Publicada 06 de Mayo de 2020 07:20

(Procedimiento para solicitar el subsidio extraordinario en Empleo de Hogar)

Tuvieron que pasar 16 días y mucho cabreo entre las asociaciones de trabajadoras de hogar, desde la declaración del estado de emergencia en aquel lejano 14 de marzo, para que el Gobierno decidiera anunciar un subsidio extraordinario para las trabajadoras de hogar que perdieron su empleo o vieron reducida su jornada a causa del Estado de Emergencia.

En el decreto en cuestión, se daba un mes de plazo para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pusiera en marcha el procedimiento para solicitarlo. Casi cinco semanas después, ayer, 4 de mayo, el SEPE publicaba en el BOE una resolución con el desarrollo del procedimiento para la tramitación de solicitudes, que podrán iniciarse hpy, día 5 de mayo. Y, para rematar, en el apartado noveno (2) de la misma resolución, se dice que la aprobación o no de las solicitudes “deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses”, y además, se cobrará el día 10 de cada mes.

Es decir, que si no hemos entendido mal, que ya se sabe que somos unas desagradecidas que protestan por todo, y en el mejor de los casos, las más afortunadas no cobrarán antes del 10 de junio, con casi tres meses de retraso. Y quienes, por ejemplo, reciban la respuesta positiva a partir del 11 de julio tendrán que esperar para recibir el subsidio hasta el 10 de agosto.

“Medidas de urgencia” lo llaman. Mientras tanto, nosotras, vivimos de promesas a futuro, sin recursos para comida o alquiler.
¿Se imaginan que estos mismos plazos fueran los que rigieran para las medidas de apoyo decididas para el resto de los sectores laborales y empresariales que se han visto afectados por la situación que vivimos? Pareciera que, como las trabajadoras de hogar partimos de una situación laboral y social tan lamentable, tenemos que estar agradecidas ante cualquier gesto por limitado y absurdo que sea. Y queremos decirles alto y claro, que no.

Todo esto es muestra del trato que desde hace décadas venimos recibido por parte de las autoridades. Y el contenido de la resolución va por el mismo camino:

• La tramitación de la solicitud supone el primer obstáculo. La deben hacer las mismas trabajadoras y, preferentemente, por vía telemática, aunque también mediante los diferentes servicios públicos de atención ciudadana -de los cuales la mayoría, si no todos, estan cerrados- o Correos. Para lo primero, se debe disponer de unas claves o de firma electrónica, algo de lo que la mayoría carecemos, y no nos referimos sólo a las trabajadoras de hogar, sino a la mayoría ciudadana. La segunda opción, aun siendo más “asequible”, supone una mayor demora en los plazos de gestión.
• Sigue dejando fuera a las trabajadoras que trabajan sin contrato, muchas de ellas mujeres migrantes en situación administrativa irregular. Según datos del pasado diciembre, de las 580.000 personas que trabajan en el empleo de hogar en España, unas 200.000 lo hacen sin contrato. Algo perfectamente conocido y a lo que no se pone remedio. Resultado: las que en peor situación están, se quedan sin subsidio.
• No alcanza a quienes hayan perdido su empleo antes del 14 de marzo a causa del COVID-19. Si hay excepciones en el caso de los despidos en periodo de prueba (a partir del 9 de marzo) o para quienes hubieran dejado voluntariamente su trabajo a partir del 1 de marzo por tener un compromiso de contratación con otra empresa que finalmente desistió por culpa del COVID-19, ¿Por qué no ampliar el plazo para las trabajadoras de hogar?.
• La cuantía del subsidio será del 70% de la base de cotización, cuando muchas trabajadoras cotizan muy por debajo de su salario real. Esto es algo que algunas organizaciones de trabajadoras hemos denunciado reiteradamente ante la Seguridad Social sin que se haya puesto remedio. ¿Por qué no el 100%? Ello, sin resolver lo fundamental, supondría una señal de voluntad para caminar en buena dirección y se ajustaría más a la realidad.
• En suspensiones de contrato la trabajadora debe entregar una “declaración responsable” de la parte empleadora, sin que a estos se les obligue expresamente a realizarla.
• Se da un plazo máximo de tres días para que las beneficiarias del subsidio comuniquen al SEPE cualquier modificación en las condiciones de trabajo que declararon en la solicitud. Un plazo exiguo a lo que se añade la dificultad de la tramitación telemática. Su incumplimiento tiene consecuencias graves, ya que supondrá la “extinción del subsidio y la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, además de las sanciones que eventualmente correspondieran”. No entendemos la razón de un plazo tan absurdamente corto y con unas consecuencias tan graves. ¿Por qué no 15 días como en el caso de las notificaciones para el cobro del desempleo?
• Y para rematar, el cobro del subsidio no incluye la cotización a la Seguridad Social por ese periodo. Algo que, por el contrario, sí se da en la prestación por desempleo.