razones para exigir a nuestros gobiernos un cambio radical de política.