Un acuerdo vergonzoso

Publicada 27 de Marzo de 2016 10:01

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Agustín Unzurrunzaga

El acuerdo suscrito por la Unión Europea y Turquía sobre las personas refugiadas, los días 17 y 18 de marzo, es verdaderamente vergonzoso.

¿Por qué los organismos directores de la Unión, con la aquiescencia de los jefes de Gobierno de los veintiocho estados miembros, han firmado semejante acuerdo? ¿Cómo han llegado a la conclusión de que tenían que dar ese paso? ¿Cómo se ha ido construyendo esa posición en el seno de la Unión?

Desde el inicio de su andadura, allá por los años cincuenta del siglo pasado, lo que luego se convirtió en Unión Europea, manifestó, en sus diferentes documentos constitutivos, su preocupación por el tema del asilo y el refugio. Todavía era reciente el recuerdo de la devastación que produjo en Europa la segunda guerra mundial, los cientos de miles de refugiados que provocó, y los millones de muertos y heridos y desplazados. El 18 de abril de 1951 se firmó en París el tratado constitutivo de la Comunidad del Carbón y del Acero, que entraría en vigor el 23 de julio de 1952.

Los Estados que iniciaron su construcción formaron parte de los impulsores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Y de la Convención de Ginebra del año 1951. Y del Protocolo de Nueva York del año 1967, documentos, los tres, que constituyen la base del sistema mundial de asilo moderno.

Lo que esos documentos proclaman se introdujo, a su vez, en los textos que configuran la Unión tal y como hoy la conocemos. Así, el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice que Se garantiza el asilo dentro del respeto a las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

Aunque la base parecía sólida, en realidad estaba gangrenada por una contradicción de fondo: la relación entre las partes, los Estados, y la Unión; entre ceder a la Unión soberanía en esa materia o no cederla; entre cederla a regañadientes y de a pocos, o cederla para poder construir un verdadero sistema común de asilo. Y, en el balance global, ha primado la racanería, la soberanía de cada Estado, esa manera tan tipicamente asimétrica de funcionar para con la Unión: ir a Bruselas “a por lo mío”, a defender “lo mío”, “mi país”, “mi comunidad”, dejando en segundo plano la visión global de los problemas, la perspectiva de conjunto, la construcción solidaria del conjunto.

El Reglamento de Dublín

Otro problema añadido es que lo construído en común tiene, en una de sus partes fundamentales, grandes problemas, y genera situaciones muy problemáticas. En efecto, en la larga y trabajosa construcción de lo común, hay que destacar el Reglamento de Dublín, donde se estableció que el asilo se pedía en el primer país de la Unión al que llegase la persona demandante, y su obligación de esperar allí hasta la resolución del expediente. A su vez, en el año 2013 se publicaron las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE, aplicables desde el 21-7-2015.

El Reglamento de Dublín (Dublín I, II y III), en vigor desde el año 2003, ha sido repetidamente criticado por las organizaciones que trabajan con las personas solicitantes de asilo, de protección internacional. Las criticas son de varios tipos.

Una, porque no es respetuoso con el artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se da primacía al derecho de las personas a pedir y disfrutar del asilo en cualquier país. Es cierto que la Unión es un organismo compuesto por veintiocho estados diferentes, y que tiene que organizar las solicitudes pero, como he dicho más arriba, en el fondo, aunque hay elementos comunes, sigue habiendo veintiocho sistemas de asilo, con experiencia y medios de funcionamiento diferentes, e insertados en países diferentes, que ofrecen diferentes expectativas a la permanencia y, eventualmente, a la construcción de una nueva vida. Y el Reglamento de Dublín constriñe más que ayuda en ese terreno.

Dos, recarga artificialmente a los países que conforman la frontera exterior de la Unión y, entre ellos, a los que además de ser frontera exterior, están geográficamente más cerca de las zonas de conflicto que generan mayor flujo de solicitantes de asilo. Es lo que le ocurrió a España en diferentes ocasiones, lo que ocurrió a Italia, fundamentalmente en los años 2013 y 2014, y lo que le ha ocurrido a Grecia durante el año 2015 y 2016.

Tres, que los Estados de la Unión menos concernidos con los flujos de solicitantes de asilo, tienden a pasar, a no solidarizarse activamente con quienes tienen mayor presión, en un ejercicio bastante cínico de “yo también tengo otros problemas”, y arréglate como puedas.

La falta de solidaridad entre los Estados que conforman la Unión

Esa insolidaridad entre los Estados de la Unión para abordar con eficiencia y respetando a las personas solicitantes de asilo, ha sido muy evidente durante el segundo semestre de 2015 y el primer trimestre de 2016. De hecho, se conformaron dos bloques de países. En uno estaban los países del Este de Europa, manifestando la posición más beligerante a favor del rechazo de las personas refugiadas, del no acogimiento. Y, por otro, las del oeste, en la que, por parte de algunos Estados, el boicot de facto al acogimiento se realizaba más por la vía pasiva, al tiempo que se lanzaban críticas, a veces públicas y otras más veladas, contra quienes tenían una posición más activa pro acogimiento Alemania y Suecia especialmente. Por su peso político, económico y demográfico, la más criticada, (y alabada, por quienes se manifestaban a favor del acogimiento), fue Alemania, cuando en agosto de 2015 decidió suspender la aplicación del Reglamento de Dublín III, para que las personas refugiadas pudiesen solicitar asilo en ese país. Así, el editorial del periódico francés Le Monde del 31 de diciembre de 2015, decía que: Un sólo país ha salvado el honor: la Alemania de Ángela Merkel. La canciller ha podido cometer ciertas torpezas, demasiado espontánea o demasiado política, y ha sido criticada en el seno de su propio partido pero, todo lo que se quiera, élla ha encarnado lo que tendría que haber sido la respuesta europea (…) No, no ha habido voluntad común de los europeos para responder a la Historia. Al desafío existente, que cuestiona en lo más profundo la existencia misma de un sentimiento europeo compartido por los Veintiocho, la respuesta ha sido la de ir cada cual por su lado.

Y esa insolidaridad también se manifiesta ahora ante los temas de seguridad, después del atentado yihadista, islamista radical, perpetrado por militantes del Daesch en Bruselas el día 22 de marzo. Y se manifiesta en dos sentidos. Por un lado, en lo que hace al propio tema de la seguridad (dejo de lado la discusión de si lo que hay que hacer es esto o aquello, las medidas concretas que haya que tomar). Por otro, en su relación con el tema de los refugiados, donde Polonia ya ha dicho, el día 23 de marzo, al día siguiente del atentado, que no acogería a los 7.000 refugiados que se le habían asignado en el acuerdo de relocalización del 22 de septiembre de 2015. Mucho me temo que los bloques vuelvan a reforzarse. Me da la impresión de que algunos gobernantes de los países del Este de Europa van a utilizar sin grandes frenos el atentado de Bruselas como coartada para negarse al acogimiento de refugiados procedentes de Siria, en las cantidades que estaban asignadas desde finales de septiembre del año pasado. La excusa, que no quieren musulmanes en sus países, pues es su propia presencia, como se ve en los países occidentales de la Unión, la que, según ellos, está en el origen del peligro de atentados. Se consideran a sí mismos países libres de atentados porque no tienen poblaciónes musulmanas, y van a hacer todo lo posible para continuar así.

Probablemente el punto culminate de la insolidaridad, en el que se vio con más evidencia que no había una política común de asilo, que cada Estado actuaba a su aire, haya sido el fracaso del acuerdo de relocalización de 160.000 refugiados que ya estaban en Europa, en Hungría, Grecia e Italia, adptado el 22 de septiembre de 2015 en Bruselas. Firmaron, acordaron recolocar a muchas menos personas de las necesarias, y no han sido capaces de cumplir lo acordado.

Los acuerdos en materia migratoria del Consejo Europeo de los meses de febrero y marzo de 2016

La incapacidad mostrada por los Estados de la Unión para llevar a la práctica el plan de relocalización de 160.000 refugiados que se encontraban ya en Europa, acordado el 22 de septiembre de 2015 ha sido sangrante. Las presiones y conminaciones de los responsables de la Comisión no dieron frutos prácticos. Unos gobiernos boicoteaban activamente lo acordado. Otros, como el Gobierno español, adoptaban una actitud absolutamente pasiva. Y, en medio, cada cual iba tomando decisiones para, supuestamente, protegerse del flujo, sin reparar en los efectos globales, y en los parciales para los países vecinos, que esas decisiones tenían: vallas y alambradas, cupos diarios de entrada, confiscación de bienes a las personas refugiadas.

En el Consejo Europeo celebrado los días 18 y 19 de febrero de 2016 se adoptaron las líneas maestras de la política a seguir.

En respuesta a la crisis migratoria, el objetivo debe ser:

  • Contener la afluencia de llegadas
  • Proteger nuestras fronteras exteriores
  • Reducir la inmigración ilegal
  • Salvaguardar la integridad del espacio Schengen

Nada sobre las recolocaciones ya acordadas. Nada sobre como mejorar entre todos la acogida. El objetivo central era la contención, la protección, la salvaguarda. Las personas que se agolpaban en las fronteras no existían. El asilo, la protección intercional de esas personas, no formaba parte de las prioridades políticas de la Unión.

Y, a partir de ahí, el preacuerdo con Turquía del 7 de marzo y el acuerdo definitivo materializado en el Consejo de 17 y 19 de marzo de 2016, en el que se remarcaba que: Seguirá dándose prioridad a recobrar el control de nuestras fronteras exteriores

Podríamos decir que el giro autoritario, que atenta contra el derecho de asilo entendido como un derecho fundamental de las personas, se da, de forma definitiva, en el Consejo Europeo de 18-19 de febrero de 2016.

El acuerdo, lo pactado con Turquía es, en buena medida, una derivada de lo acordado en el Consejo de febrero de 2016, que marca el fin de una política que, aunque con contradicciones y retrocesos, había permitido que en el año 2015 hubiese habido 1.255.640 primo solicitantes de asilo en el conjunto de la Unión Europea.

De facto, se da por sentado que la Unión Europea, que los veintiocho Estados que la componen, no pueden impulsar una política que ponga en primer plano el ecogimiento, el derecho de las personas a ser protegidas. Se dice que eso tiene unos límites, aunque las necesidades reales de acogimiento sean más que evidentes, y estén delante de nuestros ojos.

Abiertamente se opta por lo contrario, por la restricción. Y se busca subcontratar a un gendarme que haga en nuestro nombre ese trabajo de contención, Turquía. En adelante será ese país quien hará el trabajo de contener la afluencia de llegadas y reducir la inmigración ilegal, tal y como se decía en el Consejo de febrero. Al tiempo, protegerá una de nuestras fronteras exteriores, la del Mediterráneo Oriental. Y para que haga ese trabajo se le abonarán 6.000 millones de euros, se eximirá de la obligación de disponer de un visado de estancia a sus ciudadanos y ciudadanas que deseen venir a Europa, y se reanudarán las conversaciones para una eventual y futura integración de Turquía en la Unión Europea.

El problema es que todo ello se hace sobre la base de:

  • Renunciar a tener, a construir, una política común de asilo en la que efectivamente estén implicados los veintiocho estados, y que pueda hacer frente a las necesidades realmente existentes en estos tiempos convulsos.
  • Deformar el derecho internacional de asilo, declarando a Turquía país seguro, un país directamente implicado en el conflicto sirio, de donde procede el mayor número de solicitantes de asilo en la Unión, un 29% de los primo solicitantes de asilo durante el año 2015 en el conjunto de la Unión Europea más Suiza y Noruega. O, utilizando el lenguaje del Consejo: El Consejo Europeo toma nota de la Comunicación de la Comisión <Nuevas medidas operativas de cooperación UE-Turquía en el ámbito de la migración>, en particular en cuanto al modo en que puede declararse inadmisible una solicitud de asilo de un migrante que pase de Turquía a Grecia, basándose en el concepto de <primer país de asilo> o <tercer país seguro>, de conformidad con el derecho europeo e internacional.
  • Contarnos una película sobre que no habrá devoluciones o expulsiones colectivas a Turquía, cuando ese tipo de expulsiones las vienen practicando Estados de la Unión, como España o Francia, desde hace más de veinte años, utilizando siempre la misma triquiñuela jurídica: hacer expedientes individuales de expulsión, y luego juntar a las personas efectadas en un mismo punto, el mismo día y a mla misma hora para proceder a su expulsión colectiva en un autobús o en un avión. Así fueron expulsados a África los 103, el 22 de junio de 1996, durante el primer gobierno de Aznar, drogados con haloperidol y atados a los asientos de cinco aviones con cinta de embalar. Fue cuando el presidente Aznar dijo aquello de “había un problema y se ha solucionado”. Y Mayor Oreja, entonces ministro del interior, calificó la operación de expulsión como “discreta, diplomática, desagradable y antiestética”. Y así expulsan en Francia a las personas roms, a Rumanía y Bulgaria, desde hace ya unos cuantos años, utilizando el mismo truco jurídico: expedientes individuales y expulsiones colectivas

La Unión Europea es un espacio de 510 millones de habitantes, que cuenta con una de las mayores rentas medias del mundo. ¿Lo que no puede hacer la Unión Europea, lo puede hacer Turquía, un país de 78 millones de habitantes, atravesado por graves conflictos internos, que tiene ya unos 2,7 millones de refugiados? Las cosas no cuadran, aunque el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo diga en su punto 5 que: La UE reitera que espera que Turquía respete el más alto grado de exigencia en materia de democracia, Estado de Derecho y respeto a las libertades fundamentales, inccluída la libertad de expresión. En definitiva, que se ha hecho un acuerdo con un Gobierno que no respeta nada de eso.

¿Había que negociar con Turquía? Si, evidentemente, así como con Líbano y Jordania. Pero no como ahora se ha hecho, partiendo de la idea de que la Unión Europea no puede (mejor, no quiere) hacer frente a sus responsabilidades humanitarias y legales. La unión Europea debería haber puesto en primer plano toda su capacidad de acogimiento, que es mucha, y mayor de la que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Varios Estados de la Unión tienen una experiencia contrastada en reinstalación de refugiados. Lo hicieron al final de la guerra de Vietnam y durante la guerra que destruyó la antigua Yugoslavia. Y se podía haber hecho ahora si todos los Estados de la Unión hubiesen arrimado de verdad el hombro. Si no se ha hecho es porque más allá de las excusas que se han puesto, algunas de ellas estrambóticas, no lo han querido. Y los organismo de la Unión, la Comisión y el Consejo, con la firma de este pacto, han venido a certificar ese fracaso.

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