Libre comercio y emigracíon libre

Libre comercio y emigración libre

Carlos Resa Nestares

En la teoría, las migraciones y el libre comercio son igualmente beneficiosos para la econo-mía. Ambos permiten una mejora de la especialización productiva y un perfeccionamiento del ajuste entre los recursos físicos y humanos existentes. Sin embargo, en el mundo real, los economistas suelen ser ávidos partidarios de la libre circulación de mercancías entre países y mostrarse muy reticentes a la defensa de la libre circulación de personas, salvo que ésta sea interna y/o se produzca entre territorios con parecido nivel de desarrollo, en los cuales la teo-ría dice que apenas habría ganancias. Las externalidades negativas de la migración, se argu-menta, son tan intensas que anulan los teóricos beneficios. Aunque apenas se pronuncien, esas externalidades son la xenofobia y los conflictos interculturales, que hiere el desarrollo económico.
El libre comercio y las migraciones, aparte de ser fenómenos con beneficios globales, también comparten el que el reparto de sus ganancias no es igualitario entre todos los países ni entre todos los estratos sociales dentro de un mismo país. La regulación pública es un factor esencial en cómo se produce esa distribución. En trazo grueso, los grandes vencedores de la apertura comercial son los países ricos, cuyas empresas tienen acceso preferente a nuevos merca-dos, y algunas elites dentro de los países pobres, que controlan el mercado receptor. La regulación ha obstaculizado el libre comercio en aquellos sectores, como la agricultura, en la cuales los países pobres podrían contar con una ventaja comparativa mientras ha sido muy benevolente para la industrias de alto componente tecnológico que tienen su base en los países desarrollados.
En el caso de la migración, sus beneficios en la práctica han sido más difusos. Para los países receptores, que podrían en teoría verse favorecidos por el ingreso de capital humano, apenas ha existido provecho. En los Estados Unidos, la aportación neta de los inmigrantes, el 9.3 por ciento de la población, a la economía durante los noventa fue de entre mil y diez mil millones de pesetas al año, menos del 0,1 por ciento del total de la economía. Salvo por la diferente financiación del sector salud, no hay motivos para pensar que en el caso europeo, su contribución a la economía sea igualmente marginal. Algunos de los argumentos acerca de los beneficios de la migración para los países receptores son diametralmente falsos, “serán necesarios para pagar nuestras pensiones del futuro”, o no tienen ningún sentido económico, “hacen los trabajos que los nativos no quieren hacer”.
Para los países emisores, la migración en sí misma sí tiene un efecto positivo en el corto plazo a través del dinero que envían los emigrantes. Existen grandes áreas de América Latina, África o Asia que viven casi exclusivamente de estas remesas. No obstante, su cuantía es relati-vamente menor y mal repartida. Entre los diez países del mundo que más remesas de emigrantes reciben están, paradójicamente, cuatro de la Unión Europea: Portugal, Grecia, España y Francia, por este orden. Los otros países que figuran en esta lista estarían en el segmento de países de ingreso medio-medio o medio-bajo, según la calificación del Banco Mundial. Para los países más pobres del mundo las remesas de la inmigración son inexistentes o insignificantes, con lo cual se contradice la idea más o menos generalizada de que son los más pobres los que emigran. En la misma línea, los emigrantes no suelen ser de la extracción más humilde sino que proceden de las clases medias educadas más clase alta cuanto más fuerte es la inversión de emigrar, con lo cual los flujos migratorios suponen una fuga de capital humano y, en última instancia, un freno para el desarrollo futuro de los países pobres. Las remesas, además, pueden contribuir sin querer al fortalecimiento de estructuras de poder muy inequitativas que en sí mismas son el principal obstáculo para el desarrollo de los países pobres. En otras palabras, los beneficios a corto plazo de la emigración para los países de expulsión pueden ser anulados por los perjuicios en el largo plazo.
El libre comercio es asimétrico en buena medida como consecuencia de unas relaciones inter-nacionales asimétricas en las cuales los países más poderosos tienen más posibilidades de moldear las relaciones económicas. En contraste, la política migratoria de los países, ricos y pobres por igual, está casi obligatoriamente a ser restrictiva. El hecho de que existan instituciones y regulaciones supranacionales para el libre comercio y la regulación de la migración sea casi exclusivamente estatal, explica en parte esta diferencia. Aunque haya argumentos económicos a favor de la libre circulación de trabajadores, ésta no puede darse, desde la perspectiva nacional, porque no sólo podría eventualmente dar lugar a conflictos interculturales sino, y sobre todo, porque en los países ricos el número de perdedores de la migración entre los nativos sería grandioso: por una parte, perderían sus empleos a manos de trabajadores más dóciles, menos sindicalizados, y dispuestos a trabajar por salarios más bajos y, por otra, el sistema de protección social se hundiría porque su capacidad de protección no es infi-nita. Los gestores políticos deben velar, en la búsqueda de su propio interés, por la protección de sus posibles votantes, una condición que sólo se trasmite con la nacionalidad y cuyo acceso está restringido a los inmigrantes. Y los potenciales votantes no están dispuestos a perder con una medida como la libre circulación de mano de obra. Por lo tanto, la decisión de política pública no es tanto cuántos trabajadores se deben acoger,la cifra se mueve en unos márgenes estrechos, sino hacia qué sectores se va a direccionar a los que vienen.
El resultado de esta decisión política es muy probable que tienda a favorecer a quienes conforman el cuerpo principal de los votantes y a quienes tienen acceso a la formación de las políticas públicas,los trabajadores cualificados a costa de quienes tienen un poder de influencia casi marginal, los trabajadores no cualificados. El resultado de esta distribución de poder es una política migratoria asimétrica que fomenta la presencia abrumadora de los inmigrantes entre los trabajos de baja cualificación y bajos salarios de manera voluntaria o involuntaria. De manera voluntaria porque sólo se conceden permisos de trabajo para emplearse en trabajos de baja cualificación cuando existe oferta y demanda en todo el espectro salarial para inmi-grantes. Y de manera involuntaria porque, al ilegalizar a una parte del flujo de la inmigración, se los obliga a aceptar los peores trabajos disponibles.
Con la excepción en unos pocos sectores de alta tecnología en los que se ha producido una manifiesta carencia de capital humano local, la mayor parte de las supuestas carencias de trabajadores en el mercado local se atribuyen a sectores de baja cualificación, bajos salarios y baja productividad. Sin embargo, la idea de hueco no tiene sentido desde el punto de vista económico. En un mercado de trabajo existen infinitos empleos potenciales que no se cubren porque no son económicamente rentables: por ejemplo, hay una demanda infinita de vigilantes de bienes privados. Ante estos trabajos potenciales no rentables, existen dos alternativas para los demandantes de empleo, las empresas en un mercado de trabajo cerrado: o se aumentan los salarios ofrecidos a la búsqueda de estimular a la oferta potencial o se cierran el proceso productivo. Con la legislación en la mano se les ofrece a las empresas una tercera alternativa, que además puede ser complementada de manera ilícita: contratar inmigrantes al fin de reducir los costes salariales.
La contratación de inmigrantes en estos sectores tiene dos efectos complementarios. Por una parte, la determinación de los salarios se ve afectada a la baja por esta expansión de la oferta.
Los trabajadores no cualificados nativos, en consecuencia, no pueden acceder a los incremen-tos salariales que se derivarían de la escasez de sus habilidades profesionales, pocas. Los trabajos en los que supuestamente no quiere trabajar podrían cubrirse, de ser rentables, con mejores salarios, lo cual no es necesario de existir inmigrantes documentados e indocumentados. Quizás no por casualidad durante los últimos cinco años, en los cuales se incrementó de manera radical la presencia de inmigrantes no comunitarios en España, los salarios de los trabajadores de cuello blanco,cualificados en términos generales, se incrementó con respecto a los trabajadores de cuello azul después de casi tres décadas en los que se redujo de manera constante la brecha entre ambos tipos de asalariados.
Por otra parte, se mejora la relación de intercambio entre salarios y capital a favor de los primeros. Con el acceso a empleados con menores salarios, las empresas tienen menos incentivos para la inversión en capital, que es la que a lo largo de la historia ha generado el avance tecnológico y el crecimiento económico endógeno. De este modo, el recurso a los inmigrantes supone un freno al desarrollo económico de largo plazo. En términos sectoriales, el recurso a los inmigrantes permite la pervivencia de actividades económicas de baja cualificación que, como la minería del carbón o ciertos tipos de agricultura, estarían condenadas a desaparecer en condiciones normales,o emigrar a países pobres, en el mejor de los casos, y que, a través del presupuesto público en muchos casos, retraen recursos del resto de la economía. En este sentido, gracias a la inmigración y a las posibilidades de limitación salarial que otorga, se ha visto en España el retorno de actividades profesionales que se creían propias del pasado, tales como el servicio doméstico o los jornaleros.
Desde el punto de vista social, por lo tanto, la inmigración asimétrica tal y como se produce en los países desarrollados supone, aparte de una limitada contribución neta para el conjunto de la economía, una transferencia de rentas desde los trabajadores no cualificados nativos hacia los trabajadores nativos cualificados y hacia los inmigrantes. En el caso de los inmigrantes, esta transferencia es autoevidente: emigran por las expectativas de mayores salarios, que a grandes rasgos se corresponde con la realidad. Para los trabajadores cualificados, aparte de ver aumentada sus rentas a través del crecimiento de la demanda de sus bienes y servicios, la inmigración supone una reducción de los precios de los bienes y servicios no cualificados. Por ejemplo, un abogado que cobra papeles a inmigrantes o un agente inmobiliario que alquila casas a inmigrantes, una demanda que no existía antes, tienen la posibilidad de contratar una empleada del hogar inmigrante a bajo precio, una oferta que no existía antes: negocio redondo.
Dado que los trabajadores no cualificados, los que más pierden con este modelo de inmigración, ejercen un papel marginal en la formación de las políticas públicas, no es de extrañar el resultado. Pero para consolar a los perdedores deben implementarse dos tipos de políticas que, aunque contradictorias en la teoría, forman parte de una estrategia más amplia: aparentar eficacia en la persecución de la inmigración mientras se actúa de manera condescendiente con los inmigrantes convirtiéndolos en supuestas víctimas. Ambos aspectos se ilustran de manera diáfana en la recurrente presentación televisiva de guardias civiles ofreciendo mantas a quienes acaban de detener. En términos estrictos es una extrema contradicción: se detiene a quie-nes se cataloga de víctimas. Pero su valor de verdad es puramente simbólico. En realidad, su eficacia en la lucha contra la inmigración es nula, pero sirve de presentación pública. A buena parte de esos inmigrantes no se les puede expulsar por motivos legales –no se sabe al país al país al que devolverlos o el país no admite su regreso económicos,expulsar a los inmigrantes sudamericanos, salvo que sean detenidos al bajar del avión, exige dos billetes de avión en primera clase para los correspondientes funcionarios encargados del regreso.
Para esta estrategia de convertir a los inmigrantes en víctimas de sus propias decisiones son funcionales algunos de los argumentos bienintencionados pero mayormente inciertos que se utilizan en el debate sobre la migración: “bien a trabajar en lo que nosotros no queremos tra-bajar”, “pagarán nuestras pensiones en el futuro”… Y desde el estado se atornillan estos argumentos al culpabilizar a un tercero de una decisión de emigrar puramente individual: son víctimas de unos entes abstractos malvados, las mafias de la inmigración. Sin embargo, la mayor parte de los servicios de agencia de viajes, de financiación o de protección personal que ofrecen estos grupos, a los que les faltan muchas cualidades para ser verdaderas mafias, son pagados gustosamente por los propios inmigrantes. La relación entre los inmigrantes y sus supuestos torturados es paradójicamente consensuada.
Es igual de consensual e igual de ilícita que la que establecen el empresario agrícola con su jornalero inmigrante indocumentado o el ciudadano bienpensante que contrata como una empleada del hogar a un inmigrante indocumentado. ¿Por qué no se actúa contra ese empresario o contra ese ciudadano bienpensante y sí contra el empresario de viajes que traslada a los inmigrantes hasta las costas españolas? Porque éste último, a diferencia de los primeros, suele ser extranjero y no susceptible de llegar a ser votante. El día en que se actúe contra los nativos que contratan inmigrantes en cualquiera de sus esferas, cuando se hagan redadas en los barrios bien de las grandes ciudades para detener a abogados, economistas, etcétera, que contratan trabajo doméstico ilegal, ese día se ejercerá una influencia notable sobre el único aspecto que desincentiva la inmigración: la expectativa de mayores salarios. Si no se actúa sobre este vec-tor, todos los esfuerzos en la frontera no pasarán de ser meros fuegos artificiales baldíos y sólo explicables en términos de justificación a políticas de más amplio alcance
Convertidos, en el discurso oficial, en víctimas y delincuentes a un tiempo en una curiosa ju-gada política, la inmigración es un fenómeno complejo que, sin embargo, tiende a ser regulada y a reforzar las pautas de organización política y de estructuración de poder que existen en las sociedades de acogida.

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