Investigador en la Universidad de Paris X–Nanterre y miembro del equipo francés del programa de la Comisión Europea The Changing Landscape of European Security (www.libertysecurity.org).

**M**iles de automóviles quemados, instalaciones públicas (escuelas, guarderías, gimnasios) destruidas, declaración del estado de emergencia, más de 3.000 personas detenidas por las fuerzas de seguridad, decenas de años de prisión firme pronunciadas por los tribunales: el balance de los disturbios que han sacudido a Francia durante los meses de octubre-noviembre de 2005 es grave en términos materiales, humanos y psicológicos. Pero ¿qué está pasando?

Numerosos comentaristas, tanto franceses como extranjeros, están de acuerdo en descubrir en esta crisis el preludio del hundimiento de nuestra sociedad bajo los golpes de aquellos a quienes presentan alternativamente como “jauría de lobos”, “enemigos de nuestro mundo” o como la vanguardia de un subproletariado “poscolonial”. Insisten sucesivamente en el fin del “modelo francés”, el “desarrollo de una sociedad paralela situada al margen de las leyes de la República” o la “crisis del civismo urbano”. Antes de enunciar estas generalidades, acordes a sus intereses políticos y sociales, estos observadores deberían atenerse, más modestamente, a los preceptos básicos del análisis de la acción colectiva. Para comprender estos desórdenes, conviene, en efecto, remitirse a sus condiciones sociales, a las razones de su desencadenamiento y su carácter contingente (las mismas causas no siempre producen los mismos efectos).

Cambios en el control de la juventud de las clases populares

Como telón de fondo de estos actos violentos está ante todo una crisis de reproducción de los medios populares, profundamente afectados por las consecuencias de la crisis económica iniciada en la segunda mitad de los años setenta y por las transformaciones derivadas del tránsito a un modelo post-fordista de producción. La automatización, la informatización y las deslocalizaciones han generado un desempleo masivo que se ha conjugado con la generalización del recurso a trabajadores y empleos temporales. Estos dos factores han aumentado la precarización de las condiciones de vida de los medios populares que el advenimiento de una sociedad salarial (basada en el crecimiento económico y un estado social fuerte) había contribuido a reducir(2).

Este fenómeno afecta particularmente a los jóvenes. En los barrios que han sido noticia estas últimas semanas, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) señalan una considerable tasa de desempleo, en la franja de 15 a 24 años: 41,1% en el barrio Grande Borne, en Grigny (frente al 27,1% en el municipio); 54,4%, en Reynerie y Bellefontaine (frente al 28,6%, en Toulouse); 31,7% en L’Ousse de bois (frente al 17%, en Pau); 37,1% en la urbanización de Clichy-sous-bois (frente al 31,1% en Montfermeil); 42,1% en Bellevue en Nantes (frente al 28,6% en Saint Herblain)… Esta desestabilización salarial no sólo ha tenido efectos económicos: ha cambiado completamente también las referencias de los jóvenes de los sectores populares. En efecto, ha reintroducido una incertidumbre respecto del futuro, que, al impedir que las personas hagan proyectos a largo plazo (de vivienda, matrimoniales, de diversión), las encierra en el presente y en una supervivencia cotidiana permeable a pequeños delitos.

Al mismo tiempo, la masificación de la enseñanza en Francia ha prolongado la estancia en el sistema escolar de adolescentes que habrían sido excluidos de éste, haciéndoles alimentar por un tiempo esperanzas de ascenso social que los alejan aún más del mundo obrero de sus padres . Esperanzas rápidamente desaparecidas dado que la escuela no transforma las jerarquías sociales. Esta desilusión ha provocado la banalización de los follones, de las provocaciones y sobre todo el abandono del sistema escolar: el porcentaje de personas no cualificadas alcanza del 30% al 40% en los barrios mencionados, frente al 17,7% de promedio nacional.

Habría que añadir, finalmente, los efectos de las políticas urbanas de estos veinte últimos años, que –sin convertirlos en guetos- han concentrado en un cierto número de barrios periféricos a familias numerosas, a menudo desarraigadas y sufriendo de lleno las formas de precariedad existenciales descritas .

Esta crisis de los sectores populares es, pues, profundamente social. Se ha traducido a la vez por el declive de sus formas colectivas de organización (sindicatos, partidos políticos) y por una exacerbación de la competencia en su seno (entre “franceses” y “extranjeros”, pero también entre obreros “fijos” y “trabajadores temporales de por vida”). Genera un profundo malestar y un repliegue al espacio doméstico que, a partir de comienzos de los años noventa, será interpretado por los políticos como una “demanda de seguridad” de este sector de sus electores.

Esta relectura de las relaciones sociales como una cuestión de seguridad está en el inicio de la evolución de las estrategias policiales. A partir de este periodo, se ha dado prioridad a una policía de intervención más que a una policía de investigación o, como fingen creer los responsables socialistas, a una policía de proximidad. El desarrollo de brigadas anti-criminalidad (BAC) es lo más significativo de este movimiento, que algunos policías no dudan en denunciar como una “militarización” de su profesión. Fuertemente equipadas con material ofensivo y defensivo, balas de goma y, recientemente, pistolas taser (de descarga eléctrica), estas unidades prefieren “caer encima” que investigar.

Las consignas políticas que llaman a la “reconquista de los barrios”, o simplemente a “ofrecer resultados”, valoran estas unidades “aparatosas” que intervienen rápidamente, a menudo de noche, y garantizan el grueso de detenciones de la seguridad pública. Aparecen perfectamente ajustadas a las imágenes públicas de “la lucha contra la delincuencia”, mientras que sus colegas de la policía de proximidad, por su presencia visible en la calle, resultan sospechosos de no estar allí más que para tranquilizar a los “ciudadanos honestos” y a los cargos públicos locales. No es extraño que la mitad de reclutas que salen de las escuelas de policía deseen formar parte de estas unidades de “cazadores” , que se han convertido en objetivo de numerosos programas sensacionalistas de televisión. Aunque las opiniones internas de la institución sobre esas unidades son menos entusiastas (para denominarlas se utiliza frecuentemente la expresión ambigua de “cow-boys”), el estatus que pueden invocar ante las élites del Estado y los periodistas refuerza sus prácticas y anima las intervenciones violentas que implican.

La brutalidad de estas fuerzas de intervención tiene también razones más estructurales, siendo la primera su juventud. Esta se explica, además de la selección física necesaria para entrar en ellas, por el fuerte turn over que conocen. Los policías más experimentados desertan de estas unidades, haciendo jugar su antigüedad para pedir su traslado a servicios más “tranquilos” o aproximarse a su región de origen. Estas unidades quedan así desprovistas de “veteranos” que podrían inculcar conocimientos operativos y proporcionar algunas claves para entender situaciones incomprensibles para muchos, especialmente cuando no se cuenta con la formación adecuada. En efecto, inseguros profesionalmente, estos jóvenes policías, a menudo provenientes de pequeñas ciudades de provincias, se hallan socialmente muy alejados de los barrios y de sus habitantes, sean o no de origen inmigrante . De ahí su impericia para intervenir en grandes concentraciones urbanas cuyos códigos y funcionamiento desconocen, lo que se traduce tanto en miedo a intervenir como sobre todo en no saber tomar la distancia propia de su papel que caracteriza a los policías más experimentados y conocedores del terreno.

La interacción cotidiana con los grupos de jóvenes adopta la forma de enfrentamientos rituales en los cuales se trata de salvar el honor, incluso de lavar virilmente las afrentas. Aunque los modelos de hombría están socialmente diferenciados, también se construyen en este terreno, tomando a veces la forma de una rivalidad mimética, particularmente visible en esta observación de un policía a un adolescente: “tu marca es Lacoste, la mía es Policía” . Cualquier derrota, simbólica o física, de uno es percibida como una victoria del otro. Esto explica las concentraciones sistemáticas cuando hay controles, incluso los “apedreamientos” a los policías por parte de los jóvenes, a los cuales responden con inútiles y reiteradas verificaciones de identidad, intimidaciones, incluso golpes. Para los grupos de jóvenes, se trata de “meter presión” a los policías –por retomar una expresión escuchada frecuentemente en entrevistas- dándoles a entender que están en inferioridad numérica y que por tanto la relación de fuerzas les es desfavorable. Para los policías, a la inversa, la clave consiste en demostrar que son los dueños de la calle (en tanto que territorio de la República), libres de hacer un uso ilegítimo de su fuerza o de actuar en base a los recursos de autoridad –morales y jurídicos principalmente- que les confiere su estatus.

La prioridad dada a la intervención sobre la investigación se refleja fielmente en las estadísticas policiales. Mientras que los hechos constatados por los servicios de policía y gendarmería se duplicaron entre 1974 y 2004, el número de personas detenidas por infracción a la legislación sobre estupefacientes (ILS) se multiplicó por 39 y por infracciones a la legislación sobre los extranjeros (ILE), por 8,5…

Al mismo tiempo, las tasas de esclarecimiento (casos resueltos/hechos comprobados) disminuyeron enormemente, pasando de 43,3% a 31,8%. Lo que, en otras palabras, significa que la actividad policial se concentra en los pequeños delitos cuya constatación resulta de la presencia policial en la calle, así como de la intensificación del control de determinados grupos sociales . Esa intensificación es en gran medida responsable del deterioro de las relaciones entre la institución y estos grupos, y alimenta las llamadas violencias “urbanas”. Suele olvidarse, en efecto, muy a menudo que el orden, como el desorden son coproducciones, en las que las instituciones de seguridad ocupan un papel tan importante como el público al que se enfrentan.

Entre la degradación económica, social y moral de los sectores populares, laminados por treinta años de políticas liberales, y las estrategias policiales –pero también sociales- puestas en práctica para controlar a sus hijos , no faltan razones para que los suburbios exploten. Cabría incluso preguntarse por qué no explotan con más frecuencia.

Un modo ordinario de protesta

El factor desencadenante de la serie de violencias que han afectado a Francia en los meses de octubre-noviembre de 2005 es la trágica muerte de dos adolescentes (y las graves heridas sufridas por un tercero) que trataban de escapar de un control en Clichy-sous-bois. La ira y la indignación en el barrio desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, incendios de automóviles, mobiliario urbano y otros destrozos. Como de costumbre, se podría decir.

Los expertos en “violencias urbanas” tienden, en efecto, a pasar muy rápidamente en silencio la responsabilidad policial en el origen de las violencias colectivas. La ex comisaria de los servicios de inteligencia policiales Lucienne Bui-Trong lo recuerda, a su pesar, cuando reconoce que la policía está implicada –directa o indirectamente- en el desencadenamiento de un tercio de los 341 disturbios registrados por su servicio entre 1991 y 2000 . Cifra a la que habría que añadir las decisiones judiciales y los crímenes cometidos por guardias de seguridad privada y por particulares.

Desde este punto de vista, los acontecimientos de Clichy-sous-bois no se distinguen de sus trágicos precedentes, pero han conocido una difusión sobre la que hay que reflexionar. En primer lugar, esta extensión viene acompañada de un cambio de naturaleza. Tal y como constataba Jean-Claude Delage, secretario general adjunto del sindicato policial Alliance: “al principio, el enfrentamiento era con la policía y hoy se trata más bien de pequeños grupos que practican una especie de guerrilla urbana, sin enfrentarse directamente con las fuerzas del orden” . La disminución de estos enfrentamientos se debe al hecho de que más allá del contexto emocional vinculado a la muerte de alguien cercano (familiar, amigo, conocido), no se reúnen las condiciones para que decenas, incluso centenares de individuos se enfrenten a las fuerzas del orden. La ira observada en Clichy, al igual que en otros barrios con ocasión de dramas similares, supera ampliamente a los “jóvenes”. Es compartida por un gran número de adultos y de familias, que si no participan en los enfrentamientos, dicen comprenderlos. Lo que es profundamente diferente en una situación en la que un drama se vive a distancia. En este caso, las movilizaciones sólo pueden ser producto de pequeños grupos que se conocen entre ellos y toman otras formas. Una de ellas es el incendio de automóviles.

Esta práctica no data del otoño de 2005: 21.500 automóviles fueron incendiados en 2003 (una media de 60 por noche), en su mayor parte sin relación con violencias colectivas. Si bien los motivos son diversos (destrucción de vehículos robados, conflictos familiares, estafas a las compañías de seguros…), no es menos cierto que en algunos barrios, esta práctica es habitual. Fáciles de provocar y espectaculares, los incendios (de automóviles, pero sobre todo, de contenedores de basura) tienden a convertirse, para los más jóvenes, en un modo ordinario de protesta. Uno de los pocos de que disponen estas poblaciones para hacerse oír, en un contexto de desorganización y de relegación política. En efecto, el acceso a formas pacíficas de movilización, que caracteriza la pertenencia a los círculos legítimos de representación, continúa siendo desigualmente accesible según los grupos sociales. El uso de este repertorio de acciones descalificado públicamente no debe confundirse con la delincuencia. Algunos individuos involucrados en los recientes desórdenes tienen, tuvieron o tendrán conductas delictivas. Pero éstas son independientes de las dinámicas observadas estas últimas semanas y de sus manifestaciones. Lo que explica particularmente que la mayoría de personas llevadas ante los tribunales carezca de antecedentes.

El recurso a una violencia incendiaria, alimentada por años de degradación social, económica y de endurecimiento del control, encontró resortes para desplegarse en el discurso radical del ministro del Interior y en la caja de resonancia que constituyeron los medios de comunicación, especialmente la televisión.

La mezcla de desprecio social y virilidad guerrera exhibida por Nicolas Sarkozy en sus declaraciones públicas fomentó los disturbios. Cristalizó las humillaciones y los rencores localmente acumulados, proporcionándoles un blanco común. El ministro, ferviente partidario de la relación de fuerzas, pretendía sin duda obtener así beneficios políticos de su firmeza, y al mismo tiempo acabar con lo que percibía como resistencias a su política de orden. Este cálculo puede ser acertado a corto plazo, pero ha incrementado la intensidad de la violencia y dejará huellas indelebles en la memoria colectiva de los suburbios, cuyos efectos son imprevisibles. La influencia de los medios de comunicación, también ha sido preponderante.

A semejanza de las asambleas generales de huelguistas, que comienzan siempre con la enumeración de las demás contribuciones, de las universidades, o de los establecimientos incorporados al movimiento, toda movilización local saca buena parte de su eficacia de la dinámica colectiva en la cual se inscribe. Que, en este caso, fue admirablemente recogida por la prensa, mostrando el mapa de los incendios y el “palmarés” de destrucciones. Más que una lógica de imitación alimentada por la voluntad de hacerlo “mejor” que el barrio vecino, el tratamiento de la información relacionada con la crisis sincronizó, homogeneizó y difundió un repertorio de acciones violentas, acreditando así la ficción de un movimiento nacional.

Estos principios básicos de la sociología de la acción colectiva permiten comprender la dinámica de la crisis, e invalidan definitivamente las teorías sobre su manipulación por parte de islamistas radicales o grupos criminales organizados. Estas teorías no son, en el mejor de los casos, sino la manifestación de la incomprensión de la situación de quienes a ellas recurren, y en el peor, de su cínica utilización para justificar la pérdida de control y/o medidas radicales para enfrentarla.

Porque es sin duda, allí donde reside uno de los mayores riesgos de los recientes acontecimientos. Así como el rechazo del tratado constitucional europeo fue reinterpretado inmediatamente por nuestros gobernantes como la voluntad de una mayor desregulación, los disturbios del otoño de 2005 servirán de pretexto para nuevos retrocesos sociales. El certificado de estudios a los 14 años, el probable fin del colegio único y la aceleración de la flexibilización del empleo no cualificado son las respuestas que ya se han avanzado para responder a la incertidumbre de los jóvenes de los sectores populares. Se reforzaría el endurecimiento policial y judicial, cuyos efectos funestos para la cohesión social y el orden público acabamos de describir. El chantaje de la amenaza con recortar las prestaciones sociales, con la que algunos funcionarios soñaban desde hacía mucho tiempo, ha recobrado vigor y los informes más reaccionarios (como el informe Benisti o el del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, INSERM, sobre los “trastornos de los adolescentes”) están nuevamente a la orden del día, para patologizar los comportamientos descritos como “antisociales” de los hijos de las familias modestas y/o de origen inmigrante.

Este movimiento saca partido de la estructura de la competencia política. El gobierno, interviniendo en las rivalidades internas en las clases populares (los que “triunfan” contra “los que no quieren salir adelante”, las “víctimas” contra los “autores”, los “franceses” contra las “familias polígamas”), explotará los desórdenes actuales para acabar tanto con las protecciones sociales y salariales como con las formas desordenadas de resistencia al orden desigual que defiende. Esto debería obligar a una izquierda políticamente consecuente a aprovechar la ocasión para avanzar un proyecto de transformación, capaz de tapar las fisuras causadas en los sectores populares por treinta años de revolución conservadora. Los titubeos del partido socialista con respecto a la prolongación del estado de emergencia, la incapacidad del partido comunista o de las agrupaciones de extrema izquierda para presentar una alternativa dirigida a aquéllos que tienden a convertirse en las “nuevas clases peligrosas” o para integrar sus especificidades demuestran que no han tomado ese camino. Y en ese caso, las “soluciones” aportadas a la crisis no harán más que fortalecer las razones que constituyeron su origen. La reconstrucción de solidaridades efectivas es más necesaria que nunca. Es la organización en torno a objetivos políticos comunes de individuos de estatus profesionales, confesionales y de orígenes diferentes, lo que les ha permitido mejorar su destino colectivo y arrancar conquistas sociales que los liberales y sus servidores se empecinan día a día en destruir, tanto en los suburbios como en otros lugares.