Empadronamiento y Renta de Garantía de Ingresos. Repercusiones en materia de extranjería. (25-9-2011)

El Gobierno Vasco propone modificar la norma. La base, el acuerdo suscrito entre el PP y el PSOE. Para percibir las prestaciones sociales, la Renta de Garantía de Ingresos y las Ayudas de Vivienda, el tiempo de empadronamiento exigido sería de tres años, en lugar de uno como es ahora.

Inevitablemente, aunque es muy difícil cuantificar, esa medida repercutirá negativamente en las personas extranjeras.

¿Como vienen las personas extrajeras a vivir a Euskadi?:

 Por régimen general de extranjería, es decir, mediante una oferta de trabajo hecha en origen. Esa oferta se atiene a un catálogo, denominado catálogo de actividades de difícil cobertura. Desde el último trimestre de 2008 ese catálogo está muy restringido, casi cerrado
 Por régimen general, y por ser un supuesto específico (ser hijo de extranjero con permiso ya renovado, ser hijo o nieto de español de origen, etc) Necesitan oferta de empleo. Esa oferta, en estos casos, no está sujeta a restricciones.
 Por reagrupación familiar, fundamentalmente cónyuge e hijos menores de 18 años.
 Por provenir de un país que no necesita visado para entrar en España, fundamentalmente los países de centro América y algunos de América del Sur, como Argentina, Chile o Venezuela. Entran como turistas, de forma legal, y pasados noventa días de estancia están en situación administrativa irregular. Su objetivo, regularizarse por la vía del arraigo social.
 Personas que provienen de países que necesitan visado para entrar, y lo hacen de forma clandestina. Se encuentran en situación administrativa irregular desde el primer momento. Caso típico, el de una persona que ha entrado en patera y no le detienen cuando pisa suele español.
 Personas que han vivido en otra comunidad autónoma, de forma regular o irregular, y que por razones personales, de amistad, familiares, búsqueda de trabajo o cualquier otro motivo, vienen a esta comunidad autónoma y se quedan. Es un desplazamiento en el interior del Estado.

Actualmente, con el régimen general casi cerrado, el sistema fundamental de acceso al primer permiso de trabajo y residencia es el arraigo social. Para ello hay que acreditar tres años de estancia continuada y empadronada en el país. El documento que acredita esa estancia es el certificado de empadronamiento. Durante ese tiempo hay que sobrevivir. Ello se hace trabajando en economía sumergida o combinando el trabajo en economía sumergida con períodos de percepción de Renta de Garantía de Ingresos

Para solicitar el permiso de trabajo y residencia por arraigo social, hay que presentar un contrato de trabajo de un año. No vale la percepción de la prestación social. Por lo tanto, quien se regulariza por arraigo, si en algún momento de esos tres años ha percibido prestación social, deja de percibirla, pues su regularización se hace con un contrato de trabajo de un año, mediante el que se obtenga, como mínimo, un salario equivalente al mínimo interprofesional.

Con el sistema que se implantará a partir del primero de enero del año que viene, en el tiempo de empadronamiento continuado de tres años para regularizarse por arraigo, no habrá prestaciones sociales. Solo quedará la economía sumergida. Es una medida que puede hacer más disuasorio el sistema de arraigo social.

Otras personas que pueden verse afectadas, son las que caigan en irregularidad sobrevenida antes de la renovación del segundo permiso y hayan entrado por régimen general, bien sea por el sistema ordinario, por ser un supuesto específico, o por reagrupación familiar.

Los permisos van con la siguiente escala:

 Inicial, un año
 1º renovación, dos años
 2º renovación, dos años
 Larga duración o permanente. Se renueva cada cinco años.

Para poder renovar el permiso hay que cumplir varias condiciones. Las básicas son:

 Continuar la relación laboral o disponer de un nuevo contrato de trabajo
 Tener cubierto un período determinado de cotizaciones. Como norma general, un mínimo de seis meses por año.
 Como norma extraordinaria, tres meses por año, con una serie de condiciones.

Pero, a su vez, el artículo 38.6.c) de la Ley de Extranjería establece que también se renovará el permiso de trabajo y residencia: Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.

Por lo tanto, con la modificación que se propone, se corta una posibilidad de renovación del permiso de trabajo y residencia, cuando en una persona concurre la circunstancia de haber entrado por régimen general, y no pueda renovar el primer permiso porque no cumpla las condiciones establecidas en cuanto a contrato de trabajo y cotizaciones a la seguridad social.

Es muy difícil cuantificar a cuanta gente puede afectar, tanto en el primer bloque, arraigo social, como en el segundo, renovación entre el primer y el segundo permiso obtenido por régimen general. En este segundo caso, la imposibilidad de obtener la prestación impediría, a su vez, la renovación del permiso de trabajo y residencia.

Donostia, 17-9-2011.

Otro problema, y muy importante, es el del tipo de argumentos utilizados por la Consejera Gema Zabaleta.

Utilizo dos fuentes. Por un lado, la nota de prensa difundida por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Por otro, la entrevista que el Diario Vasco le hizo a Gemma Zabaleta y que se publicó el domingo 18 de septiembre.

La reforma tiene dos patas:

 La gestión de las prestaciones sociales se unifica en un organismo, Lanbide
 Se modifica el tiempo de empadronamiento necesario para acceder al derecho a percibir la Renta de Garantía de Ingresos: de 1 año se pasa a 3 años

En la nota de prensa se expresan los siguientes argumentos:

 El acuerdo entre el PP y el PSOE para modificar la normativa es un hito en la historia del Gobierno Vasco, que servirá para terminar con los casos de fraude en las prestaciones.
 Es un gran paso para lograr el objetivo de un reparto más sostenible, justo y solidario de las prestaciones sociales
 No vamos a recortar derechos, sino que vamos a crear un sistema más justo, porque la solidaridad de los vascos es grande, pero limitada, y no puede pagar todo.
 La Renta de Garantía de Ingresos se vinculará al empleo, a través de la gestión de Lanbide.
 Frenar y controlar el fraude es una de las prioridades del Departamento.
 La percepción de la RGI se vinculará al empleo
 Habrá mayor control en la percepción de las prestaciones al pasar el sistema a una sola administración.
 Los perceptores tendrán que comprometerse con el empleo, demostrar ser activos en la búsqueda de empleo.
 No se admitirá el rechazo de un empleo adecuado. Si se rechaza, retirada de la RGI.
 Facilitará la lucha contra la economía sumergida.
 Se busca ser más justos en la distribución de estos recursos destinados a los más necesitados.
 Las personas perceptoras de RGI deben contribuir al desarrollo de la sociedad. Tendrán que colaborar en trabajos de carácter social y en situaciones de emergencia. Eso se hará mediante convenios con organizaciones y ONGs
 La RGI tiene que ser el último refugio cuando se pierde el empleo
 Hay que evitar la instalación en el sistema. La RGI tiene que tener puerta de entrada y puerta de salida.
 Para el complemento de salario, se exigirá el contrato de trabajo firmado.
 En cuanto a la gestión por Lanbide, se señala que hay un plan piloto de activación de perceptores de la RGI en 8 municipios: Amurrio, Agurain, Elgoibar, Lasarte-Oria, Irún, Basauri, Erandio, Portugalete.
 Ese plan piloto ha activado en un año a 2.412 personas. En ese período se han gestionado 4.317 expedientes.

En la entrevista de el Diario Vasco:

 Si no se acometen reformas en el sistema de protección social, no lo podremos pagar.
 El centro de la reforma es vincular la RGI al compromiso de empleo. Para ello Lanbide es el organismo que tiene que encargarse de la gestión.

Las ideas y expresiones que más utiliza son

 La gran reforma legal es vincular la RGI al compromiso por el empleo y que lambide se encargue de la gestión.
 Es absolutamente necesario que una única administración se haga cargo de toda esta gestión.
 Si alguien a quien se le pueda ofrecer un empleo...dice que no, la ley va a ser absolutamente clara para que se le retire la prestación.
 Tampoco pueden decir que no a una oferta normativa
 Lo anterior es algo razonable para alguien que percibe la prestación de la comunidad, porque los ingresos de la RGI provienen de los impuestos de los ciudadanos vascos que trabajan.
 Esta prestación que se percibe tiene que tener la contrapartida del compromiso de activación y estar para empleo, decir que si a una oferta formativa, a una oferta de trabajo.
 Tenemos el sistema de protección más alto de todo el Estado. Le cuesta a cada familia vasca ocho veces más que lo que le cuesta el sistema al resto de familias del Estado.
 Las familias vascas aportan del orden de 500 euros al año, mientras que en el resto de España la cifra es de 65.
 El desempleo se termina a los dos años...La RGI, en cambio, con un año de empadronamiento, se puede cobrar toda la vida.
 O el sistema tiene puerta de salida a través de la activación para el empleo y del control del fraude...o no lo podremos pagar
 Sería irresponsable si dijese lo mismo que en el año 2008, con la que ha caído. En el 2008 se vivía una situación y ahora otra.
 Por lo tanto, las reformas que se hacen en el sistema no solo se hacen por la situación económica y de crisis, sino también por hacer un sistema más justo.
 La reforma fundamental es vincular la prestación a las políticas de empleo. El resto de cambios son de segundo nivel.
 Todos los derechos tienen unos límites. ¿Por qué no nos preguntamos qué pasa con las personas que teniendo derecho a la prestación de la dependencia no tienen cinco años de empadronamiento, como dice la ley?
 LO importante es que los límites que establezcamos sean justos y nos permitan tener un sistema que podamos sostener.
 ¿Y donde acuden ahora los que no tienen un año de empadronamiento? El sistema no puede dar una solución universal. No se puede dar una RGI para toda la vida a todos los ciudadanos que vengan a Euskadi.
 Puse el ejemplo de un chico rico que puede venir a Euskadi a estudiar y cuando cumpla 23 años puede cobrar la RGI para mantenerse en sus estudios. Eso, con la ley actual, es posible. Con la reforma no se podrá.
 Si, hay estudiantes que cobran la RGI. Gente que estudia y mantiene su piso de estudiante con cargo a la RGI. Y la ley actual lo permite.
 Cuanto más se habla de inmigrantes, más se contribuye a que los ciudadanos pensemos que los inmigrantes son los que perciben la RGI y no el resto. Pero cuatro de cada cinco inmigrantes en Euskadi están en situación regular y trabajan.
 Los inmigrantes no son mayoría entre los perceptores de la RGI.
 Cuando se piensa en clave paternalista respecto a los inmigrantes, lo único que conduce es a posiciones xenófobas.
 Parece ser que ser de izquierdas es incompatible con hablar de fraude en las prestaciones sociales.
 Pues en la RGI también hay fraude y profesionales del fraude y sobre todo personas que han hecho de la RGI una renta vitalicia
 No se puede elegir entre trabajar y no trabajar y vivir de la RGI. Hay que tener un sistema de protección muy amplio cuando se vive una situación de necesidad, pero no puede ser el subterfugio al que uno llega y se queda para eludir la responsabilidad de trabajar.
 El sistema debe tener puerta de salida, es decir, la activación para el empleo, y para ello hay que tener un expediente al día en un sistema transparente.
 A la pregunta de que Cáritas dice que los cambios son un recorte del gasto social de forma solapada dice: el gasto social en Euskadi sigue siendo el mayor de toda la historia del autogobierno. Lo fue en 2010 y lo es en 2011.

Resumiendo las ideas:

Aparecen tres ideas básicas

 La percepción de la RGI tiene que vincularse al empleo
 Lucha contra el fraude
 No se puede pagar todo y hay que recortar. El recorte, exigir un tiempo de empadronamiento superior.

Cada una de estas tres ideas básicas va acompañada de otras que la explican o le dan valor.

Reforzar la idea de vinculación de la RGI con el empleo: tiene que ser un sistema con entrada y salida, no se puede cronificar la percepción de la prestación, no se puede elegir no trabajar y vivir de la RGI, si a alguien se le ofrece un empleo no podrá rechazarlo....

Lucha contra el fraude: hay profesionales del fraude, hablar de fraude no es incompatible con ser de izquierdas, una sola administración tiene que hacerse cargo de gestionar la prestación, puse el ejemplo de un chico rico que viene a estudiar a Euskadi, si, hay estudiantes que cobran la RGI...

No se puede pagar todo y hay que recortar: el sistema tiene puerta de salida o no lo podremos pagar, cada familia vasca aporta 500 euros al año y en el resto del Estado 65, los ingresos de la RGI provienen de los impuestos de los ciudadanos vascos, ahora se vive una situación diferente a la de 2008 y sería absurdo no rectificar, todos los derechos tienen unos límites, el sistema no puede dar una solución universal...

¿La percepción de la RGI tiene que vincularse al empleo? En palabras de la consejera esta es la idea central. Es una idea de fondo, de como se concibe la RGI. El problema es que lo actualmente existente no dice lo contrario. Esa insistencia no muestra tanto que quiere ir en contra de la filosofía de lo actualmente existente, sino del concepto de que la RGI está íntimamente ligada a la ciudadanía, de que es un derecho ciudadano. Esta fue la base sobre la que se hizo hace ya unos cuantos años la campaña sobre la Iniciativa Legislativa Popular, con miles de firmas recogidas, y con la que se forzó al Gobierno Vasco a discutir sobre este asunto. Lo que se plasmó en normas no era lo que la I.L.P. decía, pero se le acercaba algo en el espíritu. La consejera arremete con fuerza contra los restos que puedan quedar de esa idea, la de que cualquier ciudadano o ciudadana que resida aquí tiene que tener garantizados unos ingresos que le permitan vivir, y que percibir ese ingreso es una manera de pelear contra el trabajo precario.

No me acuerdo de las fechas exactas de aquella campaña. Creo que se desarrolló con el primer Gobierno de Ibarretxe, por el año 2002 o 2003. Ya entonces ese fue un tema de discusión. A los sindicatos más grandes les costó mucho asumir o ver con simpatía esa idea, la de que era un derecho ciudadano y que la percepción de una cantidad suficiente para vivir, cercana al salario mínimo, reforzaba la lucha contra el trabajo precario, pues permitía rechazar el trabajo más precario y desregulado. Nunca se plasmó así en las leyes, pero me da la impresión de que lo que quiere Gemma Zabaleta es ir contra lo que pueda quedar de esas ideas en la conciencia de la gente, que seguramente, con todo lo que ha llovido en los últimos diez años, no es mucho, amén de que, según gente que trabaja con estos temas, algunas formas de cronificación tiene efectos problemáticos en familias necesitadas de intervención social. Pero aunque no sea mucho lo que quede, le resulta absolutamente necesario ir en contra. Para implantar su proyecto tiene que desaparecer cualquier resto de aquellas ideas.

Tenemos un ejemplo práctico en la diputada de Bildu a la que se le exige la devolución de una parte de las prestaciones RGI que recibió. La devolución de prestaciones es una situación que se da cada dos por tres, y tiene mucho que ver con el propio funcionamiento de la administración. Aunque a la administración se le notifiquen los cambios, por ejemplo en los ingresos de una persona, hasta que los procesa, pueden pasar tres y cuatro meses. Quien sabe como funciona, guarda lo que cobra, pues sabe que le van a pedir que devuelva. Quien no lo sabe, se encuentra con que durante varios meses cobra más de lo habitual, se pone muy contento, y como los ingresos son escasos, se los funde. Y cuando le piden que devuelva lo cobrado en exceso, se encuentra con que no tiene medios para hacerlo, y hay que pedir el pago fraccionado. Esto es algo que pasa todos los días.

En este caso, el problema ha dejado de ser técnico, y se ha convertido en idológico por la vía de la política. ¿Como es posible que esa persona haya podido cobrar la RGI?, se preguntan sus adversarios políticos y, probablemente, vista la campaña que se viene haciendo desde hace meses, una parte importante de las personas que leen periódicos y escuchan la radio.

Si se entiende que la RGI solo la pueden y deben cobrar las personas que no tienen nada más, tal y como quiere que se entienda el G.V., que la diputada haya podido cobrar esa prestación se convierte en escandaloso. Si entendemos la prestación como un derecho ciudadano, es perfectamente coherente la explicación que ha dado ella. Acabó la carrera, no tenía trabajo estable y no tenía ingresos estables y le concedieron la RGI. En la medida en que fue estabilizando su situación laboral, fue notificando los cambios y los ingresos que obtenía hasta que una vez estabilizada su situación dejó de percibir la prestación. Lo que le toca devolver son los desequilibrios que había entre sus notificaciones y lo que percibía. Es un problema técnico, de hacer cuentas y punto.

Pero, en este momento, lo que prima es la faceta del escándalo. Una persona que ha estudiado, que ha acabado una carrera, ni debía ni debe cobrar la RGI. Esto es lo que ahora queda.

Esto, tal y como está el patio, puede parecer una pedrada intelectual, pero en realidad no lo es. Está en la base de las discusiones habidas aquí hace unos cuantos años, y en las que se han desarrollado y se desarrollan en países como Inglaterra y Francia. Y también en Alemania y en los países escandinavos. En cada uno de estos países el tema de la pobreza, de los diferentes tipos de pobreza, de su relación con el empleo, de la exclusión, de la erosión del vínculo social ha estado y está presente en la discusión sobre las prestaciones sociales. Y las situaciones no son iguales. De ahí que hacer comparaciones entre medidas que se adoptan en los países del norte o del sur de Europa, tal y como ha hecho y suele hacer Gemma Zabaleta, sin tomar en cuenta las visiones y la práctica social de la pobreza que hay en cada uno de ellos, despista más que ayuda a entender el porqué de tal o cual criterio para acceder a la prestación social que sea.

El tema del fraude. Probablemente, sino es el cien por cien de la población, es muy normal que una amplísima mayoría social considere que la administración tiene que luchar contra el fraude. A partir de ahí entramos en las formas y en los métodos. Y estos pueden ser adecuados o ser un desastre. Es facilísimo creerse el mejor caballero del bien cuando se golpea a una parte de la población socialmente débil y que tiene una muy limitada capacidad de respuesta. Y es muy fácil estigmatizar, aunque no sea esa la voluntad. Y se pueden discutir las medidas, en este caso, el pase de la RGI a Lanbide, que es coherente con los planes de la consejera, pero es discutible que sea el mejor medio para abordar las situación de la muy mala empleabilidad que tienen algunas personas, que las hay. De hecho, a la propia consejera no le queda más remedio que dejar la puerta abierta a que en algunos casos el concurso de los servicios sociales sea imprescindible.

No se puede pagar todo y hay que recortar. La consejera nunca habla de recortes. Habla de hacer un sistema más justo, a la vez que insiste una y otra vez en que si no se adoptan determinadas medidas, pasar de 1 año de empadronamiento a 3, el sistema se vendría abajo. De hecho, cuando en la entrevista de El Diario Vasco le preguntan en base a lo que Cáritas dice, “que hay un recorte del gasto social de forma solapada”, no responde directamente a la pregunta, y dice que el presupuesto de 2011 es mayor que el de 2010, cuando las medidas que se prevén son para 2012. A su vez, juega con otras figuras, como la de la generosidad de los vascos, que no puede ser ilimitada, o como cuando compara a Euskadi con otras zonas del Estado.

Pero, se envuelva como se envuelva el producto, a nadie se le escapa que si desde el uno de enero del año que viene se van a exigir tres años de empadronamiento, habrá menos gente que pueda pedir la prestación. Eso recorta un derecho que ahora existe, lo que casa muy mal con concluir que ese recorte provoca mayor justicia. Y lo mismo ocurre cuando compara con otras prestaciones, en las que se exige más tiempo de empadronamiento, por ejemplo en la ley de dependencia. Esa comparación falsea el fondo. En el caso de la RGI hay un retroceso, se pasa de uno a tres años. En la ley de dependencia no hay ningún retroceso, se estableció así desde el principio. Habría un retroceso si se pasasen de cinco a siete años, por ejemplo. Cuando le preguntan qué harán las personas que estando aquí no podrán acceder a la RGI por no cumplir el requisito de los tres años de empadronamiento, responde que lo mismo que hacían las que esperaban un año. Dicho a la pata la llana, que se joroben o, en el mejor de los casos, que tiren de permanecer más tiempo en la economía sumergida.

El mismo día que el Diario Vasco publicaba la entrevista con Gemma Zabaleta, El País publicaba, en el suplemento económico, un artículo de Paul Krugman, en el que relataba uno de los debates televisados de varios candidatos republicanos sobre el tema de las prestaciones sanitarias en los Estados Unidos. A uno de los candidatos el presentador le pregunta de forma directa si a una persona enferma de cáncer, cuyo seguro no le cubre el tratamiento con un tipo de medicamento que está en el mercado y se usa habitualmente, hay que dejarla morir. Y el candidato, vitoreado por el público asistente al debate, responde que sí, que hay que dejarle morir. Forma parte de la libertad individual suscribir tal o cual seguro médico o no suscribir ninguno. Si suscribe un seguro raquítico tendrá más posibilidades de morirse, pero ello forma parte de la libertad individual, según el candidato y los votantes republicanos. Nadie se pregunta si se puede construir un sistema sanitario que cubra razonablemente el conjunto de contingencias.

La comparación puede parecer excesiva, y tal vez lo sea, pero hay un elemento de fondo que me parece que conviene tenerlo en cuenta. El grueso de las medidas que ha tomado el departamento que dirige Gemma Zabaletae, liquidación de Heldu, programas de activación de búsqueda de empleo en Lanbide, recortes en la RGI, tienen el elemento común de considerar que los problemas son de la gente, de las personas inmigrantes, de las que están en paro, de las perceptoras de la RGI. El problema es de ellas, y son ellas quienes tienen que sacarse las castañas del fuego. Desaparecen las dificultades sistémicas. Salir del paro es un problema de mayor o menor activación individual. No hay nada que cambiar ni modificar en el sistema. Son las personas afectadas quienes tienen que cambiar. En las personas que se encuentran en esas situaciones puede haber pesimismo, acomodamiento y cronificación, pero no me acabo de creer de que este sea, como norma general, el principal problema existente.

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