La violencia ejercida contra las trabajadoras domésticas tiene mil caras

Publicada 31 de Mayo de 2018 14:22

Violencia

SOS Racismo rechaza la enmienda relativa al sistema especial de empleados de hogar incorporada al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Hace apenas mes y medio el hombre a quien cuidaba violó a una joven empleada de hogar extranjera en situación irregular. La semana pasada pudimos asistir a otro golpe duro contra el colectivo de empleadas de hogar, esta vez con ocasión de la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El Partido Popular consiguió a última hora incorporar una enmienda por la cual se pretende posponer hasta 2024 la finalización del proceso de ‘normalización’ del sistema especial de empleados de hogar. Dicho proceso, iniciado el 1 de enero de 2012* , tiene como uno de sus principales objetivos hacer coincidir las bases (y tipos) de cotización vigentes en el ámbito laboral doméstico con las del Régimen General. Según lo pactado hace 7 años dicha equiparación debería culminar en 2019. Actualmente las bases de cotización correspondientes a los salarios de las personas empleadas de hogar son ‘artificialmente’ bajas. Se determinan mediante ocho tramos a partir de una base mínima de 167,74 € hasta una máxima de 896,94 €, de modo que no reflejan los salarios reales, especialmente cuando superen el salario mínimo interprofesional. Comparando con el Régimen General, la diferencia es brutal: la base mínima establecida para el año 2018 asciende a 858,6 € y la base máxima a 3.751,2 €. Todo eso tiene un impacto tremendo en las prestaciones y pensiones que se calculan a partir de dichas bases.

Otro efecto muy negativo del pretendido retraso en el proceso de equiparación tiene que ver con el beneficio del que gozan todas las personas trabajadoras encuadradas en el Régimen General salvo las empleadas domésticas: la integración de las lagunas de cotización a efectos del cálculo de las pensiones de incapacidad y jubilación. Dichas pensiones se calculan en base a la cotización realizada durante (largos) periodos anteriores al hecho causante. Si existen ‘huecos’ dentro de esos periodos -meses o años sin cotizar- se presume que hubo cotización sobre la base mínima. En cambio, en el caso de las personas trabajadoras domésticas –mientras su situación no se ‘normalice’- los cálculos se hacen y se harán exclusivamente en base a los salarios efectivamente percibidos.

Dicho todo lo anterior, la enmienda no afecta a la equiparación de los tipos o porcentajes aplicables a las bases, la cual sí saldría adelante a partir de 2019. 

Las razones que el actual Gobierno de España esgrime para justificar la prórroga de la patente discriminación del colectivo de las trabajadoras domésticas –con presencia muy significativa de personas extranjeras– son las de siempre: que la plena equiparación del sistema especial de Empleados de Hogar al Régimen general supone una carga adicional para las familias y para la Seguridad Social. 

SOS Racismo no comparte esa argumentación hipócrita y perversa. Las trabajadoras domésticas –especialmente las extranjeras- están actualmente tapando los agujeros en el débil sistema de protección social frente al riesgo de la dependencia por edad o enfermedad. Lo están haciendo muchas veces a expensas de su propia salud física y psíquica. Además, creemos que ninguna política que pretende ser ‘democrática’ puede sostenerse en la discriminación y el menosprecio de los derechos de los grupos más vulnerables: mujeres y personas inmigrantes. Por eso rechazamos rotundamente la incorporación de la citada enmienda y hacemos un llamamiento a los partidos políticos y entidades sociales para que se opongan a la aprobación definitiva de la misma.

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