Peticiones al nuevo Gobierno Vasco

Publicada 24 de Octubre de 2016 09:28

Asamblea
Asamblea SOS Racismo Gipuzkoa 2016

En la Asamblea de SOS Racismo Gipuzkoa celebrada este domingo 23 de Noviembre se presentó el siguiente documento, en el que se reproducen las peticiones que hacemos al nuevo Gobierno Vasco. Participaron del debate Rafaela Romero (PSE-EE), Jon Ganbra (PNV), Jon Hernández (Ezker Anitza), Nerea Kortajarena (EH Bildu), y Tinixara Guanche (Podemos). El PP no respondió a nuestra invitación.

Peticiones al nuevo Gobierno Vasco

Aunque en materia de inmigración y extranjería es determinante lo que proviene de la Unión Europea y del Gobierno del Estado (Directivas cuya transposición es obligatoria, Ley de extranjería, Reglamento de ejecución, normativa reguladora de la residencia de las personas comunitarias y sus familiares, Ley de Asilo, etc.), en el marco de sus competencias, el Gobierno Vasco tiene cosas muy importantes que decir y hacer en esas materias.

Su acción es determinante en múltiples cuestiones que afectan a la vida cotidiana de las personas extranjeras radicadas en la CAPV: sanidad, educación, políticas sociales, políticas de empleo, seguridad, cultura, lucha contra las discriminaciones, prejuicios y estereotipos, inserción social, integración, etc. A su vez, por medio de sus opiniones y actuaciones puede influir en el conjunto de la política estatal y europea.

Por ello, dirigimos al Gobierno Vasco que dirigirá la próxima legislatura y, a los partidos políticos que conforman el Parlamento Vasco, unas peticiones que tienen que ver con lo que, de forma global, denominamos inmigración y extranjería.

No pretendemos abordar todos los problemas existentes. Señalamos algunos que nos parecen relevantes, sobre los que sería conveniente que el nuevo Gobierno se implique activamente.

Rasgos de la situación actual

Según los datos del padrón continuo, a 1 de enero de 2016 en la CAPV había 139.025 personas extranjeras empadronadas, que representan el 6,4% de la población de la Comunidad autónoma. De ellas, 124.064 eran titulares de una autorización de residencia o certificado de registro en vigor. Sin embargo, no hay que olvidar que más de un 10% de las personas extranjeras empadronadas sigue encontrándose en situación administrativa irregular.

Durante los años 2014, 2015 y 2016 asistimos a una llegada sin precedentes de personas en busca de protección internacional a la Unión Europea. La respuesta dada por la Unión no ha estado, ni mucho menos, a la altura de las circunstancias. Esta llegada de personas ha puesto en evidencia múltiples contradicciones que anidaban en la construcción de la propia Unión, mostrando, entre otros grandes problemas, que desde el año 1957, lo que actualmente es la Unión Europea, no ha sido capaz de construir un sistema común de asilo.

Los egoísmos nacionales, el cierre de las fronteras estatales, las prácticas restrictivas en la recepción y concesión de los estatutos de refugiado y de protección subsidiaria, la escasa o casi nula implicación del Gobierno de España en llevar a la práctica lo acordado en el ámbito de la Unión Europea, han tenido y tienen como consecuencia que este país sea uno de los que menos demandantes de asilo recibe, de los que menos reasienta y de los que menos reubica. Y todo apunta a que así seguirá siendo en el futuro si no se producen importantes cambios internos.

La población extranjera residente es fundamentalmente trabajadora. No son rentistas, ni jubilados/as, ni inversores/as. Son, muy mayoritariamente, trabajadores y trabajadoras que se han integrado en las franjas más bajas del mercado laboral. Trabajan en sectores con un mayor índice de precariedad y donde se perciben, comparativamente, salarios más bajos. Están, por lo tanto, más expuestos y expuestas a la precariedad laboral y al paro, a combinar trabajo precario con desempleo y cobro de prestaciones sociales. A su vez, tienen una menor antigüedad laboral y unos mayores índices de temporalidad en sus contratos. Su red social es menor que la de la población trabajadora autóctona, lo que aumenta la necesidad de recurrir a los servicios públicos. Según la EPA del segundo trimestre de 2016, la tasa media de paro en la CAPV era del 12,5%, del 11,03% para las personas con nacionalidad española y del 33,18% para las personas extranjeras en general

Globalmente su situación se asemeja mucho a la de otros sectores laborales de población trabajadora autóctona muy expuesta a la crisis, bien sea por edad, por género, por situaciones familiares o por problemas de cualificación. Comparten precariedad laboral y alta exposición al paro, y necesidad de recurrir a organizaciones humanitarias, Cáritas o Banco de alimentos, entre otros, para poder hacer frente a sus necesidades básicas. Sin embargo, el colectivo de población extranjera tiene características particulares que agregan mayores cuotas de vulnerabilidad, como es su específica dependencia administrativa (permisos de trabajo y residencia, renovación, reagrupación familiar) y las discriminaciones que se producen en el acceso al empleo.

Siempre hay que tener presente que la normativa de extranjería, que es algo específico que se aplica a las personas extranjeras, a la población trabajadora extranjera, contribuye a la construcción de un tipo de trabajador/a socio-laboralmente más débil, con una gran dependencia administrativa, que no se equipara laboralmente con la población trabajadora autóctona hasta que obtiene un permiso de residencia permanente o de larga duración. Y en ese tiempo intermedio, que va de cero a cinco años, hay una gran vulnerabilidad, que incluye la posibilidad de caer en la irregularidad sobrevenida si no consigue renovar sus autorizaciones de trabajo y residencia.

Esa dependencia administrativa se extiende a otros terrenos, como el derecho a vivir con su familia, regulado y dependiente del sistema de reagrupación familiar y de las condiciones que tiene que cumplir en materia laboral, de ingresos y vivienda disponible para poder llevarlo a cabo.

Las diferentes encuestas sobre pobreza, tanto de la CAPV como de Gipuzkoa, nos muestran que la población extranjera residente y/o nacida en el extranjero forma uno de los grupos de riesgo, junto con las mujeres autóctonas y las personas que viven en hogares encabezados por mujeres.

La crisis económica que se desencadenó en 2008 ha tenido importantes efectos negativos en el conjunto de la población trabajadora, y particularmente en la parte de esa población conformada por personas inmigrantes. Aunque lo peor de la crisis parece que ha pasado, sus efectos se hacen sentir en múltiples aspectos que afectan al conjunto de condiciones de vida de muchas personas.

Teniendo en cuenta todo ello, el nuevo Gobierno debería impulsar y favorecer una buena inserción y una buena integración de la población inmigrante en la CAPV, teniendo en cuenta el conjunto de dimensiones que entran en juego: la jurídico legal, que hace referencia al estatus de persona residente; la laboral y económica, como trabajadores/as y consumidores/as; la residencial, que hace referencia a la vivienda y a los diferentes espacios de convivencia en las ciudades y pueblos; la de acceder y disfrutar de los servicios públicos; la cultural e identitaria; y la política, que nos remite a los derechos políticos.

Por otro lado, aunque son problemas previos y en parte más profundos, la crisis económica ha dado un nuevo impulso al desarrollo y consolidación de estereotipos y prejuicios contra las personas inmigrantes residentes en la CAPV, que han encontrado en los rumores su medio de difusión y expansión. Una de sus consecuencias ha sido la del incremento de la etnificación y racialiazación de los problemas sociales. En un marco en el que los vínculos sociales tienden a fragmentarse, las diferencias culturales tienden a su vez a valorarse negativamente, y se refuerzan la precariedad y la exclusión de las personas que se identifican con esos rasgos.

Por ello consideramos necesaria una implicación activa del nuevo Gobierno en la iniciativa ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea. Red Vasca Antirrumores contra la difusión de rumores y estereotipos negativos hacia la población inmigrante, de la que son parte movimientos sociales, ayuntamientos y diputaciones.

Las ideas y propuestas de diferentes organizaciones y partidos de derecha extrema, nacional populistas y neopopulistas xenófobos, tienen actualmente un amplio predicamento en el ámbito europeo. Aunque aquí, hoy por hoy, no tenemos partidos políticos de esas características, convendría que en los diferentes ámbitos internacionales en los que se actúe, especialmente en la Unión Europea, se deje oír una voz neta y clara en contra de sus postulados.

No se puede construir una sociedad integrada si se discrimina abiertamente y en diferentes facetas de la vida (empleo, prestaciones sociales, vivienda, fiscalidad, acceso a los servicios públicos, etc.) a una parte de la población residente, en función de que tiene un origen nacional diferente. La discriminación es el espejo de la calidad humana de un país, el nuestro. Y por eso debemos aspirar a una ciudadanía plural e inclusiva donde, más allá de las diferencias entre nacionales y extranjeros/as, la residencia administrativa sea la puerta de entrada para ser titulares de derechos y obligaciones.

Teniendo en cuenta todo lo anterior formulamos las siguientes peticiones

  1. Que el nuevo Gobierno Vasco, en el ámbito de las competencias que le son propias, impulse la redacción y aprobación de una Ley integral contra las discriminaciones, que afectan a ámbitos tales como el acceso al empleo, la vivienda, los establecimientos públicos o la publicidad en los medios de comunicación.
  2. Que en las políticas de empleo, formación y recualificación de las personas trabajadoras se tome en consideración la situación específica de la población trabajadora inmigrada, aprobando un Plan de inserción socio-laboral para este colectivo desfavorecido. Asimismo, prestar atención específica a las empleadas de hogar facilitando la formación que va a ser requerida a partir del 1 de enero de 2018 a través de Lanbide y con el apoyo de ayuntamientos y Diputaciones, atendiendo a las especificidades horarias de esas personas, muchas de las cuales trabajan como internas. 
  3. Reforzar el sistema de protección social. Este sistema sufrió recortes en el año 2011, que entraron en vigor el 1 de enero de 2012, y que se vehiculizaron, específicamente, a través del paso de uno a tres años de empadronamiento necesario para acceder a la prestación y una reducción del 7% en las cuantías. Pedimos superar esos recortes. Ninguna persona que actualmente es beneficiaria de la Prestación Complementaria de Vivienda debe quedar fuera del ámbito de aplicación del futuro “Decreto sobre el derecho subjetivo al acceso a una vivienda digna y adecuada” que se encuentra en fase de elaboración. 
  4. Que en lo que hace al derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras empadronadas en situación administrativa irregular, se vuelva a la situación previa a la reforma del año 2012.
  5. Que el Gobierno Vasco recupere, dentro de su estructura la figura de una Dirección de Inmigración. Y que, a su vez, el Gobierno Vasco apoye y facilite la extensión de la red de técnicos de inmigración en municipios y mancomunidades. Su trabajo de base, allí donde han podido desarrollar su labor, se ha demostrado que es de gran utilidad.

    Sos Texto

SOS Racismo SOS Arrazakeria Gipuzkoa
Donostia, octubre de 2016

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